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¡Defender los derechos de los trabajadores inmigrantes
y los jóvenes!
Por Bill Van Auken
9 Julio 2014
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Este artículo apareció originalmente en inglés
el 8 de julio del 2014
El gobierno del presidente Obama, el Partido Republicano, los
medios burgueses y toda la clase política encaran el aumento
en el número de familias de inmigrantes y menores no acompañados
que llegan a la frontera sur de los EE.UU. Lo tratan como cosa
criminal cuya solución consiste en hacer cumplir la ley
e intensificar la represión. Tratan a estos miles de trabajadores
y niños con toda la hostilidad que tambien manifiestan
en contra de toda la clase obrera estadounidense.
En los últimos nueve meses la Patrulla Fronteriza han
detenido a más de cincuenta mil niños no acompañados
al cruzar la frontera suroeste de los EE. UU. Durante aproximadamente
el mismo período, los agentes fronterizos han apresado
a unos treinta y nueve mil adultos y niños que viajan juntos.
Aunque Casa Blanca diga que la llegada de estos inmigrantes
es una "crisis humanitaria", responde como si fuera
carcelero o policía.
A fines de junio, el presidente Obama anunció que estaba
preparado para actuar por decreto ejecutivo dada la negativa de
la Cámara de Representantes, dominada por los Republicanos,
a aprobar la ley de reforma migratoria, aun en su versión
más reaccionaria. Obama propone emplear poderes presidenciales
unilateralmente, no para aminorar la difícil situación
de los niños pobres que han logrado llegar a la frontera
con Estados Unidos, sino meterlos presos y deportarlos colectivamente.
Miles de personas ya han sido colocados en los centros de detención.
Sufren condiciones infrahumanas, muchas existen hacinadas como
arenques en banasta sin ventanas y sin sanidad adecuada, sin atención
médica o recreación; han sido separados de sus madres
y hermanos, lo que hace su encarcelamiento aún más
traumático.
Obama propone medidas para acelerar el proceso de deportación
que incluyen más agentes de la patrulla fronteriza y más
jueces de inmigración en la frontera suroeste. Ha pedido
del Congreso dos mil millones de dólares para financiar
"una estrategia de disuasión agresiva centrada en
la expulsión y la repatriación de los que recién
cruzan la frontera." Propuesta que incluye la creación
de aún más centros de detención para los
niños.
También Obama busca la derogación de una ley
firmada por el presidente George W. Bush que tiene el supuesto
propósito de proteger a los niños víctimas
del tráfico de personas. Intenta despojar a los niños
inmigrantes que llegaban de América Central de los derechos
al proceso debido, colocándolos en la misma categoría
de los niños inmigrantes mexicanos, que pueden ser arrojados
al otro lado de la frontera. sin ninguna consideración.
El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest anunció
que la mayoría de los niños que recientemente cruzaron
la frontera "no va a tener ninguna base legal para permanecer
en este país y será devuelta." Legalmente le
cabe a un juez de inmigración tomar esa decisión,
pero Washingotn está señalando claramente que todas
los procesos serán utilizados para aprobar las deportaciones
sin inconvenientes.
La mayoría de los expertos en inmigración creen
esos individuos sí tienen derecho a la condición
de refugiado o asilo político en virtud del derecho internacional
y de leyes de EE. UU. En base a entrevistas con varios cientos
de los niños, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados calcula que alrededor del 60 por ciento tiene
el derecho al asilo.
La mayor parte de los niños inmigrantes ha venido de
Honduras; décadas de intervención del imperialismo
yanqui, que culminaron en el golpe de estado del 2009 destruyó
a jirones el tejido social de ese país. Honduras tiene
la tasa de homicidios más alta del mundo; la tasa de asesinatos
de mujeres ha aumentado 65 por ciento desde el golpe de estado.
Muchos de los que llegaron a los EE.UU. han encarado amenazas
y tienen razones para temer ser asesinado o por bandas de delincuentes
o por escuadrones de la muerte sancionada por el gobierno.
