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Gobierno peruano impone estado de emergencia para reprimir
protestas
Por Armando Cruz
16 Junio 2012
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el autor
El presidente de Perú Ollanta Humala decretó
estado de emergencia "en la provincia de Espinar en Cusco
para reprimir violentas protestas contra la destrucción
ambiental de una compañía minera.
Pobladores locales se levantaron contra la sucursal peruana
de la multinacional minera Xstrata a la que acusan de haber hecho
graves daños al medio ambiente de la provincia.
Bajo el estado de emergencia, quedan suspendidas las garantías
constitucionales referidas a la libertad y seguridad personal,
inviolabilidad de domicilio y el derecho de reunión y de
tránsito. La medida durará 30 días.
Espinar hasta hace unos pocos años se proyectaba como
una potencia ganadera del sur del país. Desde entonces
el número de ovinos y vacunos se ha ido reduciendo drásticamente.
Los ganaderos denuncian que la minera ha contaminado la tierra
y dos ríos cercanos a la población lo que ha conducido
al envenenamiento y muerte de su ganado.
También ha habido reportes de peligrosos niveles de
metales pesados en las muestras de sangre y orina entre los mismos
pobladores.
Una de las demandas de los manifestantes exigía un incremento
a 30% del 3% actual que la compañía dirige de sus
ganancias en obras sociales para la población.
Xstrata no sólo se ha rehusado completamente al pedido
de aumento sino que hasta Enero del 2011 negaba de que hubiese
alguna contaminación local. El gobierno de Humala incluso
apoyó esta pretensión hasta que fue hecha pedazos
por posteriores investigaciones que ha determinado que la contaminación
en Espinar ha hecho imposible la ganadería.
Las protestas comenzaron el 21 de Mayo después de que
fracasaran las negociaciones entre el gobierno y el "Frente
Único de Defensa de los Intereses de Espinar" (FUDIE).
El 28 un grupo de pobladores decidieron atacar las instalaciones
de la minera pero fueron reprimidos por sus fuerzas de seguridad.
Al menos dos personas murieron baleadas y 13 heridas. Esto eleva
a 14 el número de personas muertas en protestas desde que
Humala entró al gobierno.
El decreto de emergencia y las medidas de represión
representan un paso adicional a la derecha del gobierno de Humala
y un desenmascaramiento como un servil defensor de la explotación
de los recursos nacionales por multinacionales mineras extranjeras.
Humala fue elegido después de haber realizado promesas
demagógicas para detener las políticas "neo-liberales"
llevadas a cabo en los últimos 20 años y de incrementar
la distribución de la riqueza. Comentaristas han notado
que en su violenta respuesta a las protestas regionales el gobierno
de Humala se está pareciendo cada vez más al de
su predecesor: el corrupto gobierno derechista de Alan García
del APRA.
Después de las muertes de los manifestantes el 28 de
Mayo, los pobladores secuestraron por vaias horas a un fiscal
local, encendieron su camioneta y destruyeron las oficinas de
Tintaya, la ONG de Xstrata y la encargada de su inexistente "responsabilidad
social".
Con un respaldado policial adicional de 1,200 policías
patrullando la ciudad -gracias al decreto de emergencia de Humala-
la policía detuvo a 26 personas incluyendo a Herbert Huamán,
el líder de FUDIE. Huamán fue liberado al día
siguiente, crítico que su detención había
sido arbitraria y denunció maltratos a manos de la policía.
Después de Huamán, el gobierno centró
su mira en el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca. El
30 de Mayo alrededor de 50 policías fuertemente armados
irrumpieron en la municipalidad de la ciudad y sacaron a la fuerza
a Mollohuanca entre gritos de protesta de docenas de pobladores
que se habían agrupado cerca al edificio de la municipalidad.
Mollohuanca entonces fue llevado desde Cusco a la provincia
costeña de Ica -prácticamente como rehén
del gobierno- para que rinda cuentas por lo sucedido. En Ica,
la Corte Superior lo acusó de "apología al
delito y disturbios" y fue condenado a 5 meses de prisión
preventiva. ?
Mollohuanca negó todos los cargos, denunciándolos
como fabricados. Afirmó de que durante las protestas él
intentó "apaciguar a la población" y que
intentaba "retomar el diálogo" con el gobierno
justo cuando fue detenido.
"Esta es una campaña emprendida en mi contra por
las empresas mineras" afirmó. El poder judicial aseguró
que existen "testimonios de policías" de que
Mollohuanca dirigió actos de violencia durante las protestas
y de que estos serán usados en su contra en un pendiente
proceso judicial.
La detención de Mollohuanca fue denunciada por la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual agrupa a 79 organizaciones
en todo el país. Ésta de paso exigió la renuncia
del primer ministro, el ex militar Óscar Valdez, a quien
responsabilizó políticamente de las muertes en Espinar
"y del número cada vez más elevado de muertos
en conflictos sociales".
