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Escándalo de corrupción militar-policial desata
crisis en gobierno peruano
Por Armando Cruz
7 Febrero 2014
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el autor
Este artículo apareció en inglés el
20 de diciembre 2013
El destape de un ilegal resguardo policial a un individuo -Oscar
López Meneses-, previamente condenado por corrupción,
ha estremecido al gobierno peruano de Ollanta Humala así
como las instituciones militares y policiales. Varias figuras
han sido dadas de baja o expulsadas -incluso algunas cercanas
al mismo presidente- y una comisión del congreso ha sido
formada para investigar los hechos que tiene visto citar al mismo
Humala.
El destape, realizado por la periodista derechista Cecilia
Valenzuela, fue publicado por el diario peruano El Comercio el
13 de Noviembre. En éste se reporta que una guardia policial
era desplegada todo el día en la casa de López Meneses
y la de su padre en el distrito de clase alta de Surco en Lima.
Algunas de las patrullas formaban parte de operaciones especiales.
La trayectoria y registro de vida de López Meneses ejemplifica
la putrefacción de la democracia durante el gobierno dictatorial
y corrupto del ex presidente Alberto Fujimori y su "asesor
de inteligencia" Vladimiro Montesinos, el cual gobernó
al Perú de 1990 al 2000. Un ex militante del Partido Aprista
Peruano y odontólogo con título falso, López
Meneses se abrió su camino en los años noventa hasta
volverse un protegido de Montesinos, entonces jefe del Servicio
de Inteligencia Peruana, y co-partícipe de su red de corrupción
y espionaje.
Según la secretaria de Montesinos, una de los trabajos
de López Meneses era convencer a políticos de la
oposición de pasarse a las filas del oficialismo y apoyar
al presidente Fujimori. Tarea por la cual, según el testimonio
de la secretaria, recibía hasta $150,000 que Montesinos
robaba de la tesorería del estado. Desde esta posición,
López Meneses creó toda una red de contactos en
todos los sectores posibles: partidos políticos, los altos
mandos de la policía y las fuerzas armadas y en los grandes
negocios.
Ante la caída del gobierno fujimorista en el año
2000, López Meneses, al igual que su jefe Montesinos, fugó
del país. Cuando la policía allanó su casa,
encontró aparatos de espionaje telefónico y armas
de guerra. Esta era la misma casa a la que se brindó resguardo
policial desde Junio de este año, explica El Comercio.
Deportado de EE.UU. en el 2003 pasó nueve años en
prisión por peculado y tenencias de armas ilegales. Sin
embargo de acuerdo a diferentes reportes, una vez libre, López
Meneses, usando sus conexiones, volvió aparentemente a
consagrarse con los altos mandos del ejército.
Los días que siguieron al destape de El Comercio la
pregunta en boca de todos era: "¿Por qué había
tanto resguardo policial en la casa de López Meneses?"
y "¿Había algo dentro de la casa que requería
una masiva protección policial?".
La periodista Rosa María Palacios, en su columna de
opinión en el diario liberal La República, sugirió
dos hipótesis: "En la primera y más grave,
se trataría de una estructura de poder paralela al gobierno
(...) que se organiza con el propósito de traficar con
información obtenida ilícitamente con instrumentos
del Estado (intercepciones telefónicas), presionar para
ascensos o posiciones ventajosas en el reparto de poder y obtener
dinero extraído de actividades ilícitas (...)".
Y, en la segunda hipótesis, plantea que el resguardo policial
es un regalo por parte de los altos mandos de la Policía
y las Fuerzas Armadas para que López Meneses, quién
afirma tener "una íntima amistad con el presidente",
los ayude con sus amplias conexiones y supuesta influencia en
el gobierno.
