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Las batallas entre carteles de drogas y grupos vigilantes
desestabilizan a México
Por Don Knowland
31 Marzo 2014
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Este artículo apareció originalmente en inglés
el 29 de marzo del 2014.
El primer trimestre del 2014 ha traído batallas entre
los "autodefensas", o grupos vigilantes, y el cartel
de drogas Caballeros Templarios en el estado occidental mexicano
de Michoacán, desestabilizando la región.
El cartel de los Caballeros Templarios sustituyó a otra
organización criminal: La Familia Michoacana. Al igual
que los grupos de autodefensa actuales, La Familia comenzó
en la década de 1980 como un grupo armado, con el propósito
declarado de imponer orden en el estado de Michoacán, en
la lucha contra secuestradores y traficantes de drogas, haciendo
hincapié en la ayuda y protección para los pobres.
En la década de 1990 La Familia se transforma en un
grupo paramilitar parte del Cartel del Golfo (de México)
para quitarle el control del tráfico ilegal de drogas en
Michoacán a los carteles de drogas rivales. En el 2006,
el grupo se convierte en una operación independiente de
tráfico de drogas que actualmente se especializa en la
fabricación y la exportación de metanfetamina.
La Familia tenía una ideología extraña,
casi religiosa. Sus líderes se refieren a sus asesinatos
y decapitaciones como "justicia divina". Su capo original,
Nazario Moreno González, publicó su propia "Biblia",
una combinación de estilo evangélico de autoayuda
mezclada con consignas campesinas insurgentes. Enfatizaba la religión
y los valores familiares en la reclutamiento de nuevos miembros,
proclamando no tolerar el abuso de sustancias o la explotación
de mujeres y niños.
El cartel incluso prestaba dinero a los agricultores, empresas,
escuelas e iglesias con la intención de fundamentar popularidad,
y emprendía proyectos de obras públicas. Pero al
igual que los notoriamente brutales Zetas, La Familia empleaba
la violencia extrema, recurriendo al asesinato y a la tortura
generalizada. Los pequeños empresarios hasta al nivel de
vendedores callejeros tenían que pagar "impuestos".
Aquellos que se resistían eran cerrados, secuestrados o
víctimas de amenazas y de violencia.
La Familia asesinaba a políticos locales y sobornaba
a otros. Del contrabando y de la venta de drogas se transformó
en una organización criminal mucho más ambiciosa,
que actuó en última instancia como un Estado paralelo
en la mitad occidental de Michoacán, centrada en un valle
conocido como Tierra Caliente donde se cultivan limas, aguacates,
mangos y marihuana.
Al igual que en otros estados como Sinaloa, la parte de Chihuahua
cerca de la frontera con EE.UU. y el noroeste estado de Tamaulipas,
el gobierno mexicano ha perdido su monopolio sobre el uso de la
violencia.
En julio del 2009, La Familia ataca instalaciones de la policía
federal en Michoacán, y notoriamente, tortura y asesina
12 agentes de la policía federal, dejando sus cuerpos a
lo largo de la carretera de una montaña.
El ex presidente Felipe Calderón, quien ya había
desatado una guerra contra los carteles de los militares que resultó
en 80,000 muertes y muchos abusos contra los derechos humanos,
respondió enviando 1,000 policías federales más
a la zona.
Esto enfureció al gobernador de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel, quien calificó de "ocupación"
la táctica del ex presidente. El medio hermano del gobernador
poco después fue acusado de ser un miembro de alto rango
de La Familia, y en diciembre del 2010 fue expulsado de su cargo
en la cámara baja del Congreso.
En diciembre del 2010, el gobierno dijo haber matado al fundador
de La Familia, Moreno González, en un tiroteo, pero su
cuerpo nunca fue recuperado. Después de esto, una gran
parte de la dirección original del La Familia dejó
la organización y formó los Caballeros Templarios
en marzo del 2011.
El jefe de lo que quedaba de La Familia fue capturado en junio
del 2011 por la policía mexicana; poco después el
gobierno declara que el cartel se había disuelto. En los
EE.UU. las operaciones federales en varios estados en el 2009
y el 2011 cerraron los canales de distribución del cartel,
lo que resultó en más de 1,500 detenciones.
Los Caballeros Templarios se hicieron cargo de las operaciones
criminales de La Familia de Michoacán y Guerrero, su estado
vecino hacia el sur. Mientras que exhortaban a sus filas a "luchar
y morir" por la "justicia social", los Caballeros
Templarios continuaban la extorsión y la violencia de su
predecesor.
