|
WSWS
: Español
Tres trabajadores asesinados en protestas mineras en Perú
Por Armando Cruz y Luis Arce
5 Abril 2012
Utilice
esta versión para imprimir | Email
el autor
El 15 de marzo, tres trabajadores fueron abaleados cuando miles
tomaron las calles de Puerto Maldonado, la capital de la provincia
selvática de Madre de Dios en el extremo sureste del Perú.
La protesta fue dirigida contra cuatro decretos emitidos en
febrero por el gobierno del presidente Ollanta Humala penalizando
a cualquiera que esté involucrado en la "minería
informal", esto es, la extracción y comercialización
de recursos minerales sin contar con registros fiscales o estudios
ecológicos. Las nuevas leyes impondrían condenas
hasta de 12 años en prisión para quienquiera que
financie o participe de tales actividades.
Las protestas, que involucraron aproximadamente 15.000 trabajadores,
fueron organizadas por la Federación Minera de Madre de
Dios (Federación Minera de Madre de Dios - FEDEMIN) después
que fracasaran las negociaciones con el gobierno.
Mineros informales de otras regiones distantes del país—Piura
y La Libertad en el norte y Puno en el sur extremo—también
se unieron a la lucha contra los decretos, marchando a través
de las calles y bloqueando las carreteras principales.
Pero las protestas del 15 de marzo en Madre de Dios tuvieron
un carácter mucho más confrontacional. A las 2 a.m.
los manifestantes ya estaban bloqueando un mercado y tirando bombas
molotov a los policías, quienes respondieron con bombas
lacrimógenas y disparos al aire. Horas después,
más trabajadores estaban tratando de bloquear el Puente
Continental, el aeropuerto y el Mercado Modelo.
Entonces, cuando los trabajadores bloqueaban la avenida Fitzcarrald
los policías abrieron fuego y mataron a tres personas:
Carlos Lanci Yumbato, 40, un minero informal; Julio Ticona Medina,
38, un trabajador que no estaba tomando parte de las protestas;
y Francisco Areque Jipa, 35, un indígena peruano de la
comunidad Amarakaeri José de Karene. La esposa de Areque
alegó que él fue asesinado por policías desde
un carro patrulla que estaba "disparando a matar".
Al final del día hubo 62 manifestantes detenidos y 35
heridos, incluyendo un niño de nueve años.
También se realizaron protestas por federaciones mineras
en las regiones de Arequipa y Apurímac. Prácticamente
desde el 15 de marzo se informaba a diario de mineros informales
bloqueando carreteras y enfrentándose a la policía.
El gobierno del presidente Humala está enfrentando más
de 200 conflictos mineros en todos los rincones del país,
la mayoría de los cuales tienen que ver con la minería
y el medio ambiente.
Dado los considerables recursos mineros del Perú—el
cuarto exportador de minerales más grande del mundo—la
extracción y el comercio de minerales se ha vuelto un principal
medio de sobrevivencia para miles de empobrecidos trabajadores
y sus familias. Se reporta que más de 50.000 trabajadores
están involucrados en estas actividades y más de
60.000 miembros familiares.
El ingreso promedio para un minero informal es US$200 al mes,
más que el sueldo mínimo pagado a los trabajadores
en la capital de Lima (US$117). En Madre de Dios, una de las regiones
con menor densidad de población, el descubrimiento de oro
generó una masiva migración de trabajadores provenientes
de las áreas más empobrecidas del país.
"La minería informal da trabajo a muchas personas,
vendedores y comerciantes en gran y pequeña escala... La
minería pequeña y artesanal representa casi el 80
por ciento de la economía en Madre de Dios", dijo
Miguel Herrera, uno de los manifestantes, quién también
aseguró que los nuevos decretos van a dejar a miles de
familias sin recursos económicos.
Los mineros pequeños son totalmente conscientes de que
los nuevos decretos beneficiarán a las trasnacionales mineras—las
cuales han jugado un papel importante en la explotación
de los recursos del Perú por décadas—ya que
fácilmente comprarán las tierras subdesarrolladas
que una vez fueron explotadas por lo mineros pequeños.
La pretensión de los políticos y los medios de
que los decretos van a detener desastres ecológicos e incrementar
los ingresos gubernamentales al fiscalizar la producción
de los pequeños mineros es una mentira.