En el Perú "Conflictos Sociales" es mayormente
la denominación a los repentinos brotes de insurrección
local en las poblaciones rurales o económicamente atrasadas
del país .
Según la "Defensoría del Pueblo", existen
250 conflictos sociales vigentes, la mayoría de ellos por
temas medioambientales como el de Espinar, en espera de negociaciones
con el gobierno que logren satisfacer los reclamos de la comunidad.
Espinar es tan sólo ejemplo de lo que le podría
ocurrir a miles de poblaciones que, después de que estas
negociaciones fracasen, decidan tomar las cosas por sus propias
manos.
La ascensión de un populista como Humala, quién
durante campaña viajara por el país prometiendo
cambio, ha intensficado la inquietud y expectativa entre secciones
de la población que quieren hacer su voz escuchada por
el gobierno.
El intento de nombrar al Primer Ministro Óscar Valdez
como el villano dentro del gobierno se ha convertido algo cada
vez más común, esto sirve a los elementos pseudo-izquierdistas
que quieren continuar promoviendo ilusiones en Humala y desviar
las luchas sociales en protestas dirigidas para presionar al presidente
de que mantenga sus promesas de campaña.
La realidad es de que Humala, él mismo un ex oficial
militar, escogió a Valdez como parte de un deliberado giro
para basar su gobierno más firmemente en las fuerzas de
seguridad y reprimir las luchas de trabajadores y los oprimidos.
Durante la misma semana de los sucesos de Espinar, agricultores
de la región norteña de Piura bloquearon la carretera
en demanda de un mejor precio para el arroz y algodón que
cultivan; y unos cuantos kilómetros al este en Cajamarca
se inició una huelga regional indefinida para que el Gobierno
finalmente declare inviable el proyecto minero Conga de la multinacional
Newmont. Semana tras semana, nuevos levantamientos surgen al mismo
tiempo que la estabilidad del gobierno es minada. La situación
es insostenible y conducirá a que Humala, tarde o temprano,
tome medidas extra-constitucionales para retomar el control del
país.
Las figuras que lideran la lucha en estos conflictos sociales
son los líderes de los "Frentes de Defensa",
actores políticos provenientes de partidos reformistas
impregnados por nacionalismo y regionalismo; así también
como por los representantes de comunidades campesinas e indígenas.
A pesar de sus desafiantes posiciones al gobierno, estos no ofrecen
ninguna opción a la clase trabajadora que no sea la de
"presionar" a Humala para que reviva la postura "izquierdista"
de su campaña de elección y "mantenga sus promesas".
Es más, prácticamente todas estas agrupaciones apoyaron
a Humala durante la elección del año pasado y muchos
de sus líderes son antiguos amigos y colaboradores del
presidente mismo.
Este es el caso de los líderes de la lucha contra el
proyecto Conga, quienes han permitido que miembros y congresistas
de la "facción rebelde" de Gana Perú (la
coalición gobernante) se aúnan a la protesta. Durante
el mismo fin de semana, Wilfredo Saavedra, ex miembro del grupo
guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y líder
del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, llegó al
punto de invitar a Isaac Humala, el propio padre del presidente,
a que venga a la ciudad a unirse a la huelga indefinida, después
de que éste declarara de que está en contra del
proyecto minero y convencido de que su hijo "no debe traicionar
a los que lo apoyaron". No obstante, el viaje no pudo concretarse
debido a que fueron encontrados unas bombas molotov en el aeropuerto
de la ciudad. Humala padre dijo a la prensa que el primer ministro
Valdez estaba detrás de todo.
El primer ministro, el mismo día, declaró que
el gobierno enviará a Espinar una nueva comisión
"de alto nivel" conformado por ministros para buscar
un diálogo con los campesinos, una vez que se haya "restablecido
el orden".
Durante los disturbios en Espinar la prensa condenó
a los pobladores tildándolos de "irracionales".
La única cosa en el trasfondo de las protestas que es
"irracional" -desde el punto de vista de los intereses
de la amplia mayoría de la población- es el papel
que juega que el capitalismo. Mientras que la burguesía
peruana y los propietarios de las multinacionales que operan en
Espinar, Cajamarca y en otros sitios cada vez obtienen más
ganancias, los pobladores de las áreas que ellos explotan
siguen viviendo bajo estándares de vida que difieren poco
de los que existían hace un siglo.
Los conflictos sociales son, a fin de cuentas, las luchas por
poblaciones largamente abandonadas por una mayor igualdad económica
y un alto a las operaciones criminales de las multinacionales
mineras y la impunidad que el gobierno les otorga.
Estas luchas plantean con mayor urgencia la construcción
de un partido de la clase trabajadora, revolucionario e internacionalista,
que luche por el socialismo; ya que el capitalismo -ni ninguno
de sus supuestos "reformistas" como Humala- jamás
podrá proveer nada de esto en Perú ni en ningún
otro lugar en el planeta.
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