|
WSWS
: Español
El Escándalo de la Policía de Los Ángeles
y sus Raíces Sociales
Tercera parte de una serie
Por Don Knowland y Gerardo Nebbia
28 Marzo 2000
Utilice
esta versión para imprimir
El 24 de abril, 1992, zonas pobladas de minorías obreras
en Los Ángeles estallaron en protesta contra el juicio
penal burlesco, en el Valle Simi, de los cuatro agentes de la
policía responsables por la paliza que Rodney King había
sufrido. También protestaban la larga historia de abusos
cometidos por el Departamento de Policía de Los Angeles
(LAPD). Los motines llegaron a ser entre los más serios
en la historia de Los Estados Unidos. Produjo más bajas—54
muertes y 2,000 heridos—que todo otro desorden civil desde
la Guerra Civil Entre los Estados.
Después de los motines, 2,000 tropas de la Guardia Nacional
ocuparon las zonas Central-sur, Pico-union (ubicada en el distrito
Rampart de Los Angeles), Pomona y otras zonas pobres que los motines
habían dejado en ruinas. Antes de las tropas partir, nueve
personas habían muerto. Muchos residentes de estas comunidades
creen que las tropas ocupantes todavía no se han ido.
Antes de estallar los motines, la Comisión Christopher
había sugerido que los agentes de policía fueran
sometidos a supervisión más estricta y a mayor vigilancia.
Sugirió, además, que el proceso de empleo y capacitación
fuera más cauteloso. Después de los motines, el
gobierno municipal pretendió poner en práctica las
reformas que el informe de la Comisión pedía. Quitaron
al Jefe de la Policía, el rigidísimo Darryl Gates,
y lo reemplazaron con un nuevo Jefe de Policía negro, Willie
Williams. Según esta treta, éste, al no tener ningún
vínculo al departamento, le abriría campo a las
reformas del LAPD.
El proceso de denuncias contra el LAPD se transformaría
para que los ciudadanos no tuvieran que luchar con tanta burocracia.
Eventualmente, se emprendió un programa “de vigilancia
policial en las comunidades” para brindarle una cara más
bondadosa y gentil a los vecindarios pobres y obreros.
Los abusos de Rampart que Rafael Pérez ha revelado muestran
que, a pesar de toda plática acerca de cumplir las reformas,
todo se quedó igual en el LAPD. Más bien los abusos
cometidos por agentes de la policía han sido más
violentos y descarados durante la década que transcurrió
después del incidente de Rodney King. La causa de
esto no se le puede atribuir a la capacitación inadecuada
o la presencia de “unos pocos policías malos”
en un mar de agentes que, en su inmensa mayoría, obedecen
las leyes. Tampoco la pueden explicar las perogrulladas y trivialidades
que salen por las bocas de los voceros oficiales y de los medios
de prensa. Y claro, tampoco es algo peculiar a Los Ángeles
nada más.
La política de “la ley y el orden”
Al fondo de la amplia y continua violencia policíaca
que el LAPD y otras organizaciones similares a través del
país practican, se revela el prolongado asalto político
contra los derechos democráticos de la clase obrera, disfrazado
bajo la consignas policíaca de “ponerse duro contra
el crimen”. Esta campaña se condujo simultáneamente
con ataques económicos contra el nivel de vida y las condiciones
sociales de los trabajadores.
El mensaje de “ponerse duro contra el crimen” comenzó
durante el gobierno de Richard Nixon. Salió de las bocas
de gente como el Vice presidente Spiro Agnew y el Fiscal General
de la Nación, John Mitchell, quienes terminaron culpables
de actos criminales.
La demagogia de esta consigna abogaba por acabar de una vez
por todas con el patrimonio de la Corte Suprema bajo Earl Warren,
su Juez Presidente, durante las décadas de los 1950 y 1960.
Las decisiones de la corte habían expandido enormemente
los derechos constitucionales de personas detenidas, a quienes
se les tenía que informar su derecho de hablar con un abogado
antes de ser interrogadas por la policía. Los pobres ganaron
el derecho a un abogado defensor pagado por el estado.