Uno sólo necesita ver a la ciudad de La Oroya, tan sólo
176 km de Lima, para notar como las trasnacionales disfrutan completa
inmunidad por realizar los mismos delitos de las que los pequeños
mineros son acusados.
Comprada en 1996 por la Corporación Doe Run, la fundición
en la ciudad de La Oroya ha contaminado tanto el aire que un documental
de la CNN en 2008 reveló que el 99 por ciento de los niños
de la ciudad sufría de intoxicación por el plomo.
Grandes operaciones gestionadas por empresas extranjeras, como
una refinería de oro cerca a la ciudad de Nazca y de propietarios
rusos, dependen de los mineros informales como sus suministradores
principales.
La fundición en La Oroya de Doe Run Peru S.R. LTDA (hoy
desligada de la matrix Doe Run Resources Corporation en San Luis,
EE.UU., la cual había incumplido todos los acuerdos firmados
con el gobierno de limpiar la contaminación ambiental producida
por la planta de fundicion de La Oroya) asimismo dependía
de los minerales extraídos por cientos de mineros informales.
En un momento de la década pasada, Doe Run Perú
paró las operaciones mientras que al mismo tiempo debía
$300 millones a estos mineros.
Además se tiene la infame mina de oro de Yanacocha en
Cajamarca. Administrada por la peruana Buenaventura y el gigante
estadounidense Newmont, la mina es conocida por su contaminación
de ríos y lagos y la intimidación de los residentes
locales. La población está tan consciente de sus
mentiras y evasión de obligaciones que rechazaron el proyecto
de inversión de US$5 mil millones de Conga, a pesar de
las promesas hechas de que será ejecutada en acuerdo con
estudios medioambientales. (Ver: "Miles marchan en Perú
contra proyecto minero respaldado por EE.UU.)
Después de la sangrienta represión en Madre de
Dios, Luis Otsuka, el presidente de FEDEMIN, anunció una
"tregua" durante la cual habrá otra ronda de
negociaciones. "Si entramos en una verdadera formalización
(de los mineros) y un verdadero entendimiento, nosotros definitivamente
suspenderemos la huelga", declaró.
Mientras los negociadores del gobierno están tratando
de separar minería "informal" de "ilegal"—estos
últimos, operando dentro de territorio declarado reservas
naturales—y están buscando un acuerdo en el cual ofrecerían
a los mineros informales un año para regular su situación,
el problema de informalidad tiene raíces históricas
profundas.
El gobierno central nunca mostró mucha atención
a lugares remotos como las regiones andinas o amazónicas.
Desde su independencia de España en 1821 hasta la mitad
del Siglo XX, los grandes terratenientes fueron quienes dictaron
la ley en estas áreas.
El trabajo infantil es común en la minería informal
debido a que muchas de las familias involucradas en ella son de
origen campesino en donde el trabajo comunal es la norma. Con
el paso del tiempo, la tenencia promedio de la tierra de una familia
campesina se ha reducido a menos de 5 hectáreas, lo cual
por décadas ha obligado migraciones a la ciudad y ahora
a las operaciones mineras ilegales en la selva.
Hoy, las brutales condiciones de explotación en Madre
de Dios, incluyendo el trabajo y la prostitución infantil,
se parecen a aquellas de la "bonanza" del caucho a comienzos
del Siglo XX, el cual atrajo a miles de extranjeros a la región
del noreste peruano, centrado en la ciudad de Iquitos en las costas
del Río Amazonas.
Los despiadados barones del caucho establecieron "campos
de esclavos" para asegurar que los trabajadores, que eran
brutalmente azotados para incrementar la producción, no
escaparan.
La situación en Madre de Dios es en muchas maneras incluso
peor. Bajo la previa presidencia de Alan García, la mayoría
de la selva fue dividida en concesiones permitiendo a compañías
extranjeras explorar por petróleo y explotar recursos madereros
y reservas de oro.
Humala, que previamente había posado como un nacionalista
de izquierda, ha dejado en claro que él se pondrá
de lado con las corporaciones mineras en sus intentos para superar
a la resistencia a sus actividades.
