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El presidente Obama apoya la bancarrota de Detroit

Por Jerry White
17 Octubre 2013

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Esta perspectiva política se publicó en inglés el 15 de octubre del 2013

El gobierno de Obama ha decidido defender la decisión de colocar a la ciudad de Detroit en la bancarrota. Se dirigió a los tribunales para destripar los beneficios de los empleados públicos y abrirle la puerta a la liquidación de bienes municipales.

La semana pasada el Departamento de Justicia le presentó a la corte un memorándum con el objeto de aplastar objeciones de los jubilados y gremios que desafían la constitucionalidad de la iniciativa de bancarrota del interventor Kevin Orr del pasado julio.

La apelación deliberada por parte del gobierno federal no era necesaria. Que el gobierno lo haya hecho demuestra que lo de Detroit ha sido cuidadosamente orquestado desde el principio entre las autoridades locales, estatales y federales.

El equipo de Obama, fiel representante de Wall Street, considera que las propuestas para Detroit son un modelo. Al igual que la reestructuración de la industria automotriz en el 2009, que también contó con el respaldo fiscal y con la participación de Orr, disparó un ataque a los sueldos y beneficios en todo el país; la quiebra de Detroit abre la puerta a la destrucción de pensiones y beneficios médicos para muchos otros trabajadores municipales.

Se anticipa que el juez Steven Rhodes apruebe ésta, la mayor quiebra municipal en la historia estadounidense, en audiencias que ocurrirán hoy día. Orr implementaría un plan de reestructuración que consiste en el robo del 90 por ciento de beneficios de jubilación de los 19,000 pensionados municipales y de sus familiares, también dejándolos a la merced del muy reducido programa médico de Obama, y la liquidación de la propiedad municipal, incluyendo las obras del Instituto de Arte de Detroit (IAD), de fama mundial.

En audiencias anteriores, los jubilados acusaron a Orr del uso ilegítimo de las leyes federales de bancarrota para eludir la constitución del estado de Michigan, que protege expresamente las pensiones de los trabajadores públicos por ser éstas "obligaciones contractuales", que "nunca serán disminuidas o alteradas."

Los jubilados sostienen que el Artículo 9 de la ley de bancarrota en sí viola la constitución estadounidense porque atenta contra "la soberanía de Michigan y el derecho del pueblo de Michigan para definir y controlar los actos de sus funcionarios electos y designados."

El memorándum de 26 páginas del Departamento de Justicia rechaza esas cuestiones de los derechos democráticos. En su lugar, alega engañosamente que nunca se violaron los derechos de la gente de Michigan porque la bancarrota fue "abiertamente autorizada" por las autoridades estatales, quienes podrían haber rechazado el uso de la autoridad federal.

Bien sabe Washington que el gobernador Republicano de Michigan, Rick Snyder, y su tesorero del estado, el Demócrata Andy Dillon, han estado al frente de la conspiración que nombró al interventor para hundir a Detroit en la bancarrota. Los respaldó el alcalde Demócrata de la ciudad, David Bing, quien había estado en contacto con funcionarios de la Casa Blanca.

El memorándum del Departamento de Justicia también afirma que "el Artículo 9 no interfiere con el derecho político fundamental al voto, mediante el cual se podría castigar a los funcionarios que autorizaron y crearon las condiciones de la quiebra [de Detroit]".

Así señala el gobierno su apoyo a la dictadura financiera de Orr, quien sólo obedece a los grandes bancos y a los tenedores de bonos municipales. Para instalar a Orr y darle poderes ilimitados rechazaron la voluntad de la gente de Detroit y Michigan. En el 2012 , los votantes del estado rechazaron la ley de intervención. Unas semanas después la legislatura se apresuró con otra ley.

La ley le permite a Orr usurpar los poderes de la municipalidad, romper unilateralmente contratos laborales y traspasar el alumbrado público, la recolección de basura y otros servicios de gestión de la ciudad a las empresas con fines de lucro, como la gigantesca DTE Energy.

Se entrevió el carácter clasista de esa maniobra con el anuncio de que el banco de Londres Barclays le prestaría a Detroit $350 millones no bien apruebe el juez Rhodes la bancarrota. Según el acuerdo, el banco estaría primero en la fila de cobradores, antes que las "deudas sin garantía", como pensiones, cuando se liquiden los bienes municipales. La mayor parte del empréstito sería para pagar a los que estafaron a la ciudad por cientos de millones de dólares, como UBS y el consorcio BOA - Merrill Lynch,.

Orr, Demócrata muy envuelto en el 2012 en la campaña de reelección del presidente Obama 2012, se hizo valer como abogado en la bancarrota de Chrysler, el desalmado plan de reestructuración de Obama que destruyó decenas de miles de empleos que impuso sueldos de hambre sobre la juventud obrera.

Empantanar a Detroit en la bancarrota no es ninguna decisión económica; es política. Mientras que Obama destina miles de millones a los especuladores financieros que causaron la crisis de 2008, rechaza de plano rescatar a Detroit.

Bajo Obama, es característica de la Casa Blanca no desperdiciar ninguna crisis. En este momento usa el cierre del gobierno federal y el conflicto sobre el techo de la deuda para llegar a un acuerdo bipartidista de desmantelar programas sociales más populares como programas de beneficios de pensiones y salud para jubilados (Social Security y Medicare). De la misma manera, utiliza la crisis de Detroit para atacar a empleados públicos y abrirle las puertas a la privatización de la educación pública y servicios municipales.

A raíz de esta maniobra del Departamento de Justicia queda al descubierto complicidad de sindicatos como el sindicato de empleados públicos (AFSCME ), de los maestros(AFT), y el sindicato automotriz ( UAW ), que se alinean con el Partido Demócrata y el gobierno de Obama.

Lejos de combatir los ataques contra el proletariado, los sindicatos, organizaciones anti obreras, sólo tienen la expectativa de obtener una tajada de la repartija de los bienes de la ciudad y así preservar los ingresos de los empresarios que los dirigen. Apoyaron reelección de Obama y colaboran con la bancarrota en pos de los intereses de sus dirigentes.

Existe una enorme oposición al saqueo de Detroit. Recientes encuestas indican que tres cuartas partes de su ciudadanía están en contra del ataque a las pensiones. El 78 por ciento se opone a la liquidación de las obra del Instituto de Artes de Detroit.

Una señal poderosa de esa ira popular salió a la luz en la manifestación del cuatro de octubre organizada por el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) y de la Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) en defensa del IAD y contra la bancarrota.

Las maniobras del gobierno de Obama confirman la perspectiva política de esta protesta: que la clase obrera debe desconfiar en toda la clase política, controlada por las grandes empresas, e iniciar una lucha industrial y política independiente contra la dictadura de los banqueros en Detroit.

La lucha contra la quiebra de Detroit también es contra los dos partidos capitalistas, y contra el sistema de ganancias capitalista que estos representan. Sólo será posible reconstruir Detroit y otras ciudades, garantizar pensiones, defender la cultura y todos los demás derechos sociales cuando la clase obrera tome el poder político, expropie la riqueza ilegítima de la aristocracia financiera y reorganice la vida económica y política sobre los cimientos de una genuina democracia e igualdad social.