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Mexicanos votarán por presidente en medio de una catástrofe
social
Por Rafael Azul
1 Mayo 2012
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Las elecciones del 1ro de julio en México tendrán
lugar en medio de una crisis social histórica.
Las estadísticas son lúgubres. Desde que el Presidente
Felipe Calderón tomara las riendas del poder en 2006, aproximadamente
50.000 mexicanos han muerto a manos de las bandas de narcotraficante;
10.000 han sido desplazados internamente por la misma violencia;
y otro cinco millones se han sido forzados a huir a Estados Unidos,
España y otros países.
La "guerra" contra las bandas de narcotraficantes
ahora consume una porción creciente del presupuesto general,
el costo de la cual recae sobre la población. Los grandes
negocios exigen que el nuevo presidente imponga reducciones presupuestales
y aumento de las rentas internas haciendo más intolerable
las vidas de los trabajadores y campesinos.
Ya 28 millones de mexicanos, o sea, un cuarto de los 112 millones
que habitan al país, sufren de malnutrición. Seis
millones viven en la pobreza paupérrima, y varias partes
del país sufren del hambre.
Casi 3 millones de una fuerza laboral de 45 millones están
oficialmente desempleados. Otros 6 millones de desempleados no
figuran en las estadísticas oficiales acerca del desempleo.
El déficit anual de empleos—la brecha en la cantidad
de empleos necesarios para mantener los niveles de empleo al día
—ha aumentado de 500.000 a 800.000.
Para los que tienen empleo, tres décadas de caída
en los de niveles de vida han dejado a muchos en una gran pobreza.
Oficialmente, los salarios reales han disminuido en un 42 por
ciento desde el 2006.
La semana pasada, Andrés Hervis Mayoral, dirigente de
la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTG) puntualizó
que en la década de los 1980, el presupuesto básico
para los alimentos de una familia de cinco era 80 pesos al día;
hoy, los mismos alimentos cuestan 200 pesos. Esto representa una
baja del poder adquisitivo en un 80 o 90 por ciento. En lugar
de pagar a los trabajadores por siete días como lo exige
la ley mexicana, muchos patronos ahora exigen que sólo
se paguen seis días, lo que afectivamente representa una
reducción salarial del 14 por ciento.
El calentamiento global y la sequía han intensificado
la crisis agrícola, lo que ha resultado en que los alimentos
en ciertas zonas rurales del la región norte de México
sean inasequibles. Sólo en el 2011, se perdieron 600.000
toneladas de maíz y frijoles debido a la catástrofe
ambiental. Además, se murieron miles de vacas y pollos.
Los campesinos víctimas del hambre se vieron forzados a
consumir las reservas de sus siembras y no podrán plantar
sus cosechas sin una ayuda enorme del gobierno.
La especulación financiera sobre el maíz ha multiplicado
el impacto de la crisis, lo que aumentado el precio de las tortillas,
alimento básico de la dieta mexicana.
La indiferencia del gobierno hacia los sectores más
pobres de la población se hizo evidente en la manera que
éste reaccionó al terremoto del 20 de marzo en el
estado sudoeste de Oaxaca, el cual causó daños y
destruyó las casuchas de paja y adobe de 40.000 personas,
muchos de los cuales todavía duermen en las calles.
El crecimiento económico es desastroso: 0.8 por ciento
per cápita, el cual ha b eneficiado a solo las capas
más acomodadas de la población mientras la vasta
mayoría sufren un enorme deterioro de sus niveles de vida.
Según todos los criterios económicos, México
se está atrasando.
La clase trabajadora ha entrado en lucha contra estas circunstancias
durante todos los años que Calderón ha sido mandatario,
así como lo hizo durante el gobierno de su predecesor,
Vicente Fox. Desde Oaxaca hasta Cananea, mineros, maestros trabajadores
de las aerolíneas y de los servicios públicos han
llevado a cabo huelgas y grandes manifestaciones en las que se
vieron cara a cara con la policía y las fuerzas militares,
pero una y otra vez fueron traicionados por la CTM con sus inclinaciones
capitalistas y otras federaciones sindicalistas.
La "guerra contra las drogas" se ha convertido en
una guerra sucia cuyo blanco es la clase trabajadora mexicana
y los campesinos. La movilización de las fuerzas armadas
en nombre de la lucha contra los carteles de narcotráfico,
que comenzara en 2007, ha resultado en un enorme aumento de las
desapariciones y muertes de civiles, y la tortura, las violaciones
sexuales y la represión a manos del ejército y la
policía nacional.