Las ganancias mineras en el Perú alcanzaron los US$4
mil millones, 70 por ciento perteneciendo a cinco compañías
multinacionales. Con la minería informal alcanzando el
15 por ciento de la minería aurífera, está
claro que detrás del impulso para regular las minas en
Madre de Dios y otras partes del Perú se encuentra la avaricia
insaciable del capitalismo internacional.
Así de simple, una vez "formalizados", los
mineros informales no tendrán los recursos para competir
con el capital internacional, como la corporación minera
Newmont de Colorado (el principal accionista de Yanacocha, la
segunda mina de oro más grande del mundo); o compañías
como Doe Run Corporation, el más grande productor de plomo
integrado en los EE.UU.(que explotara una de las fundiciones más
contaminadas del mundo en La Oroya); o Southern Copper Corporation,
consorcio mexicano que administra los inmensos complejos mineros
de Cuajone y Toquepala.
Añadido a este problema está la influencia de
políticos corruptos conectados al gobierno que se benefician
de la minera informal. En un reporte del diario El Comercio
que se basaba en grabaciones de audio y video, se revelaba
que el congresista Eulogio Amado Romero, del partido Gana Perú
del presidente Humala, controla 6.700 hectáreas y recibe
pagos de US$300,000 por parte de operaciones de minería
ilegal en Madre de Dios.
La familia de Cecilio Baca, la cual llegó a Madre de
Dios en los años 70, controla 7.500 hectáreas y
tiene 17 concesiones por extracción de oro. La familia
gasta enormes cantidades en transporte y maquinaria pesada, mantiene
relaciones de negocios con amplios sectores de la economía
"legal". Se ha diversificado en varios negocios, como
hoteles, estaciones de gas, transporte y compra de minerales.
El gobierno está investigando los negocios familiares por
actividades de lavado de dinero.
Mientras la presidencia de Humala continúa virando hacia
la derecha, está usando a los medios de comunicación
para publicitar planes de inversión extranjera por más
de US$10 mil millones en los próximos dos años.
Por supuesto, la gran parte de este dinero fluirá a los
inversionistas extranjeros y a la burguesía peruana. La
implementación de estos plantes depende de la habilidad
del Presidente de aplastar la creciente protesta social en el
país.
El impresionante crecimiento anual en los años recientes
ha convertido al país en un polo de atracción para
las inversiones extranjeras. El Perú es visto como un productor
de materias primas que alimenta el enorme crecimiento de Asia,
en particular China.
Los sectores de construcción y bancario están
experimentando un boom. Se ha reportado que las ganancias bancarias
están a la orden del 14 por ciento y cada semana se anuncia
un nuevo megaproyecto en construcción: centros comerciales,
cines y cadenas de restaurantes, parques industriales, etc.
Pero este crecimiento, el cual ha incrementado el salario promedio
del trabajador peruano (usualmente a través de planes de
participación de beneficios), también ha creado
una situación caótica e insostenible.
La mayoría de los trabajadores no tienen seguro médico
y son empleados por "terceros", lo que significa que
no tienen protección de empleo o beneficios. Estos contratistas
también emplean a jóvenes con grados universitarios
y pagan menos de US$300 al mes.
Debido a que el crecimiento chino se está desacelerando
y temores de una creciente inestabilidad política en el
gigante asiático, tarde o temprano este completo esquema
colapsará. El problema de la informalidad, la prevalencia
de minifundios antieconómicos entre el campesinado y la
creciente deuda de consumo entre la población urbana, llevará
a un explosivo desorden social.
No hay ninguna oposición real al gobierno de Humala.
Ninguno de los líderes de los manifestantes, desde la federación
minera, los gobiernos regionales o la izquierda pequeño
burguesa que apoyó a Humala, tiene algo que ofrecer. Todos
hacen un llamado a Humala para que regrese a su original—y
fraudulento—programa de "inclusión social".
La economía peruana es una parte integral de la crisis
capitalista mundial. Su caótico y desigual crecimiento
llevará a una explosión social, una confrontación
entre la clase trabajadora y la burguesía peruana y sus
socios extranjeros. Para resolver este problema la clase trabajadora
peruana necesita tomar el destino con sus propias manos, adoptar
un programa socialista y construir su propio partido revolucionario
como una sección del Comité Internacional de la
Cuarta Internacional.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
