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Exigen más cortes contra amenaza de recesión
en España
Por Paul Mitchell
09 Marzo 2012
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Las cifras publicadas esta semana muestran que la economía
española ha entrado en una espiral hacia la recesión.
El ministro de Economía Luis de Guindos declaró:
"No ha habido ninguna recuperación económica
ni por un momento desde el inicio de la crisis".
La única solución planteada por que el Partido
Popular (PP) del gobierno, la Comisión Europea (CE), el
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) es exigir un mayor sacrificio de la clase trajadora.
La semana pasada, el ministro de Hacienda Cristóbal
Montoro reveló que el déficit presupuestario de
España en 2011 ascendió a 8,5 por ciento del producto
interno bruto (PIB), muy por encima de la meta del 6 por ciento,
y de las propias estimaciones de 8 por ciento del gobierno publicado
en diciembre. España había acordado con la UE, el
BCE y el FMI reducir el déficit del 9,2 por ciento del
PIB en 2010 a 6,0 por ciento a finales de 2011, un 4,4 por ciento
este año y 3,0 por ciento en 2013.
El déficit del año pasado fue de € 91,3
mil millones (EE.UU. $ 120,5 mil millones), un cambio pequeño
comparado al déficit en 2010 que fue € 98,2 mil millones
(EE.UU. $ 130 mil millones), a pesar del paquete de € 15
mil millones (EE.UU. $ 20 mil millones) en medidas de austeridad
impuesto en mayo de 2010 por el anterior gobierno del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE). Esta medida incluyó
aumento de impuestos, un recorte del 5 a 15 por ciento en los
salarios del sector público, aumento en la edad de jubilación
de 65 a 67 años, y cambios en las leyes de protección
laboral. Los gobiernos regionales también impusieron recortes
en salud y educación.
Un nuevo pronóstico de esta semana predice que la producción
de la economía española caerá un 1,7 por
ciento este año, peor que el 1,0 por ciento recientemente
anunciado por la UE. Las exportaciones disminuyeron un 1,6 por
ciento de los últimos tres meses, y el gasto del consumidor
disminuyó a una tasa anual del 1,1 por ciento. El número
de personas sin trabajo en España se elevó a un
récord de 4,7 millones—un 22,9 por ciento de la población
económicamente activa, la tasa más alta de la UE.
Casi la mitad de los jóvenes españoles están
desempleados, y miles emigran cada mes.
Frente a estas cifras, el primer ministro del PP, Mariano Rajoy,
anunció que su gobierno había modificado el pronóstico
de este año el déficit del 4,4 por ciento del PIB
a 5,8 por ciento.
Rajoy afirmó que no ha discutido el nuevo objetivo con
sus homólogos europeos, declarando: "Yo no consulté
con otros líderes europeos y voy a informar a la Comisión
en abril.... Esta es una decisión soberana de los españoles".
Esto es pura fanfarronería. Cada aspecto de la política
económica española es dictado por funcionarios de
la UE, del BCE y el FMI. Rajoy hizo el anuncio inmediatamente
después de una reunión cumbre de la UE y en medio
de reportes de que había estado pidiendo más tiempo
para reducir el déficit a cambio de la imposición
de grandes nuevas medidas de austeridad.
De Guindos señaló que "el esfuerzo de consolidación
fiscal" iba a ser "grande" y que la Comisión
"entiende perfectamente que tuvimos un traspiés el
año pasado."
"Ellos aprecian el esfuerzo que se va a hacer", agregó.
Sin embargo, Jean-Claude Juncker, presidente del Grupo del
Euro, con la responsabilidad política de la zona euro,
insistió en que "España debe respetar los objetivos
que se le han dado". Angela Merkel de Alemania fue igualmente
desdeñosa. "No tiene sentido declarar primero que
los objetivos de reducción del déficit ya no son
válidos", dijo. "Cada país—y el presidente
del Gobierno español acaba de confirmar esto a mí,
va a ser muy fuerte para fijar estos objetivos en sus presupuestos."
Los informes sugieren que el gobierno tendrá que llegar
a más de € 40 mil millones de dólares (EE.UU.
$ 52,8 mil millones) en ahorros para cumplir con la meta de 5,8
por ciento además de los € 15 mil millones en alzas
de impuestos y recortes de gastos ya anunciados en diciembre.
España se hundirá aún más en el
círculo vicioso que Grecia ha experimentado, en donde los
recortes de gastos y aumentos de impuestos reducen los ingresos
y dan lugar a cortes y aumentos de impuestos adicionales.
La Ministro de Trabajo, Engracia Hidalgo, advirtió que
más despidos son inevitables en el sector público
y que las cifras de desempleo crecientes "justificaban la
aprobación del Gobierno español de una reforma laboral
completa y equilibrada en un período muy difícil
para la economía española y europea".
El gobierno puso en marcha su proceso de reforma laboral en
febrero, cuando el Congreso aprobó planes para reducir
la indemnización por despido y romper los acuerdos de negociación
colectiva. El objetivo es reducir el número de trabajadores
con contratos permanentes al nivel del 30 por ciento de los trabajadores
españoles que están empleados con contratos basura
que le da a los empleadores total libertad de contratar o despedir.
El gobierno tiene la intención de frenar el gasto de
los 17 gobiernos regionales autónomos. Ninguno de ellos
alcanzó la meta del 1,3 por ciento el año pasado.
Su déficit combinado terminó en un 2,9 por ciento
del PIB, provocado por un colapso de los ingresos como consecuencia
de la crisis, especialmente en el sector inmobiliario. En diciembre,
la comunidad de Valencia no pudo pagar un préstamo de €
1,8 mil millones y tuvo que ser rescatada por el gobierno central.
Los informes indican que Rajoy y Montoro han retrasado las
medidas más severas de austeridad hasta después
de las elecciones regionales el 25 de marzo en Andalucía,
uno de los últimos bastiones del PSOE, con la esperanza
de que así será más fácil imponer
recortes. Según De Guindos, el entonces gobierno introducirá
una nueva ley que "establecerá medidas estrictas de
control sobre los presupuestos de las comunidades autónomas....
Antes de aprobar el presupuesto, los ministros necesitan la luz
verde del gobierno central."
Esto significa más ataques contra los servicios esenciales
como educación y salud, que son responsabilidad de los
gobiernos regionales y que ya han dado lugar a grandes protestas
en los últimos meses.
Además de los recortes al gasto público y las
reformas laborales, la CE, el BCE y el FMI están exigiendo
al gobierno que enfrente el endeudamiento bancario. El gobierno
se ha negado a crear un "banco malo" financiado por
el estado para absorber los activos tóxicos de los bancos,
En cambio, está insistiendo que estos deben limpien sus
balances sin más rescates estatales. Tienen que dejar de
lado un extra de € 50 mil millones para cubrir préstamos
inmobiliarios malos. Como resultado, muchos de los bancos más
débiles cerrarán. De Guindos explicó: "Hay
algunas instituciones frágiles que no serán capaces
de sobrevivir.... Vamos a tener menos jugadores en el panorama
bancario en los próximos años, pero a la vez los
jugadores que queden serán más fuertes."
El argumento no convenció a Moody 's, que esta semana
rebajó la calificación crediticia de España
de A1 a A3. Moody’s también puso en perspectiva negativa
a varios bancos españoles, entre ellos Banco Santander,
Bilbao Vizcaya, Caja Rural de Navarra, Banca March, y Liberbank
y Cajamar Caja Rural.
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