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El Juez Baltasar Garzón juzgado por investigar los crímenes de Franco

Por Vicky Short
31 Enero 2012

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El Juez Baltasar Garzón apareció ante el tribunal el 17 de enero, en el primero de los tres juicios que tienen como objeto silenciarle y frustrar su investigación.

Garzón ha sido encausado por ordenar escuchas telefónicas ilegales entre presuntos miembros de la infame red de corrupción "Gürtel", varios de los cuales son miembros del Partido Popular que ganó las elecciones el pasado noviembre, y sus abogados, con el objeto de descubrir si cooperaban en operaciones de blanqueo de dinero. A las puertas del Tribunal Supremo manifestantes prometieron "no renunciar a la verdad, la Justicia y la reparación". Otras protestas han sido organizadas en otras partes del mundo.

El 24 de enero Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por haber abusado de su poder judicial al lanzar una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-39) y durante la dictadura del Generalísimo Francisco Franco, los cuales continuaron hasta la muerte del dictador en 1975. Garzón exigió que se hiciera responsable al régimen de homicidio, y ordenó la apertura de las fosas comunes y que las víctimas de Franco recibieran una compensación. Además, el juez abrió una investigación sobre la desaparición de 113,000 niños, muchos de los cuales fueron robados a las prisioneras políticas del régimen.
El tercer juicio contra Garzón, para el que aún no se ha fijado fecha, se refiere a una acusación de recibir un soborno relativo a pagos que recibió a cambio de su ponencia en seminarios en Nueva York.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martinez-Fresneda declaró: "". Si es condenado, Garzón se enfrenta también a una de un tribunal.

Pero el caso que ha provocado la mayor malevolencia por parte de la élite española, que ha movilizado toda la maquinaria legal y política contra Garzón, es su investigación sobre los crímenes del régimen fascista. Los otros casos están motivados políticamente con el propósito de mancillar aún más la reputación del juez y difamar su credibilidad para justificar el cargo de que prevaricó (cuando un juez u otro funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta) al investigar los crímenes de Franco.

Después de la muerte de Franco, una sección del viejo régimen y los dirigentes del Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español prepararon una nueva Constitución. Consagrado en la "transición pacífica del fascismo a la democracia burguesa" estaba una amnistía para "olvidar y perdonar" los crímenes del régimen. Hasta esta fecha nadie ha sido procesado por ellos.

Desde un principio el PP, que fue formado por residuos del partido falangista de Franco, reaccionó con una previsible hostilidad a la investigación de Garzón. Un senador del PP lo describió como "abriendo las heridas felizmente cerradas."

El recientemente fallecido fundador del PP, Manuel Fraga, que fue ministro de propaganda bajo Franco, definió la investigación como "un disparate".

Pero no fue solo el PP el que condenó la investigación de Garzón. El antiguo secretario general del PCE, Santiago Carrillo, uno de los arquitectos de los acuerdos de la transición, denunció la acción del juez como un "error" y "no la mejor forma" de recuperar la memoria histórica del periodo de la dictadura.

Fueron los familiares de las víctimas de Franco los que pidieron que los tribunales investigaran los crímenes. Garzón tomó el caso en 2008 pero inmediatamente los fascistas de la Falange y el sindicato fascista Manos Limpias denunciaron la investigación y pidieron que fuera paralizada, acusando a Garzón de abusar de su poder, lo cual lograron, y el Juez fue suspendido de su puesto.

Entre bastidores, los Estados Unidos estuvo empeñado en impedir que Garzón invocara el principio de "jurisdicción universal", que usó tan famosamente para perseguir al dictador Augusto Pinochet en 1998 y para investigar la alegación de torturas presentada por españoles detenidos en la base militar en Guantánamo, Cuba. Garzón utilizó las mismas leyes para investigar el uso de bases aéreas españolas por la CIA para vuelos de "entregas extraordinarias" y la muerte del cámara José Couso, asesinado por el bombardeo de EE UU en Bagdad.

Recientes cables publicados por WikiLeaks revelan la presión interrumpida que el Departamento de Estado de los EE.UU aplicó al gobierno del PSOE y al fiscal general para que desviaran las actividades de Garzón. El resultado fue que el gobierno del PSOE pasó una ley que disminuyó el efecto de la ley de jurisdicción universal y permitió el comienzo del proceso contra Garzón. Desde entonces el PSOE ha guardado casi completo silencio sobre la campaña contra Garzón. Muchos miembros del PSOE detestan a Garzón desde que procesó a oficiales del gobierno por organizar escuadrones de muerte financiados por el Estado para que asesinaran a miembros del grupo separatista ETA en el decenio de 1980.

El procesamiento de Garzón es una parodia de la justicia. Mientras que él ha sido suspendido de su empleo y se enfrenta al fin de su carrera por intentar investigar crímenes atroces, los cómplices en tales crímenes continúan disfrutando de una amnistía política y sus herederos acumulan riquezas y poder.

Hasta su muerte el pasado domingo, Manuel Fraga continuó considerado, en palabras del Rey Juan Carlos, como "un gran servidor del Estado" - un noble del PP, embajador al Reino Unido, cabeza de la región autónoma de Galicia, y senador.

La familia Franco es otro buen ejemplo. El País escribió recientemente sobre su vergonzosa riqueza y privilegios. El Rey Juan Carlos les obsequió con un nuevo título nobiliario: el ducado de Franco. Las cuentas de la familia nunca fueron investigadas, ni menos su fortuna, que incluía bienes y regalos recibidos por Franco como Jefe de Estado. Hasta el día de su muerte la esposa de Franco recibió una pensión más alta que los salaries de los presidentes del gobierno. Su hija es cabeza de un gran imperio mobiliario y preside varias sociedades, algunas de las cuales fueron establecidas durante la dictadura.

El reciente gobierno del PSOE aprobó la Ley de la Memoria Histórica y prometió remover todos los nombres de calles y símbolos franquistas, así como recompensar a las víctimas, pero hizo lo menos posible y lo más despacio posible. Muchos de tales símbolos continúan existiendo. El cuerpo de Franco, así como el del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, disfrutan de un puesto de honor en el enorme monumento del Valle de los Caídos, construido por los prisioneros políticos de Franco donde cada año se celebran misas en su memoria.

Garzón siempre insistió que sus investigaciones nunca violaron las leyes de amnistía. La forma en que la clase dirigente de España le está tratando demuestra que cualquier intento de iluminar los crímenes de uno de los regímenes más despóticos del mundo y de pedir cuentas a sus responsables, es impermisible.