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El gobierno peruano aplasta disturbios en mercado de Lima
Por Armando Cruz
12 Noviembre 2012
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Cuatro muertos, más de 100 heridos y muchos más
detenidos fue el saldo de la represión de un disturbio
en La Parada -un viejo mercado mayorista en el distrito obrero
de La Victoria, ubicando en el centro Lima- por el gobierno del
presidente peruano Ollanta Humala y la alcaldía de la presunta
alcaldesa "izquierdista" Susana Villarán.
Por décadas, La Parada ha sido el principal mercado
mayorista de la capital. Conocido por su falta de medidas de precaución,
normas de salubridad y seguridad, la alcaldía de Villarán
decidió clausurar el mercado para siempre. Un nuevo mercado
ha sido construido en el distrito este de Santa Anita y más
de 200 vendedores ya se han mudado. Sin embargo, cientos de otros
se rehusaron a ir; ellos insistieron en que los alquileres en
el nuevo mercado eran demasiado altos y sus clientes no viajarían
hasta tan lejos.
Confrontada con esta resistencia, Villarán pidió
a la policía de que organizaran una operación de
represión.
El 25 de Octubre maquinaria pesada fue traída para colocar
murallas de concreto en frente de la entrada del mercado, provocando
el estallido de los disturbios. Alrededor de las 11 AM, estaciones
de televisión locales comenzaron a reportar una "batalla
campal" entre los trabajadores de La Parada y 500 policías.
Los manifestantes -la mayoría de ellos, jóvenes
y varones- se armaron con piedras y palos y no mostraron temor
ante la policía, la cual respondió con gases lacrimógenos
y ataques a caballo. Dos personas fueron baleadas por la policía;
casi un centenar adicional fue herido.
El nivel de la violencia y la tenacidad mostrada por los trabajadores
conmocionó a la clase dirigente de Lima y las secciones
más acomodadas, quienes estaban acostumbradas a ver esta
clase de violencia sólo cuando los denominados "conflictos
sociales" erupcionaban en áreas mineras lejos de la
capital. Como el diario El Comercio reportó: "Es perturbador
ver esta clase de protestas tan sólo a unas cuadras de
la sede del gobierno".
Prácticamente todos los partidos políticos -desde
la "izquierda" nominal hasta la extrema derecha- denunciaron
las protestas y alabaron la acción policíaca, mostrando
ninguna simpatía por los muertos y los heridos quienes,
ellos afirmaron, no eran nada más que "ladrones",
"matones" y "delincuentes" que habían
sido "contratados" por los vendedores para detener el
cierre del mercado.
La prensa en particular desempeñó un papel sucio
y vengativo. Esta se alineó detrás de la campaña
de calumnias de los políticos y repitieron sin ninguna
comprobación de que todos los manifestantes eran unos "criminales",
además de publicar fotos de sus rostros para que pudiesen
ser identificados por las autoridades. El Ministro de Interior
Wilfredo Pedraza incluso anunció la creación de
líneas telefónicas en los cuales cualquiera podría
llamar para informar a la policía del paradero de los manifestantes.
Aunque es cierto de que pandillas callejeras involucradas en
el hurto rápido y el tráfico de drogas paran por
La Parada, la campaña de los políticos y los medios
tenía como objetivo oscurecer un hecho más explosivo:
fue una protesta de la clase trabajadora por la defensa de trabajos
y sustentos de vida llevada a cabo por las secciones más
empobrecidas de la población capitalina.
Reportes conmovedores han emergido sobre la desesperación
de vendedores y trabajadores que perderían sus sustentos
de vida si es que fuesen desalojados de La Parada. Ellos se han
quejado de que a pesar de bajar los precios de los productos que
venden -mayormente carne y vegetales- pocos consumidores ahora
vienen al mercado. José Gallo, abogado de los comerciantes
del mercado, declaró que denunciaría al estado por
"abuso de autoridad" por el desalojo forzado. Los vendedores
han amenazado con irse a la huelga.
Incluso aquellos que pudieron pagar el alquiler en el nuevo
mercado han denunciado que las autoridades los engañaron
y que cuando llegaron con sus productos no había ningún
espacio para ellos en el nuevo mercado. Más de 3,000 trabajadores
manuales -carretilleros y estibadores- se mostraron a la entrada
del nuevo mercado protestando por el hecho de que la alcaldesa
les había prometido que conservarían sus trabajos.
