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La detención de Pinochet profundiza la crisis política
en Chile
Por Mauricio Saavedra
24 de Noviembre de 1998
La detención del General Augusto Pinochet ha intensificado
una crisis en la clase dirigente de Chile, amenazando con desenmascarar
el acuerdo tramado entre los partidos parlamentarios y la junta
Pinochetista al terminar oficialmente el gobierno militar en 1990.
Los sobrevivientes de la represión Pinochetista, familias
de las víctimas y jóvenes están exigiendo
que si Pinochet vuelve a Chile, sea procesado, lo cual requeriría
la abolición de la Ley de Amnistía que fué
aceptada por todos los líderes políticos en 1990.
Según la policía, el domingo pasado se manifestaron
unas 3,000 personas en apoyo de esta demanda en el Parque O'Higgins
en Santiago.
La manifestación fue organizada por grupos que defienden
los derechos humanos y el movimiento juvenil del Partido Demócrata
Cristiano {PDC} en el gobierno. Entre los oradores estaba Viviana
Díaz, vice presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, quien afirmó: "Hoy la
historia se ha revertido. Pinochet es juzgado por crímenes
contra la humanidad cometidos en Chile y en el exterior contra
chilenos y ciudadanos españoles, suizos, italianos y de
otras nacionalidades."
Ante tales manifestaciones, la estratagema de poner una fachada
democrática a la dictadura chilena establecida en 1990
se ha desenmascarado cuando los Comandantes del Ejército
forzaron al gobierno del Presidente Eduardo Frei el 11 de Noviembre
a convocar el Consejo de Seguridad Nacional {Cosena}, el órgano
constitucional de las fuerzas armadas.
Esta reunión, la quinta desde que hubo un cambio en
la política de dictadura militar a elección de gobierno
en 1990, se celebró justo antes de que Frei viajara a Sur
Africa y a la conferencia cumbre del APEC en Malasia. Anteriormente
el mismo día, varios ministros habían afirmado que
esa reunión era inconcebible.
Justo después de la reunión, el gobierno se puso
a la defensiva afirmando que no se discutió nada extraordinario
en la sesión. El jefe del Alto Mando del Ejército
afirmó que Frei simplemente había informado a sus
miembros de los planes del gobierno para establecer la inmunidad
de Pinochet.
Lejos de no tener importancia, las fuentes gubernamentales
revelaron posteriormente que la reunión fue convocada ante
la insistencia del General Izurieta, Comandante en Jefe del Ejército.
Además, Izurieta había advertido al Ministro de
Defensa, José Florencio Guzmán, que si Frei no convocaba
la reunión del Cosena correría el riesgo de que
las fuerzas armadas organizasen la reunión en su ausencia.
El Cosena se formó después de las elecciones
de 1990, pero inicialmente fue un anteproyecto de la Constitución
de 1980, la cual fué redactada por Pinochet. La Comisión
Constitucional de Pinochet declaró que el Cosena es una
organización militar esencial, con una función tutelar
que "representaría los intereses del Ejército.
El Cosena continúa desempeñando esa función
en la actual Constitución de Chile, con la tácita
aprobación del gobierno centro-izquierda de concertación,
el cual es esencialmente una asociación entre el PDC de
Frei y el Partido Socialista {PS}.
La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas
de 1990, ratificó la existencia del Cosena estableciendo
el Ejército como "una entidad autónoma"
gobernada por sus propias leyes. Esta Constitución mantiene
que el Ejército no está controlado por las instituciones
civiles; el presidente no puede destituír a ningún
Comandante en Jefe y sólo puede nombrar Comandantes seleccionados
previamente por el Ejército.
Según la Constitución, el Cosena puede expresar
a "cualquier autoridad… su opinión acerca de
cualquier hecho, acontecimiento, suceso, acción o asunto
que en su juicio desafíe gravemente la base del órden
institucional o pueda amenazar la seguridad nacional".
Continúa: Las Fuerzas Armadas "existen para defender
la Patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizar
el órden institucional de la República" y pueden
solicitar información a cualquier autoridad cuando consideren
que es un asunto de seguridad.
Los tres Comandantes en Jefe del Ejército y el director
general de los Carabineros (policía paramilitar) tienen
un puesto en la dirección del Cosena, representando así
a las fuerzas armadas. El Presidente de la República, el
presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y el
Interventor General también atienden con derecho a voto.
El Cosena puede invitar a ministros de Defensa, del Interior,
de Relaciones Exteriores, de Economía, de Reconstrucción
y Desarollo, y de Finanzas, pero sin derecho a voto.
La amenaza de Izurieta de convocar la reunión del Cosena
en vísperas de la salida de Frei al extranjero formó
parte de una sucesión de acontecimientos extraordinarios
que, vistos en su totalidad, revelan una profunda crisis provocada
por las contínuas demandas de justicia por parte de los
familiares y supervivientes del terror Pinochetista.
