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La policía ataca a estudiantes manifestantes en México

Por Rafael Azul
3 Mayo 2012

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 1ro. de mmayo.

Cientos de policías en Morelia, México, atacaron a estudiantes que exigían más recursos para la educación, inclusive subvenciones para la transportación, los alimentos y el combustible. La policía ocupó tres casas del estudiante y atacó a los manifestantes brutalmente.

La ofensiva policial tiene su origen en los ataques sistemáticos contra los derechos de la clase trabajadora y los estudiantes rurales a la educación.

La organización que organizó las manifestaciones, Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), había hecho una demanda adicional: 18 camionetas con las cuales llegar a estudiantes rurales en Michoacán y los estados vecinos.

Como parte de la protesta, los estudiantes erigieron barricadas en lo que se conoce como el Centro Histórico de Morelia, ciudad aproximadamente 150 millas de la Ciudad de México. Morelia es la capital de Michoacán y un popular destino turístico.

Durante los últimos años, peticiones similares por parte de los estudiantes michoacanos habían sido aceptadas. Pero ahora las autoridades estatales se negaron a hacer concesiones, prendiendo así la mecha que desató el conflicto. Además de erigir barricadas en el Distrito Histórico, militantes de CUL han sido acusados de manejar sin permiso una docena de vehículos estatales y municipales.

Funcionarios del gobierno también alegan que recibieron una nota que amenazaba con quemar todos los vehículos a menos que el gobierno cediera a las demandas por las camionetas. Según los funcionarios, esa fue la razón por la cual la administración del estado terminó las negociaciones con CUL y movilizó a la policía estatal cuando uno de los vehículos estalló en llamas.

Pocos minutos después de las 4 a.m. del sábado, se lanzo un ataque coordinado contra los residentes que vivían en dos casas, las cuales ofrecen cuarto y comida a los estudiantes pobres. Doscientos policías estatales, equipados para aplastar disturbios, atacaron la Casa Nicolaita. Otro ataque fue lanzado contra la Casa 2 de Octubre. Ambas residencias están ubicadas en las cercanías del Distrito Histórico.

Mientras la policía del estado invadía las residencias de los estudiantes, la policía federal rodeaba otras casas para prevenir que sus residentes salieran a asistir a sus amigos estudiantiles.

Para las 6 a.m., la policía había vaciado ambas residencias y arrestado a 194 estudiantes. Entre los arrestados se encontraban dirigentes de CUL y del Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR).

Luego esa mañana, estudiantes de la Casa Lucío Cabañas erigieron barricadas de una banqueta a otra en una de las avenidas principales. Exigieron que sus camaradas fueran puestos en libertad. La policía atacó a los manifestantes y también invadió su residencia, presuntamente para apagar un colchón que se quemaba. Diez estudiantes fueron arrestados en el incidente.

Michoacán cuenta con 36 casas que ofrecen vivienda subvencionada para más de 5,000 estudiantes empobrecidos—muchos provenientes de otros estados mexicanos—que asisten al campus de la Universidad Michoacana de San Andrés de Hidalgo (UMSNH), institución pública del estado situada en Morelia.

En México, la ¨Autonomía y la Soberanía de la Universidad¨, sancionada por la constitución y consagrada por la ley, restringe la capacidad de la policía para funcionar dentro de la universidad. No obstante, la policía y las fuerzas de seguridad con frecuencia han violado estas reglas con impunidad.

Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, negó que le agresión policiaca contra las casas del estudiante había violado la autonomía de la universidad. “Hemos actuado conforme a derecho”, declaró. Afirmó que estudiantes que habían participado en las manifestaciones y que provenían de otros estados abusaban de la hospitalidad de Michoacán. Convocó a que se establecieran reglamentos estrictos para quien debiera vivir en las casas del estudiante.

Efectivamente revocando el principio que uno es inocente hasta ser comprobado culpable, el gobierno de Vallejo ha declarado que los estudiantes serian puestos en libertad a medida que su inocencia se evidenciaba. Quince estudiantes fueron puestos en libertad el domingo.

El gobierno de Vallejo Figueroa también insiste en que nadie ha muerto a causa de las actividades de los oficiales, que pocos fueron heridos y que todos los estudiantes están ubicados y a salvo.

Este domingo pasado, un informe de prensa proveniente de una coalición de estudiantes, escuelas de docencia y organizaciones políticas pusieron en tela de juicio esta versión del gobierno. Según el documento, además de los 200 estudiantes que fueron arrestados, 300 han desaparecido. Seis fueron heridos gravemente y uno cayó muerto.

El informe de prensa declara que “Esta es la forma de gobernar del gobierno ‘conciliador' de Fausto Vallejo, ni más ni menos que el dialogo de las balas y el tolete ante las demandas del movimiento popular estudiantil, la represión, la vejación, el desalojo, la desaparición forzada, el asesinato”.

Los estudiantes acusaron a las fuerzas de seguridad que invadieron las residencias estudiantiles de saquear las recámaras, destruir la propiedad de los estudiantes y robar sus bienes.