Por otro lado, los estragos causados por los carteles del narcotráfico
han acrecentado. En las ciudades principales como Guadalajara
y Monterrey, las pandillas han erguido barricadas en las carreteras
y montado ataques terroristas. Los carteles criminales intervienen
abiertamente y sin impunidad para bloquear la candidatura de toda
persona que no les plazca. Ahora surge una división de
labores entre las pandillas de narcotráfico por una parte
y las fuerzas militares y de seguridad del estado por otras labores
dirigidas contra la clase trabajadora y el campesinado.
Estados Unidos y Europa, sobre todo España, ahora le
prestan bastante atención a los comicios venideros. En
marzo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, visitó
México y charló con los tres candidatos principales:
Josefina Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional
(PAN), ahora en el poder; Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Andrés López
Obrador, del Partido de la Revolución Institucional (PRD).
Biden transmitió el siguiente mensaje del gobierno de
Obama: México debe continuar con la guerra contra las drogas.
Cuando la visita terminó, reportó que todos los
candidatos le habían asegurado que la política del
momento seguiría igual.
El precio de esta política ha conducido a una verdadera
ruina. Además de las muertes y los trastornos sociales
durante los últimos seis años, se han gastado 11
mil millones de pesos en armas y municiones. Más de 4 mil
millones se gastaron sólo el año pasado. Esta cifra
representa 2,6 veces lo que el gobierno gasta en alimentos para
los pobres, según un informe este mes en Contralínea,
revista mexicana de investigaciones.
La mayor parte de este dinero se ha destinado a mercaderes
de armas transnacionales. Por su parte, las pandillas criminales,
reciben armas automáticas, vehículos y municiones
del otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos.
Significa que las empresas están armando a ambos bandos.
Un artículo anterior en la misma revista reportó
que México representa entre el 10 y el 30 por ciento de
las ganancias globales de los fabricantes transnacionales de armas,
tales como Boeing, BAE Systems, EADS, General Dynamics y Honeywell.
Estos y otros mercaderes de armas son financiados por instituciones
bancarias internacionales que funcionan en México, lo más
probable dirigiendo el dinero "lavado", proveniente
de las drogas y otras actividades delictivas, a las empresas de
armas. Así se completa el círculo vicioso.
A pesar de repetidas peticiones del Presidente Calderón,
Obama, Presidente de Estados Unidos, cuyo gobierno ha deportado
cientos de miles de inmigrantes mexicanos, ha mostrado muy poco
interés en parar el diluvio de armas a México. Aproximadamente
el 90 por ciento de las armas confiscadas a los carteles en México
tiene su origen en los Estados Unidos.
Los sindicales se han integrado completamente a la economía
global. De acuerdo a un estudio académico de Chile, las
instituciones financieras de Estados Unidos anualmente controlan
entre US$8 mil millones a US$25 mil millones de los carteles.
Además de participar directamente en actividades lícitas,
ilícitas y semi ilícitas a través de todo
el mundo—desde el tráfico de seres humanos, casinos
y fábricas de juguetes—los carteles orientan sus fondos
por medio de los bancos, fondos de inversión ("hedge
funds") y mercados de capitales a los gobiernos y las empresas
en Estados Unidos, Europa y doquier.
La reacción de todas las fuerzas políticas en
las venideras elecciones a esta catástrofe social es proponer
la continuación de la desmantelamiento de los programas
sociales y los derechos de la clase trabajadora, el aumento de
impuestos a los mexicanos más pobres y más concesiones
a las grandes empresas, sobre todo a los bancos. El clerical Partido
de Acción Nacional (PAN), que ahora controla el gobierno
y el más secular pero burgués nacionalista Partido
Revolucionario Institucional (PRI) comparten, para todo efecto,
el mismo programa en consonancia con la coalición legislativa
entre el PAN y el PRI durante la presidencia de Calderón.
Pronunciando un discurso en Veracruz el 4 de abril, Peña
Nieto, candidato del PRI, dejó bien claro su apoyo a la
ocupación que continúa en Veracruz y otros estados
mexicanos por parte del ejército mexicano. Si sale elegido,
tienen a intención de añadir una fuerza paramilitar
400.000 (similar a la infame Guardia Civil de España),
a la mezcolanza actual de agencias policíacas, y fuerzas
de seguridad y militares que ahora se desplazan en esta extraordinaria
guerra. Por su parte, Vázquez Mota, del PAN, propone aumentar
la policía nacional a 150,000.
El PRI y el PAN favorecen la privatización de Pemex,
empresa petrolífera del estado, junto con todas las otras
empresas estatales. Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza
(PANAL), el cual está controlado por el sindicato de los
maestros (SNTE), también apoya esta política.
