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Hondureños exigen retiro de EE.UU. por muerte de civiles
Por Bill Van Auken
29 Mayo 2012
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El asesinato de por lo menos cuatro hondureños, incluyendo
a dos mujeres embarazadas, en un ataque de un helicóptero
estadounidense el 11 de mayo ha desatado furiosas protestas en
Costa de Mosquitos, región remota del noreste hondureño.
El ataque ocurrió en una operación anti-drogas
bajo la dirección de comandos estadounidenses trabajando
como parte de un equipo de la Administración de Cumplimiento
de Leyes sobre las Drogas (DEA, siglas en inglés) que había
sido desplegado en la región. La DEA en Washington reconoció
el miércoles que sus agentes armados estaban en el helicóptero
cuando éste destrozó a tiros un bote en el río
Patuca en el noreste, matando a dos hombres y dos mujeres.
El alcalde del pueblo cercano de Ahuas, Lucio Vaquedano, declaró
a Associated Press en una entrevista telefónica que "aldeanos
inocentes que no tenían nada que ver con el problema de
las drogas estaban viajando en el bote como parte de su actividad
diaria de pesquería... y fueron acribillados desde el aire".
Se informó que aquellos que fueron asesinados estaban buceando
para encontrar langostas y otras comidas marinas durante el ataque.
Residentes de la region quemaron edificios gubernamentales
a raíz del ataque y exigieron que el personal estadounidense,
incluyendo las tropas de operaciones especiales y los agentes
de la DEA estadounidenses, se retiren.
"Aquellos que estaban en el bote eran pescadores, no traficantes
de drogas", decía una declaración emitida por
líderes del grupo indígena local Miskito que pueblan
el área. "Por siglos hemos sido un pueblo pacífico
que ha vivido en harmonía con la naturaleza, pero ahora
declaramos que esos estadounidenses son personas non grata en
nuestro territorio".
El Washington Post citó a Seren Trapp, prima de Candelaria
Trapp, una de las mujeres asesinadas, quién la describió
como madre soltera de seis hijos. "El bote estaba transportando
gente y algo de cargo. Ellos estaban viniendo al pueblo para pasar
el Día de las Madres", declaró. En una entrevista
telefónica, ella insistió con que "ninguno
de ellos eran contrabandistas".
Oficiales estadounidenses y hondureños declararon que
el incidente tomó lugar durante una operación de
decomiso de drogas montada después de que un avión
militar de vigilancia de EE.UU. detectará un vuelo ilícito
en el territorio. Las fuerzas hondureñas respondieron en
tierra respaldadas por cuatro helicópteros estadounidenses.
Afirmaron que los únicos muertos fueron dos narcotraficantes
que habían disparado a uno de los helicópteros.
Oficiales estadounidenses han confirmado que los agentes de
la DEA estadounidense estaban en el helicóptero que acribilló
al bote, pero aseguraron que ellos no dispararon sus armas en
el ataque. No obstante, esto no mitiga para nada la responsabilidad
de Washington en las muertes ya que el helicóptero mismo
era un avión estadounidense y su equipo estaba compuesto
de contratistas guatemaltecos contratados por el gobierno estadounidense.
La incursión fue lanzada a partir de espionaje ofrecido
por fuerzas estadounidenses y no cabe duda de que en tales actividades
el personal estadounidense es quién da las órdenes
de disparo.
Un funcionario estadounidense que habló con el Washington
Post declaró que una vídeocinta de vigilancia mostraba
a una gran cantidad de personas descargando un avión de
drogas, lo que demostraba que "varios miembros de la empobrecida
comunidad de Ahuas estaban involucrados en tráfico de drogas".
"No hay nada en la aldea que fuese desconocido, o una
sorpresa o un misterio sobre esto", el oficial declaró.
"Lo que ocurrió fue que, por la primera vez en la
historia de Ahuas, el orden público hondureño interfirió
con el contrabando de narcóticos".
Esta insinuación de culpa colectiva a una aldea entera
en la que habitan 1,500 personas es una justificación obvia
de las muertes que ocurrieron en la operación orquestada
por EE.UU.
Sin embargo, Vaquedano, el alcalde de la aldea, explicó
que había dos botes en el río aquella noche; aquél
de los contrabandistas de drogas, el cual iba río abajo
y sin luz y aquel de los dos hombres y dos mujeres, el cual andaba
con sus luces prendidas. "Primero los narcos abrieron fuego
y luego los helicópteros de la DEA, mientras buscaban la
zona, dispararon con sus armas al bote de los civiles, quizá
pensando que ellos eran los narcos".