Los otros dos los países con un gran número de
niños inmigrantes son Guatemala y El Salvador, naciones
que por décadas fueron devastadas bajo dictaduras apoyadas
por Estados Unidos y por guerras sucias, con cientos de miles
de víctimas.
Mientras que Demócratas como Obama y Hillary Clinton,
junto con líderes Republicanos, demandan que los niños
se vayan, se calcula que un 80 por ciento de ellos cruzan la frontera
para reunirse con sus padres, madres u otros parientes cercanos
que viven en los EE. UU. En este sentido, la supuesta crisis creada
por tratar de reunir a los niños con los padres es realmente
un subproducto de la verdadera crisis de la política de
inmigración. Durísimas medidas han servido para
dividir a millones de familias, sin preocuparse por el impacto
sobre niños indefensos.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Obama ha deportado
a más de 2 millones de personas, más que cualquier
otro presidente y más que bajo George W. Bush durante sus
ocho años en el cargo. Esta administración emplea
medidas inconstitucionales, exigiendo que la policía y
las cárceles locales detengan a personas sin ninguna orden
judicial en base a sospechas de violaciones del derecho civil
de inmigración.
Desde 2008, el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) ha realizado más de 12.000 supuestas "redadas
silenciosas" incautando formularion I-9 que afirman el derecho
de los empleados a trabajar, lo que ha resultado en el despido
de más de 300 mil trabajadores. En ningún período
anterior ha habido una represión tan masiva en los lugares
de trabajo.
Ese record infame no impide que el Partido Republicano ataque
al gobierno de Obama desde la derecha. Tratan de inflamar temores
xenófobifos y explotar la preocupación que siente
la gente por la desaparición de empleos y la caída
de los salarios, convirtiendo en chivos expiatorios a los inmigrantes
que representan uno de los sectores más oprimidos de la
clase obrera.
Esta campaña culmina con las protestas de la semana
pasada en California, en que manifestantes ondeando banderas y
cantando "vuelvanse" trataron de hacer retroceder los
autobuses de la Patrulla Fronteriza que transportan a mujeres
y los niños a una cárcel de detención. La
prensa burguesa ayuda a ampliar el impacto y dar legitimidad a
estos sentimientos, a pesar que muchos más se presentaron
en apoyo de los migrantes recientes. Encuesta tras encuesta ha
puesto de manifiesto que va en aumento el apoyo a los inmigrantes
indocumentados, que son los miembros de la familia, seres queridos
y compañeros de trabajo de un número cada vez más
grande de estadounidenses.
La publicidad anti-inmigrante de los políticos burgueses
y de los medios de comunicación es tan falsa como digna
de desprecio. No son los inmigrantes, sino más bien el
sistema de ganancias capitalista que es responsable de la destrucción
de puestos de trabajo y la reducción de los niveles de
vida. Hay amplios recursos para proveer para todos; nativos e
inmigrantes por igual. Estos recurso son monopolizados por las
estratas más adineradas de la sociedad; el sector financiero
y empresarial que ha presidido sobre la expansión de desigualdad
social más grande en la historia.
El derecho a emigrar es un derecho democrático que debe
ser defendido por toda la clase obrera. Las medidas de corte fascista
y de superexplotación empleadas contra los trabajadores
inmigrantes serán usadas contra la todos los sectores de
la clase trabajadora.
Los trabajadores deben tener el derecho a trabajar y vivir
en el país de su elección. En condiciones en las
que el capital de las grandes empresas y del sector financiero
transnacional fluye libremente a través de las fronteras
naci,onales en busca de la mano de obra más barata y de
las más cuantiosas ganancias, la clase obrera sólo
puede defenderse custodiando ese derecho y luchando por la unidad
de los trabajadores de Norte, Centro y Sur América en una
lucha común por la transformación socialista de
la sociedad.
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