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Trabajadores portuarios chilenos finalizan su huelga de un
mes
Por César Uco y Armando Cruz
7 Febrero 2014
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Este artículo apareció en inglés el
29 de enero 2014
Una huelga que había paralizado los puertos de Chile
desde Diciembre fue terminada el sábado después
que los líderes sindicales alcanzaran un acuerdo temprano
en la mañana con el gobierno del presidente Sebastián
Piñera. Los operadores privados portuarios aceptaron el
pago de bonos y recontratar a los huelguistas despedidos.
El acuerdo fue alcanzado por detrás de las espaldas
de los huelguistas. Deja intacto los principales motivos que desataron
la huelga y causaron a que se expandiera por toda la costa chilena:
la demanda de que se acabaran las leyes de la era pinochetista
que fueron diseñadas para mantener a los trabajadores portuarios
atomizados; la abolición del trabajo eventual y otras formas
de empleo informal; y el derecho a sindicalizarse.
Desde finales de Diciembre, miles de estibadores chilenos se
unieron a la huelga en diversos importantes puertos en el país.
El 26 de Diciembre, 350 estibadores cerraron el puerto de Antofagasta,
exigiendo un aumento de 150,000 pesos chilenos (US$274.51). El
6 de Enero, los puertos norteños de Iquique, Tocopilla,
Chañaral y Guasco se unieron a la huelga. Después
de la brutal represión de los huelguistas por fuerzas anti-disturbios,
los puertos sureños de Lirquén, penco, Coronel,
San Vicente, Calbuco, Corral, Puerto Montt y Chacabuco también
se fueron a la huelga. Antes del acuerdo, los portuarios se habían
movilizado en piquetes en 15 puertos por todo el país.
Entre las demandas se encontraban el derecho a sindicalizarse
y la abolición de las leyes heredadas de la dictadura de
Pinochet (1973-1989), las cuales separaban a los trabajadores
en "primera" y "segunda" clase de trabajo.
Este sistema reaccionario ha sido mantenido con impunidad desde
el fin de la dictadura por ambos gobiernos de "izquierda"
y derecha. Entre ellos el gobierno de la lideresa del Partido
Socialista Michelle Bachelet (2006-2010), quién fue elegida
el mes pasado, encabezando a la coalición de "Nueva
Mayoría", el cual incluye al Partido Comunista Chileno,
que ha sido recompensado por su rol en traicionar las huelgas,
protestas y movilizaciones de los estudiantes.
Inicialmente, las empresas portuarios respondieron a las demandas
de los huelguistas con medidas a media como un aumento del 15
por ciento, mientras que rechazó por completo la demanda
de que el aumento incluya también a los trabajadores eventuales.
Los oligopolios de grandes puertos recurrieron a los rompehuelgas
y exigieron que el gobierno reprima a los trabajadores que se
encontraran en los piquetes. Esto llevó a la casi muerte
de un trabajador, Luis Gonzalez Fuentes. El pasado marzo y abril,
una previa huelga resultó en la muerte del sindicalista
Enrique Solar, golpeado salvajemente por los carabineros, la policía
militarizada chilena.
La poderosa huelga estremeció a la clase gobernante,
no sólo debido a su efecto directo en la economía
del país (con perdidas multi-millonarias en importaciones
y exportaciones), sino por perjudicar la imagen internacional
de Chile como un país preferido para las inversiones extranjeras
y un refugio seguro para estas. Con el gobierno cada vez más
queriendo una firme resolución a la huelga, el Ministro
del Interior Andrés Chadwick levantó la posibilidad
de invocar el Acta de Seguridad Interna -promulgada en 1975 durante
la represión más feroz de la dictadura de Pinochet-,
la cual otorga penalidades extremas en situaciones consideradas
por las autoridades como perturbaciones de orden público.