El actual presidente de México, Enrique Peña
Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió
el poder en diciembre del 2012, diciendo que iba a reducir el
tamaño del papel de los militares en la guerra contra las
drogas, promesa que se puso a prueba en el 2013 contra la actuación
de los Caballeros Templarios en Tierra Caliente. En mayo y julio
del año pasado, las fuerzas de los Templarios montaron
ataques violentos contra las autoridades federales, lo que resultó
en que Peña Nieto enviase tropas.
En octubre, los Templarios atacaron las instalaciones eléctricas.
En noviembre, asesinaron a un vicealmirante naval que viajaba
por el estado. Como respuesta, Peña Nieto envió
al ejército para expulsar a los Templarios del puerto de
Lázaro Cárdenas, el puerto más grande en
la costa del Pacífico de México, que los Templarios
habían controlado y explotado.
Fue por el puerto de Lázaro Cárdenas que La Familia
y los Templarios importaban de China los elementos químicos
necesarios para la fabricación de la metanfetamina. En
los últimos tres años, los Templarios han vendido
a los exportadores chinos cientos de miles de toneladas de hierro,
con un valor estimado en más de 1,000 millones de dólares.
En los últimos cinco años, el puerto también
se ha convertido en un conducto vital para las importaciones industriales
principales de México al norte de Michoacán, el
Bajío, una zona que incluye a los estados centrales de
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. El puerto
también se ha transformado en una ruta de transporte fundamental
para los envíos a los mercados estadounidenses en Houston,
Kansas City y Chicago. Así que el gobierno federal tenía
intereses sustanciales de tomar control del puerto.
Mientras tanto han crecido este último año las
autodefensas armadas, o "policía comunitaria",
en Tierra Caliente. En enero de este año, estas fuerzas
contaban con 20,000 miembros, quienes tomaron rápidamente
a los pueblos más pequeños, y para finales de enero,
echaron a los Templarios de la ciudad de Nueva Italia.
En febrero, los vigilantes decidieron tomar la fortaleza de
los Templarios en Apatzingán, una ciudad de 115,000 personas;
entonces Peña Nieto envió miles de soldados.
Al principio, los funcionarios federales exigieron de los grupos
de autodefensa un desarme, diciendo que los vigilantes armados
sin capacitación en la aplicación de la ley y sin
rendición de cuentas inflamarían la volátil
situación en Michoacán. También existen rumores
que las armas de los grupos fueron en parte financiadas por el
cartel de drogas Nueva Generación de Guadalajara, una organización
rival de los Templarios.
Cuando los vigilantes se negaron a rendir sus armas, las tropas
federales trataron de desarmarlos. Esto llevó inicialmente
a bloqueos por los manifestantes y enfrentamientos armados contra
las fuerzas federales, que resultó en la muerte de tres
residentes locales. El gobierno fue ampliamente reprendido por
ir contra los propios ciudadanos a los que se suponía debían
proteger.
Los militares y las autodefensas luego entraron en una alianza
inestable para echar a los Templarios de Apatzingán. El
gobierno anunció que los vigilantes debían incorporase
a las llamadas fuerzas de defensa rural, que tienen una larga
historia que data del siglo 19, de aterrorizar a los campesinos
a instancias de los grandes terratenientes.
Peña Nieto también nombró a un comisionado
federal especial para Michoacán, Alfredo Castillo, con
una jurisdicción más amplia que la del gobernador
del estado, para supervisar los asuntos de seguridad y un programa
de desarrollo de $3.4 mil millones para el estado.
Muy pronto, sin embargo, después de que Castillo fue
fotografiado en una reunión con los vigilantes, el gobierno
identificó a un hombre en la foto como un importante traficante
de drogas. Una discordia sacudió a los vigilantes tras
las acusaciones contra uno de sus líderes, Juan José
Farías Álvarez, conocido como "El Abuelo",
por supuestas conexiones con el cartel de drogas de Guadalajara.
El 9 de marzo, la policía estatal arrestó a un
líder vigilante superior, Hipólito Mora Chávez,
a quien se acusa de la muerte de dos miembros de una facción
rival vigilante.
La decisión de Peña Nieto de no desarmar a los
vigilantes fue bastante criticada. Javier Lozano, miembro del
ultra conservador Partido Acción Nacional de México
dijo: "Primero los grupos de autodefensa son mimados. Luego
ponemos a su líder Hipólito Mora en la cárcel.
