|
WSWS
: Español
El Escándalo Policíaco de Los Angeles y sus
Raíces Sociales
Final parte de una serie
Primera Parte : Segunda Parte : Tercera Parte
Por Don Knowland y Gerardo Nebbia
28 Marzo 2000
Utilice
esta versión para imprimir
Las revelaciones acerca de la corrupción y acusaciones
falsas en el Distrito Rampart del Departamento de Policía
de Los Angeles (LAPD) salieron al aire solamente el otoño
pasado porque un agente de policía, por haber robado cocaína,
iba a recibir severa condena de cárcel y quería
clemencia. El testimonio de Rafael Pérez formó la
base para un conjunto de revelaciones en el Los Angeles Times
que previno que el asunto desapareciera. Al mismo tiempo,
el Consejo Municipal de Los Angeles, la Comisión de Policía
y el alcalde Richard Riordan se quedaron mudos mientras el Jefe
de Policía Parks y el Fiscal del Condado, Gil Garcetti,
se esforzaban por subestimar las implicaciones del escándalo.
En diciembre, Parks reaccionó con indignación
cuando se le sugirió que el LAPD era un nido de corrupción
y abuso y declaró que “nada podía ser menos
verdad”. Pero ya para enero demasiadas revelaciones habían
salido al aire. Garcetti admitió que era posible que cientos
de casos criminales estaban contaminados y asignó a varios
abogados más para que lidearan con el asunto.
Para contener el escándalo que crecía como nube
de hongo, Parks se adueñó de la investigación
y sostuvo que el escándalo, el cual no tenía precedente
alguno, era tomado muy en serio por su departamento. Comenzó
a criticar a Garcetti en público, acusándolo de
tomar demasiado tiempo en encausar a los agentes de policía;
solamente tres habían sido acusados formalmente de actividad
criminal. Por su parte, Garcetti se quejó que el LAPD no
le estaba suministrando suficiente pruebas para enjuiciar a los
agentes por su conducta criminal.
El Alcalde Riordan, quien está a punto de terminar su
período como alcalde de la ciudad, le dio su respaldo a
Parks y comenzó a criticar a la Comisión de Policía,
compuesta de cinco miembros que el mismo había seleccionado,
para vigilar al Departamento. El pleito interno y las acusaciones
alcanzaron su climax el 16 de febrero, cuando la Comisión
tomó un voto, en gran parte simbólico, referente
a la decisión de Parks sobre la muerte de Margaret Laverne
Mitchell. Según él, la muerte a balazos de esta
pobre mujer, que no tenía techo bajo el cual vivir, se
había cumplido de acuerdo a “los regalamentos”,
sin tomar en cuenta el uso de tácticas dudosas.
Parks catalogó de verídico el testimonio de los
agentes de policía, quienes habían declarado que
Mitchell se les había lanzado encima con un destornillador.
Esto a pesar que testigos civiles habían totalmente contradicho
a los agentes. El Inspector General Jeffrey Eglash, quien anteriormente
había sido procurador/fiscal para el gobierno federal,
no estaba de acuerdo. Por voto de 3-2, la Comisión decidió
que la muerte de Mitchell no había seguido los reglamentos
y apoyó a Eglash contra Parks. Sostuvo que el parecer de
los agentes—es decir, que corrían peligro—no
tenía ninguna base razonable objetiva. Y sostuvo también
que otras alternativas pudieron haber difundido la situación.
No obstante, los comisionados en ningún momento dudaron
que los agentes habían sido completamente sinceros cuando
decidieron que sus vidas estaban en grave peligro.
Hubieron exhortaciones públicas para que el Departamento
Federal de Justicia y el Fiscal General del Estado de California
investigaran al LAPD. Garcetti, Parks y el Fiscal Federal local,
Alejandro Mayorkas, condujeron una conferencia de prensa muy incómoda
donde prometieron colaborar en la investigación del escándalo.
Sin embargo, cuando se reveló que el FBI ya estaba investigando
seriamente los abusos contra los inmigrantes perpetrados por la
unidad CRASH de Rampart, la imparcialidad de la investigación
federal también entró en dudas.
La Unión Norteamericana para la Protección de
los Derechos Civiles (ACLU) y una coalición para la investigación
del abuso policíaco hicieron un llamado para formar una
comisión externa parecida a la de Christopher—como
si este esfuerzo anterior no hubiera fracasado rotundamente. La
Comisión de Policía votó para que Parks completara
el informe que su propia ‘Comisión de Investigación”
sobre Rampart ya había emprendido. El 1ro. de marzo, Parks,
con mucho bombo y platillo, divulgó un informe de 346 páginas
acerca de la corrupción del LAPD que pintó como
documento definitivo sobre el escándalo.
Lo que el informe causó fue risa. Le atribuyó
la conducta inmoral del personal de Rampart a la “mediocridad”:
a la supervisión floja, al fracaso en analizar minuciosamente
las contradicciones de los informes policíacos, a la tendencia
a desempeñar labor chapucera, y a la pereza. Pero esto
no explicó nada. El informe ignoró por completo
las causas mucho más fundamentales de la violencia y la
corrupción.
Según el informe, el problema de Rampart se debía,
por lo menos parcialmente, a los métodos del departamento
para emplear a personas. Aparecieron “problemas significativos”
referentes a la manera en que se condujeron los análisis
psicológicos de ciertos agentes de policía. Esta
versión refrita de la Comisión Christopher abogó
para que se reclutaran más agentes al Departamento de Asuntos
Internos (que se encarga de investigar la conducta ilegal dentro
de la policía misma); y, para escaldar las malas hierbas,
que todo agente de policía potencial pasara un examen de
polígrafo (detector de mentiras). Estos paliativos fueron
de ineficacia tan transparente que en menos de una semana Parks
se vio obligado a desbaratar todas las unidades de CRASH.
