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El presidente Obama apoya la bancarrota de Detroit
Por Jerry White
17 Octubre 2013
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el autor
Esta perspectiva política se publicó en inglés
el 15 de octubre del 2013
El gobierno de Obama ha decidido defender la decisión
de colocar a la ciudad de Detroit en la bancarrota. Se dirigió
a los tribunales para destripar los beneficios de los empleados
públicos y abrirle la puerta a la liquidación de
bienes municipales.
La semana pasada el Departamento de Justicia le presentó
a la corte un memorándum con el objeto de aplastar objeciones
de los jubilados y gremios que desafían la constitucionalidad
de la iniciativa de bancarrota del interventor Kevin Orr del pasado
julio.
La apelación deliberada por parte del gobierno federal
no era necesaria. Que el gobierno lo haya hecho demuestra que
lo de Detroit ha sido cuidadosamente orquestado desde el principio
entre las autoridades locales, estatales y federales.
El equipo de Obama, fiel representante de Wall Street, considera
que las propuestas para Detroit son un modelo. Al igual que la
reestructuración de la industria automotriz en el 2009,
que también contó con el respaldo fiscal y con la
participación de Orr, disparó un ataque a los sueldos
y beneficios en todo el país; la quiebra de Detroit abre
la puerta a la destrucción de pensiones y beneficios médicos
para muchos otros trabajadores municipales.
Se anticipa que el juez Steven Rhodes apruebe ésta,
la mayor quiebra municipal en la historia estadounidense, en audiencias
que ocurrirán hoy día. Orr implementaría
un plan de reestructuración que consiste en el robo del
90 por ciento de beneficios de jubilación de los 19,000
pensionados municipales y de sus familiares, también dejándolos
a la merced del muy reducido programa médico de Obama,
y la liquidación de la propiedad municipal, incluyendo
las obras del Instituto de Arte de Detroit (IAD), de fama mundial.
En audiencias anteriores, los jubilados acusaron a Orr del
uso ilegítimo de las leyes federales de bancarrota para
eludir la constitución del estado de Michigan, que protege
expresamente las pensiones de los trabajadores públicos
por ser éstas "obligaciones contractuales", que
"nunca serán disminuidas o alteradas."
Los jubilados sostienen que el Artículo 9 de la ley
de bancarrota en sí viola la constitución estadounidense
porque atenta contra "la soberanía de Michigan y el
derecho del pueblo de Michigan para definir y controlar los actos
de sus funcionarios electos y designados."
El memorándum de 26 páginas del Departamento
de Justicia rechaza esas cuestiones de los derechos democráticos.
En su lugar, alega engañosamente que nunca se violaron
los derechos de la gente de Michigan porque la bancarrota fue
"abiertamente autorizada" por las autoridades estatales,
quienes podrían haber rechazado el uso de la autoridad
federal.
Bien sabe Washington que el gobernador Republicano de Michigan,
Rick Snyder, y su tesorero del estado, el Demócrata Andy
Dillon, han estado al frente de la conspiración que nombró
al interventor para hundir a Detroit en la bancarrota. Los respaldó
el alcalde Demócrata de la ciudad, David Bing, quien había
estado en contacto con funcionarios de la Casa Blanca.
El memorándum del Departamento de Justicia también
afirma que "el Artículo 9 no interfiere con el derecho
político fundamental al voto, mediante el cual se podría
castigar a los funcionarios que autorizaron y crearon las condiciones
de la quiebra [de Detroit]".
Así señala el gobierno su apoyo a la dictadura
financiera de Orr, quien sólo obedece a los grandes bancos
y a los tenedores de bonos municipales. Para instalar a Orr y
darle poderes ilimitados rechazaron la voluntad de la gente de
Detroit y Michigan. En el 2012 , los votantes del estado rechazaron
la ley de intervención. Unas semanas después la
legislatura se apresuró con otra ley.
La ley le permite a Orr usurpar los poderes de la municipalidad,
romper unilateralmente contratos laborales y traspasar el alumbrado
público, la recolección de basura y otros servicios
de gestión de la ciudad a las empresas con fines de lucro,
como la gigantesca DTE Energy.
Se entrevió el carácter clasista de esa maniobra
con el anuncio de que el banco de Londres Barclays le prestaría
a Detroit $350 millones no bien apruebe el juez Rhodes la bancarrota.
Según el acuerdo, el banco estaría primero en la
fila de cobradores, antes que las "deudas sin garantía",
como pensiones, cuando se liquiden los bienes municipales. La
mayor parte del empréstito sería para pagar a los
que estafaron a la ciudad por cientos de millones de dólares,
como UBS y el consorcio BOA - Merrill Lynch,.
Orr, Demócrata muy envuelto en el 2012 en la campaña
de reelección del presidente Obama 2012, se hizo valer
como abogado en la bancarrota de Chrysler, el desalmado plan de
reestructuración de Obama que destruyó decenas de
miles de empleos que impuso sueldos de hambre sobre la juventud
obrera.
Empantanar a Detroit en la bancarrota no es ninguna decisión
económica; es política. Mientras que Obama destina
miles de millones a los especuladores financieros que causaron
la crisis de 2008, rechaza de plano rescatar a Detroit.
Bajo Obama, es característica de la Casa Blanca no desperdiciar
ninguna crisis. En este momento usa el cierre del gobierno federal
y el conflicto sobre el techo de la deuda para llegar a un acuerdo
bipartidista de desmantelar programas sociales más populares
como programas de beneficios de pensiones y salud para jubilados
(Social Security y Medicare). De la misma manera, utiliza la crisis
de Detroit para atacar a empleados públicos y abrirle las
puertas a la privatización de la educación pública
y servicios municipales.
A raíz de esta maniobra del Departamento de Justicia
queda al descubierto complicidad de sindicatos como el sindicato
de empleados públicos (AFSCME ), de los maestros(AFT),
y el sindicato automotriz ( UAW ), que se alinean con el Partido
Demócrata y el gobierno de Obama.
Lejos de combatir los ataques contra el proletariado, los sindicatos,
organizaciones anti obreras, sólo tienen la expectativa
de obtener una tajada de la repartija de los bienes de la ciudad
y así preservar los ingresos de los empresarios que los
dirigen. Apoyaron reelección de Obama y colaboran con la
bancarrota en pos de los intereses de sus dirigentes.
Existe una enorme oposición al saqueo de Detroit. Recientes
encuestas indican que tres cuartas partes de su ciudadanía
están en contra del ataque a las pensiones. El 78 por ciento
se opone a la liquidación de las obra del Instituto de
Artes de Detroit.
Una señal poderosa de esa ira popular salió a
la luz en la manifestación del cuatro de octubre organizada
por el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) y de la Jóvenes
y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) en
defensa del IAD y contra la bancarrota.
Las maniobras del gobierno de Obama confirman la perspectiva
política de esta protesta: que la clase obrera debe desconfiar
en toda la clase política, controlada por las grandes empresas,
e iniciar una lucha industrial y política independiente
contra la dictadura de los banqueros en Detroit.
La lucha contra la quiebra de Detroit también es contra
los dos partidos capitalistas, y contra el sistema de ganancias
capitalista que estos representan. Sólo será posible
reconstruir Detroit y otras ciudades, garantizar pensiones, defender
la cultura y todos los demás derechos sociales cuando la
clase obrera tome el poder político, expropie la riqueza
ilegítima de la aristocracia financiera y reorganice la
vida económica y política sobre los cimientos de
una genuina democracia e igualdad social.
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