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Como luchar en contra del estado policial de Obama
Declaración de Jerry White candidato a la presidencia
del Partido Socialista por la Igualdad (PSI)
23 Marzo 2012
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el autor
Se acelera bajo su sucesor Democrático el movimiento
hacia el estado policial que comenzó con la presidencia
de George W. Bush. El gobierno de Obama se otorga el derecho a
matar o encarcelar indefinidamente a cualquiera que el presidente
designe de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Obama y sus asesores legales han declarado que ése es un
poder absoluto del poder ejecutivo, por encima de tribunales y
congresos.
El procurador nacional Eric Holder, defendió la doctrina
de asesinatos durante una conferencia el 5 de marzo en la Escuela
de Leyes de la Universidad de Northwestern. En ese discurso describió
la supuesta base jurídica que justifico el asesinato del
ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki, quien fue incinerado
en septiembre en Yemen por un misil disparado por un avión
no tripulado de la CIA.
Según Holder, la resolución del Congreso aprobada
por el Congreso en el período inmediato después
de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 otorga
al presidente en su función de comandante en jefe, la autoridad
de ordenar y mandar tales asesinatos extra-judiciales estatales
sólo en base a su opinión personal, sin siquiera
el pretexto de aprobación judicial.
Holder sostuvo que el derecho de "proceso debido legal,"
garantizado a todos los estadounidenses bajo la Quinta Enmienda
de la Constitución, difiere del derecho a un "proceso
judicial"; cosa que significa que basta que un Presidente
determine que un ciudadano de los EE.UU. merece ser ejecutado,
para que éste sea asesinado en cualquier lugar, inclusive
dentro de este país sin que eso constituya una violación
la Constitución
Los medios de comunicación ignoraron el discurso del
procurador. Al día siguiente ni un solo periodista le preguntó
a Obama en conferencia de prensa acerca de esta nueva doctrina
del derecho presidencial a asesinar. Evidentemente ha habido una
erosión extrema en la conciencia democrática de
la clase gobernante de Estados Unidos desde el robo de las elecciones
presidenciales de 2000, hace 12 años. No existe sección
significativa dentro de la elite norteamericana, Demócrata
o Republicana, a la que le importe de los derechos democráticos.
La conferencia de Holder ocurrió después que
el Presidente Obama emitiera un decreto el 28 de febrero poniendo
en vigor las disposiciones de la Ley de Autorización de
Defensa Nacional de 2011 (NDAA). Esta ley le da al presidente
la autoridad de arrestar a cualquier persona en los Estados Unidos,
sea o no ciudadana, y encarcelarla por vida, sin ningún
proceso judicial.
Aunque supuestamente ese decreto renuncia a la autoridad de
imponer cadena perpetua a ciudadanos estadounidenses, eso es simplemente
es un fraude cínico por parte del gobierno. La ley puede
ser implementado in toto en cualquier momento.
El Presidente ha delegado en Holder la autoridad de tomar decisiones
sobre el futuro de cualquier inmigrante no ciudadano que sean
detenido bajo sospecha de estar envuelto en la "guerra contra
el terror". Tiene la autoridad de ordenar y mandar que los
así arrestados sean puesto bajo custodia militar, sin que
ningún juez pueda atender el caso. Alternativamente puede
asignarlos a el sistema de justicia civil donde sería enjuiciado
por un tribunal federal.
Para colmo, el jueves Obama puso su firma bajo la ley HR 347,
que amplía gravemente leyes antidemocráticas existentes
contra el derecho a la protesta. La nueva ley impide manifestaciones
y desobediencia civil en la Casa Blanca o en cualquier otro lugar
que este siendo visitado por el presidente, el vicepresidente
y otros funcionarios bajo protección por el Servicio Secreto.
Esto incluye a tres de los cuatro restantes candidatos Republicanos
a la presidencia: Mitt Romney, Rick Santorum y Newt Gingrich.
Se prohibirían también manifestaciones alrededor
las convenciones nacionales Democráticas y Republicanas
y alrededor de todos los debates y mítines durante la campaña
electoral presidencial, so pena de entre uno y diez años
de prisión si se considerara que la manifestación
fue "violenta".
La Cámara de Representantes aprobó esta ley,
mal llamada Acta de Restricción y Mejoramiento de Edificios
Federales, con 388 votos a favor y sólo tres en contra.
El Senado la aprobó sin ningún voto en contra. La
prensa estadounidense por lo general ha guardado silencio sobre
esta ley, y el sitio de Internet de la Casa Blanca sólo
mencionó que el Presidente Obama la había firmado,
sin dar ningún detalle más.
Detrás del desmantelamiento de todos esos fundamentales
principios democráticos está el aumento de la desigualdad
social. La aristocracia de los más acaudalados exige que
el gobierno funcione cada vez más abiertamente como instrumento
de dictadura de clase. Durante la última década,
los ataques a los derechos democráticos han ocurrido bajo
el pretexto de " la lucha contra el terrorismo." En
verdad el objetivo real de métodos masivos de vigilancia,
de detenciones sin procesos judiciales, de torturas a manos del
estado, y de asesinatos no es un puñado de fundamentalistas
islámicos, sino la gran masa del pueblo trabajador.
Es imposible para la élite gobernante imponer democráticamente
un programa que de despidos y de destrucción de niveles
de vida y de servicios sociales. En cambio ahora nace en los Estados
Unidos un "estado de seguridad nacional" que emplea
a cientos de miles de policías, espías y matones,
respaldados por el poder militar del Pentágono, que a su
vez cuenta con más recursos que todas las fuerzas militares
del resto del mundo.
El Partido Socialista por la Igualdad invoca vehementemente
los trabajadores a lanzar una contraofensiva en defensa de los
derechos democráticos, para también cerrar todas
las ramas del aparato represor del estado policial, desde el Departamento
de Seguridad Nacional hasta el FBI y la CIA, y para derogar al
Patriot Act, a la NDAA, a HR 347 y al sin fin de leyes antidemocráticas.
La defensa de la democracia sólo puede ocurrir mediante
la movilización masiva de la clase obrera en contra del
sistema capitalista. El socialismo necesita de la más amplia
extensión de los derechos democráticos, porque,
por primera vez en la historia, la gran mayoría de la gente,
la clase obrera, controlará al estado.
Esto requiere de la construcción de una democracia genuina,
no sólo en la esfera política, sino también
en los lugares de trabajo, para que los trabajadores controlen
los empleos, las condiciones de trabajo, salarios y beneficios,
y también el proceso de producción, para acabar
con la dictadura de las grandes empresas.
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