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La búsqueda de Washington por el cambio de régimen
en Venezuela
Por Bill Van Auken
5 Mayo 2014
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Este artículo apareció originalmente en inglés
el 2 de mayo del 2014.
En los últimos días, funcionarios de Estados
Unidos han escalado las denuncias contra el gobierno venezolano
del presidente Nicolás Maduro.
En respuesta a un llamado de un emigrante venezolano de derecha
en Miami, el presidente Barack Obama dijo estar "profundamente
preocupado por la continua represión de los manifestantes
en Venezuela", y declaró que estaba "trabajando
entre bastidores" para influir en los acontecimientos en
el país Sudamericano.
Hablando el lunes a través de una conexión de
video por Internet en una conferencia en Estonia de la "Coalición
Online Libertad", que incluye a los gobiernos de 23 países,
el Secretario de Estado, John Kerry, hizo afirmaciones sin fundamento
de que el gobierno venezolano había bloqueado el acceso
a algunos sitios web; y lo caracterizó junto con Rusia
como un país que reprime la libertad del Internet y constituye
un lugar "donde nos enfrentamos a algunos de los mayores
desafíos a la seguridad en la actualidad."
Ni mencionar que el Secretario de Estado de EE.UU. - quien
antes había condenado al gobierno venezolano de librar
una "campaña de terror" contra su propia gente
- no mencionó el papel jugado por Washington en el masivo
espionaje de las actividades de Internet de cientos de millones
de personas en todo el mundo.
Y en una conferencia en la ciudad de Nueva York, Roberta Jacobsen,
la Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
dijo a la audiencia que el gobierno de Obama no "descarta
nada", incluyendo la imposición de sanciones contra
Venezuela, pero por ahora abogó por "darle una oportunidad
"al "diálogo "entre el gobierno de Maduro
y su oposición de derecha".
Las declaraciones del presidente de los EE.UU. y los dos altos
funcionarios del Departamento de Estado confirman la advertencia
hecha el mes pasado por Maduro que su gobierno está enfrentando
un golpe de Estado "en cámara lenta", en la que
los manifestantes violentos respaldados por Estados Unidos se
"copian mal lo que pasó en Kiev ".
En Venezuela, como en Ucrania, el objetivo del imperialismo
norteamericano es eliminar cualquier obstáculo para el
ejercicio de su hegemonía. Venezuela posee las mayores
reservas probadas de petróleo del mundo, y Washington está
decidido a colocar estos recursos estratégicos firmemente
bajo su control. El uso del gobierno venezolano de los ingresos
del petróleo para financiar mínimos programas de
asistencia para los pobres, la provisión de las exportaciones
subvencionadas de petróleo a Cuba y otras naciones en lo
que los EE.UU. siempre ha considerado como su "patio trasero",
y el creciente comercio y los vínculos financieros entre
Caracas y Pekín ha servido para provocar la ira de Washington.
Al igual que en Kiev, en Venezuela Washington respalda a los
"manifestantes pacíficos" que nombraron a su
campaña "La Salida", es decir, el derrocamiento
del presidente electo. Con ese fin llevaron ataques con cócteles
molotov contra edificios gubernamentales y disparos de francotiradores
contra las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno. Todo
el tiempo, como en Ucrania, Washington y los medios de comunicación
occidentales exageraron las acciones represivas del gobierno,
mientras que ignoran completamente la violencia de los manifestantes.
Pero, a diferencia de Kiev, "La Salida" no logró
alcanzar su objetivo. Las violentas protestas se limitaron casi
exclusivamente a los barrios más adinerados. Ellos atrajeron
poco o ningún apoyo dentro de la clase trabajadora del
país y las masas empobrecidas. A pesar del creciente enojo
contra el aumento de precios y la escasez crónica, los
trabajadores reconocen que los líderes de la protesta -
quienes, al igual que sus semejantes en Kiev reciben desde hace
tiempo ayuda de EE.UU. a través de agencias como USAID
y el Fondo Nacional para la Democracia - son los representantes
del imperialismo y la vieja oligarquía venezolana que oprimía
el país durante siglos.
Ahora, al lado de Washington, la derecha venezolana y las grandes
empresas están "dándole una oportunidad"
al llamado "diálogo" iniciado por el gobierno
de Maduro, mientras continúan las violentas protestas,
aunque a un nivel mucho más reducido.
Mediado por el Vaticano y los cancilleres de Brasil, Colombia
y Ecuador, este diálogo ha tenido como objetivo llegar
a un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición
de derecha, organizada en la coalición electoral conocida
como MUD (Mesa de Unidad Democrática). Junto a estas sesiones
de diálogo, el gobierno ha organizado una "conferencia
de paz" económica con los líderes capitalistas
venezolanos, llamando a un aumento en la producción y pidiendo
a multimillonarios, como Lorenzo Mendoza, del conglomerado de
alimentos Polar, qué es lo que necesitan para aumentar
la productividad y las ganancias.