El gobierno de Reagan en los 1980 expandió los ataques
contra los derechos democráticos de la manera más
amplia. El nombramiento de jueces decididamente reaccionarios
fue seguido por la destrucción o debilitación de
muchas protecciones durante los trámites de casos criminales.
La tan llamada guerra contra las drogas proporcionó el
pretexto para apretar las clavijas, pero el mismo gobierno de
Reagan, buscando la manera de financiar ilícitamente la
guerra de los Contras contra el gobierno nicaragüense, aparentemente
ayudó a desatar la epidemia de cocaína en piedras
en Los Angeles.
La campaña contra los derechos constitucionales del
individuo resonó desde la Corte Suprema de Los Estados
Unidos hasta las cortes de apelación, jueces locales, procuradores/fiscales
y agentes de la policía patrullera. El sistema de justicia
se inclinó a favor de los procuradores/fiscales y la policía.
Los políticos impusieron proposición tras proposición
en la balota de California para incrementar las condenas contra
los criminales y eliminar las protecciones garantizadas por el
debido proceso de la ley. Ejemplo es la proposición 15
que fue adoptada en 1990 para permitir a agentes de policía
que, durante audiencias preliminares, prestaran testimonio de
oídas acerca de lo que otros agentes habían escrito
en sus informes sobre crímenes. Las audiencias preliminares
se llevan a cabo para decidir si existen suficientes pruebas para
consignar al acusado a juicio formal. Esta treta efectivamente
eliminó el antiguo derecho de los abogados defensores para
conducir el contrainterrogatorio de testigos adversos. Rara vez
un acusado, al ser consignado a juicio, se arriesgaba a que el
tribunal fallara contra él.
Condenas excesivamente duras contra infracciones menores eran
requisitos. Negaban la discreción del juez en ajustar la
condena a las circunstancias de cada caso. Inevitablemente esto
llegó socavar el sistema de negociaciones de alegatos.
Aun personas inocentes no tienen ninguna alternativa que declararse
culpable de haber poseído una pequeña cantidad de
drogas o de cualquier delito menor con tal de recibir una condena
más ligera. Es preferible a la otra alternativa: de un
máximo de 25 años a cadena perpetua en la penitenciaría,
lo cual es obligatorio en California si es la tercera vez que
al acusado se le encuentra culpable de algún crimen.
En Los Ángeles, los procuradores/fiscales ordinariamente
dependían del testimonio perjurado de la policía
para obtener fallos de culpabilidad. Existen alegatos veraces
que sabían de las acciones de los agentes de policía
miembros de CRASH y no hacían nada para ponerle paro. Los
jueces se volvieron ciegos cuando a los acusados se les declaraba
culpables a razón de testimonio policíaco dudoso
o perjurado. La mayoría de los jueces nuevos que presidían
sobre casos criminales anteriormente habían sido procuradores/fiscales,
con pocos deseos de hacer cumplir las protecciones constitucionales.
En este ambiente político y legal no es nada sorprendente
que los agentes de policía creyeran que podían violar
los derechos con impunidad sin que nadie en puestos de autoridad
pestañara.
Tensiones sociales en Los Angeles
El ataque contra los derechos democráticos y la ampliación
de poderes policiales en Los Estados Unidos tiene vínculos
directos a la intensificación de las tensiones sociales
y a la creciente polarización económica. Desde finales
de los 1970 y al terminar la prosperidad económica que
se dio después de la Segunda Guerra Mundial, la clase gobernante
y sus representantes lanzaron ataques contra la clase obrera y
su nivel de vida. Trataron de desbaratar los sindicatos; despedir
a grandes cantidades de trabajadores de sus empleos; aceleraron
la producción en los talleres; y redujeron los programas
sociales.
Este asalto contra el nivel de vida encontró su expresión
más salvaje en las secciones centrales, superdotadas de
minorías y paupérrimas de las ciudades mayores.
En los Angeles, las zonas Central-sur y Este sufrieron el cierre
de fábricas industriales y, por consecuencia, la eliminación
de miles de empleos que requerían labor experta. El desempleo,
la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones
en los servicios gubernamentales aumentaron estrepitosamente.
