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291 personas mueren en Lima—las raíces sociales
del terrible incendio
Por César Uco
13 Febrero 2002
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el autor
Un espantoso incendio ocurrido el 29 de diciembre pasado en
Lima dejó un saldo de 291 muertos y centenares de heridos.
La mayoría de las víctimas pertenecían a
los millones de pobres marginados que diariamente salen a las
calles de las ciudades peruanas a ganarse unos cuantos centavos
o a comprar productos clandestinos baratos.
El siniestro se inició aproximadamente a las siete de
la tarde cuando una persona encendió un fuego artificial
en las galerías de Mesa Redonda, ubicadas en el centro
histórico de la ciudad. Mesa Redonda es un mercado informal
donde miles de comerciantes venden sus productos en las condiciones
más precarias e inseguras imaginables.
Durante el mes de diciembre, como es la tradición, los
comerciantes de Mesa Redonda venden cientos de toneladas de fuegos
artificiales, los cuales miles de personas de escasos recursos
compran para celebrar las navidades y el año nuevo.
Las imágenes de una videocinta revelan como el fuego
se expandió rápidamente, consumiendo cinco manzanas
en escasos minutos porque el piso estaba cubierto de pólvora
que se habia salido de las cajas en el momento de descargarlas
para su venta.
Cuarenta carros bomba y 440 bomberos combatieron el fuego por
tres horas. Éstos lograron rescatar treinta personas atrapadas
en un altillo.
Hacia la media noche surgía una escena de dolor y muerte.
Restos de madera, papel y plástico lanzaban fétidos
olores. Vehículos con chofer y pasajeros carbonizados en
medio de la pista. En una esquina, más de una docena de
cuerpos totalmente calcinados se aferraban a sus carretillas de
carga o paquetes.
En otro lugar se descubrieron 30 cadáveres apiñados
en un espacio de dos metros cuadrados. Muchos comerciantes murieron
asfixiados mientras buscaban refugio dentro de sus tiendas y cerraron
las puertas para protegerse del vandalismo.
Decenas más murieron electrocutados, posiblemente debido
a una sobrecarga de la estación eléctrica que se
encontraba en el lugar del incendio.
En los días siguientes, cientos de familiares acudieron
a los hospitales del centro de Lima y la morgue mostrando fotografías
de sus seres queridos desaparecidos. En vano se aferraban a la
ilusión que alguien les pudiera dar la buena noticia que
sus familiares estaban con vida. Dentro de la confusión
el número de desaparecidos llegó a más de
800.
Cerca de 4,500 comerciantes de Mesa Redonda han perdido sus
empleos y escasos ahorros. Se calcula que más del 30 porciento
de las víctimas eran jóvenes y en su mayoría
mujeres.
A juzgar por los nombres citados en los periódicos limeños
informando de los sepelios—Huilca, Canchari, Ucañay—un
gran número de los muertos eran de origen campesino provenientes
de la sierra. Estos pertenecían a los cientos de miles
que durante los últimos 20 años emigraron a la ciudad
huyendo de la pobreza, de los narcotraficantes y de la guerra
sucia entre el ejército y las guerrillas de Sendero Luminoso.
La información que se ha hecho pública a partir
de la catástrofe pinta un cuadro alarmante de pobreza,
informalidad y corrupción de las instituciones estatales.
Corrupción del gobierno y la policía
Se sabe que el Ministerio del Interior autorizó la importación
de 1,100 toneladas de material pirotécnico, la mayoría
del cual fue destinado a Mesa Redonda. Durante el mes de diciembre
la Municipalidad de Lima repetidas veces trató de controlar
la venta de fuegos artificiales.
En un momento habían más de 1,100 policías
destinados a impedir la venta en esa localidad. Pero días
antes del incendio el 80 porciento de los policías fueron
retirados por orden del general de policía responsable,
Luis Sanchez Arias.
Después del siniestro, el general Luis Sanchez Arias
fue retirado del servicio. Queda pendiente una investigación
de la relación entre la policía y los importadores
de material pirotécnico.
También se ha pedido que la Comisión Investigadora
creada por el gobierno investigue a los jueces que dictaron acciones
de amparo a favor de los comerciantes, a pesar de conocer documentos
que demostraban el peligro de vender material pirotécnico
en los alrededores de Mesa Redonda. Después del retiro
del personal policial, más de 1,500 comerciantes informales
regresaron a las galerías de Mesa Redonda.
Polarización de la riqueza
Pero la tragedia de Mesa Redonda no se puede explicar sólo
por la corrupción, negligencia y falta de escrúpulos
de jueces y oficiales de la policía, para quienes la vida
del pobre y el campesino no vale un centavo.
La tragedia es un testimonio al fracazo de las medidas de libre
mercado impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno
de los Estados Unidos, y llevadas a la práctica por el
corrupto régimen de Alberto Fujimori y que continúan
bajo el nuevo presidente Alejandro Toledo.
Después de una década, la política de
apertura de la industria al mercado mundial, privatización
de empresas estatales por billones de dólares, la entrada
del capital estadounidense, español y chileno, junto con
la corrupción de todo la maquinaria estatal, ha producido
la mayor polarización social en la historia del país.
La situación económica se empeoró con
la crisis de Asia de 1998, catástrofes naturales tales
como la aparición de la corriente del Niño, y la
recesión mundial actual. Estos eventos le pusieron fin
al aumento del nivel económico de ciertos sectores de la
población y a las esperanzas que el modelo de mercado llegaría
a favorecer a las clases media y trabajadora.