El 30 de Octubre, Frei se entrevistó con Izurieta y
otros Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas -- Almirante
Jorge Arancibia de la Marina, Genaral Fernando Rojas Vender de
las Fuerzas Aéreas y el Director General de los Carabineros
Manuel Ugarte en el palacio presidencial de La Moneda. Allí
perfiló la propuesta de establecer una segunda Comisión
Verdad y Reconciliación {Comisión Rettig II}.
Los medios de información han presentado esa propuesta
cínicamente como el 'sello de oro' que asegurará
la reelección de Frei en las elecciones de 1999. Actualmente,
Frei ha llegado al término de su mandato. Andrés
Zaldivar es el candidato presidencial actual del PDC pero hay
secciones derechistas en el partido que quieren mantener a Frei
como el próximo candidato a presidente.
Según la revista "Que Pasa" a la citada Comisión
se le ha "encargado la función de cerrar el capítulo
de los detenidos desaparecidos, la principal "herida abierta"
en materia de derechos humanos {abusos en Chile}". Asi mismo,
presentará a Frei como el individuo que volvió el
país al camino de la reconciliación.
El principal propósito de llevar a cabo otra investigación
es enterrar de una vez para siempre el paradero de los desaparecidos
y otras atrocidades que llevó a cabo el régimen
militar. La élite gobernante de Chile teme que la persistencia
del asunto de los desaparecidos, que ahora se está extendiendo
internacionalmente después del arresto de Pinochet, sacará
a flote problemas no resueltos en la clase obrera chilena y latinoamericana
procedentes de las amargas experiencias de los años 70.
La Primera Comisión Reconciliadora
La primera Comisión Rettig, fundada en 1990 y presentada
oficialmente en 1991, fue incapaz de echar tierra sobre el asunto.
La Comisión fue convocada por Patricio Aylwin, el primer
presidente electo después del golpe militar de 1973. Paul
Rettig, Fiscal del Estado, encabezó la comisión
compuesta por ocho miembros. Al no poseer poderes judiciales,
la comisión entregó nombres de culpables de ofensas
contra los derechos humanos a las cortes civiles.
Miles de personas representando a las víctimas y a los
desaparecidos se presentaron a prestar declaración, incluyendo
los que sobrevivieron las detenciones y la tortura. Muchos vieron
esto como el principio de un ajuste de cuentas con los carniceros
militares. Miles de otros no hablaron por miedo a las represalias.
Ni uno de los expediente de los antiguos servicios de la policia
secreta fue divulgado. La Dirección de Inteligencia Nacional
{DINA} desde 1974 a 1977 y la Central Nacional de Inteligencia
{CNI} desde 1977 a 1990 fueron responsables de la mayoría
de las desapariciones. Agentes de la DINA/CNI iniciaron una "guerra
sucia", acorralando clandestinamente a sus oponentes políticos
por la noche, llevándolos a las numerosas cámaras
de tortura, y enterrándolos en lugares desconocidos. A
pesar de la magnitud de estos escuardrones de la muerte, poco
se sabe oficialmente de sus operaciones.
Igualmente, los archivos de las fuerzas armadas fueron retenidos
por razones legales o se declararon destruídos en un fuego.
Miles de ejecuciones públicas fueron llavadas a cabo por
el ejército casi inmediatamente despues del golpe, del
11 de Septiembre de 1973. Los 400 consejos de guerra establecidos
en todo el pais ejecutaron prisioneros políticos sumariamente.
En un caso notorio conocido como "la caravana de la muerte",
el General del Ejército Sergio Arellano Stark ordenó
la ejecución de 72 prisioneros políticos.
La Comisión Rettig descubrió que 2,025 personas
sufrieron serias violaciones de los derechos humanos resultando
en su muerte a manos de los agentes del Estado. De ellos, 957
fueron categorizados como desaparecidos. Ambas cifras están
muy por bajo de cálculos realizados independientemente
que ponen la cifra cerca de las 50,000.
Mismamente la semana pasada se descubrió una tumba que
contenía los cuerpos de 19 víctimas más de
la "caravana de la muerte". Los cadáveres hallados
en el cementerio municipal de La Serena, a 400 km de Santiago,
incluían el cuerpo de Carlo Alcayaga, antiguo gobernador
de Vicuña, cerca de La Serena, quien fue detenido el 12
de Septiembre de 1973. La familia de Alcayaga ha presentado ahora
una acusación de asesinato contra Pinochet.
Los motivos tras la Comision Rettig se revelaron cuando Aylwin
divulgó su informe de 1991 y exigió que los parientes
de las víctimas perdonaran las acciones del Ejército.
