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Wall Street aprueba al gobierno "izquierdista" de Humala en Perú

Por Armando Cruz
10 Junio 2013

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 6 de junio, 2012.

Un reciente artículo publicado por Bloomberg News -el cual clasifica a Perú como "el mercado de bonos corporativos que más rapido crece en Latinoamérica"- promueve al país latinoamericano como uno de los lugares más seguros en dónde invertir de la región. El artículo también recalca que las medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno nacionalista y supuestamente izquierdista de Ollanta Humala -quién gano la presidencia en el 2011 prometiendo luchar contra el "neo-liberalismo" lo han colocado a la derecha de sus predecesores, quiénes instituyeron y perpetuaron esta política.

Titulado "Wall Street asombrado por ex aliado de Chávez debido al aumento de ventas", el artículo lidia principalmente con la emisión de bonos por las corporaciones peruanas a través de firmas financieras de EE.UU. como Bank of America, JPMORGAN y Goldman Sachs.

De acuerdo a otro artículo publicado por Bloomberg Markets, Perú es el número 4 de los mejores países "emergentes" en el mundo para invertir -detrás de China, Corea del Sur y Tailandia- y es considerado como el primero en Latinoamérica. Las inversiones extranjeras directas subieron a $12 mil millones el año pasado.

"Perú ha sido un foco principal para nosotros últimamente" declaró a Bloomberg Augusto Urmeneta, el jefe de los mercados capitales de deuda para Latinoamérica en Bank of America. "Hemos visto fuertes emisiones salir del país debido a los préstamos de bajo costo y a la apreciación que se tiene por la favorable posición económica del país".

La "favorable posición económica" del país es atribuida en parte por Bloomberg a Humala -descrito como el "otrora aliado de Hugo Chávez de Venezuela"- por "haberse ganado a Wall Street por contener el gasto público y alinear inversiones récord en minería y energía".

Sin embargo, la razón principal del crecimiento económico del Perú yace no en las políticas derechistas del gobierno, sino en las demandas de los mercados mundiales. Perú, uno de los principales exportadores de metales -cobre, zinc y oro- se ha beneficiado directamente de la enorme demanda por estas materias prima, particularmente de China, y los altos precios de estos que ahora están al mando del mercado mundial. La entera historia económica del país está repleta de "ciclos de bonanza" similares en los que varias materias primas -guano, salitre, caucho, petróleo y harina de pescado- fueron intensamente explotados para satisfacer la demanda del mercado mundial. Prácticamente en cada uno de estos ejemplos, un período de decaímiento económico se puso en marcha una vez que la bonanza llegara a su fin.

Hoy en día, los economistas se han cansado de repetir de que si no hay un giro del modelo de exportaciones de materias primas, cuando los precios de minerales caigan y la demanda china disminuya, el país tendrá que pagar las consecuencias con la recesión y las devaluaciones de moneda.

El artículo de Bloomberg señala otro punto que atrae a los inversionistas al país. "Perú es visto como un país políticamente estable con crecimiento elevado, uno con una buena perspectiva a largo plazo" declaró a la agencia de noticias Persio Morassutti, jefe de finanzas de la fima minera Milpo.

El "secreto" del gobierno de Humala para imponer la "estabilidad política" no yace en sus políticas reaccionarias y económicas, sino en la completa ausencia de cualquier oposición política viable que provenga de la izquierda y desafíe al gobierno del ex-militar. Gana Perú, el nombre de la coalición de Humala que derrotó a la candidata aún más derechista de Keiko Fujimori en el 2011, atrajo a su órbita prácticamente a todas las fuerzas considerables de la pseudo-izquierda del País: los sindicatos, los estalinistas y los denominados "frentes de defensa" en las provincias.

Después del primer año del gobierno de Humala, y con las ilusiones promovidas en la clase trabajadora sobre la "gran transformación" que él iba a llevar a cabo desvaneciéndose, estas fuerzas fueron obligadas a realizar críticas ocasionales de su administración, mientras que al mismo tiempo reforzaron al gobierno promoviendo la ilusión de que Humala "podía aún cambiar".

