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Reportes de Derechos Humanos saca a la luz desapariciones
y tortura llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de México
Por Bill Van Auken
4 Junio 2012
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Reportes anuales de derechos humanos emitidos tanto por el
Departamento de Estado de EE.UU. y Amnistía Internacional
esta semana presentan una descripción condenatoria de las
catastróficas condiciones en México como resultado
de la "guerra contra las drogas" que es respaldada por
Estados Unidos, la misma que ha cobrado 50,000 vidas desde el
final del 2006.
Aunque ambos atribuyen el mayor número de muertes a
los carteles de crimen organizado que controlan el tráfico
de drogas, los dos reportan también explican detalladamente
la brutal represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad
del país, las cuales frecuentemente trabajan en tándem
con los carteles de la droga.
"A veces en el contexto de la lucha contra las OCT (Organizaciones
Criminales Transnacionales), pero a veces también sin relación
con ellas, las fuerzas de seguridad presuntamente participaron
de matanzas ilegales, desapariciones forzadas y casos de abuso
físico y tortura", informa el Departamento de Estado
en su sección sobre México en el "Reporte por
Países sobre practicas de Derechos Humanos 2011".
Entre los casos de matanzas ilegales el reporte del Departamento
de Estado hace hincapié en la de Joaquín Figueroa
Vásquez, cuya evidencia muestra que fue sometido a "tortura
y un posterior asesinato tipo ejecución" a manos de
fuerzas de seguridad estatal y federal.
También se señaló la matanza en el 2010
de dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Monterrey
por soldados. Mientras que una investigación determinó
que las pistolas fueron plantadas en sus cadáveres para
cubrir el crimen, nadie ha sido arrestado en el caso. Un caso
similar es la del asesinato de Martín y Bryan Almanza Salazar,
de cinco y nueve años, en el 2010. Las tropas, quienes
dispararon y mataron a los niños en la carretera que lleva
de Nuevo Laredo a Reynosa, luego movieron los cadáveres
para dar la impresión que habían sido atrapados
en un fuego cruzado entre el ejército y una pandilla criminal.
El reporte declara que "hubieron múltiples informes
de desapariciones forzadas por el ejército, marina y policía".
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas por las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias descubrió durante una visita en
Marzo de que el número de desapariciones se había
triplicado el año pasado en comparación con el 2010.
Un incidente tomó lugar el 26 de Marzo del año
pasado, cuando la policía municipal en Ciudad Juárez
detuvo a Juan Carlos Chavira, Dante Castillo, Raúl Navarro
y Félix Vizcarra. "Miembros de la familia de las víctimas
encontraron su camioneta abandonada el 27 de Marzo en un túnel
lejos de donde habían sido detenidos. El 14 de Abril, los
cadáveres de los cuatro hombres perdidos fueron descubiertos".
Tres policías locales fueron arrestados al mes siguiente,
pero a partir de finales del 2011 ninguno de ellos ha sido condenado
por algún crimen.
El reporte también señaló el caso de Raúl
Evangelista Alonso, quién fue arrastrado de su hogar por
soldados en Chilpancingo en el estado de Guerrero en Febrero del
2010, y Roberto González Mosso, quién fue secuestrado
en la misma ciudad unos pocos días después por hombres
enmascarados que se identificaron a sí mismos como investigadores
especiales del crimen organizado. A partir de finales del 2011,
ningún individuo ha sido vuelto a ver y no hay ninguna
información sobre su estado.
La ley mexicana prohíbe la tortura y la admisión
de confesiones como evidencia cuando son extraídas bajo
tortura. Supuestamente las confesiones son extraídas sólo
por fiscales después de que un sospechoso ha sido examinado
por un doctor para confirmar de que no ha sido sometido a tortura.
El Departamento de Estado, sin embargo, cita el descubrimiento
hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
(CNDH) de que en múltiples casos ha habido "falsificación
de registros médicos para encubrir la tortura". Este
cita un reporte de Noviembre del 2011 del Human Rights Watch sobre
las fuerzas de seguridad en cuatro estados mexicanos que comúnmente
usan métodos de tortura que incluyen "golpizas, asfixia
con bolsas de plástico, submarino (waterboarding), descargas
eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte".
El reporte describe a las condiciones de las prisiones mexicanas
como "pobres", además de señalar que los
prisioneros son colocados en régimen de aislamiento por
períodos indefinidos y son obligados a "chantajear
a los guardias para obtener comida, medicina y otras necesidades".
La superpoblación en muchos casos crea "condiciones
terribles y que a veces ponen en peligro a la vida a los prisioneros".
Se afirma que las condiciones son incluso peores para las prisioneras
mujeres, quienes en muchos casos viven en prisión con sus
hijos, pero sin obtener alimento extra, y son sometidas a abuso
sexual y físico.
