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Gobiernos latinoamericanos se "disculpan" por los
crímenes de las dictaduras
Por Bill Van Auken
25 Enero 2012
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el autor
Esta semana el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, presentó
una disculpa formal en nombre del Estado salvadoreño por
la Masacre de El Mozote de 1981, uno de los peores crímenes
cometidos durante los 12 años de guerra civil en ese país.
“Aquí se cometieron un sinnúmero de actos
de barbarie y violaciones a los derechos humanos," afirmó
Funes en un discurso en Meanguera, un municipio del Departamento
de Morazán, donde se ubicaba el pueblo de El Mozote. El
acto marca el vigésimo aniversario de la firma del tratado
de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN).
La realidad es que sí se conoce el número de
víctimas en El Mozote y las áreas cercanas. Las
investigaciones forenses descubrieron 966 cadáveres, de
los cuales 700 pudieron identificarse, los demás habían
sido descuartizados o quemados al punto de quedar irreconocibles.
Todas las víctimas eran pobres, no tenían armas
y no opusieron resistencia alguna; la mayoría de los muertos
eran niños.
Un informe sobre la masacre publicado en 1992 por una “comisión
de verdad” patrocinada por las Naciones Unidas indica que:
"El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote,
departamento de Morazán, fueron apresados por unidades
del Batallón Atlacatl, sin resistencia, todos los hombres,
mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después
de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente,
11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente,
por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres,
luego fueron ejecutadas mujeres y, finalmente, los niños
en el mismo lugar donde se encontraban encerrados..."
En otros informes más detallados se habla de mujeres-
y también niñas de apenas diez años- que
fueron violadas en grupo para luego ser ametralladas o apuñaladas
con bayonetas por los soldados, de niños descuartizados
con machetes y colgados de los árboles, y de cadáveres
amontonados y quemados.
El gobierno de El Salvador no actuaba solo al cometer estos
crímenes. El Batallón Alacatl estaba “Fabricado
en Estados Unidos”: era una creación asesina del Pentágono.
Entre sus líderes había alumnos graduados de la
infame Escuela de las Américas del Ejército de los
Estados Unidos, que entonces se ubicaba en Panamá; el batallón
recibió entrenamiento de las unidades de Fuerzas Especiales
estadounidenses en Fort Bragg, en Carolina del Norte, antes de
ser desatadas sobre el pueblo salvadoreño. El batallón
operaba acompañado de consejeros de las Fuerzas Especiales
estadounidenses y, según ciertos informes, éstos
estaban presentes durante la masacre que ocurrió en diciembre
de 1981.
Lejos de disculparse por la carnicería cometida por
el batallón de contrainsurgencia que organizó y
entrenó, Washington defendió sus actos, argumentando
que los informes sobre la masacre de El Mozote eran poco más
que “propaganda comunista”, y que la unidad era un modelo
a seguir en el respeto a los derechos humanos.
¿Cuál es el significado de que Funes se disculpe
en nombre del Estado por estos crímenes?
Este asunto no se limita a El Salvador. Esta semana en Uruguay,
el Ministro del Exterior Luis Almagro anunció que el gobierno
del presidente José Mujica presentará unas disculpas
formales similares por los crímenes de la dictadura que
gobernó el país de 1973 a 1985.
En el caso de Uruguay, se están realizando las disculpas
para acata la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en un proceso iniciado por Macarena Gelman- la nieta del
poeta argentino Juan Gelman- cuya vida entera fue trastocada por
la salvaje represión que sacudió el cono sur de
América Latina en los 70.
Las fuerzas de seguridad secuestraron a los padres de Macarena
en Argentina en 1976. Su padre Marcelo, el hijo de Juan Gelman,
fue torturado y asesinado en un centro de detención clandestino.
A su madre, María Claudia García, que entonces estaba
embarazada y sólo tenía 19 años, se le envió
a Uruguay como parte de la Operación Cóndor, un
plan de represión y asesinato elaborado por las dictaduras
del cono sur en conjunto con la CIA. Desapareció tras dar
a luz a Macarena, que fue entregada a la familia de un policía
y sólo descubrió su verdadera identidad el 2000.