El Ministro del Trabajo Juan Carlos Jobet había insistido
que el gobierno no entre en negociaciones hasta que la huelga
haya terminado. Sin embargo, detrás de esta postura de
intransigencia, las negociaciones ya estaban tomando lugar, sin
lugar a dudas con la participación de la entrante administración
de Bachelet. El establishment político cooptó por
la burocracia sindical para que terminara la huelga, sobre la
base de concesiones económicas limitadas a los huelguistas.
Pérdidas en las exportaciones de cobre se aproximaban
a la cifra de 67 millones de dls. al día. Pérdidas
en las exportaciones de frutas alcanzaron los 40 millones de dls.
a la semana.
Los inversionistas internacionales monitorearon cercanamente
la situación en Chile. Ken Tsuchikawa, CEO del gigante
minero asiático Mitsui, declaró que el país
"no es tan confiable" para los inversionistas, confirmando
los miedos expresados por los ministros chilenos.
El problema de una "mala" imagen fue profundizado
por el diario de Santiago El Mercurio, el cual reveló el
precario futuro de la industria del cobre, la espina dorsal de
la economía de exportación chilena. De acuerdo a
Thomas Keller, CEO de Codelco (la compañía estatal
de cobre de Chile), se necesita más de 6 billones de dls.
para expandir operaciones. Mientras tanto, Chile recientemente
fue incluido en un grupo de ocho países emergentes clasificados
como "economías frágiles".
Contrario a lo que la prensa tabloide de Chile dice, la huelga
tiene un amplio apoyo en el pueblo. Los mineros, los trabajadores
de banco y los estudiantes repetidamente se han unido a la huelga
y se han movilizado en solidaridad así como los trabajadores
eventuales en Codelco, los trabajadores forestales y los camioneros.
La derecha ha dejado claro que luchará por la continuidad
del Pinochetismo. Sven von Appen, un multimillonario fascista
(su familia posee el holding Ultramar que administra 20 puertos
en el país), declaró a comienzos del conflicto el
pasado diciembre que si Bachelet fracasa en gestionar bien la
economía "buscaremos otro Pinochet". Si la huelga
hubiese continuado, hay poca duda que el gobierno hubiera invocado
las leyes de la era Pinochet y reprimido a los portuarios.
Buscando desviar la presión de los de la base, el portavoz
del Sindicato de Puertos de Chile hizo un llamado a boicotear
internacionalmente todos los barcos llevando cargo para las compañías
de Sven von Appen. Como está claro ahora, esto fue una
hoja de parra para esconder la traición que estaba siendo
preparada.
El gran número de huelgas militantes que han ocurrido
desde el 2010 son una señal que la clase trabajadora chilena
se ha recuperado de la brutal represión desatada con el
golpe de 1973 y los posteriores 17 años de dictadura y
de que está lista para volver a luchar por sus derechos.
Como una señal de hostilidad a esta creciente lucha
de clases, el Partido Comunista Chileno (PCCh) no ha publicado
ni una sola declaración sobre la huelga de los portuarios.
En vez de ello, es u último comentario editorial, se concentra
en sembrar ilusiones en las "grandes esperanzas" planteadas
por la elección de su nuevo gabinete por la Presidenta
Bachelet, el cual incluye un miembro del PCCh.
Finalmente está el rol del pseudo-trotskista Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), alineado políticamente
con el francés Nuevo Partido Anti-Capitalista (NPA, siglas
en francés). En una larga declaración, el PRT reduce
su programa a fortalecer los sindicatos reemplazando a los actuales
burócratas con líderes más militantes. Mucho
de la declaración del PRT está dedicado a denunciar
al sindicato en el puerto de Bío Bío por limitar
la huelga a un día de protesta.
En ningún lado de esta escéptica declaración
hay alguna referencia de la urgente necesidad de construir un
partido revolucionario en la clase trabajadora chilena. El PTR,
activo en el movimiento estudiantil, tiene como rol político
principal complementar los esfuerzos de los estalinistas en mantener
a la clase trabajadora chilena atada al estado burgués.
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