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Se preparan importantes ataques a las pensiones en España
Por Vicky Short
15 Julio 2013
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el autor
Este artículo apareció originalmente en inglés
en nuestro sitio el 26 de junio 2013.
Hace un mes, la Unión Europea (UE) concedió a España
un plazo de dos años para reducir su déficit fiscal
al objetivo del 3 por ciento del ingreso nacional (Producto Interno
Bruto) que exigen la UE, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. A cambio, fijo un plazo, que vence en septiembre,
para que el gobierno del derechista Partido Popular (PP) reforme
las jubilaciones .
De inmediato el gobierno, encaminado ya a la destrucción
del sistema público de pensiones de jubilación,
para privatizarlo; dio otro importante paso en esa dirección.
Decidió establecer un "Comité de Expertos"
de 12 personas. Estuvieron incluidos en el Comité el
Partido Socialista Obrero (PSOE) -de oposición- y las dos
principales federaciones sindicales: la Unión General de
Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.) Se le encargó
un informe sobre la "la sostenibilidad de las pensiones públicas
en España," informe que se publicó el 7 de
junio.
Sus recomendaciones principales son:
*Que las mensualidades sean revisados todos los años;
bajando o subiendo, no con la tasa de inflación como ahora,
sino con alzas y bajas de costos y ganancias de las inversiones
en manos de fondos privados.
*Que la mensualidad inicial sea disminuida en función
a expectativas de vida.
* Que se adelante la fecha para poner en efecto el aumento
de la edad de retiro de los 65 a los 67 años -y otros cambios
ya acordados en 2011 entre el anterior gobierno del PSOE y los
sindicatos.
Todos los principales periódicos españoles aprobaron
las recomendaciones del Comité.
Previo a que el Comité saliera con su informe, se publicaron
una serie estudios no oficiales de bancos y compañías
de seguros, que arguyen que el sistema actual de pensiones de
jubilación es insoportable; insisten que en el futuro la
gente ahorre en cuentas particulares y compre seguros privados.
Muchos de esos informes fueron escritos por personas detrás
del documento del Comité. A nadie le importa explicar de
donde sacarán obreros tercerizados, con trabajos casuales
mal pagados, recursos para invertir en pensiones, cuidado médico
y educación -ni mencionar el 55 por ciento de jóvenes
o el 27 por ciento de adultos sin empleo que ahora viven en la
pobreza.
Uno de esos estudios, del Instituto de Estudios Fiscales, órgano
autónomo del Ministerio de Hacienda, propone disminuir
la pensiones entre el 22 y el 45 por ciento.
De los 12 "sabios" que forman el Comité
de Expertos, 7 trabajan para compañías financieras
y de seguros, incluyendo Unespa, Mapfre, Aviva,
y BBVA. Otro de ellos, Víctor Pérez-Díaz,
enseña en la Universidad de Madrid; es un sociólogo
neo-liberal ligado con FAES (Fundación Para el Análisis
y los Estudios Sociales, centro de estudios del PP.) Por su parte
el PSOE, la UGT y las CC OO sirvieron en la Comisión
de hojas de parra en esta maniobra del PP.
Un borrador preliminar de este informe deja en claro que el
gobierno necesita sacar provecho de la crisis económica
para imponer sin más ni más las reformas de pensiones.
Considera que, dada las presentes incertidumbres, "el momento
es propicio para el acuerdo y el pacto alrededor de propuestas
razonables."
La participación y el apoyo público de Miguel
Ángel García, jefe del gabinete económico
de las CC. OO. a las recomendaciones del Comité junto
con la aprobación del presidente de las CC.OO., Ignacio
Fernández Toxo, provocó una crisis interna. La respuesta
inicial de Toxo a las quejas por parte de esos críticos
fue decir que se trataba de sólo un informe. Sin embargo,
cinco días después de aparecer éste, el cuerpo
ejecutivo de las CC OO fue forzado a salvar la cara declarando
su repudio.
La dirección de las Comisiones Obreras ahora sostiene
que fue un error haber aceptado la participación de uno
de sus miembros en esa comisión tan profundamente desequilibrada
(con tantas personas vinculadas al compañías de
seguro).
Sin embargo, en la misma declaración, el sindicato defendió
la actuación de García en el Comité por
ayudar a frenar cambios más extremos.
Por su parte, García, admite sólo haber logrado
posponer la fecha de implementación de las reformas, hasta
el 2019, diciendo que un cambio de esta envergadura requiere el
tiempo necesario para conocer en profundidad la reforma y evitar
incertidumbres en tiempos difíciles, admisión que
resume todos los esfuerzos de las CC. OO. para frenar "reformas
más extremas."
Esta es una farsa; en verdad las federaciones sindicales han
estado envueltas desde hace años en la destrucción
de las pensiones de jubilación y de la previsión
social, tanto bajo el gobierno del PSOE como bajo el del PP. El
mismo García y otros dirigentes sindicales ayudaron a negociar
el "Pacto de Toledo" en 1995 con el gobierno
del PSOE y con la patronal; basándose en un análisis
de los problemas estructurales de seguridad social y de las principales
reformas posibles, el Pacto hizo 15 recomendaciones para transformar
el sistema de pensiones.
Tanto el PSOE como los sindicatos conspiran con la burguesía
en la destrucción del sistema público de pensiones
de jubilación. Su fin es privatizar las pensiones para
que la cúpula capitalista de la sociedad acumule más
riquezas. No sólo la jubilación sería puesta
en manos particulares. Las empresas también demandan para
sí todos los programas de previsión social para
chupar cuanta ganancia puedan.
Los comentarios del Conde Henri de Castries, presidente y gerente
de la compañía de seguros transnacional AXA, y del
siniestro grupo de cúpula Bilderberg, ejemplifican el pensamiento
de los máximos gobernantes. Tengamos en cuenta que en 2012
este señor cobró 374,670 euros mensuales, unos 4.5
millones de euros anuales.
Entrevistado por el diario El País, dijo que los sistemas
de pensiones de jubilación, de la educación y previsión
de salud, son insostenibles. También se pronunció
a favor de abolir la edad de jubilación. La gente podría
retirarse o no según sus ahorros; sus ingresos dependerían
de cuanto hayan acumulado sus fondos particulares de jubilación
.
"El Estado debe ser capaz de desregular, delegar y dejar
de intervenir. Porque muchas veces, es como un oso en una tienda
de porcelana (...) el sistema actual de pensiones es insostenible...
¡La gente vive más de ochenta años! Cuando
los sistemas de pensiones fueron introducidos por Bismarck allá
en el siglo XIX, la expectativa de vida de los obreros era de
40 años y su edad de jubilación de 65 años.
Así que la mayoría de la gente se moría antes
de jubilarse. ¿Piensa alguien que esos mismos principios
pueden aplicarse hoy día? Tenemos a gente que se jubila
a los 60 y que vive hasta los 95 años. Yo no creo que sea
viable".
Toda persona que ha trabajado toda su vida y contribuido a
la sociedad tiene un derecho básico a un estilo de vida
decente en su vejez. Es más, la provisión de pensiones
no es una responsabilidad individual; es un derecho social . El
artículo 50 de la Constitución Española dice:
"Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad".
Las fuerzas derechistas en España, con toda la intención
de acabar con el derecho a una jubilación, fingen que el
problema tiene que ver con cambios demográficos; ese es
un pretexto de robo. Los trabajadores producen un valor social
que es más que suficiente para que todos tengan pensiones
decentes; ese valor es atesorado por una minúscula cúpula
social, fabulosamente adinerada, que ahora exige aún más
a costillas de todos los otros.
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