La Comisión Municipal de Los Angeles votó para
darle a la Comisión de Policía y al Inspector General
Eglash todos los fondos necesarios para analizar el informe del
Departamento. Eglash ahora dice que quiere escudriñar al
Departamento entero de cabo a rabo y propone reconstruirlo de
arriba abajo. Ha reclutado abogados prominentes para que asistan
con el esfuerzo. Riordan, Parks y el LAPD se le oponen.
Escisiones en el establecimiento político
Entre todas las acusaciones y recriminaciones ahora existen
tres opiniones diferentes en el establecimiento político
de la ciudad.:
(1) permitirle al LAPD limpiar su propia casa;
2) permitirle a la Comisión de Policía y su inspector
general que cumplan la labor;
3) establecer otra comisión independiente similar a
la de Christopher.
Estas diferencias han adquirido un sabor amargo. Durante la
conferencia de prensa en la que se divulgó el informe de
la Comisión de Investigación, Riordan le ordenó
a su personal que le cerraran las puertas a los cinco miembros
del Consejo Municipal que apoyan una investigación independiente.
Cuando los cinco golpearon ruidosamente las puertas de la conferencia,
el cortejo de seguridad de Riordan amenazó con arrestarlos
y los maltrató rudamente.
Sería un error sugerir que la indignación tardía
causada por las revelaciones acerca de Rampart en ciertos rincones
oficiales es genuina o profunda. Otras consternaciones muchos
más prácticas reinan, como el temor que el sistema
de justicia penal se derrumbe porque los miembros de los jurados
dejarán de creer todo testimonio que los agentes de policía
presten.
El papel que el Los Angeles Times ha desempeñado,
por ejemplo, muestra que sectores de pensamiento más profundo
dentro del establecimiento político toman en serio la posibilidad
que el sistema de justicia penal entero quede desacreditado.
A pesar de la avalancha de propaganda para fomentar “la
ley y el orden” durante los últimos años, las
masas trabajadoras todavía se afianzan a principios democráticos,
tales como las garantías procesales debidas, y tienen una
hostilidad instintiva hacia las tácticas de estado policíaco
que se han revelado en el LAPD. Además, la población
de la región se ha llenado de inmigrantes salvadoreños
y guatemaltecos, quienes han sufrido amargas experiencias con
los métodops represivos de los escuadrones de la muerte,
métodos que la división de Rampart ha puesto en
práctica.
En cuanto a los que son directamente responsables de la supervisión
del LAPD, como el Jefe Parks, el Alcalde Riordan y el Procurador/Fiscal
del Condado, Garcetti, su comportamiento es el apogeo de la hipocresía.
Sus campañas bajo las consignas de “la ley y el orden”
y “pongámonos duros con el crimen” crearon el
ambiente en que los agentes de policía de CRASH operaban.
Riordan fue elegido alcalde de Los Angeles dos veces luego de
campañas electorales en las que prometió reducir
el crimen si se le permitía emplear a cientos de reclutas
patrulleros adicionales.
Aquellos que abogan por una comisión nueva se olvidan
de los resultados de la Comisión Christopher hace sólo
ocho años. A pesar del énfasis en seleccionar al
personal de manera más cautelosa y en capacitarlo mejor,
esto no se no se ha cumplido con ninguna seriedad durante los
últimos años.
Casi seis años después que la Comisión
Christopher lo recomendara, la Comisión de la Policía
aprobó, el 24 de junio, 1997, reglamentos para imponer
disciplina, pero éstos, que no son obligatorios, habían
recomendado que a los agentes de policía se les hiciera
más responsables por sus acciones y que a aquellos que
se habían mostrado violentos o deshonestos se les castigara.
Pero a instigaciones del Alcalde Riordan, el Jefe de la Policía,
Willie Williams, policía procedente de Philadelphia que
inicialmente había reemplazado a Daryl Gates y quien no
tenía ningún vínculo directo a la jerarquía
del LAPD, fue canjeado y reemplazado por el veterano Bernard Parks
en 1997. Cuando el Jefe Parks asumió el poder en 1997,
prontamente canceló los regalmentos.
En cuanto a las causas de la pobreza, la superpoblación,
el abuso de drogas y las escuelas delapidadas, los políticos
que representan a los grandes comercios y sus compinches en el
gobierno municipal no tienen ninguna solución. Al contrario,
el Consejo Municipal de Los Angeles ha propuesto abrir una cuenta
de ahorros en valor de $150 millones en anticipación de
los pleitos legales que se van entablar contra la comisaría
de Rampart. Estos fondos provendrán de reducciones que
se le harán a los presupuestos de los servicios sociales.
Eso es aparte de los casi $70 millones que la ciudad pagó
en convenios financieros que resultaron de demandas entabladas
contra la policía entre 1993 y 1998.
La contra propuesta de Riordan es la siguiente: que la municipalidad
le venda a aseguradores privados su cuota del arreglo financiero
con la industria tabacalera, el cual se calcula en $300 millones
durante los próximos 25 años, para recaudar los
fondos necesarios para pagar los gastos que las demandas le costarán
a Rampart. Esto significa que a Los Angeles se le negaría
los programas educativos, de salud y otros tantos para los cuales
el dinero procedente de las demandas contra las compañías
tabacaleras se había destinado. De una manera u otra, los
mismos trabajadores que fueron víctimas del abuso policíaco
pagarán por ello.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