El día de la erupción de los disturbios coincidió
con el anunció del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
de que su presidencia había aprobado una campaña
de revocación de la alcaldesa Villarán.
La figura política detrás de la campaña
de revocación es Marco Tulio, un aliado del ex alcalde
de Lima y candidato presidencial Luis Castañeda, y miembro
de su partido político de derecha Solidaridad Nacional.
A pesar de que el concepto de revocatoria sólo se aplica
cuando una autoridad local ha cometido "un grave caso de
corrupción" (algo que Villarán no ha hecho)
Tulio ha declarado que su campaña tiene como objetivo botar
a la alcaldesa por su administración "incompetente
e ineficaz". La campaña le ha costado a Tulio un millón
de soles, cuya fuente se ha rehusado a divulgar. Otras figuras
de derecha apoyan la revocatoria porque no pueden tolerar ver
a una "socialista de izquierda" en el que es considerado
como el segundo puesto más importante en el país
después de la presidencia.
De manera reveladora, la campaña de revocatoria fue
lanzada poco después de que la administración Villarán
anunciara de que iba a investigar un escándalo de corrupción
que involucraba a la administración de Castañeda,
el aliado de Tulio. Han surgido reportes sobre procedimientos
sospechosos y fraudulentos en la recolección de firmas
para la revocatoria, y para muchos limeños está
claro de que el mismo Castañeda es quién está
detrás de todo.
En cuanto a Villarán, a pesar de la evidencia de corrupción
y fraude en la campaña, en ningún punto la "alcaldesa
reformista" buscó montar una lucha contra Tulio y
Castañeda y exponer sus verdaderos motivos. Sú unico
intento de defensa fue pedir al JNE de que investigara la recolección
de firmas.
Elegida en el 2010 como expresión de disgusto y rechazo
popular a los políticos tradicionales, Villarán
se ha movido sostenidamente hacia la derecha y su administración
ha mantenido las garras del gran capital sobre la ciudad. Su evolución,
sin embargo, no es asunto de sus políticas personales,
sino reflejo de una generación entera de políticos
de "izquierda" quienes han hecho las paces con el dominio
burgués.
Después de haber sido criticada por insuficiente represión
en el primer disturbio, la alcaldesa decidió probar de
que se podía confiar en ella para restaurar el "orden".
El sábado 27 de Octubre, 5,000 policías (en uniformes
y en ropa civil) marcharon hacia las puertas de La Parada para
instalar bloques de concretos adicionales. Esta vez estaban armados
con armas y municiones de verdad y protegidos por camiones de
policías. El saldo fue otros dos muertos y más de
100 heridos.
Los políticos y la prensa una vez más alabaron
la acción policíaca. Villarán declaró
de que una vez que el mercado estuviese completamente vació,
su espació sería usado para una masiva estación
policial. El Ministro de Interior declaró de que las "lecciones
habían sido aprendidas" y de que la policía
iba a "iniciar un programa de entrenamiento con personal
de otros países".
Al día siguiente, la policía arrestó a
102 personas que supuestamente estaban conectadas de una u otra
manera con las protestas. Muchos de ellos en frente de sus familias
fueron arrastrados de sus casas e inmediatamente enviados a prisión,
en donde aguardarán el juicio. De acuerdo a las autoridades,
sus sentencias serán "drásticas".
Nada puede ilustrar más gráficamente la incapacidad
de la clase dirigente peruana en resolver los problemas más
urgentes de la sociedad que la represión en La Parada.
Esta responde con medidas militares y policíacas a conflictos
que surgen de problemas socio-económicos cuyas raíces
yacen en el corazón del capitalismo mismo: la pobreza,
la falta de empleos y la inhabilidad de usar los amplios recursos
de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas (incluyendo
aquel del desarrollo urbano racional). Estos son problemas que
nunca se resolverán eligiendo a éste o a aquél
"rostro nuevo", sino solamente a través de la
construcción de un partido revolucionario e internacionalista
de la clase trabajadora que luche por el socialismo.
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