|
WSWS
: Español
España frena intentos de tribunal Argentina para procesar
fascistas del franquismo
Por Alejandro López
24 Octubre 2013
Utilice
esta versión para imprimir | Email
el autor
Este artículo se publicó en inglés
el 22 de octubre del 2013
La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría
mandó a arrestar a cuatro ex fascistas españoles,
que habían sido parte de la dictadura del General Francisco
Franco.
Tanto el Partido Popular (PP) que ahora dirige el gobierno
español, y que nació dentro del Movimiento Nacional
de Franco, como el opositor Partido Socialista Obrero (PSOE) se
han puesto de acuerdo para impedir las detenciones.
Su pretexto es la Ley de Amnistía de 1977, que fue aprobada
durante la transición del fascismo a la democracia burguesa,
después del fallecimiento de Franco, en 1975, con el objetivo
de impedir a todo costo que se investigaran los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939)
y el régimen de Franco ( 1939-1975 ). Desde entonces, ningún
fascista ha respondido por los crímenes de la dictadura:
se estima que fueron ejecutados trescientos mil opositores políticos;
quinientos mil estuvieron en la prisión, otros quinientos
mil fueron obligados a exilarse.
El proceso argentino data del mes de abril del 2010. Darío
Rivas, residente argentino, recurre al derecho internacional.
Su padre había sido alcalde de una ciudad de Galicia, en
el noroeste español, secuestrado y ejecutado bajo el franquismo.
Acuerdos internacionales no reconocen limites de tiempo o de jurisdicción
para los delitos de lesa humanidad. El número de demandantes
ha crecido: hasta ahora son 120 individuos y 62 organizaciones
de derechos humanos.
En un informe de 204 páginas la jueza Servini acusa
de crímenes a cuatro fascistas, antiguos miembros de la
Brigada Político Social, la policía política
de Franco.
Dos de los acusados: Celso Galván Abascal, ex escolta
de Franco, y el ex comisario José Ignacio Giralte , fallecieron
antes de que comenzara el proceso. Los otros dos son Jesús
Muñecas Aguilar, ex guardia civil, quien también
participó en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981
y el ex inspector José Antonio González Pacheco,
uno de los esbirros más sádicos de Franco. Este
último llevaba el apodo "Billy el Niño"
por su costumbre de hacer girar su revolver en un dedo, mientras
golpeaba a sus víctimas.
Isabel Pérez Alegre, ex miembro del Frente Patriótico
Revolucionario Antifascista ( FRAP ), dio evidencia directa: "Me
detuvieron en octubre de 1975. Me llevaron a la DGS, me rodearon
y me empezaron a pegar por todas partes. Eran cinco policías.
Billy el Niño pegaba de vez en cuando, pero sobre todo
dirigía a los demás. Me ataron a un radiador y me
golpearon con porras en las corvas, en los riñones... Cuando
fui al baño me tuvieron que llevar entre dos, ya no podía
caminar. Me miré al espejo y no reconocía mi propio
cuerpo, deformado por los golpes...”, le relató Pérez
Alegre al diario madrileño El País.
Servini decretó la detención y dio órdenes
de extradición para los cuatro fascistas a la INTERPOL,
declarando que bajo la jurisdicción universal se los acusaba
en virtud del derecho internacional. Rechazó los intentos
del fiscal general español para impedir el proceso.
En su intento de bloquear la acusación, la fiscalía
general, el Gobierno del PP , y varios jueces y fiscales han afirmado
falsamente que hay “se están tramitando numerosos
procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos
durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura,
tanto en relación con la eliminación física
de los partidarios de la República y de la forma democrática
de Gobierno, como de la desaparición de menores”.
Por consiguiente no vale la jurisdicción universal no son
válida. También declararon que Pacheco y Muñecas
están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977,
que perdonó delitos que hayan cometido miembros de las
fuerzas de seguridad.
Ha pasado un mes desde que Servini hizo su petición
a la INTERPOL, que por lo general cumple con esas solicitudes
en sólo de horas; los dos criminales franquistas siguen
libres .
En un caso separado, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias de la ONU instruyó a Madrid a
hacerse responsable y crear un plan nacional de búsqueda
de desaparecidos, a revocar la Ley de Amnistía de 1977
y a presentar casos de desaparición forzada ante los tribunales.