El sangriento incidente ha llamado la atención a la
militarizada guerra contra las drogas que se ejerce en Honduras
bajo la dirección del personal de la DEA y el ejército
estadounidense.
Menos de una semana antes de los asesinatos en el río
Patuca, el New York Times publicó un artículo titulado,
"Hacia el funcionamiento de la base de Morocón, Honduras",
el cual reporta que "el ejército de Estados Unidos
ha aprendido lecciones de los conflictos de la última década
que ahora aplica a la guerra contra las drogas que se está
librando en la jungla del territorio de los indios miskitos..."
El Times informa que Mocoron era una de las "bases operacionales
que funcionen" establecidas por el ejército estadounidense;
basándose en "lecciones aprendidas en una década
de contrainsurgencia en Afganistán e Irak, donde las tropas
se mudaban de bases gigantes a puestos de avanzada dispersos por
regiones remotas y hostiles para así poder hacerle frente
a insurgentes".
Honduras ya era el lugar del más grande despliegue del
ejército estadounidense en Latino América: Joint
Force Bravo, que consiste de 600 tropas con sede central en la
base aérea de Soto Cano, comúnmente conocida como
Palmerola.
Honduras es una de los dos países latinoamericanas que
han visto un aumento del gasto militar estadounidense en los dos
últimos años. El otro es México, donde Washington,
bajo la Iniciativa Mérida del 2008, se ha comprometido
a proveer armas, entrenamiento y consejeros para llevar a cabo
la guerra militarizada contra las drogas en México, la
cual ha cobrado más de 50,000 vidas durante los últimos
5 años.
Además de expandir la base principal en Soto Cano y
establecer hasta tres "bases operacionales que funcionen"
en Morocón, Naco y Aguacate, el Pentágono también
se prepara para establecer una importante estación de radares
en el noreste hondureño, supuestamente para rastrear aviones
de drogas.
Previamente, el ejército estadounidense poseía
una base de radares en el país durante la década
de los ochenta, cuando Honduras sirvió como la base de
operaciones para la guerra de los "contras" dirigida
por la CIA contra Nicaragua, además de llevar a cabo operaciones
de contra-insurgencia en El Salvador. Ambas en conjunto cobraron
la vida de decenas de miles de centroamericanos.
De acuerdo a cifras compiladas por el grupo pacifista Fellowship
for Reconcilitation, en el año fiscal del 2011 el Pentágono
aumentó sus gastos en contratos militares en un 71 por
ciento en comparación al año pasado, alcanzando
una cifra que llegaba a los $54 millones.
Esta presencia cada vez mayor del ejército estadounidense
se une al papel indispensable del gobierno de Obama juega para
sostener al régimen que tomara el poder en Julio, 2009,
con el derrocamiento militar del presidente electo de Honduras,
Manuel Zelaya y su forzado exilio del país. Washington
negoció el pacto que llevó a las elecciones bajo
los auspicios del régimen del golpe y que llevó
al presidente derechista. Porfirio Lobo, al poder. Los que organizaron
el golpe y posteriormente llevaron a cabo matanzas, torturas y
miles de detenciones ilegales, disfrutan de impunidad total, mientras
que los ataques a los derechos sociales y democráticos
continúan sin cesar.
Desde que Lobo tomara las riendas del poder, 23 periodistas
hondureños han sido asesinados, el último siendo
Alfredo Villatoro, director de noticias de HRN, una de las principales
estaciones de radio del país. Su cadáver fue encontrado
después de haber sido secuestrado el 9 de mayo. Fue el
segundo asesinato de un periodista tan sólo en los últimos
11 días. La ola de violencia desatada contra campesinos,
trabajadores activistas políticos y defensores de derechos
humanos después del golpe también ha continuado.
El gobierno derechista y represivo defiende los intereses de
una oligarquía de financieros, industrialistas y grandes
terratenientes junto con los de empresas multinacionales, contra
una población empobrecida y descontenta. Honduras es el
segundo país más pobre de Latino América
después de Haití. Con una población de poco
menos de 8 millones, tiene casi un millón de jóvenes
que no pueden encontrar empleo o ir a la universidad, mientras
que la tasa de desempleo en total flota por el 30 por ciento y
el 60 por ciento de la población vive en la pobreza.
Estas condiciones son el legado de más de un siglo de
opresión semi-colonial de Honduras por el imperialismo
estadounidense. Ahora, bajo Obama, Washington se está aprovechando
de la "guerra contra las drogas" como medio de reafirmar
su papel dominante en el país y convertirlo en una base
militar de operaciones a través de la región.
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