Los tres candidatos favorecen medidas que, en nombre de darle
flexibilidad a la clase trabajadora, eliminarían casi todo
obstáculo a la despedida de trabajadores y limitarían
el derecho a la huelga. Una "reforma" laboral que hoy
se debate en la legislatura nacional también incluye la
reducción del seguro social y los beneficios médicos
y bajar de categoría las pensiones de los trabajadores
gubernamentales.
Andrés Manuel Obrador (conocido en la prensa como AMLO),
del PRD, es ex alcalde de la Ciudad de México. En 2006,
AMLO perdió las elecciones a la presidencia por menos de
1 por ciento del voto total.
Ha tratado de distanciarse de los otros candidatos con la demagogia.
Ha llamado por un aumento del salario mínimo y ha prometido
crear 1,2 millones de empleos anualmente y ofrecerle a la juventud
oportunidades educacionales y de empleo. También ha prometido
conducir la guerra contra las drogas de manera diferente. Recientemente
ha llamado a un referendo nacional sobre la legalización
de las drogas.
En 2006, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), poderosa
y reaccionaria organización cabildera de las empresas,
y COPARMEX, asociación de jefes ejecutivos mexicanos, se
opusieron acérrimamente a AMLO y sacaron anuncios que lo
llamaban "un peligro para México" y lo comparaban
a Fidel castro y Hugo Chávez. En esa campaña, López
Obrador se presentó a sí mismo como enemigo de la
influencia empresarial, y criticó severamente al CCE y
a COPARMEX como "mafias poderosas".
Una nueva relación se ha establecido seis años
después. No sólo se han reunido el CCE y COPARMEX
con él y pedido su apoyo a sus programas legislativos,
sino que el candidato mismo ha acogido a un grupo llamado "¡Despierta
México!", compuesto de dirigentes empresariales de
la ciudad industrial de Monterrey.
Ha dado indicios de que está dispuesto a negociar una
agenda, basada en el libre mercado, cuyo objetivo es la destrucción
de las noemas de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores
mexicanos. Las diferencias entre el PRD, el PAN y el PRI son fundamentalmente
tácticas.
La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores
(OPT), arma política del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), apoya al PRD. Al OPT, a su vez, lo apoya cierta cantidad
de organizaciones pseudo izquierdistas, tales como el Partido
Popular Socialista (PPS) y el Partido revolucionario de los Trabajadores
(PRT).
El OPT usa una retorica revolucionaria y anti imperialista
para cubrir su alianza oportunista con AMLO y el PTD. Presenta
su apoyo al PRD como un paso adelante hacia el establecimiento
de lo que llama un "Bloque Popular/Frente Nacional"
que unirá a las "fuerzas progresistas liberales y
socialistas" en contra del "enemigo principal":
el imperialismo y el neo liberalismo.
La historia ha mostrado que alianzas, frentes y bloques de
semejante índole representan una trampa para la clase trabajadora
y terminan en traiciones y derrotas. El hecho es que OPT provee
una cubierta para el movimiento del PRD hacia la derecha, detrás
del cual las fuerzas de la reacción preparan enormes ataques
contra la clase trabajadora y el campesinado.
La negativa de las fuerzas "izquierdistas" mencionadas
arriba para luchar por un movimiento de la clase trabajadora verdaderamente
socialista e internacionalista ahora impulsa la propuesta de cierto
sector de estudiantes, jóvenes y trabajadores de votar
en blanco el 1ro. de julio. El poeta Javier Sicilia, cuyo hijo
fue víctima de la guerra contra las drogas y quien ha organizado
marchas de protesta contra Calderón, apoya la campaña
de "vota en blanco". Otros grupos libremente organizados
campaña en los medios sociales y más o menos siguen
esta misma política.
A pesar de la confusión que existe entre ellos, estas
fuerzas reflejan la creciente frustración e ira con la
élite política de México.
No obstante, no se puede acabar don la guerra contra las drogas,
el desempleo y la pobreza por medio de manifestaciones. Lo que
se requiere es un partido político que exprese los intereses
de la clase trabajadora y luche por la creación de una
economía planificada bajo el control democrático
de la clase trabajadora que favorece las necesidades, no las ganancias
privadas. Este programa socialista incluye la nacionalización
de los bancos y las empresas para transformarlos en servicios
públicos.
El corazón de esta lucha es la unificación de
la clase trabajadora internacional de México, Norte y Sudamérica
en lucha común para establecer un gobierno de trabajadores
y el socialismo.
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