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291 personas mueren en Lima—las raíces sociales del terrible incendio

Por César Uco
13 Febrero 2002

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Un espantoso incendio ocurrido el 29 de diciembre pasado en Lima dejó un saldo de 291 muertos y centenares de heridos. La mayoría de las víctimas pertenecían a los millones de pobres marginados que diariamente salen a las calles de las ciudades peruanas a ganarse unos cuantos centavos o a comprar productos clandestinos baratos.

El siniestro se inició aproximadamente a las siete de la tarde cuando una persona encendió un fuego artificial en las galerías de Mesa Redonda, ubicadas en el centro histórico de la ciudad. Mesa Redonda es un mercado informal donde miles de comerciantes venden sus productos en las condiciones más precarias e inseguras imaginables.

Durante el mes de diciembre, como es la tradición, los comerciantes de Mesa Redonda venden cientos de toneladas de fuegos artificiales, los cuales miles de personas de escasos recursos compran para celebrar las navidades y el año nuevo.

Las imágenes de una videocinta revelan como el fuego se expandió rápidamente, consumiendo cinco manzanas en escasos minutos porque el piso estaba cubierto de pólvora que se habia salido de las cajas en el momento de descargarlas para su venta.

Cuarenta carros bomba y 440 bomberos combatieron el fuego por tres horas. Éstos lograron rescatar treinta personas atrapadas en un altillo.

Hacia la media noche surgía una escena de dolor y muerte. Restos de madera, papel y plástico lanzaban fétidos olores. Vehículos con chofer y pasajeros carbonizados en medio de la pista. En una esquina, más de una docena de cuerpos totalmente calcinados se aferraban a sus carretillas de carga o paquetes.

En otro lugar se descubrieron 30 cadáveres apiñados en un espacio de dos metros cuadrados. Muchos comerciantes murieron asfixiados mientras buscaban refugio dentro de sus tiendas y cerraron las puertas para protegerse del vandalismo.

Decenas más murieron electrocutados, posiblemente debido a una sobrecarga de la estación eléctrica que se encontraba en el lugar del incendio.

En los días siguientes, cientos de familiares acudieron a los hospitales del centro de Lima y la morgue mostrando fotografías de sus seres queridos desaparecidos. En vano se aferraban a la ilusión que alguien les pudiera dar la buena noticia que sus familiares estaban con vida. Dentro de la confusión el número de desaparecidos llegó a más de 800.

Cerca de 4,500 comerciantes de Mesa Redonda han perdido sus empleos y escasos ahorros. Se calcula que más del 30 porciento de las víctimas eran jóvenes y en su mayoría mujeres.

A juzgar por los nombres citados en los periódicos limeños informando de los sepelios—Huilca, Canchari, Ucañay—un gran número de los muertos eran de origen campesino provenientes de la sierra. Estos pertenecían a los cientos de miles que durante los últimos 20 años emigraron a la ciudad huyendo de la pobreza, de los narcotraficantes y de la guerra sucia entre el ejército y las guerrillas de Sendero Luminoso.

La información que se ha hecho pública a partir de la catástrofe pinta un cuadro alarmante de pobreza, informalidad y corrupción de las instituciones estatales.

Se sabe que el Ministerio del Interior autorizó la importación de 1,100 toneladas de material pirotécnico, la mayoría del cual fue destinado a Mesa Redonda. Durante el mes de diciembre la Municipalidad de Lima repetidas veces trató de controlar la venta de fuegos artificiales.

En un momento habían más de 1,100 policías destinados a impedir la venta en esa localidad. Pero días antes del incendio el 80 porciento de los policías fueron retirados por orden del general de policía responsable, Luis Sanchez Arias.

Después del siniestro, el general Luis Sanchez Arias fue retirado del servicio. Queda pendiente una investigación de la relación entre la policía y los importadores de material pirotécnico.

También se ha pedido que la Comisión Investigadora creada por el gobierno investigue a los jueces que dictaron acciones de amparo a favor de los comerciantes, a pesar de conocer documentos que demostraban el peligro de vender material pirotécnico en los alrededores de Mesa Redonda. Después del retiro del personal policial, más de 1,500 comerciantes informales regresaron a las galerías de Mesa Redonda.

Pero la tragedia de Mesa Redonda no se puede explicar sólo por la corrupción, negligencia y falta de escrúpulos de jueces y oficiales de la policía, para quienes la vida del pobre y el campesino no vale un centavo.

La tragedia es un testimonio al fracazo de las medidas de libre mercado impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos, y llevadas a la práctica por el corrupto régimen de Alberto Fujimori y que continúan bajo el nuevo presidente Alejandro Toledo.

Después de una década, la política de apertura de la industria al mercado mundial, privatización de empresas estatales por billones de dólares, la entrada del capital estadounidense, español y chileno, junto con la corrupción de todo la maquinaria estatal, ha producido la mayor polarización social en la historia del país.

La situación económica se empeoró con la crisis de Asia de 1998, catástrofes naturales tales como la aparición de la corriente del Niño, y la recesión mundial actual. Estos eventos le pusieron fin al aumento del nivel económico de ciertos sectores de la población y a las esperanzas que el modelo de mercado llegaría a favorecer a las clases media y trabajadora.

