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Miles protestan por la toma de mando del nuevo presidente de México

Por Rafael Azul
10 Diciembre 2012

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Publicado en inglés el 3 de Diciembre del 2012

El sábado diciembre 1, mientras el nuevo presidente elegido Enrique Peña Nieto comenzaba su primer día al mando, miles de trabajadores y jóvenes se movilizaron, marcharon y se concentraron en la Ciudad de México y en otras ciudades por el país contra la agenda derechista y antiobrera del nuevo gobierno.

La policía y el ejército respondió a las protestas con arrestos masivos y golpizas. En la ciudad de México por lo menos 35 manifestantes fueron heridos y uno permanece en condición crítica.

La transferencia de poder a Peña Nieto y su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó lugar bajo una apretada seguridad. El nuevo presidente de México, escondido de la prensa y el público, juramentó pocos minutos antes de la medianoche del viernes. Lo protegía la policía, fuerzas militares y una red de barricadas que bloqueaban el acceso público.

El PRI retorna al poder después de 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN). El día antes de la juramentación de Peña Nieto, los principales partidos políticos -PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- acordaron colaborar para imponer una serie de "reformas" educativas, financieras y energéticas de libre empresa. Peña Nieto y los líderes de los 3 partidos formalmente firmaron el supuesto "Pacto por México" el domingo.

En una muestra de enojo, miles y miles de profesores, campesinos y estudiantes marcharon a través de México, desde Chiapas en el Sur a Baja California y Chihuahua en el norte. En la ciudad de Tuxla Gutierrez, capital del estado de Chiapas, miles de profesores y sus partidarios marcharon hacia la ciudad, haciendo un llamado por una huelga general. El Comité Nacional de los Trabajadores de Educación (CNTE) dirigió la manifestación.

En la misma Ciudad de México, una caótica situación ocurrió en la mañana del domingo cuando un grupo de jóvenes intentó romper las barreras de la policía que bloqueaban el acceso a la legislatura. La protesta fue liderada por el movimiento YoSoy#132, el cual toma su nombre de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que expulsaron a Peña Nieto de su campus durante la campaña presidencial. Aquellos estudiantes estaban protestando el rol del candidato del PRI por la brutal represión policial de la comunidad de la clase trabajadora de San Salvador de Atenco en Mayo del 2006, en el cual dos trabajadores fueron asesinados y muchas mujeres violadas por las fuerzas de seguridad del estado.

La confrontación entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad en la capital mexicana del sábado tomó lugar cerca de una protesta de unos 3,000 profesores del CNTE.

Los profesores, del estado de Oaxaca, rechazaron involucrarse en algo que muchos vieron como una provocación policial. Un portavoz de los profesores de Oaxaca declaró posteriormente de que Peña Nieto en sus primeras horas a cargo quedó condenado por los actos de represión contra manifestantes estudiantiles en San Lázaro y en otras partes de la ciudad.

En la estatua del Ángel de la Independencia en el bulevar del Paseo de la Reforma en Ciudad de México, policías y soldados le cerraron el paso a muchos partidarios de Andrés López Obrador para que no se unieran a un mitin de oposición a Peña Nieto. López Obrador y su Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) han rechazado reconocer la victoria del PRI, acusando a la campaña de Peña Nieto de comprar votos y de violar las leyes electorales mexicanas.

En la ciudad industrial de Guadalajara, cientos de jóvenes, muchos de ellos estudiantes de universidades públicas y privadas, protestaron contra Peña Nieto. La policía los atacó cuando se acercaron a la Feria Internacional de Libro. Más de 20 estudiantes fueron arrastrados y arrestados. Testigos reportaron haber visto que los estudiantes fueron golpeados dentro de los carros policiales. Una mujer fue golpeada y herida por un proyectil de gas lacrimógeno.

En Oaxaca, cientos de estudiantes coreaban "queremos escuelas, no telenovelas" mientras marchaban por la ciudad. Ellos se unieron a un contingente separado de estudiantes de colegios normales provenientes de todo el estado en la plaza central de Oaxaca.

Los trabajadores de educación también participaron en protestas en la ciudad fronteriza de Tijuana. Otras manifestaciones ocurrieron en Puebla, Guanajuato, León y en las ciudades mineras e industriales de Hermosillo y Zacatecas.

Una extraordinaria secuencia de eventos políticos habían ocurrido en el período previo al "Pacto por México", acordado el pasado jueves. El 14 de Noviembre, los legisladores mexicanos aprobaron una reaccionaria reforma de ley laboral que es abrumadoramente rechazado por los trabajadores mexicanos.

