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Senado de Estados Unidos prohíbe la revisión de detenciones en Guantánamo

Por Por Bill Van Auken
23 Noviembre 2005

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Este artículo apareció originalmente en nuestro sitio en ingló originalmente en nuestro sitio en inglés el 12 de noviembre, 2005.

Sin casi debatir el asunto o ninguna advertencia, el Senado de Estados Unidos adoptó el jueves pasado, como enmienda a un proyecto de ley sobre el presupuesto militar, una medida con insinuaciones muy serias. Ésta le niega a los llamados "combatientes enemigos" todo derecho a cuestionar sus detenciones en los tribunales de Estados Unidos.

Aunque el objetivo directo de esta legislación reaccionaria son los más de 500 hombres y jóvenes que han sido encarcelados sin imputárseles cargos y quienes han sufrido tortura y abusos en los campos de concentración del Pentágono en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en realidad ello constituye una agresión directa contra los derechos democráticos básicos y la forma constitucional del gobierno de Estados Unidos mismo.

La medida convertiría en ley el derecho del gobierno de Bush en atribuirse la autoridad de ordenar el arresto y encarcelamiento de cualquier individuo que al presidente, bajo el título de Comandante de las Fuerzas Armadas, le de la gana, sin que haya una acusación formal o se tenga que revelar donde está encarcelado, o que los tribunales tengan la posibilidad de revisar el caso.

También alteraría, en forma dramática, el equilibrio de la autoridad entre las diferentes ramas del gobierno de Estados Unidos, socavando la independencia de la rama judiciaria y negándole a los tribunales y las cortes la capacidad de revisar las acciones de la presidencia y considerar las apelaciones de aquellas personas que reclaman haber sido encarceladas injustamente.

La enmienda, que fuera introducida por el Senador Lindsey Graham, Republicano por el estado de Carolina del Sur y adoptado por el Senado con un voto de 49 a 42, efectivamente le a niega los tribunales de Estados Unidos toda juridicción sobre aquellos que han sido detenidos en la llamada guerra contra el terrorismo y cancela todas las diligencias—por más limitadas que sean—de los tribunales para revisar la legalidad de las acciones del gobierno de Bush.

Lo más probable es que la ley termine por ser aplicada a todos los que no son ciudadanos detenidos por el gobierno en el interior y el exterior de Estados Unidos.

La medida se adoptó bajo condiciones en las que el gobierno de Estados Unidos se encuentra cada vez más bajo críticas feroces internacionales debido a la revelación de prisiones secretas de la CIA en Europa Oriental y otros lugares y de la tortura de detenidos por la agencia de espionaje y los militares estadounidenses.

En el momento que el Senado tomaba el voto, los prisioneros de Guantánamo continuaban su prolongada huelga de hambre para exigir que le concedieran las condiciones garantizadas por la Convención de Ginebra y que se les permitiera una audiencia ante tribunales verdaderos.

Graham dejó bien claro que su enmienda se había diseñado para garantizar que el abuso delictivo de estos detenidos tenía que continuar: "No es justo que nuestros enemigos, basándose en toda queja posible, demanden a nuestras tropas, que luchan en la guerra contra el terrorismo, en todos los tribunales del país".

Aunque, según se ha reportado, la semana que viene habrá un intento de despojar al derecho de habeas corpus del proyecto de ley, es casi cierto que la enmienda auspiciada por Graham ganaría el apoyo de la Cámara de Diputados, controlada por los Republicanos, y que Bush la haría ley con su firma.

Bajo el derecho internacional, la enmienda Graham es un crimen de guerra. Es una infracción del Tratado de la Haya de 1907, que declara como delito "declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles en un tribunal de la ley los derechos y las acciones de los nacionales de la parte hostil".

También es una infracción de la Convención de Ginebra, que protegé a los detenidos al prohibir "sentencias y ejecuciones sin dictámenes previos pronunciados por un tribunal debidamente constituido que garantiza todos los derechos judiciales que los pueblos civilizados reconocen como indispensables".