Los edificios escolares se convirtieron en ruinas superdotadas
carentes de fondos. El abuso de las drogas, sobretodo de la cocaína
en piedras, aumentó bárbaramente en muchos de estos
distritos. Las acciones legales y los encarcelamientos, todos
bajo la consigna de declararle guerra a las drogas, aumentaron
igual.
Las comunidades obreras y la juventud tenían que ser
intimidadas y criminalizadas. Era conveniente, pues, considerar
a todos los hombres de los vecindarios como una masa y caracterizarlos
de pandilleros vende-drogas, como el enemigo. El LAPD puso en
acción programas para “barrer con las pandillas”
y acosar a cientos de jóvenes de la clase obrera a la vez,
sin que hubiera ninguna prueba o evidencia que individuos participaban
en actividades criminales. El ejército ocupante del LAPD
se convirtió en ley.
Durante los 1990, era espectáculo común ver al
LAPD provocando a la juventud en las aceras de los distritos obreros:
los obligaban a arrodillarse con las manos detrás de la
cabeza sencillamente porque eran quienes eran. Más recientemente,
el despacho del procurador/fiscal consiguió que los tribunales
emitieran órdenes judiciales para prohibirle a jóvenes
bajo sospecha de pertenecer a pandillas que se reúnan o
que se llamen unos a otros con sus “beepers”, lo cual
es una violación del derecho constitucional que garantiza
libertad de asociación.
Ahora funcionarios desencantados con el Servicio de Inmigración
y Naturalización (INS) han revelado que el FBI, en conjunto
con la unidad CRASH de Rampart y el INS, mantuvo una base de datos
sobre 10,000 a 15,000 personas que, según ellos, tenían
cierta relación con la pandilla de la Calle 18 en Rampart.
Esta cifra tan ridícula es equivalente a tratar a la gran
mayoría de la población adolescente masculina de
Rampart como criminales. Dichas personas se convierten en blancos
fáciles para el acoso y las deportaciones.
No obstante la prosperidad económica, las condiciones
socioeconómicas están tan pésimas o peores
en las zonas internas de Los Ángeles que en 1992, cuando
estallaron los motines. A pesar de la creación de miles
de empleos en las industrias del cine y de la tecnología
avanzada, Los Angeles todavía tiene 200,000 empleos menos
que en 1990. La tasa de desempleo oficial de la ciudad es de 8%,
mucho más alta que el promedio de 6.4% para todo el estado
de California. La tan llamada prosperidad sólo ha empeorado
las condiciones de vida de la mayoría de las familias trabajadoras
y de los pobres.
La prosperidad ha llegado en compañía de lo que
se está llamando la juvenación de la pobreza
en las zonas internas de todas las ciudades. En California, la
pobreza de la juventud se duplicó del 11 al 23% en los
1980. En Los Angeles, la cifra aumentó asombrosamente al
40%.
Los alquileres y otros costos de vida aumentaron marcadamente,
pero los salarios no. Aunque cierta cantidad de los ingresos producidos
por las rentas internas hinchadas han proporcionado fondos para
las escuelas públicas (sólo luego de alborotos y
protestas acerca del fracaso total del sistema escolar), los servicios
sociales, tal como el cuidado médico, no se han restaurado
de manera significativa.
Por lo tanto, si los motines y la “recuperación”
que siguió lograron algo, fue darle ímpetu al aumento
del terror policíaco. Incapaz de cumplir sus promesas para
la reconstrucción y el desarrollo, la clase gobernante
dictó los mismos abusos anteriores. La ilusión de
reformas después de publicarse el informe de la Comisión
Christopher se convirtió en pantalla para ocultar la violencia
que seguía.
La persistencia y la penetración del abuso policíaco
en Los Angeles y en todo el país tienen que, por necesidad,
reflejar las condiciones económicas y sociales; es decir,
el estado actual, bien polarizado y violento, de las relaciones
entre las clases sociales. El abuso policíaco es sencillamente
un fenómeno social objetivo profundamente arraigado en
la estructura socioeconómica, la política y la ideología
oficial de Los Estados Unidos al comenzar el Siglo XXI.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
