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¡Hay que detener los asaltos contra empleados públicos
y servicios sociales!
Declaración de Jerry White, candidato presidencial
del PSI
21 Julio 2012
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el autor
Los reducciones drásticas de sueldos en Scranton, Pensilvania
y la bancarrota de San Bernardino, California deben servir de
advertencia, no sólo para los trabajadores municipales
sino para la clase obrera en su conjunto. La élite financiera
estadounidense ahora inicia nueva etapa, nuevos ataques contra
empleos, salarios, beneficios sociales y pensiones. Esos ataques
van mucho más allá de los recortes presupuestarios;
incluyen la destrucción total de los niveles de vida y
los derechos sociales; roban a la gente trabajadora para enriquecer
aún más a multimillonarios.
En Scranton, el alcalde Demócrata le ha cortado el sueldo
a cada empleado municipal. Desde ahora ganan el salario mínimo
legal de $ 7.25 la hora, un recorte de dos tercios para muchos
trabajadores. Beneficios para trabajadores de la ciudad con incapacidad,
como los bomberos heridos en el trabajo, también fueron
cortados a $ 7.25 la hora. El alcalde afirmó que la ciudad
había quedado sin dinero y ningún banco le prestaría
dinero.
San Bernardino se convierte en la tercera ciudad de California
que se declara en bancarrota en poco más de una semana,
siguiendo a Stockton, una ciudad de unas 300,000 habitantes, y
al pequeño pueblo de recreo de Mammoth Lakes. Al igual
que en Stockton, el objetivo principal de la declaración
de quiebra es el de obtener la aprobación judicial para
romper contratos con los sindicatos e imponer grandes recortes
en salarios y beneficios sobre todos los empleados municipales,
activos y retirados.
Al menos una docena más de ciudades y pueblos de California
están ahora en peligro de quiebra, en gran medida por el
impacto a largo plazo del colapso de la burbuja inmobiliaria que
ha reducido los valores de propiedad y los ingresos fiscales.
Un asesor de la política fiscal para la Liga de Ciudades
de California, dijo el martes 10 de julio que algunas ciudades
ni siquiera se molestarán declararse en bancarrota. "Puede
que se disuelvan", dijo. "Puede que cesen de existir."
El colapso de los gobiernos locales tiene un impacto nacional
y es consecuencia de la crisis sistémica del capitalismo.
Según un estudio, los gobiernos municipales estadounidenses
tienen un déficit colectivo de U$ 1.5 mil millones, y que
pasivos de pensiones sin financiamiento añaden otros US
$ 1,5 billones. Un 40 por ciento de las ciudades y pueblos de
los Estados Unidos han despedido empleados desde que comenzó
la crisis financiera en 2008. Todo dicho, los gobiernos locales
han eliminado más de 500.000 puestos de trabajo en los
últimos cuatro años.
Los políticos Demócratas y Republicanos son responsables
en conjunción por la profundización de la crisis
de las finanzas municipales. Mientras que le entrega miles de
millones a Wall Street, el gobierno de Obama ha privado sistemáticamente
de recursos a estados y municipios. Los delincuentes financieros
que provocaron la crisis han recuperado totalmente sus fortunas,
mientras que los estados y ciudades han sido devastadas por el
desplome de valor de viviendas y por la pérdida de ingresos
fiscales debido a cierres de empresas y a las altas tasas de desempleo.
Hace tiempo que se agotó el dinero penosamente inadecuado
del presunto "Proyecto de ley de estímulos económico".
la Casa Blanca se ha negado cualquier ayuda adicional. Esto es
una política deliberada. Se utiliza la crisis financiera
para llevar a cabo un salvaje ataque contra los servicios sociales,
empleos y niveles de vida de los trabajadores que proveen esos
mismos servicios. Obama dio el ejemplo con el plan de rescate
automotriz de 2009, cuando los salarios de los nuevos obreros
se cortaron en dos y se redujeron los beneficios de la salud y
de las pensiones para obreros jubilados.
No importa a cual de los dos partidos pertenezcan, los gobernadores
usan la crisis para forzar recortes en los servicios públicos.
En Ohio, por ejemplo, el estado tiene un superávit presupuestario
de $ 235 millones, pero el gobernador republicano insiste en depositar
todo ese dinero en un fondo de emergencia del estado, en vez de
ayudar a las ciudades como Cleveland y Youngstown que pasan penuria.