El reporte reconoce que el despliegue de las fuerzas armadas
para conducir la guerra contra las drogas ha llevado hacia un
fuerte incremento en los abusos de derechos humanos. Señala
que el ejército no tiene "un protocolo claro para
el uso de fuerza y reglas de enfrentamiento". Las quejas
archivadas en el SEMAR, la Secretaría de la Marina que
supervisa a la Marina y a los infantes, quienes han jugado un
prominente rol en la represión, se duplicó entre
el 2010 y 2011, de 198 a 495. La mayoría de los casos son
manejados por un sistema de justicia militar, cuyos métodos
opacos han "contribuido a la impunidad".
El reporte también nota que la violencia asociada con
la guerra contra las drogas ha tenido un efecto importante en
la auto censura en el periodismo mexicano. Por lo menos nueve
periodistas han sido asesinados el año pasado, mientras
que otros han sufrido desapariciones, secuestros, violencia y
amenazas de muerte.
También es reconocido el hecho de que la mayoría
de trabajadores mexicanos son formalmente representados por "sindicatos
de protección" que son reconocidos por el estado y
controlados por los empleadores; intentos de organizar sindicatos
independientes son reprimidos por consejos estatales de trabajo
y por la violencia de matones así como también con
despidos en masa de aquellos involucrados.
El reporte dio una admisión bastante corta de los horrores
que confrontan los trabajadores inmigrantes que cruzan México;
este cita un reporte del CNDH que señala que 11,330 inmigrantes
fueron secuestrados entre Abril y Setiembre de 2010 así
como también de la absurda afirmación del gobierno
de que tan sólo 233 casos han sido registrados.
La crítica al gobierno mexicano en el reporte de Amnistía
Internacional fue más nítida. El gobierno "no
tomó medidas efectivas para prevenir o investigar amplias
violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército
y la policía, estas incluyen las desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los arrestos arbitrarios",
el reporte señala. Añade: "Aquellos responsables
por la mayoría de crímenes, incluyendo ataques a
los periodistas, defensores de derechos humanos y mujeres, no
fueron obligados a rendir cuentas".
Yendo más lejos que el Departamento de Estado, el reporte
de Amnistía hace hincapié en la colusión
entre el ejército, la policía y los oficiales de
inmigración, por un lado, y los cárteles de droga
por el otro.
Más aún, este cubre un elemento importante de
la situación de los derechos humanos en México que
el Departamento de Estado ignora por completo: "El gobierno
estadounidense soltó financiamiento adicional relacionado
a la seguridad y otras transferencias de dinero a México
como parte de la Iniciativa de Mérida, un acuerdo trianual
de cooperación y seguridad regional... a pesar del continuo
fracaso del gobierno mexicano de satisfacer las condiciones de
derechos humanos". El reporte además cita a "una
fallida operación estadounidense para traquear armas llevadas
como contrabando hacia México" -conocido como "Rápidos
y Furiosos"- el cual "remarca la ausencia de mecanismos
efectivos para prevenir a bandas criminales de que obtengan armas
en el país".
En otras palabras, el ejército estadounidense está
armando ambos lados en la guerra contra las drogas y proveyendo
apoyo militar y financiero así como asesores a las fuerzas
de seguridad mientras ésta comete las atrocidades detalladas
en ambos reportes.
Que esta información haya sido omitida en la del Departamento
de Estado no es para nada una aberración. Las políticas
y acciones del gobierno estadounidense están excluidas
de cualquiera de los reportes de los países, lo cual conduce
a las absurdas conclusiones de las situaciones en muchas naciones.
En Afganistán, por ejemplo, el reporte reseña categorías
como asesinatos arbitrarios y detenciones, desapariciones y tortura
sin ni siquiera mencionar que el país está siendo
ocupado por una fuerza extranjera dirigida por EE.UU. que es responsable
por miles de acciones como esas.
El "Reporte por Países sobre practicas de Derechos
Humanos 2011" fue introducido hace 35 años por la
administración democrática del Presidente Jimmy
Carter, el cual inició el giro hacia el incremento del
uso de derechos humanos como un pretexto para las intervenciones
estadounidenses en el extranjero. Aunque incluyen suficiente información
de los crímenes y abusos llevados a cabo por los EE.UU.
y sus estados clientes para darle una apariencia objetiva, la
realidad es que estos descubrimientos son simplemente ignorados
cuando conviene a los intereses imperialistas de EE.UU., como
en México, Saudí Arabia Bahrein y en otros lados.
Este conveniente acuerdo fue descrito el jueves después
de la publicación del reporte como uno de "participación
de principios", un nuevo eslogan introducido bajo la administración
Obama. El asistente al secretario de estado Michael Posner explicó:
"Nosotros participamos en el mundo y reconocemos que hay
rangos de intereses. Tenemos intereses de seguridad... intereses
económicos, políticos, diplomáticos. Pero
los derechos humanos... siempre serán parte de la discusión".
Con algunos, sin embargo, la "discusión" involucra
ataques aéreos y cambios de régimen, mientras que
con otros, es tan sólo materia de dar un guiño e
inclinar la cabeza.
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