El rol de los sindicatos ha sido particularmente servil. En cuestión de semanas de la victoria de Humala, el liderazgo de la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) organizó por la primera vez en décadas una marcha en Lima a favor del gobierno. En cada desarrollo de alguna crisis política y lucha social, el liderazgo de la confederación ha protejido a Humala con declaraciones explícitas de que no atacaba o culpaba al presidente en sí, sino a sus "ministros" y a otros funcionarios gubernamentales.

Pero la "estabilidad" que este rol servil y oportunista que la pseudo izquierda y los sindicatos ha engendrado tiene un carácter ilusorio. Durante su primer año en el poder, el gobierno de Humala confrontó la crisis de los llamados "conflictos sociales". En la provincia de Cajamarca, los pobladores se levantaron contra un mega-proyecto minero que drenaría a cuatro lagunas. Humala, ansioso por demostrar sus verdaderos colores al capital internacional y con la ayuda de Yanacocha -la propietaria del proyecto- desplegó al ejército y mantuvo a varios pueblos de la región bajo ley marcial en diferentes ocasiones. Un conflicto similar erupcionó en Espinar, Cuzco por la contaminación de la tierra del gigante minero Xstrata. Humala repitió el mismo patrón, imponiendo un "estado de emergencia" en el área junto con la ayuda de miles de policías.

Los dos levantamientos resultaron en la muerte de docenas de manifestantes y un colapso en el índice de aprobación del presidente. Sin embargo, los liderazgos de estas luchas se abstuvieron de entrar en una confrontación política directa con el presidente y sembraron ilusiones esta vez en el "ala radical" del gobierno, la cual, a su vez, dejó claro de que no había otra opción excepto "presionar" a Humala.

Recientemente, el gobierno está intentando confrontar similares conflictos de una manera diferente. El año pasado aprobó la llamada "Ley de Consulta Previa", en cumplimiento formal con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual estipula que las comunidades indígenas tienen el derecho de "decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, (...) y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural".

En los pueblos andinos de San Juan de Cañaris en Chiclayo y Quiruvilca en La Libertad, las corporaciones Candente Cooper y Barrick, respectivamente, se han visto obligadas a sentarse a dialogar sobre el daño ambiental con los líderes de las comunidades que temen los efectos de contaminación de la minería. Si el diálogo fracasa, aquellos que han dejado claro de que no quieren a los corporaciones en sus pueblos volverán a levantarse. En Cañaris, las confrontaciones ya han dejado dos muertos y un número de personas heridas.

Un reciente artículo en Gestión, el principal diario económico del país, muestra la insatisfacción del sector empresarial con el manejo del gobierno en los conflictos sociales, al cual un 87% califica como "deficiente" y menciona el malestar corporativo por "el exceso de tramitología [en las 'consultas previas'] que retrasa la inversión minera, petrolera y gasífera". "La consecuencia es que la inversión privada empiece a tener crecimientos menores", concluye el artículo.

El gobierno de Humala ha mostrado que está entendiendo el mensaje. Frente a una caída en los precios de metales y la desaceleración tanto de China como de Europa, el gobierno anunció la renuncia del requerimiento a la consulta previa en 14 proyectos de exploración minera.

El gobierno ha propuesto el ingenioso argumento que las comunidades quechua andinas, en dónde la mayoría de los proyectos mineros se encuentran, no son realmente "indígenas".

"En las tierras andinas hay principalmente comunidades agrarias… las comunidades indígenas están en su mayoría en la selva," anunció Humala en una reciente entrevista televisiva. Añadió conque el "espíritu de ley" es "dar voz a las comunidades que no tienen". Debido a que las comunidades andinas tienen una forma de funcionario, como un alcalde, él razonó, estas no necesitaban el derecho de ser consultadas antes de que sus tierras sean tomadas y explotadas por compañías mineras.

Jorge Merino, ministro de energía y minas de Humala, lo dijo más concisamente. "Tenemos que seguir siendo competitivos, de lo contrario veremos como las inversiones senvan a otra parte".

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