Veremos cómo termina esta esquizofrenia".
El 15 de marzo, la Associated Press (AP) citó a un funcionario
federal no identificado diciendo que el gobierno estaba "poniendo
la ‘señal de alto' a los vigilantes" por motivo
de su lucha por el botín de los bienes abandonados por
los que miembros del cartel que huyeron. De acuerdo con el AP
el "punto de inflexión" fue la detención
de Mora por asesinato.
La situación en Michoacán sigue siendo muy incierta.
Los Templarios se han comprometido a recuperar el territorio del
que han sido expulsados. Las relaciones entre los vigilantes y
el gobierno continúan deteriorándose.
Mientras tanto, en el vecino estado de Guerrero, al sur, la
situación se está moviendo hacia una explosión.
A fines de febrero el diario californiano Los Angeles Times publicó
un artículo de primera plana titulado "Estado de Guerrero
deslizándose hacia el caos". Según Los Angeles
Times, la mitad de los 81 municipios de Guerrero, un estado de
3.5 millones de personas, tienen grupos de autodefensa.
En febrero estos grupos se preparaban en las afueras de Chilpancingo,
capital de Guerrero por la carretera de la Ciudad de México
hasta el complejo de Acapulco, amenazando con tomarlo. Se han
hecho acusaciones que el alcalde del PRI de Chilpancingo estaba
aliado con una rama del ya desaparecido cartel Beltrán
Leyva, llamado Los Rojos, quienes han cometido extorsiones y secuestros
como los Templarios.
Después de que el gobernador del estado de la oposición
de centro de "izquierda" del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se comprometió a añadir
500 policías estatales para patrullar la zona, los hombres
de negocios en Chilpancingo pidieron a los autodefensas que no
entraran, por temor de que el movimiento podría írseles
de las manos. Un líder de negocios y ex diputado del PRD,
dijo: "Si un movimiento social se arma... no sabemos cuándo
van a dejarlas o a qué costo".
Desde la década de los 60, ha habido una serie de grupos
de guerrilla armados en Guerrero que dicen ser revolucionarios,
entre ellos uno nuevo apareció en diciembre, el Revolucionario
de las Fuerzas Armadas—Liberación del Pueblo.
Estos enfrentamientos revelan mucho acerca de las contradicciones
de los desarrollos sociales y políticos en México.
A la clase dominante mexicana le gusta pensar que ha llegado al
escenario mundial económica y políticamente. Peña
Nieto y la burguesía mexicana comenzaron a ver la violenta
guerra de Calderón contra los carteles como una distracción
de su programa para enriquecerse aún más mediante
la apertura de la economía al capital global.
Pero los recientes acontecimientos en Michoacán y Guerrero,
y en especial la popularidad de los grupos armados y los movimientos
de defensa personal, representan los más altos niveles
de inestabilidad en México desde la Revolución Mexicana.
Esta inestabilidad es una amenaza real a la reforma económica
iniciada por la clase dominante mexicana con el apoyo de la presidencia
de Peña Nieto.
Su preocupación es el efecto que todo esto puede tener
en la confianza del capital extranjero para invertir en México,
así como su potencial de interferir con los proyectos críticos
para la apertura de México a la inversión, como
la mejora del ferrocarril y autopistas hacia el puerto de Lázaro
Cárdenas. Estas condiciones, obligan al gobierno mexicano
a intervenir.
Mientras tanto, la gran mayoría de los mexicanos continúan
enfrentando una lucha diaria para sobrevivir y una falta crónica
de oportunidades de empleo decentes. El gobierno está en
gran parte ausente cuando se trata de la prestación de
servicios sociales básicos y además sigue siendo
bastante corrupto.
La pobreza en los estados mexicanos rurales como Guerrero y
Michoacán ha impulsado oleadas de hombres jóvenes
en busca de trabajo en los EE.UU. Estas mismas condiciones son
caldo de cultivo de las bandas de narcotraficantes, así
como los grupos de autodefensa, cuyos miembros son en su mayoría
trabajadores agrícolas y pequeños agricultores.
Sólo un programa socialista revolucionario independiente
puede canalizar el descontento de las masas de una manera que
proporcione un camino a seguir para los mexicanos. Sólo
de esa manera se puede poner fin a la depredación, tanto
de la burguesía mexicana como de los carteles de drogas.
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