El Grupo de Trabajo también condenó la resistencia
de las autoridades españolas a la desclasificación
de documentos de la época de Franco, la obstrucción
del acceso a información para familias de las víctimas,
y los límites impuestos por la Ley de la Memoria Histórica
aprobada por el gobierno del PSOE anterior al corriente.
Cuando se aprobó esa la ley en 2006, el World Socialist
Web Site explicó que ésta tenía el propósito
de "encarrilar la lucha por la verdad por canales de protección
para la clase dominante española. No sólo sigue
encubriendo los crímenes del fascismo, como se ha hecho
durante décadas, sino que establece el principio de la
igual culpabilidad de todas las partes durante la guerra civil
.... A pesar de constatar la injusticia de procesos y ejecuciones
fascistas, de ninguna manera se compromete esta ley a anularlas
en las o de procesar a los culpables".
Se confirmaron esas palabras en el 2012; en ese año
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, fue acusado
en la corte dizque por abusar de su poder llevando a cabo una
investigación sobre los crímenes franquistas . Garzón
había exigido al régimen de rendir cuentas por asesinatos,
dispuso la apertura de fosas comunes y compensación para
las víctimas de Franco. También inició investigaciones
sobre desapariciones infantiles.
Este mayo, Garzón dio testimonio ante Servini; declaró
ya no existían opciones legales en España para investigar
los crímenes del franquismo después de que el Tribunal
Supremo le había impedido hacerlo. Negó rotundamente
el reclamo del fiscal general español de que existían
numerosas investigaciones: "Radicalmente, no,” dijo
el ex juez. “En España no se ha investigado en ningún
momento, al margen del intento hecho por el Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el
plan sistemático de eliminación, de detención,
desaparición, iniciado con el alzamiento nacional en 1936.”
El hecho de que el PP, heredero del franquismo, imponga barreras
a toda investigación de los crímenes cometidos está
mancornado a la traición histórica de la clase obrera
por el Partido Comunista estalinista ( PCE ) y por el PSOE durante
la época de transición.
Todo esto salió a la luz cuando el Ministro Justicia
Alberto Ruiz- Gallardón defendió la ley refiriéndose
a las palabras de dirigentes del PCE como Santiago Carrillo y
Dolores Ibárruri ("La Pasionaria"), quienes:
"Votaron y defendieron con ahínco la Ley de Amnistía"
.
El suegro de Ruiz-Gallardón -José Utrera Molina—
es uno de los nueve ex funcionarios del régimen de Franco
a quienes investiga Servini .
El PSOE e Izquierda Unida (IU), que el PCE dirige, insiste
con el fraudulento cuento que las autoridades españolas
sí investigarán los delitos de Franco, e intentan
presentarse como defensores de sus víctimas. En el parlamento
están de nuevo pidiéndole al gobierno de PP localizar
y abrir todas las fosas comunes. No obstante las disposiciones
de la Ley de Memoria Histórica, sólo 400 de ésas
se han abierto con los restos de cerca de 6.000 personas fusiladas.
Se estima que otros 114.000 permanecen en paradero desconocido.
El PSOE ha dejado en claro que defiende la Ley de Amnistía
. Ramón Jáuregui , ex ministro durante el gobierno
de Zapatero (2004-2011) , declaró: "Fue una ley necesaria
y no creemos conveniente revertirla.”
Interrogado acerca de la investigación argentina, Jáuregui
respondió: “El proceso argentino está cargado
de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho
tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos
antes de 1976 "
El ex líder de IU , Gaspar Llamazares, ha declarado
que no hay necesidad de eliminar la ley, seria suficiente modificarla
para asegurar que no se interprete como oferta de impunidad a
los criminales de Franco.
La clase dominante y sus partidos nuevamente se confabulan
para impedir ajustar cuentas con el franquismo. En condiciones
en que el 26 por ciento de los trabajadores están parados
y 3 millones de españoles se encuentran en la pobreza extrema,
surgen las mismas condiciones que dieron lugar a las luchas revolucionarias
de la década de los 1930. La más mínima investigación
provocaría resistencia popular en contra una élite
gobernante que impone medidas de austeridad y contrarrevolucionarias
políticas sociales.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
