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Senado de Estados Unidos prohíbe la revisión
de detenciones en Guantánamo
Por Por Bill Van Auken
23 Noviembre 2005
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el autor
Este artículo apareció originalmente en nuestro
sitio en ingló originalmente en nuestro sitio en inglés
el 12 de noviembre, 2005.
Sin casi debatir el asunto o ninguna advertencia, el Senado
de Estados Unidos adoptó el jueves pasado, como enmienda
a un proyecto de ley sobre el presupuesto militar, una medida
con insinuaciones muy serias. Ésta le niega a los llamados
"combatientes enemigos" todo derecho a cuestionar sus
detenciones en los tribunales de Estados Unidos.
Aunque el objetivo directo de esta legislación reaccionaria
son los más de 500 hombres y jóvenes que han sido
encarcelados sin imputárseles cargos y quienes han sufrido
tortura y abusos en los campos de concentración del Pentágono
en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en realidad ello
constituye una agresión directa contra los derechos democráticos
básicos y la forma constitucional del gobierno de Estados
Unidos mismo.
La medida convertiría en ley el derecho del gobierno
de Bush en atribuirse la autoridad de ordenar el arresto y encarcelamiento
de cualquier individuo que al presidente, bajo el título
de Comandante de las Fuerzas Armadas, le de la gana, sin que haya
una acusación formal o se tenga que revelar donde está
encarcelado, o que los tribunales tengan la posibilidad de revisar
el caso.
También alteraría, en forma dramática,
el equilibrio de la autoridad entre las diferentes ramas del gobierno
de Estados Unidos, socavando la independencia de la rama judiciaria
y negándole a los tribunales y las cortes la capacidad
de revisar las acciones de la presidencia y considerar las apelaciones
de aquellas personas que reclaman haber sido encarceladas injustamente.
La enmienda, que fuera introducida por el Senador Lindsey Graham,
Republicano por el estado de Carolina del Sur y adoptado por el
Senado con un voto de 49 a 42, efectivamente le a niega los tribunales
de Estados Unidos toda juridicción sobre aquellos que han
sido detenidos en la llamada guerra contra el terrorismo y cancela
todas las diligencias—por más limitadas que sean—de
los tribunales para revisar la legalidad de las acciones del gobierno
de Bush.
Lo más probable es que la ley termine por ser aplicada
a todos los que no son ciudadanos detenidos por el gobierno en
el interior y el exterior de Estados Unidos.
La medida se adoptó bajo condiciones en las que el gobierno
de Estados Unidos se encuentra cada vez más bajo críticas
feroces internacionales debido a la revelación de prisiones
secretas de la CIA en Europa Oriental y otros lugares y de la
tortura de detenidos por la agencia de espionaje y los militares
estadounidenses.
En el momento que el Senado tomaba el voto, los prisioneros
de Guantánamo continuaban su prolongada huelga de hambre
para exigir que le concedieran las condiciones garantizadas por
la Convención de Ginebra y que se les permitiera una audiencia
ante tribunales verdaderos.
Graham dejó bien claro que su enmienda se había
diseñado para garantizar que el abuso delictivo de estos
detenidos tenía que continuar: "No es justo que nuestros
enemigos, basándose en toda queja posible, demanden a nuestras
tropas, que luchan en la guerra contra el terrorismo, en todos
los tribunales del país".
Aunque, según se ha reportado, la semana que viene habrá
un intento de despojar al derecho de habeas corpus del
proyecto de ley, es casi cierto que la enmienda auspiciada por
Graham ganaría el apoyo de la Cámara de Diputados,
controlada por los Republicanos, y que Bush la haría ley
con su firma.
Bajo el derecho internacional, la enmienda Graham es un crimen
de guerra. Es una infracción del Tratado de la Haya de
1907, que declara como delito "declarar abolidos, suspendidos
o inadmisibles en un tribunal de la ley los derechos y las acciones
de los nacionales de la parte hostil".
También es una infracción de la Convención
de Ginebra, que protegé a los detenidos al prohibir "sentencias
y ejecuciones sin dictámenes previos pronunciados por un
tribunal debidamente constituido que garantiza todos los derechos
judiciales que los pueblos civilizados reconocen como indispensables".