Pero la tugurización del centro de Lima y el surgimiento
de mercados informales para los pobres, como Mesa Redonda, es
el resultado de la polarización de la riqueza que se intensificó
precisamente con la aplicación de las políticas
basadas en el mercado libre del FMI y Washington.
Hasta hace pocos años, el centro histórico de
Lima era sitio de residencia de los bancos, empresas mineras,
instituciones gubernamentales, universidades, restaurantes y tiendas
propiamente equipadas donde se vendía ropa, zapatos, joyas
y artículos para el hogar.
Al penetrar las fuerzas de la globalización económica,
todos estos sectores económicos abandonaron la Lima antigua
para mudarse a edificios de lujo en barrios residenciales más
apetecibles para el inversor extranjero y la burguesía
limeña.
Grandes edificios acomodando la última tecnología
digital y con diseños arquitectónicos que nada tienen
que envidiarle a Nueva York o Londres, fueron construidos por
los bancos españoles Santander y Bilbao Viscaya, así
como también por cadenas de hoteles como el Marriott y
el Sheraton. Capitales estadounidenses, chilenos y peruanos levantaron
lujosos centros comerciales al estilo “shopping mall”
en los barrios residenciales de San Isidro, Miraflores y La Molina,
de manera que la burguesía dejó de acudir al centro
de Lima para trabajar o comprar.
A lo largo de los malecones de los barrios residenciales de
Miraflores y Barranco se construyeron lujosos edificios que ofrecían
maravillosas vistas del Océano Pacífico. En los
edificios frente al club de golf en San Isidro se vendían
departamentos a más de medio millón de dólares,
hasta que la recesión actual deprimió el mercado.
Mientras una minoría se vio favorecida por la globalización,
y vive acostumbrada a carros último modelo, casa en la
playa, tarjetas de crédito, teléfonos celulares,
cable TV, Internet y frecuentes viajes a Miami, la gran mayoría
de los limeños han vistos sus vidas empobrecidas.
Más del 50 porciento de peruanos viven en una pobreza
espantosa. La industria nacional ha sido diseminada al no poder
competir con productos baratos importados principalmente del Asia.
El desempleo masivo sigue en aumento y la pequeña clase
media prácticamente ha desaparecido.
Con la destrucción de la industria y el cambio de leyes
laborales exigidas por el plan de libremercado, que facilitaron
el despido irrestricto del personal, cientos de miles de trabajadores
se vieron forzados a incorporarse a la economía informal
donde subsiste la mayoría de la población urbana.
Tugurización del centro de Lima
En esta economía construida al margen de la ley, gente
de pocos recursos no puede cumplir los códigos de construcción
ni obtener licencias para establecer un negocio. Se estima que
los mercados informales de Lima cuentan con unos 50,000 comerciantes.
La mayoría de éstos son pobres provenientes de las
provincias o personas que han perdido sus empleos, como enfermeras,
contadores, y empleados públicos.
Las pérdidas de Mesa Redonda suman $10 millones, sin
contar los edificios destruidos. Esta cantidad pequeña
para los estándares de los países industrializados,
representa todo el capital de las 4,500 personas que vivían
o trabajaban en las cinco manzanas destruidas.
Un exámen de las condiciones de los mercados informales
que han proliferado en Lima a la par que se construía la
Lima bella de la globalización, indican que era cuestión
de tiempo para que ocurriera una catástrofe de estas dimensiones.
Muchas de las viviendas destruidas fueron construidas de quincha—una
mezcla de paja y barro en uso desde la época colonial.
Cortos circuitos, como el que le costara la vida a docenas de
personas en Mesa Redonda, han sido el principal motivo de incendios
anteriores en otros mercados informales.
En uno de los más populares, Gamarra, ubicado en el
barrio obrero de La Victoria, más del 90 porciento de la
galerías no son seguras. Las salidas son estrechas y bloquean
el ingreso de bomberos; los maniquies, prohibidos por las autoridades
por presentar riesgo de incendio, se confunden con la gente; los
cables de electricidad están al descubierto y cuelgan como
telarañas de los techos; los grifos de agua son inservibles.
La galería gráfica Virgen del Carmen es un corralón
cerrado con 34 imprentas que se pelean la clientela. No hay respiradero,
ni ventanas, ni salidas de emergencia.
Los campos feriales y complejos comerciales han sufrido incendios
debido a la precariedad de instalaciones eléctricas y negligencia
de los comerciantes. Muchos techos son de plástico y de
cartón. Los cables eléctricos no están protegidos
y muchos son “robados” de viviendas aledañas.
En El Hueco, un mercado informal fundado en 1983 por más
de 400 ambulantes que compraron un terreno abandonado—un
hueco donde se iba a construir un edificio—la situación
es similar. Este mercado estuvo a punto de incendiarse en 1996
y 2001.
El alto nivel de informalidad impera también en las
discotecas de los barrios populares, donde ya se han producido
varias tragedias.
La tugurización de Lima no es la excepción, sino
la regla en las ciudades peruanas. Se estima que más del
70 porciento de ferias, galerías y centros comerciales
del país no cumplen con los mínimos requisitos de
seguridad.
Las medidas ofrecidas por el recientemente elegido presidente
Alejandro Toledo—prohibición de la venta de material
pirotécnico, entierro gratis de las víctimas, reubicación
de damnificados, salud y educación para los huérfanos,
y $20 millones más nuevo impuesto para mejorar el plantel
de bomberos—no cambiará en absoluto las condiciones
de pobreza y explotación de los trabajadores peruanos.
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