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Los herederos de Franco enjuician al juez Garzón
Por Alejandro López y Chris Marsden
05 Marzo 2012
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El enjuiciamiento del juez Baltazar Garzón por las autoridades
españolas es obsceno desde un punto de vista político
y moral. Habiendo sido ya excluido de su oficio por once años,
él es el único hombre en enfrentar cargos como resultado
de los brutales crímenes perpetrados por el régimen
fascista del General Francisco Franco.
Garzón es acusado de pervertir el curso de la justicia
y quebrar la Ley de Amnistía de 1977 al investigar los
asesinatos de más de 114,000 personas asesinadas durante
la Guerra Civil Española (1936-1939). La victoria de las
fuerzas fascistas de Franco en aquel conflicto -debido ante todo
a las políticas contrarrevolucionarias ejercidas por el
régimen estalinista de Moscú y el Partido Comunista
Español (PCE)- establecieron el escenario para la Segunda
Guerra Mundial en Europa. El régimen de Franco sobrevivió
a la guerra y se alió con el imperialismo EE.UU., durando
hasta la muerte del dictador en 1975.
Gracias a la amnistía, ni un sólo fascista ha
sido llevado a la justicia por sus crímenes, los cuales
incluían el asesinato de 300.000 oponentes políticos,
el encarcelamiento de 500.000 y el exilio forzoso de 500.000.
Los denunciantes de Garzón son la Falange fascista y el
sindicato de derecha que se nombra groseramente "Manos Limpias".
Detrás de ellos yace el gobernante Partido Popular (PP)
de derecha, el cual incluye a los descendientes políticos
del partido de Franco.
La responsabilidad política que permitió a la
derecha enjuiciar a Garzón yace en el Partido Socialista
(PSOE) y las varias formaciones pseudo-izquierdistas que lo promocionaron
como una alternativa al PP.
En el 2008 Garzón abrió la primera investigación
de aquellos responsables por el golpe militar del 17 de Julio
de 1936, incluyendo la investigación de la desaparición
de 114,266 personas, lo que lo condujo al final a enjuiciar a
Franco, 44 ex generales y ministros y 10 miembros del partido
de la Falange. Él ordenó la exhumación de
19 fosas comunes no notificadas.
Largas campañas por los parientes de las víctimas
habían sido energizadas después de la derrota electoral
del PP en el 2004.
El PSOE fue llevado al poder aquel año debido a la masiva
oposición al apoyo del gobierno del PP por la guerra en
Irak y sus políticas sociales contra la clase trabajadora.
Después de bombardeos terroristas por fundamentalistas
islámicos en Madrid, se le echó la culpa al PP por
haber arrastrado a España al respaldo de la guerra criminal
de Washington.
El PSOE vio que encaraba la tarea de promocionar los intereses
de la burguesía española al mismo tiempo que aplacar
la hostilidad popular. Hizo esto al acuñar una pose izquierdista
en varias cuestiones sociales y culturales para endulzar la píldora
de sus políticas económicas derechistas.
Una tal medida popular fue la aprobación de la Ley de
la Memoria Histórica en el 2007, la cual condenaba los
crímenes del régimen de Franco, prohibía
ciertas conmemoraciones del dictador y ofrecía ayuda estatal
a la hora de exhumar fosas comunes e identificar víctimas.
Fue sobre esta base que Garzón lanzó su investigación
del 2008. Sin embargo, en cualquier punto importante el gobierno
del PSOE capitulaba ante la derecha, la cual montó una
contra ofensiva mediante secciones del ejército, los medios
y la Iglesia Católica.
De manera deshonrosa, la Ley de Memoria Histórica reconocía
a las víctimas de violencia política, religiosa
e ideológica en ambos lados de la guerra civil. Pero el
PP aún atacó la medida por infringir la Ley de Amnistía
de 1977 y su infame "Pacto de Olvido" de 1977. El firmar
el pacto fue una traición histórica de la clase
trabajadora por parte del PCE y el PSOE.
El reaccionario argumento fue diseñado para asegurar
la "transición pacífica" del gobierno
de Franco a la democracia en un momento cuando las masas de trabajadores
estaban exigiendo un ajuste de cuentas con la Falange. En vez
de eso, se les dijo que "olvidaran y perdonarán",
dejando a que la ultra-derecha lamiera sus heridas mientras el
dominio capitalista era establecido.
El 17 de Noviembre del 2008, Garzón acordó retirar
su investigación después de que fiscales estatales
cuestionaran su jurisdicción. Pero él también
lanzó una investigación criminal, el caso Gürtel,
por sobornos realizados a ciertas figuras principales del PP por
el hombre de negocios Francisco Correa. En el 2010 la Corte Suprema
declaró admisible tres casos criminales contra Garzón,
uno de los cuales lo denunciaba de aceptar un soborno, el cual
fue retirado la semana pasada, otro por infringir la Ley de Amnistía
y otro por ordenar intercepciones telefónicas ilegales
en el caso Gürtel.
El trasfondo fue la crisis económica mundial y el colapso
de la burbuja de bienes raíces, los cuales azotaron a España
con una severidad particular. El PSOE respondió con medidas
de austeridad que desgastaron cualquier apoyo popular que quedase.
Debido a que las únicas alternativas electorales eran la
coalición estalinista Izquierda Unida y otros falsos grupos
de "izquierda" con largos antecedentes de apoyo servil
al PSOE, el PP alcanzó la victoria en las elecciones generales
de Noviembre del 2011.
Garzón es la víctima de más alto perfil
del contraataque del PP después de su victoria. Pero su
caso tiene ramificaciones más extensas.
Aunque sigue usando provisiones de su "Pacto de Olvido"
para bloquear la oposición de la clase trabajadora, la
burguesía española ya no planea con "olvidar
o perdonar" algo. En vez de ello, los herederos políticos
de Franco están buscando retroceder el reloj de la historia.
El tratamiento impuesto a Garzón es sólo un pálido
reflejo de lo que le espera a la clase trabajadora y a la juventud.
En la peor crisis económica desde la década de 1930,
el PP está preparando una salvaje ofensiva para conducir
a millones hacia la pobreza, el desempleo y la falta de un hogar.
El próximo presupuesto mensual contendrá €16.5
mil millones ($US 21.7 mil millones) en recortes, reducirá
los salarios un 15 por ciento, acabará con los beneficios
de vivienda para los jóvenes desempleados y limitará
el salario mínimo a un miserable 641.40 ($US 842.38) por
mes, lo cual afectará a un tercio de la fuerza laboral.
Bajo condiciones en las cuales más de un quinto de españoles
se encuentra desempleado -más de cinco millones- y casi
la mitad de aquellos entre los 16 y 25 años están
sin trabajo, tales medidas no pueden ser impuestas de manera democrática.
En otras palabras, los esfuerzos para esconder los crímenes
de la era de Franco no son motivados sólo por preocupaciones
históricas.
Dentro de la élite gobernante española, muchos
han concluido que la revolución social es una vez más
un peligro real y creciente. Ellos están listos para confrontar
esta amenaza, si se muestra necesario, con la represión
masiva y el retorno a una dictadura. La construcción de
un movimiento político independiente de la clase trabajadora
para que lleve adelante la lucha contra los herederos de Franco
es ahora un asunto de gran urgencia.
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