Sostuvo que todos Chilenos deberían olvidar el pasado.
Aylwin dijo que muchos compatriotas creían que era hora
de cerrar este capítulo. "Hagamos todo lo que podamos
para cerrar las heridas del pasado".
Aylwin dijo que por el bien de Chile, los Chilenos deberían
mirar hacia el futuro que los une y no al pasado que los separa,
indicando que en lugar de ser castigados los asesinos militares
iban a conseguir una completa amnestía.
En Marzo del 1993, las cortes civiles acusaron a unos 600 oficiales
de abusos de los derechos humanos, y los llamaron a declarar.
El Ejército hizo una demostración de fuerza. Oficiales
y tropas selectas en uniforme de combate, se manifestaron a la
entrada de una reunión organizada por generales del Ejército.
Esta provocación, organizada justo en frente del palacio
de La Moneda, fue interpretada por muchos como preparación
para otro golpe de Estado.
Estas manifestaciones tuvieron el efecto de concretar la ley
de amnistía promulgada 15 años antes, en 1978, la
cual protegió las acciones de las fuerzas armadas de un
proceso civil entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1978.
Comision Rettig II
En su reunión con el Ejército el 30 de Octubre,
Frei aireó dos propuestas para resucitar el proceso de
reconcilición. En la primera, Frei convocaría la
Comision Rettig II, la cual sería encabezada por el Arzobispo
de Santiago, Francisco Javier Errazuriz.
Esto resucitaría el fracasado proyecto de 1993 llamado
la Ley Aylwin. Bajo este plan, la comisión invitaría
a todos aquellos que tengan alguna información acerca del
lugar de entierro secreto a que se ofreciesen a declarar. Los
participantes recibirían amnistía mientras que los
oficiales que se negaran a asistír serían procesados.
La identidad de los informadores sería protegida y sus
informes no serían revelados. Las interrogaciones serían
"a puerta cerrada y en las afueras de Santiago. Además,
los actuarios, las secretarias y quienes elaboren el texto final
de la comisión también tendrían protegida
su identidad" dijo un portavoz que conocía el proyecto.
En la reunión del 30 de Octobre el General Izurieta
se opuso a la idea de conceder amnistía sólamente
a los que declaren.
Frei anunció una segunda propuesta que afirmaría
que el terror en Chile no fue iniciado por las fuerzas armadas
en 1973, sino mucho antes en 1965 cuando surgió el movimiento
de izquierda del difunto presidente Salvador Allende. Este escenario
está basado en el concepto de "mutua culpa",
es decir que las acciones del Ejército y de las fuerzas
fascistas estaban justificadas debido a las acciones del PS, del
Partido Comunista {PC}, y la izquierda mientras estaban en el
gobierno. El hecho de que las bajas durante el régimen
reformista de Allende fueron nulas, al contrario de la campaña
de muerte lanzada por el Ejército, es considerado como
punto aparte.
A pesar de que esta propuesta estaba más de acuerdo
con la versión castrense/fascista de los acontecimientos,
obviamente tampoco impresionó a los generales del Ejército.
Las fuerzas armadas se reunieron una vez más el 6 de
Noviembre, esta vez en la Guarnición Metropolitana del
Ejército. Algunos de los 23 generales que participaron
en las discusiones propusieron ejercicios militares en las calles
y vuelos de helicópteros en los suburbios de de Santiago.
Aunque estas propuestas fueron rechazadas por el General Izurieta
tales medidas no pueden ser descartadas en el caso de que alguna
forma de la renovada comisión procede, como parece probable.
La implacable defensa de Pinochet por el Ejército no
es simplemente el producto de su lealtad al envejecido antiguo
Comandante en Jefe. La mayoría de los oficiales están
directa o indirectamente implicados en las torturas, ejecuciones
y otros crímenes contra la humanidad. Si Pinochet es extraditado
muchas otras cabezas de las fuerzas armadas chilenas podrían
también rodar.
De esto proviene asi mismo el temor de perder los existencia
privilegiada de que las fuerzas armadas han disfrutado desde el
golpe de 1973. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas
Armadas santifica la autonomía fiscal del Ejército.
Ningún gobierno civil puede interferir con asignaciones
presupuestarías del Ejército las cuales estan reguladas
por si mismo. Además, los jefes del ejército reciben
10 por ciento de todas las ganancias de Codelco, la industria
de cobre estatificada. A el fin de los años 1990 el ejército
sacaba más de (US)$400 millones anualmente de estas ganancias.
Además de obtener educación gratuita, asi como
cuidados de salud y otros beneficios garantizados, los militares
han más que doblado sus salarios en el último cuarto
de siglo, colocándoles en las secciones más previlegiadas
de la sociedad chilena.