Pero la tugurización del centro de Lima y el surgimiento de mercados informales para los pobres, como Mesa Redonda, es el resultado de la polarización de la riqueza que se intensificó precisamente con la aplicación de las políticas basadas en el mercado libre del FMI y Washington.

Hasta hace pocos años, el centro histórico de Lima era sitio de residencia de los bancos, empresas mineras, instituciones gubernamentales, universidades, restaurantes y tiendas propiamente equipadas donde se vendía ropa, zapatos, joyas y artículos para el hogar.

Al penetrar las fuerzas de la globalización económica, todos estos sectores económicos abandonaron la Lima antigua para mudarse a edificios de lujo en barrios residenciales más apetecibles para el inversor extranjero y la burguesía limeña.

Grandes edificios acomodando la última tecnología digital y con diseños arquitectónicos que nada tienen que envidiarle a Nueva York o Londres, fueron construidos por los bancos españoles Santander y Bilbao Viscaya, así como también por cadenas de hoteles como el Marriott y el Sheraton. Capitales estadounidenses, chilenos y peruanos levantaron lujosos centros comerciales al estilo “shopping mall” en los barrios residenciales de San Isidro, Miraflores y La Molina, de manera que la burguesía dejó de acudir al centro de Lima para trabajar o comprar.

A lo largo de los malecones de los barrios residenciales de Miraflores y Barranco se construyeron lujosos edificios que ofrecían maravillosas vistas del Océano Pacífico. En los edificios frente al club de golf en San Isidro se vendían departamentos a más de medio millón de dólares, hasta que la recesión actual deprimió el mercado.

Mientras una minoría se vio favorecida por la globalización, y vive acostumbrada a carros último modelo, casa en la playa, tarjetas de crédito, teléfonos celulares, cable TV, Internet y frecuentes viajes a Miami, la gran mayoría de los limeños han vistos sus vidas empobrecidas.

Más del 50 porciento de peruanos viven en una pobreza espantosa. La industria nacional ha sido diseminada al no poder competir con productos baratos importados principalmente del Asia. El desempleo masivo sigue en aumento y la pequeña clase media prácticamente ha desaparecido.

Con la destrucción de la industria y el cambio de leyes laborales exigidas por el plan de libremercado, que facilitaron el despido irrestricto del personal, cientos de miles de trabajadores se vieron forzados a incorporarse a la economía informal donde subsiste la mayoría de la población urbana.

En esta economía construida al margen de la ley, gente de pocos recursos no puede cumplir los códigos de construcción ni obtener licencias para establecer un negocio. Se estima que los mercados informales de Lima cuentan con unos 50,000 comerciantes. La mayoría de éstos son pobres provenientes de las provincias o personas que han perdido sus empleos, como enfermeras, contadores, y empleados públicos.

Las pérdidas de Mesa Redonda suman $10 millones, sin contar los edificios destruidos. Esta cantidad pequeña para los estándares de los países industrializados, representa todo el capital de las 4,500 personas que vivían o trabajaban en las cinco manzanas destruidas.

Un exámen de las condiciones de los mercados informales que han proliferado en Lima a la par que se construía la Lima bella de la globalización, indican que era cuestión de tiempo para que ocurriera una catástrofe de estas dimensiones.

Muchas de las viviendas destruidas fueron construidas de quincha—una mezcla de paja y barro en uso desde la época colonial. Cortos circuitos, como el que le costara la vida a docenas de personas en Mesa Redonda, han sido el principal motivo de incendios anteriores en otros mercados informales.

En uno de los más populares, Gamarra, ubicado en el barrio obrero de La Victoria, más del 90 porciento de la galerías no son seguras. Las salidas son estrechas y bloquean el ingreso de bomberos; los maniquies, prohibidos por las autoridades por presentar riesgo de incendio, se confunden con la gente; los cables de electricidad están al descubierto y cuelgan como telarañas de los techos; los grifos de agua son inservibles.

La galería gráfica Virgen del Carmen es un corralón cerrado con 34 imprentas que se pelean la clientela. No hay respiradero, ni ventanas, ni salidas de emergencia.

Los campos feriales y complejos comerciales han sufrido incendios debido a la precariedad de instalaciones eléctricas y negligencia de los comerciantes. Muchos techos son de plástico y de cartón. Los cables eléctricos no están protegidos y muchos son “robados” de viviendas aledañas.

En El Hueco, un mercado informal fundado en 1983 por más de 400 ambulantes que compraron un terreno abandonado—un hueco donde se iba a construir un edificio—la situación es similar. Este mercado estuvo a punto de incendiarse en 1996 y 2001.

El alto nivel de informalidad impera también en las discotecas de los barrios populares, donde ya se han producido varias tragedias.

La tugurización de Lima no es la excepción, sino la regla en las ciudades peruanas. Se estima que más del 70 porciento de ferias, galerías y centros comerciales del país no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad.

Las medidas ofrecidas por el recientemente elegido presidente Alejandro Toledo—prohibición de la venta de material pirotécnico, entierro gratis de las víctimas, reubicación de damnificados, salud y educación para los huérfanos, y $20 millones más nuevo impuesto para mejorar el plantel de bomberos—no cambiará en absoluto las condiciones de pobreza y explotación de los trabajadores peruanos.