En Pensilvania, donde Scranton, la tercera ciudad más
grande del estado, está al borde del colapso financiero,
el gobierno Republicano del estado aprobó incentivos fiscales
por U$100 millones para las grandes empresas, incluyendo a la
petrolera Shell, que acumuló ganancias globales de U$31
mil millones en el 2011.
En Michigan, donde vivo yo, alternos gobernadores, un Demócrata
y un Republicano, se aprovechan de una ley estatal que les da
el poder de nombrar administradores de emergencias para las ciudades,
aboliendo cualquier pretensión de control democrático
y estableciendo una dictadura desembarazada de los representantes
de los acreedores de Wall Street.
Lo que se está desarrollando en los Estados Unidos es un
asalto a puestos de trabajo, a los niveles de vida y los servicios
públicos tan feroz como las medidas de austeridad que se
le imponen-por orden de la Unión Europea, del Fondo Monetario
Internacional, y la gran banca, con el apoyo del gobierno de Obama-contra
los trabajadores de Grecia, España, Irlanda y otros países
europeos.
La crisis de 2008 fue el punto de partida para la puesta en
marcha de una contrarrevolución social, en que las élites
gobernantes se han abocado de manera sistemática y deliberada
para restaurar y aumentar sus propias riquezas por a costa del
desplome de decenas de millones de personas que ahora se ven obligados
a vivir y trabajar en la pobreza y la indigencia. Los empleados
públicos han sufrido la peor parte de estos ataques.
Como muestra el ejemplo de Scranton, no existe raya que no
estén dispuestos a cruzar los multimillonarios y sus agentes
políticos de los partidos Demócrata y Republicano.
Un bombero notó que ahora está ganando menos arriesgando
su vida para combatir incendios que un hijo de su vecino gana
vendiendo helados.
Los sindicatos no alzarán ni un dedo para defender los
trabajadores. Su única preocupación es codearse
con el gobierno y continuar con la deducción de las cuotas
sindicales, aún cuando los sueldos de sus miembros se reduzcan
a lo mínimo. Sindicatos del sector público como
AFSCME están apoyado con entusiasmo a Obama-no importa
cuán viciosas sean sus ataques contra los trabajadores-porque
los Demócratas tradicionalmente estado aliados y han hecho
uso de los servicios de los sindicatos. Cuentan con su asistencia
para atacar los empleos y niveles de vida.
La crisis de los estados y de las ciudades es evidencia del
fracaso del sistema capitalista, que está sumido en la
peor crisis mundial desde la Gran Depresión. En todos los
países, la clase dominante ha tratado de hacer que los
trabajadores paguen por esta crisis. Es hora de que la clase obrera
responda luchando.
Como candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad
(PSI)) les pido a los trabajadores de Scranton y de todo el país
que rechacen todas las demandas de concesiones y de destrucción
de programas sociales. Los trabajadores y los habitantes del país
deben organizar comités de acción en sus lugares
de trabajo y en los barrios, independientes de los sindicatos
y del Partido Demócrata, para combatir despidos, concesiones,
los cierres de escuelas y todos los otros planes para desmantelar
y privatizar esenciales servicios sociales.
El PSI insiste en que son derechos sociales la educación,
la atención de la salud, el acceso a la cultura y recreación,
y puestos de trabajo seguros y decentes. Lograr esos derechos,
sin embargo, requiere de una lucha política contra el sistema
capitalista contra los dos partidos de las grandes empresas y
contra todos los que insisten en que los "derechos"
de la aristocracia financiera deben tener prioridad sobre las
necesidades de la clase obrera.
Hay que construir un movimiento político de masas de
la clase obrera, basado en la lucha por el socialismo. Éste
ser construido de modo que los trabajadores logremos conquistar
el poder político y para distribuir la riqueza que creamos
para satisfacer las necesidades humanas, y no las ganancias privadas.
Esto incluye la nacionalización de los bancos y el poner
bajo el control democrático de los trabajadores las grandes
sumas de dinero que ahora son monopolizadas por la banca y especuladores
financieros.
Sobre esta base, debemos iniciar un programa multibillonario
de obras públicas para recontratar a los millones de empleados
públicos y trabajadores de la construcción, y dar
trabajo a millones más que se necesitan para reconstruir
las ciudades y proporcionar los servicios públicos necesarios
para una vida digna y civilizada.
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