El 19 de Noviembre miles de profesores marcharon en Tlaxcala, capital del estado de Tlaxcala en el México central, para protestar la nueva ley laboral. Las protestas también denunciaron el programa de "evaluación universal" y los exámenes para obtener puestos de maestros. No es algo inusual para los educadores de Tlaxcala trabajar por años sin un puesto permanente.

El 22 de Noviembre, el conservador Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) advirtió que México confronta una "catástrofe similar a la de España" dentro de los próximos cinco años y señaló que varios de los 31 estados de México estaban muy endeudados. En particular, el informe recomienda recortes en las pensiones públicas y exige rescates financieros de los bancos que financian las deudas estatales acompañados por programas de austeridad para la clase obrera.

El "Pacto por México" acordado por los principales partidos el pasado jueves es consecuencia de los dictados de IMCO. El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, confirmó que la iniciativa para el acuerdo había venido del mismo Peña Nieto. "Esto no es un pacto coyuntural", Coldwell declaró. "Es para el largo plazo, para asegurar la gobernabilidad del país".

El pacto significa que todas las facciones de la clase gobernante mexicana se han aliado para un ataque en común contra la clase obrera, el campesinado y los pobres.

No obstante divisiones sobre el acuerdo dentro del PRD, el sábado el presidente del PRD Jesús Zambrano declaró que el pacto ya era una realidad. Zambrano defendió la necesidad de que haya un gobierno basado en el acuerdo y prometió que el PRD conformaría una "oposición leal" a Peña Nieto.

Legisladores que apoyan la ley laboral aseguran de que solamente reglamenta la actual situación. En realidad, en el espacio de poco menos de una generación los trabajadores mexicanos han sido despojados de los derechos y protecciones por los que lucharon para establecer en los 65 años anteriores.

Despidos masivos, la abolición de derechos de contrato y la eliminación de beneficios han sido impuestos con una brutal represión que ha resultado en el arresto, lesión y muerte de huelguistas, manifestantes y trabajadores militantes. Los sindicatos corporativistas de México han colaborado en este proceso. Una y otra vez el aparato sindical ha sido usado para asegurar la máxima explotación capitalista y la mínima resistencia de la clase trabajadora.

Con asistencia de los sindicatos, compañías fueron cerradas para destruir trabajos y estándares de vida, solo para ser reabiertas con trabajadores casuales y temporales. Miles de contratos laborales nacionales han sido reemplazados con acuerdos conocidos como "contratos de protección," detrás de las espaldas de los trabajadores, quienes en muchos casos no saben que los representa un sindicato. Los sindicatos también se prestan para despedir a los trabajadores militantes que se atrevan a cuestionar esta situación.

Las organizaciones sindicales como el Congreso del Trabajo (CT), que incluye a la Federación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), conspiran con las firmas capitalistas globales y mexicanas y las instituciones financieras. Cautivos dentro de estas organizaciones se encuentran unos 25 millones de trabajadores.

Se ha publicitado que Peña Nieto está comprometido a adicionales "reformas" de mercado. Primero en su lista se encuentra la apertura de los sectores energéticos y minerales a las firmas extranjeras, la privatización de la educación, la desregulación del sector financiero, y la inclusión de la comida y medicina bajo el altamente regresivo Impuesto al Valor Añadido (IVA).

El saliente presidente Felipe Calderón aseguró que en el contexto de la crisis económica mundial, la economía mexicana ha evitado perder terreno. Las afirmaciones de Calderón son contradichas por un reciente informe de la Unión Europea que indica que desde el 2006 el número de mexicanos viviendo en pobreza ha aumentado por 12.2 millones, de 45.5 a 57.7 millones. El número de aquellos viviendo bajo condiciones de malnutrición ha incrementado por 6.5 millones, de 14.7 a 21.2 millones.

El documento de la UE, presentado al Parlamento Europeo en setiembre, también examinó la desigualdad social en México. Clasificó a México en el puesto 120 en desigualdad social de un total de 160 países.

México ha retrocedido en cada medida: en educación (casi 3 millones de niños no van a la escuela), la salud pública y la nutrición; 15 millones de trabajadores, 29 por ciento de la fuerza laboral (arriba del 26 por ciento en 2006), subsisten bajo alguna clase de desempleo encubierto; 5 por ciento está oficialmente desempleado, por encima del 3.5 por ciento en el 2006. Todo esto toma lugar en medio de una brutal guerra contra las pandillas criminales que ha resultado en la muerte de más de 80,000 personas en los últimos seis años.

En un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada con su contraparte mexicana, el presidente Obama respaldó el programa de libre mercado de Peña Nieto llamándolo una "ambiciosa agenda de reforma".