Macarena y su abuelo acudieron a las cortes uruguayas para
conocer el destino de su madre e identificar al responsable. A
cada paso fueron se vieron obstruidos por las llamadas “leyes
de impunidad”.
Al acatar con la decisión de la Corte Interamericana,
el Gobierno uruguayo afirmó que al disculparse con la familia
Gelman, éstos representaban a los miles y miles de uruguayos
que fueron asesinados, torturados y forzados al exilio bajo la
dictadura.
Hay un denominador común entre las disculpas formales
de los Estados de Uruguay y El Salvador. En el primer país,
el presidente Mujica es un ex miembro del movimiento guerrillero
Tupamaro, que se transformó en un partido político
tras el fin de la dictadura. En El Salvador, Funes llegó
al poder como el candidato del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional, que sufrió un cambio similar
tras la firma de los acuerdos de paz salvadoreños hace
20 años.
De este modo Mujica, el ex Tupamaro, y Funes, el candidato
del FMLN, ofrecen disculpas formales por la represión realizada
por fuerzas militares que buscaban exterminar estos movimientos
guerrilleros.
Ambos gobiernos- que los medios masivos tildan habitualmente
de “izquierdistas”- han mantenido las amnistías
dictadas por las fuerzas de orden de sus respectivos países,
otorgando impunidad a los responsables de masacres, asesinatos,
torturas, desapariciones y secuestro de bebés. Se realizaron
pactos similares en Argentina, Brasil y en prácticamente
toda Latinoamérica en que ocurrió una supuesta transición
al gobierno civil.
Tomando en cuenta la protección otorgada a criminales
que han podido vivir tranquilamente hasta jubilarse, las disculpas
del Estado- presentadas tres y cuatro décadas desde que
se cometieron los crímenes- suenan falsas.
Al hacer estas disculpas, por otro lado, ambos hablan como
guardianes del aparato estatal que realizó estos crímenes,
compuesto de las mismas fuerzas de represión y defensor
de los mismos intereses sociales: los de las elites capitalistas
salvadoreñas y uruguayas, además de los bancos y
corporaciones transnacionales.
En última instancia, estas disculpas constituyen un
último intento por enterrar el pasado, pero sólo
logran confirmar que las atrocidades cometidas en las décadas
de 1970 y 1980 no fueron meramente el accionar de los generales,
coroneles, torturadores y asesinos que las ejecutaron. Fueron
la respuesta de las clases dominantes de estos países y
del imperialismo estadounidense a un desafío revolucionario
desde abajo. Dada la reaparición del conflicto revolucionario
por el impacto de la crisis global del capitalismo, los mismos
Estados que se disculpan hoy volverán a los viejos métodos
mañana.
En efecto, en Centroamérica, ya existen indicios de
una remilitarización del Estado con un fuerte apoyo de
los Estados Unidos y bajo el amparo de la “guerra contra
las drogas”. El mismo Funes nombró un general retirado
como ministro de Seguridad Pública, y quitó a ex
comandantes del FMLN de sus puestos en las fuerzas de seguridad,
en apariencia para satisfacer las condiciones impuestas por Washington
para la entrega de ayuda bajo una nueva Iniciativa de Seguridad
Regional de América Central.
En Guatemala, el general en retiro Otto Pérez Molina,
acusado de crímenes de guerra cometidos durante la represión
genocida desatada en el país en la década de 1980,
asumió recientemente la presidencia, prometiendo gobernar
con “mano dura” e incorporando varios veteranos de la
guerra sucia a su gobierno.
Y el mes pasado en Honduras, el presidente Porfirio Lobo presentó
una enmienda constitucional que permitiría que las fuerzas
armadas patrullen las calles hondureñas.
El que los responsables de las atrocidades del pasado rindan
cuentas, y el evitar que éstas se repitan, es en última
instancia la tarea de la clase trabajadora de América Latina,
que debe luchar conjuntamente con los trabajadores de Estados
Unidos y del mundo para poner fin al sistema capitalista que da
origen a estos crímenes.
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