La garantía más fundamental de todas estas—y
una de las piedras angulares de los derechos democráticos
en todo el mundo—es el derecho a peticionar los tribunales
por el procedimiento de hábeas corpus.
El Senado adoptó la medida justamente tres días
después que la Corte Suprema de Estados Unidos anunciara
que iba a dictaminar sobre la constitucionalidad de los tribunales
militares irregulares que el Pentágono ha puesto en acción
en Guantánamo, presuntamente para determinar si los detenidos
pueden ser puestos en libertad.
La enmienda no solo invalidaría este caso, sino que
también se aplicaría retroactivamente a otros dictámenes
y otras apelaciones hechas en nombre de cientos de detenidos en
varias cortes federales. Entre los dictámenes que se nulificarían
se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Estados
Unidos, dictaminada en Junio, 2004, durante el caso de Rasul vs.
Bush: que los ciudadanos extranjeros acusados de ser terroristas
pueden impugnar su detención en los tribunales de Estados
Unidos.
Pero esto no es cuestión de que los tribunales se hayan
convertido en campeones de los derechos de los detenidos. Al contrario;
casi siempre han terminado por postrarse ante los reclamos del
gobierno en cuanto a que el presidente tiene derecho a poderes
extraordinarios debido a que Estados Unidos supuestamente está
en Guerra, inclusive el derecho de encarcelar a "combatientes
enemigos" sin cargos o juicio.
Los tribunales han ignorado el hecho que la llamada "guerra
contra el terror" nunca ha sido declarada, que no tiene un
enemigo definido, y que ha sido presentada como un conflicto de
duración indefinida, lo cual hace que los poderes extraordinarios
del presidente sean esencialmente perennes. En cuanto a los "combatientes
enemigos", este término nunca ha sido definido, a
menos que sea cualquier persona que el presidente quiera detenida
sin concederle los derechos jurídicos de una persona a
quien se le han imputado cargos o los derechos garantizados a
los prisioneros de guerra según la definición de
la Convención de Ginebra.
La institucionalización de los métodos
dictatoriales
No obstante, al legislar que los tribunales y las cortes están
excluidos de revisar todas estas medidas policiales, la acción
del Senado representa un paso significativo hacia la institucionalización
de formas dictatoriales de gobierno en Estados Unidos.
La medida también desenmascara otra mentira del la ley,
que se titula Apropiaciones para la Defensa: la llamada enmienda
sobre la tortura por la cual aboga el Senador McCain. Ésta
fue aprobada por un voto de 90 a nueve, y se supone que prohíbe
el "tratamiento y el castigo cruel, inhumano y degradante"
contra las personas detenidas por el gobierno de Estados Unidos.
El gobierno de Bush ha amenazado con vetar todo este proyecto
de ley para financiar a las fuerzas armadas si se acepta esta
enmienda. Por otra parte, el Vicepresidente Dick Cheney le ha
puesto presión política al Senado para que le haga
una excepción específica a la CIA en cuanto a la
prohibición de la tortura. Así ésta podrá
continuar usando sus métodos bestiales en la red de prisiones
secretas que tiene por todo el mundo.
La enmienda de Graham convierte a esta prohibición de
la tortura en una orden, o mejor dicho, en una excusa para continuar
la brutalización de miles de individuos detenidos por Estados
Unidos a quienes no se les ha imputado ningún cargo y mucho
menos contra quienes no se ha presentado ninguna evidencia. Si
no tienen el derecho a buscar la justicia en los tribunales, entonces
el gobierno tiene la libertad de hacer con ellos lo que le de
la gana, inclusive torturarlos o ejecutarlos sin beneficio judicial
y sin miedo de que nadie se entere.
La enmienda ha causado la ira de grupos que defienden los derechos
humanos y de organizaciones de abogados por todo el país.
La Asociación de Abogados Profesionales de la Ciudad de
Nueva York ha declarado que la medida es "precisamente la
acción equivocada a tiempo equivocado". Dejó
claro que el gobierno de Bush, "al ejercer poderes de guerra
extraordinarios, ha creado toda una nueva cultura basada en fundamentos
jurídicos tenuos para detener indefinidamente a cualquier
individuo, en cualquier lugar que el Presidente acuse de ser un
enemigo combatiente (término que la ley todavía
no ha definido claramente), y arguye que lo puede hacer sin estar
sujeto a ninguna revisión judicial".
