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La represión contra los trabajadores y los jóvenes
en España
Por Alejandro Lopez
10 Abril 2012
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La huelga general española de la semana pasada demuestra
la determinación de la clase obrera para resistir las medidas
de austeridad impuestas por el gobierno derechista del Partido
Popular (PP), por La Unión Europea y por el Fondo Monetario
Internacional
La feroz represión policial durante y después
de la huelga es una señal de la dura respuesta de la elite
gobernante a este enorme acto de desafío.
En Cataluña, la policía detuvo a 79 e hirió
a 100. Ésta es la región donde se han impuesto los
mayores recortes en sanidad y en educación; es considerada
el "laboratorio" de las medidas de austeridad que después
se imponen en otras comunidades autónomas a la fuerza.
Según el semanario catalán La Directa:
"la seguridad desplegada durante la huelga estaba compuesta
por 9.385 agentes, el 60 por ciento de esa fuerza," incluyendo
la Brigada Móvil entera, que consiste de más de
400 agentes antidisturbios.
Emplearon balas de goma, granadas de humo y gas lacrimógeno
contra los manifestantes. El gas se utilizó por primera
vez en 16 años, contra decenas de bomberos que exigían
que la policía no disparara más balas de goma contra
la multitud en el centro de Barcelona. También hubo agentes
de paisano y helicópteros.
Una de las balas de goma le rompió a un joven tres costillas
y le perforó un pulmón. Otro joven perdió
un ojo; otro perdió el bazo. Unas 19 personas fueron hospitalizadas
con heridas múltiples; siete de las cuales habían
sido heridas por las balas de goma de la policía. Decenas
más fueron hospitalizadas por los efectos de las granadas
de humo y gas lacrimógeno. Un hombre en silla de ruedas
protestando las acciones de la policía el día siguiente
fue imputado por "desorden público".
Ocho menores de edad pasaron toda la noche detenidos por la
policía antes de ser liberados. Cuarenta y un personas
han sido acusadas de varios crímenes.
Dos estudiantes y un miembro de la asamblea de El Clot (una
asamblea de barrio), permanecen en la cárcel. Los dos estudiantes
son acusados de desórdenes públicos, daños
a la propiedad pública y de atacar a policías y
otros ‘agentes de la autoridad'.
Se los enjuicia por estar envueltos en disturbios que ocurrieron
durante la tarde de la huelga general, a pesar de que habían
sido arrestados esa mañana.
La policía declara que esto se justifica porque los
dos forman parte de una supuesta “organización”
que tuvo que ver en los disturbios posteriores. Las autoridades
sostienen que se los debe mantener en la cárcel para evitar
que se envuelvan en más actividades “antisistema”,
específicamente en protestas planeadas en torno a la reunión
cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona este 3 de mayo.
Reclamar que una persona pueda ser detenida por un delito que
quizás pudiera cometer en el futuro equivale a la detención
preventiva.
Esta nueva y siniestra medida es el último ejemplo de
una larga serie de medidas represivas empleadas por la élite
gobernante desde el inicio de la crisis económica en el
2008.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en diciembre
2010, aceleró la represión al usar fuerzas militares
contra los controladores aéreos en huelga contra un recorte
salarial del 50 por ciento y contra ataques a sus condiciones
laborales.
En mayo del 2011, la policía disparó balas de
goma y atacó a golpes una concentración contra los
recortes que ocupaba pacíficamente la Plaza Catalunya en
Barcelona. Al mes siguiente, la policía dispersó
violentamente una manifestación ante el Parlamento catalán,
que en ese momento aprobaba recortes en sanidad y educación.
El PP multiplica la represión. Antes de la huelga general,
en Valencia, la policía ataco con violencia a estudiantes
y escolares que en febrero protestaban contra recortes en educación.
El jefe regional de la policía los tildó con el
apodo de ‘el enemigo'.
A cada caso, la prensa de derecha defiende la represión,
exige siempre a los que están al poder que aprieten más;
e intentan movilizar a fuerzas fascistas para acabar con la resistencia
a las medidas de austeridad.
El diario ABC, por ejemplo, que, desde su fundación
en 1903, ha apoyado todos los regímenes reaccionarios y
fascistas en España, publicó nombres de personas
y organizaciones que acusó de incitar oposición
al gobierno, particularmente los “indignados del 15-M, activistas,
grupos políticos y ecologistas.”
En línea con estas demandas, Felip Puig, Ministro de
Interior de la región catalana anunció el pasado
martes sanciones contra la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT) de carácter anarcosindicalista y la Confederación
General del Trabajo (CGT); están acusadas de ser responsables
de disturbios ocurridos durante la huelga general. Puig también
propuso endurecer las leyes para restringir el derecho de reunión.
Además anunció la creación de una página
web de ‘colaboración ciudadana' donde los ciudadanos
podrán identificar a los ‘más violentos'. A
esto se añadirán controles de identidad más
estrictos, la contratación de más de 100 policías
antidisturbios y, según Puig, una mayor coordinación
con las fuerzas policiales de toda Europa en la búsqueda
de los manifestantes “antisistema”.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
ya ha dicho que el gobierno tiene la intención de cambiar
la ley para que la legislación antiterrorista utilizada
en contra de los separatistas vascos se pueda emplear contra los
desórdenes públicos.
Bajo condiciones en las que el gobierno de Mariano Rajoy impone
recortes de €27 mil millones, con el objetivo de recortar
el déficit público del 8,5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) al 5,3 por ciento anual, bien saben las clases
dominantes española y europea que esta medida no puede
ser impuesta por la vía democrática.
Ya son visibles sus intenciones en Grecia, donde en los últimos
cinco años trabajadores y jóvenes han sido el blanco
de una ronda tras otra de recortes de gastos y de aumentos de
impuestos, cada una más cruel que la anterior, sin ningún
final a la vista.
En España y en toda Europa la clase obrera está
frente a una lucha por el poder político contra la burguesía
y sus representantes; entre los cuales están los sindicatos.
La austeridad y la tendencia hacia la dictadura sólo
pueden ser derrotadas a través de la lucha por un gobierno
obrero, basado en políticas socialistas.
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