Lo que las capas dominantes venezolanas, financieras y empresariales,
están exigiendo es más dinero del Tesoro Público
-que se les está concediendo -, así como precios
más altos de los productos, junto con ataques a los derechos
básicos y las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Estos también están por venir; poco a poco se han
dejado aumentar a los precios de una serie de productos de primera
necesidad - junto con un alza de 40 por ciento en las tarifas
de transporte público - mientras cada vez más se
ignoran las leyes laborales que protegen a los trabajadores.
Maduro aprovechó el Primero de Mayo para anunciar un
aumento del 30 por ciento en el salario mínimo, con que
subsisten amplios sectores de empleados en el sector formal. Dada
una tasa de inflación que se acercaba a un 60 por ciento
el año pasado, el aumento deja a los trabajadores muy por
detrás, con dos salarios mínimos necesarios sólo
para comprar artículos de primera necesidad aún
bajo la estimación de organismos gubernamentales de estos
costos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela,
Fedecámaras, Jorge Roig, elogió a Maduro por consultar
con las grandes empresas antes de anunciar el mísero aumento
salarial, llamando "responsable" el aumento de 30 por
ciento.
La nueva estrategia de la derecha venezolana y sus patrocinadores
estadounidenses es utilizar la inestabilidad que han creado para
presionar al gobierno hacia la derecha, mientras que al mismo
tiempo intentan alienar aún más el apoyo popular
del que gozaba gracias a sus programas de asistencia social y
la retórica populista.
Esperando para actuar - si es que el gobierno de Maduro ni
la derecha demuestran ser capaces de imponer nuevas condiciones
de estabilidad para el capitalismo venezolano - se encuentran
los militares. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez
hace casi 15 años, un ex teniente coronel del ejército
y líder de un fallido golpe, los militares han jugado un
papel decisivo en el gobierno "bolivariano socialista".
Hoy los militares ocupan 11 ministerios del gobierno, entre ellos
el más importante - los de Defensa, Interior y Economía
- así como la mayoría de las gobernaciones del país.
El anuncio de que tres generales de la fuerza aérea y unos
30 agentes han sido detenidos por su presunta participación
en un intento de golpe sirve como una advertencia mortal.
La clase trabajadora venezolana se enfrenta a graves peligros,
no sólo de la derecha política, sino también
desde dentro del gobierno de Maduro y su núcleo militar.
Los elementos pseudo-izquierdistas que han identificado al
"chavismo" y "socialismo bolivariano" como
una nueva vía al socialismo, en realidad trabajan para
desarmar políticamente a los trabajadores frente a estas
amenazas. Han pintado de color de rosa una situación en
la que el control privado sobre la economía del país
es mayor que antes de que Chávez asumiera el poder y en
la que el capital financiero está cosechando súper
ganancias de los ingresos petroleros de Venezuela, incluyendo
un nuevo estrato atado al gobierno, la llamada boliburguesía,
que se enriquece a través de contratos con el Estado y
la corrupción.
Grupos venezolanos como Marea Socialista (MS), cuyas políticas
son promovidos tanto por los pablistas y la Organización
Internacional Socialista (OIS), plantean que la tarea de la clase
trabajadora es presionar a Maduro hacia la izquierda para contrarrestar
la presión de la derecha. Otros grupos de pseudo-izquierda
en el extranjero se han movido aún más hacia la
derecha, distanciándose del gobierno venezolano después
que Chávez se opusiera a las operaciones imperialistas
de cambio de régimen en Libia y Siria que estos grupos
apoyaban.
Al final, todos estos grupos hablan políticamente por
las capas más privilegiadas de la pequeña burguesía.
Ellos se sintieron atraídos por el chavismo, precisamente
porque subordina a la clase trabajadora a un "comandante"
y un gobierno dominado por los militares, oponiéndose de
ese modo a la explosiva lucha de clases en Venezuela.
Las amargas lecciones de los recientes enfrentamientos violentos
en Venezuela y la respuesta del gobierno se resumen en la necesidad
de establecer la independencia política de la clase trabajadora,
en oposición al gobierno burgués de Maduro y sus
partidarios pseudo-izquierdistas. Esto significa la construcción
de una sección del Comité Internacional de la Cuarta
Internacional en base a la teoría de la Revolución
Permanente y la lucha de la clase trabajadora por la toma del
poder en Venezuela y en toda América Latina.
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