El Instituto Nacional de la Justicia MIlitar ha lanzado la
siguiente declaración: "La enmienda que se ha propuesto
le permitiría a la rama Ejecutiva ordenar detenciones que
no estarían sujetas a ninguna revisión, y esto no
armoniza con el respeto que nuestra nación ha tenido por
mucho tiempo al gobierno basado en la ley".
La Unión de Estados Unidos por los Derechos Civiles
advierte lo siguiente: "Al privar a los tribunales de su
jurisprudencia sobre todos los reclamos de los detenidos extranjeros
encarcelados en la Bahía de Guantánamo, la enmienda
de Graham destriparía las protecciones de la enmienda de
McCain y de otras leyes contra la tortura; constituiría
una infracción de la Constitución al negarle a la
Corte Suprema su papel como autoridad final sobre si las acciones
del gobierno son constitucionales y legales o no; y le pondría
fin a casi todos los casos que oficiales militares, en nombre
de los detenidos, han presentado ante los tribunales".
Una vez que el derecho de hábeas corpus sea abolido
para detenidos extranjeros y aquellos que el presidente declara
"combatientes enemigos", ¿qué va a detener
al Congreso de adoptar una ley que declare que ningún ciudadano
de Estados Unidos tiene el derecho a cuestionar su encarcelamiento?
La estructura legal que se está formando para este tipo
de estado es la que existía en Latinoamérica durante
la década del 70 , cuando la gente "desaparecía"
para ser torturada y ejecutada en las cárceles clandestinas
de las fuerzas de seguridad, y en que nadie era responsable de
nada y a nadie se le podía demandar en los tribunales.
Que esta propuesta, la cual repudia un principio que ha sido
parte de los derechos jurídicos democráticos cuya
historia comienza con la Carta Magna hace 800 años, puede
ser parte de una enmienda a un proyecto de ley sobre los gastos
militares nos da mucha información acerca de la naturaleza
del gobierno de Estados Unidos y su clase gobernante.
Es un gobierno que funciona a base de confabulaciones y esconder
intencionalmente su política del pueblo estadounidense.
Dentro de la misma oligarquía que domina la vida política
y controla a ambos partidos principales, no existe el menor sector
que defienda los principios constitucionales básicos.
En un ambiente en que el miedo y la histeria reinan, sobretodo
después de los ataques del 11 de septiembre, 2001—acontecimientos
que todavía no han sido totalmente explicados al pueblo
de este país—el gobierno de Bush, como un barril rodando
cuesta abajo, ha agredido los derechos democráticos con
la colaboración total del Partido Demócrata, lo
que incluye el Acta Patriota, que le ha dado a las agencias policiales
y de espionaje poderes sin precedente para llevar a cabo todo
tipo de investigaciones, registros e incautaciones.
Desde esa fecha se ha valido de la "guerra mundial contra
el terror" como pretexto para lanzar una guerra ilícita
y no provocada contra Irak, así como también una
guerra sistemática contra la Constitución de Estados
Unidos.
Esta campaña para abolir derechos que han existido por
siglos es parte de un proceso internacional que durante la última
semana ha presenciado la imposición de una legislación
"anti terrorista" draconiana en Inglaterra y Australia
y la declaración de un estado de emergencia en Francia.
Las bases de este proceso mundial es la polarización
sin precedentes entre la clase gobernante rica y las masas trabajadoras,
cuyos derechos democráticos básicos los ámbitos
políticos capitalistas consideran, cada vez más
en todos los países, como una barrera intolerable a su
política enormemente impopular: la guerra y la erradicación
de lo que queda de las reformas sociales por las cuales las generaciones
anteriores lucharon.
La enmienda de Graham, al tratar de convertir en ley las prácticas
sucias e ilícitas que el gobierno de Bush ha llevado a
cabo durante los últimos cuatro años, representa
una inequívoca advertencia: el proceso ha llegado a una
etapa muy, muy avanzada y no ha encontrado oposición seria
en ningún sector dentro de la clase política dominante.
La defensa de los derechos democráticos—inclusive
el derecho esencial de hábeas corpus—es posible
hoy día solamente con la movilización política
independiente de la clase obrera.
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