La garantía más fundamental de todas estas—y una de las piedras angulares de los derechos democráticos en todo el mundo—es el derecho a peticionar los tribunales por el procedimiento de hábeas corpus.

El Senado adoptó la medida justamente tres días después que la Corte Suprema de Estados Unidos anunciara que iba a dictaminar sobre la constitucionalidad de los tribunales militares irregulares que el Pentágono ha puesto en acción en Guantánamo, presuntamente para determinar si los detenidos pueden ser puestos en libertad.

La enmienda no solo invalidaría este caso, sino que también se aplicaría retroactivamente a otros dictámenes y otras apelaciones hechas en nombre de cientos de detenidos en varias cortes federales. Entre los dictámenes que se nulificarían se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, dictaminada en Junio, 2004, durante el caso de Rasul vs. Bush: que los ciudadanos extranjeros acusados de ser terroristas pueden impugnar su detención en los tribunales de Estados Unidos.

Pero esto no es cuestión de que los tribunales se hayan convertido en campeones de los derechos de los detenidos. Al contrario; casi siempre han terminado por postrarse ante los reclamos del gobierno en cuanto a que el presidente tiene derecho a poderes extraordinarios debido a que Estados Unidos supuestamente está en Guerra, inclusive el derecho de encarcelar a "combatientes enemigos" sin cargos o juicio.

Los tribunales han ignorado el hecho que la llamada "guerra contra el terror" nunca ha sido declarada, que no tiene un enemigo definido, y que ha sido presentada como un conflicto de duración indefinida, lo cual hace que los poderes extraordinarios del presidente sean esencialmente perennes. En cuanto a los "combatientes enemigos", este término nunca ha sido definido, a menos que sea cualquier persona que el presidente quiera detenida sin concederle los derechos jurídicos de una persona a quien se le han imputado cargos o los derechos garantizados a los prisioneros de guerra según la definición de la Convención de Ginebra.

No obstante, al legislar que los tribunales y las cortes están excluidos de revisar todas estas medidas policiales, la acción del Senado representa un paso significativo hacia la institucionalización de formas dictatoriales de gobierno en Estados Unidos.

La medida también desenmascara otra mentira del la ley, que se titula Apropiaciones para la Defensa: la llamada enmienda sobre la tortura por la cual aboga el Senador McCain. Ésta fue aprobada por un voto de 90 a nueve, y se supone que prohíbe el "tratamiento y el castigo cruel, inhumano y degradante" contra las personas detenidas por el gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Bush ha amenazado con vetar todo este proyecto de ley para financiar a las fuerzas armadas si se acepta esta enmienda. Por otra parte, el Vicepresidente Dick Cheney le ha puesto presión política al Senado para que le haga una excepción específica a la CIA en cuanto a la prohibición de la tortura. Así ésta podrá continuar usando sus métodos bestiales en la red de prisiones secretas que tiene por todo el mundo.

La enmienda de Graham convierte a esta prohibición de la tortura en una orden, o mejor dicho, en una excusa para continuar la brutalización de miles de individuos detenidos por Estados Unidos a quienes no se les ha imputado ningún cargo y mucho menos contra quienes no se ha presentado ninguna evidencia. Si no tienen el derecho a buscar la justicia en los tribunales, entonces el gobierno tiene la libertad de hacer con ellos lo que le de la gana, inclusive torturarlos o ejecutarlos sin beneficio judicial y sin miedo de que nadie se entere.

La enmienda ha causado la ira de grupos que defienden los derechos humanos y de organizaciones de abogados por todo el país. La Asociación de Abogados Profesionales de la Ciudad de Nueva York ha declarado que la medida es "precisamente la acción equivocada a tiempo equivocado". Dejó claro que el gobierno de Bush, "al ejercer poderes de guerra extraordinarios, ha creado toda una nueva cultura basada en fundamentos jurídicos tenuos para detener indefinidamente a cualquier individuo, en cualquier lugar que el Presidente acuse de ser un enemigo combatiente (término que la ley todavía no ha definido claramente), y arguye que lo puede hacer sin estar sujeto a ninguna revisión judicial".