El Partido Socialista intenta apaciguar a los
militares
Los generales han expresado indignación porque una delegación
de diputados del PS vajaron a Londres en apoyo a la solicitud
de extradición del juez español Baltasar Garzón.
Estos parlamentarios, que incluyen a Isabel Allende y Fanny Pollarolo,
también han sostenido conversaciones con diputados del
PDC y del derechista Renovación Nacional (RN) para formar
un bloque dirigido a reformar la constitución. Sus reformas
piden la dimisión de Pinochet como senador vitalicio, la
eliminación de nueve puestos de militares en el senado,
y la reforma del NSC.
Sus maniobras dentro del parlamento es un intento de salvar
lo que queda de ilusiones en la "transición a la democracia
y reconciliación en Chile". Al mismo tiempo sus actividades
amenazan con disolver la coalición Concertación
y otras alianzas políticas sobre las cuales la burguesía
se ha apoyado durante la supuesta transición democrática.
Mientras los diputados del PS estaban en discusiones con la
centro-derecha, Ricardo Lagos, quien es el candidato presidencial
del PS y del Partido por Democracia (PPD), ha intentado congraciarse
más a fondo con el ejército, la burguesía
chilena, y la poderosa Iglesia Católica.
Un diario prominente comentó que: "antes de la
detención de Pinochet, pocos dudaban de que Lagos acabaría
terciándose la banda (presidencial) tricolor", mas
advirtió que, "hoy, el futuro de la Concertación
se ve muy incierto, debido a que su comportamiento durante la
crisis le ha generado la franca oposición de los principales
sectores influeyentes de la sociedad chilena."
Profundamente inquieto por esta revelación, Lagos hizo
dos gestos simbólicos. Primero, se entrevistó con
Sergio Espinoza Davies, quien fue designado recientemente general
de brigada. Espinoza ha sido acusado de supervisar la ejecución
de cuatro líderes del PS cuando encabezaba el Tribunal
de Guerra en Pisagua en 1974. Lagos llegó hasta el límite
de apoyar la promoción del general sosteniendo que la participación
de Espinoza en las ejecuciones no había sido corroborada.
A continuación Lagos cenó con el Arzobispo Errazuriz
para disipar cualquier objeción que la iglesia podiera
tener contra él e indicar su deseo de apoyar la Comisión
de Reconciliación, contra la que también hay oposición
por parte de la izquierda.
Mientras tanto el Ministro del Exterior, Jose Miguel Insulza,
un líder del PS, ha hecho constar enfáticamente
su defensa de Pinochet, quien ejecutó a muchos de sus colegas
del partido y exilió al mismo Insulza hace 25 años.
En una reciente entrevista Insulza dijo: "Hace un año
la Ministra de Justicia, Soledad Alvear, hizo en Madrid una declaración
oficial diciendo que no reconocemos la jurisdicción de
los tribunales españoles para juzgar este caso."
"En segundo lugar, el señor Pinochet es un senador
y tiene pasaporte diplomático. Eso puede no ser aceptado
por los ingleses, pero sí por los chilenos. Y si yo doy
el pasaporte diplomatico a alguien, me comprometo a defenderle.
El gobierno debe garantizar a todos los ciudadanos que defenderá
la constitución y la ley….Pinochet tiene los derechos
de cualquier cuidadano chileno y se los otorga la constitución
y las leyes."
Hace ahora diez años que miles de jóvenes y trabajadores
votaron en un referéndum nacional que finalmente condujo
a la sustitución de la dictadura militar. Un excepcional
92 por ciento de los votantes registrados participó en
el referéndum, una medida del deseo de amplias masas de
gente de acabar con el predominio del terror.
Muchas de los que votaron en el referéndum creyeron
que la democracia estaba a la orden del día. Esperaban
que el nuevo orden político se esforzaría en encontrar
y rehabilitar a las incontables víctimas políticas
que fueron torturadas y ejecutadas, ajusticiar a las fuerzas armadas
y a la policia secreta, e invertir las privaciones económicas
impuestas a la clase obrera por el sistema pro-mercado del régimen.
Finalmente, esperaban que la transición a la democracia,
como fue popularmente denominada, impediría a las fuerzas
armadas intervenir de nuevo como lo hicieron en 1973. Las recientes
experiencias desde la detención de Pinochet han desenmascarado
el verdadero carácter de la fachada democrática
en Chile.
Ver también:
Una respuesta a los defensores de Pinochet
[17 de Noviembre de 1998]
Entrevista con el Secretario General
de la Asociación de los Arrestados y Desaparecidos en Chile:
"El principio de la justicia y los derechos humanos tiene
que ser rescatado"
[12 noviembre 1998]
Lecciones políticas
del golpe militar chileno
Declaración de la Cuarta Internacional publicada el 18
Septiembre de 1973
[En inglés]
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