Sea cual sea la verdad, el destape ya ha cobrado sus víctimas
en el gobierno. Tres días después de las revelaciones,
en medio de la purga de jefes policiales y las acusaciones internas
sobre quién decidió el resguardo policial, el Ministro
del Interior Wilfredo Pedraza renunció al cargo, aparentemente
bajo presión del presidente. Adrián Villafuerte,
el asesor del presidente Humala en materias de seguridad -y según
algunos el "Montesinos" de Humala- llamó a la
radio RPP en su primera aparición ante los medios para
negar tener vínculos con López Meneses, aunque El
Comercio informó una reunión entre él y López
Meneses en un restaurante. Poco después, la secretaría
del gobierno anunció que Villafuerte había renunciado
también.
La República informó que la oposición
"no contenta con la renuncia de Pedraza también pidió
la renuncia del asesor". (Cabe recordar que, según
algunas versiones, Villafuerte fue quién aconsejó
a Humala una mayor represión contra las manifestaciones
en contra del proyecto minero Conga en Cajamarca durante el 2011).
Si bien El Comercio y el resto de sus diarios y medios -los
cuales conforman el 70% de la prensa escrita en el país
y el canal de noticias más visto- han hecho hincapié
de las conexiones de López Meneses con el gobierno de Humala
omiten deliberadamente que López Meneses y sus ilegales
actividades son un producto del gobierno autoritario de Fujimori,
encarcelado hoy día en las afueras de Lima por violación
de derechos humanos. Esto es porque la derecha y el gran capital
están allanando el camino para las próximas elecciones.
Las encuestas indican que hasta ahora que la favorita es nada
menos que Keiko Fujimori, hija del ex dictador y lideresa de Fuerza
Popular, el partido derechista que reivindica al ex dictador y
sus políticas. Ella es vista como la mejor opción
para el capitalismo peruano.
Palacios, concluyendo la ya citada columna, afirma: "¿Quiénes
están cosechando de la crisis? Apristas y fujimoristas
que hoy, agresivamente, niegan sus manifiestos vínculos
históricos con López Meneses. ¿Quién
va perdiendo? El presidente."
Tanto el fujimorismo como el APRA tienen razones para provocar
una crisis gubernamental de la que pueden ser los principales
beneficiarios. Hace unos meses Humala negó darle el indulto
a Fujimori cuando éste alegó poseer cáncer
terminal (resultó ser falso). También negó
darle el arresto domiciliario. El ex dictador también está
siendo enjuiciado una vez más por otro crimen de su gobierno:
la malversación del presupuesto del ejército para
financiar tabloides populares que fueron usados para atacar grotescamente
a figuras de oposición.
En cuanto al APRA, desde hace meses su principal figura, el
ex presidente Alan García, está siendo investigado
por una comisión estatal por "presuntas irregularidades"
de su último gobierno, incluyendo un caso en el cual, según
varios ex-convictos, García habría sido el jefe
de una organización que cobraba dinero a narcotraficantes
encarcelados por reducciones de condena. García y su séquito
aprista han llamado a esta y las demás investigaciones
una "persecución política" por parte del
gobierno de Humala.
Ningún partido es un movimiento de masas ni tiene ningún
amplio apoyo en la clase trabajadora. El APRA, el que fuera alguna
vez un partido socialdemócrata que movilizó a millones
de peruanos con sus ilusiones reformistas ("Sólo el
APRA salvará al Perú") y fuera ilegalizado
por diversas dictaduras, es ahora en gran parte considerado una
mafia política en cuyo núcleo se encuentra un club
de poderosos lobbyistas profesionales, incluido García.
Fuerza Popular, no obstante, se basa en el legado populista
que el gobierno de Fujimori ejecutó en los noventa, el
cual otorgó comedores populares y otra mínima asistencia
a los estratos más pobres de la sociedad, mientras coordinaba
masiva represión, privatizaciones al por mayor y la destrucción
de derechos laborales de la clase trabajadora peruana.
En las últimas elecciones del 2011, Fujimori hija pasó
a la segunda vuelta en dónde fue derrotada por Humala.
Hoy, con todas las ilusiones generadas por la retórica
populista y nacionalista de Humala en gran parte desvanecidas,
estas fuerzas derechistas son capaces de tramar la renuncia de
sus ministros y empujar a su gobierno aún más a
la derecha.
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