El Instituto Nacional de la Justicia MIlitar ha lanzado la siguiente declaración: "La enmienda que se ha propuesto le permitiría a la rama Ejecutiva ordenar detenciones que no estarían sujetas a ninguna revisión, y esto no armoniza con el respeto que nuestra nación ha tenido por mucho tiempo al gobierno basado en la ley".

La Unión de Estados Unidos por los Derechos Civiles advierte lo siguiente: "Al privar a los tribunales de su jurisprudencia sobre todos los reclamos de los detenidos extranjeros encarcelados en la Bahía de Guantánamo, la enmienda de Graham destriparía las protecciones de la enmienda de McCain y de otras leyes contra la tortura; constituiría una infracción de la Constitución al negarle a la Corte Suprema su papel como autoridad final sobre si las acciones del gobierno son constitucionales y legales o no; y le pondría fin a casi todos los casos que oficiales militares, en nombre de los detenidos, han presentado ante los tribunales".

Una vez que el derecho de hábeas corpus sea abolido para detenidos extranjeros y aquellos que el presidente declara "combatientes enemigos", ¿qué va a detener al Congreso de adoptar una ley que declare que ningún ciudadano de Estados Unidos tiene el derecho a cuestionar su encarcelamiento?

La estructura legal que se está formando para este tipo de estado es la que existía en Latinoamérica durante la década del 70 , cuando la gente "desaparecía" para ser torturada y ejecutada en las cárceles clandestinas de las fuerzas de seguridad, y en que nadie era responsable de nada y a nadie se le podía demandar en los tribunales.

Que esta propuesta, la cual repudia un principio que ha sido parte de los derechos jurídicos democráticos cuya historia comienza con la Carta Magna hace 800 años, puede ser parte de una enmienda a un proyecto de ley sobre los gastos militares nos da mucha información acerca de la naturaleza del gobierno de Estados Unidos y su clase gobernante.

Es un gobierno que funciona a base de confabulaciones y esconder intencionalmente su política del pueblo estadounidense. Dentro de la misma oligarquía que domina la vida política y controla a ambos partidos principales, no existe el menor sector que defienda los principios constitucionales básicos.

En un ambiente en que el miedo y la histeria reinan, sobretodo después de los ataques del 11 de septiembre, 2001—acontecimientos que todavía no han sido totalmente explicados al pueblo de este país—el gobierno de Bush, como un barril rodando cuesta abajo, ha agredido los derechos democráticos con la colaboración total del Partido Demócrata, lo que incluye el Acta Patriota, que le ha dado a las agencias policiales y de espionaje poderes sin precedente para llevar a cabo todo tipo de investigaciones, registros e incautaciones.

Desde esa fecha se ha valido de la "guerra mundial contra el terror" como pretexto para lanzar una guerra ilícita y no provocada contra Irak, así como también una guerra sistemática contra la Constitución de Estados Unidos.

Esta campaña para abolir derechos que han existido por siglos es parte de un proceso internacional que durante la última semana ha presenciado la imposición de una legislación "anti terrorista" draconiana en Inglaterra y Australia y la declaración de un estado de emergencia en Francia.

Las bases de este proceso mundial es la polarización sin precedentes entre la clase gobernante rica y las masas trabajadoras, cuyos derechos democráticos básicos los ámbitos políticos capitalistas consideran, cada vez más en todos los países, como una barrera intolerable a su política enormemente impopular: la guerra y la erradicación de lo que queda de las reformas sociales por las cuales las generaciones anteriores lucharon.

La enmienda de Graham, al tratar de convertir en ley las prácticas sucias e ilícitas que el gobierno de Bush ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, representa una inequívoca advertencia: el proceso ha llegado a una etapa muy, muy avanzada y no ha encontrado oposición seria en ningún sector dentro de la clase política dominante.

La defensa de los derechos democráticos—inclusive el derecho esencial de hábeas corpus—es posible hoy día solamente con la movilización política independiente de la clase obrera.