El sábado por la tarde, aproximadamente 60 estudiantes de otras casas y sus partidarios, inclusive miembros del sindicato de maestros, el Comité Nacional de Trabajadores de educación (CNTE), se manifestaron ante la Casa del Gobierno de Morelia. Varias consignas aludieron al 2 de octubre, 1968, cuando sucedió la Masacre de Tatlelolco en la Ciudad de México. Ahí las fuerzas de seguridad acribillaron a balazos a cientos de cientos de estudiantes.

El domingo, 250 mujeres estudiantes marcharon por el centro comercial de Morelia para exigir que los estudiantes encarcelados fueran puestos en libertad y se revelara todos los que han desaparecido, sido heridos, o muerto.

Un segundo informe de prensa, éste emitido por la CUL, negó que los estudiantes habían quemado carros. La declaración acusó a provocadores del gobierno de haber quemado los carros.

De acuerdo a CUL, la cantidad de los arrestados y los que han desaparecidos llega a 900.

El incidente ha provocado el pretexto de arrasar con el derecho de la juventud a una educación universitaria.

Las autoridades gubernamentales y universitarias culpan a los estudiantes de aprovecharse de una educación pagada por los contribuyentes de impuestos. Esto es intento transparente para desacreditar a los estudiantes. La clase política mexicana entera ahora cierra fila en contra de los estudiantes, sobre todo aquellos de origen obrero o campesino.

El presidente de la UMSNH, Salvador Jara, cuestionó si los que fueron arrestados eran estudiantes matriculados en la institución. Sin ofrecer ningún dato concreto, el mandatario de la universidad declaró que las casas del estudiante se encontraban viviendo ex estudiantes que ya no asistían e la universidad.

Fue entonces que Jara hizo una declaración aparentemente absurda: que los estudiantes buscaban la manera de aprovecharse de su pobreza para conseguirse las suyas. Jara declaró que desde ahora en adelante la universidad sólo ayudaría a esos estudiantes que verdaderamente quieren estudiar, lo que efectivamente hace a la pobreza equivalente a no querer estudiar.

Según Jara, la UMSNH gastó 140 millones de pesos (equivalente a $10.8 millones) en 2011—lo que representa una baja de los 170 millones en 2010—para mantener las 36 residencias estudiantiles.

Jara trató de pintar a esta cifra como si fuera considerable, pero en realidad ésta sólo representa un promedio de $US2.160 al año por cada residente estudiantil, lo cual es una cantidad mísera aún cuando se le compara a las mismas normas mexicanas. El 30 por ciento de los 50,000 estudiantes de la UMSNH provienen de Oaxaca y del estado de México; una cantidad desproporcionada termina viviendo en las casas del estudiante.

La clase dirigente política de Michoacán, inclusive figuras destacadas del “izquierdista” Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (RI) y el Partido de Acción Nacional (PAN), apoyó al gobernador

Victor Báez, dirigente del PRD, convocó a un mejor diálogo, pero dejó bien claro que la “tranquilidad social” venía primero.

El candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador [AMLO] ignoró el problema durante su conferencia de prensa matutina de los domingos.

Antonio Guzmán, del PRI, también convocó el diálogo, pero insistió que no se podía llegar a ningún acuerdo bajo presión.

Héctor Gómez, del PAN, enfatizó el derecho de manifestar, siempre que los carros no se estropearan y en las calles no se erigieran barricadas. El PAN dio su aprobación a el restablecimiento del orden.

Las casas del estudiante constituyen una institución mejicana única, consecuencia de la Revolución Mexicana (1910-1917). Los regímenes post revolucionarios, ante el doble problema de mejorar los niveles del analfabetismo y crear la estabilidad política, hicieron concesiones al campesinado y a la clase trabajadora en cuanto a la educación. Las casas fueron creadas para alojar a estudiantes rurales y urbanos empobrecidos y les facilitaron acceso a la educación universitaria, a escuelas de formación técnica y a universidades para la capacitación de maestros.

Cada casa elige a sus propios líderes. Las tres residencias que la policía estatal ocupó apoyaron a CUL, que fue establecida en 1982 por una coalición de populistas radicales, estalinistas, partidarios de Fidel Castro, ex trotskistas y otras organizaciones nacionalistas pequeño-burgueses.

La existencia de las casas del estudiante es sujeta a la ideología del libre mercado que ha predominado en México desde a finales de la década de los 1980 e impregnado a todos los partidos políticos. La ola de privatizaciones y contra-reformas vinculadas al Presidente Salinas [1988 - 1994] trató de ejercer presión para subordinar la educación universitaria a las necesidades empresariales.

A fin de cuentas, las universidades han de de cesar su papel como proveedores de asistencia y oportunidades a la clase trabajadora y los campesinos, asumir un papel que más concuerde con las necesidades de las empresas transnacionales y las instituciones financieras mundiales e imponer el peso del costo de la educación universitaria sobre los estudiantes y sus familias.

Los trabajadores y estudiantes mexicanos y estadounidenses tienen que repudiar el asalto contra los estudiantes, exigir que todos los que fueron arrestados durante el fin de semana sean puestos en libertad y defender el derecho a una buena educación para todos.

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