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España: Más recortes en sanidad y educación

Por Alejandro López
21 Abril 2012

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El IBEX, la principal bolsa de valores de España, llegó el lunes por la mañana a su peor resultado en tres años, bajando 35 puntos. Al mismo tiempo el precio de asegurar la deuda española aumentó a niveles que batieron el récord.

Lyn Graham-Taylor, estratega de Rabobank, fue citada al decir que Europa estaba "en el modo de vuelta a la plena crisis" con España a la cabeza. Esto a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) inyectó un billón de euros en el sistema financiero europeo el diciembre pasado, lo que evitó una catástrofe económica al proporcionar a los bancos una fuente lucrativa de dinero ultra-barato el cual se utilizó, posteriormente, para comprar deuda española.

Bruselas ha enviado una delegación a España con el objetivo de "analizar" sus libros de cuentas. Presentarán los resultados a finales de junio en una reunión cumbre de los Ministros de Finanzas Europeos, que decidirá si el país está haciendo lo suficiente para resolver su deuda pública y privada.

Las bajadas del mercado se produjeron después de que el gobierno perfilara los detalles de las reducciones de los gastos valorados en 10 mil millones de euros, a los cuales hay que añadir los 27,3 mil millones de euros en recortes en los presupuestos de 2012 (equivalente al 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), las reducciones de 15 mil millones de euros anunciadas en diciembre y los 16.5 mil millones de euros recortados por el gobierno anterior del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Aun así, hay un creciente escepticismo de que España pueda adherirse a los objetivos acordados hace dos años con la Comisión Europea, el BCE y el Fondo Internacional Monetario de reducir el déficit del 9,2 por ciento del PIB en 2010 al 4,4 por ciento este año y al 3 por ciento en 2013.

El Presidente, Mariano Rajoy, ya dijo que el país no podría cumplir el objetivo de este año, obligando a Bruselas a enmendar el objetivo a 5,3 por ciento en el 2012 y al 3 por ciento en 2013.

Los recortes más recientes tienen como fin poner presión sobre los 17 gobiernos regionales para que impongan reducciones significantes a sus gastos. Las regiones gastan cuatro de cada diez euros del gasto público de España y tienen la competencia administrativa de la sanidad y la educación, las cuales equivalen al 80 por ciento de sus presupuestos.

Ni una sola de las regiones alcanzó su meta de 1,3 por ciento el año pasado. Su combinado déficit terminó en más de un 2,9 por ciento del PIB, obligando al país a pedir prestado aproximadamente 17 mil millones más de lo esperado.

En diciembre Valencia falló en liquidar un préstamo de 1,8 mil millones de euros y el gobierno central tuvo que rescatarla. Ahora el centro de atención se enfoca en la región de Andalucía.

Antonio Beteta, subsecretario de la región, se ha quejado que "Andalucía no es transparente... hay un problema de transparencia así como de credibilidad". El Ministro de Finanzas, Cristóbal Montoro, hizo referencia al "agujero negro en los libros de contabilidad de Andalucía.

Esta es una de las pocas regiones que el partido en el poder, el Partido Popular (PP), no gobierna. Se espera que se forme un gobierno de coalición entre el PSOE y la organización encabezada por el Partido Comunista, Izquierda Unida, cuya coalición se encargará de imponer los recortes en salud y educación.

El resto de las regiones han dejado constar que se han comprometido a un déficit de 1,5%. Según la ley adoptada el jueves pasado, el gobierno central puede quitarle el control a cualquier región que considere está fracasando en su objetivo de reducción del déficit.

Un comunicado de prensa sobre los últimos recortes ha indicado planes para la privatización, la "reforma" de la educación y la sanidad y la "eliminación de duplicación" de los grandes servicios públicos.

Rajoy ha rechazado continuamente cualquier discusión sobre si España va a necesitar un rescate como el de Grecia. "España no va a ser rescatada", dijo, "No lo necesita. No queremos crear una alarma injustificada. Pedimos prudencia."

Pero los pronósticos predicen que la producción económica española disminuirá en un 1,7 por ciento este año. Las exportaciones han bajado en un 1,6% durante los últimos tres meses, la tasa anual del gasto del consumidor se redujo en un 1,1 %.

El sector inmobiliario, del que España ha dependido considerablemente durante la última década, continúa deprimido. El precio promedio de un nuevo hogar sufrió una caída del 8,5 por ciento durante el cuarto trimestre del 2011, en comparación con el año pasado, mientras que el precio de las propiedades ya en posesión, cayó en un 13,7 por ciento.

Unos 4, 750,000 trabajadores, casi un 23 por ciento de la población, están en paro y entre los jóvenes el porcentaje sube a más del 50 por ciento.

En un artículo en el Financial Times, Wolfgang Münchau dice que "España ha aceptado una misión imposible". Una rebaja del déficit este año al 5,3 por ciento del PIB requeriría reducciones entre 53 y 64 mil millones de euros.

Esto es "físicamente imposible". Continuo diciendo, "así que algo más tiene que ceder: o España no logra sus objetivos o el gobierno español tendrá que despedir a tantas enfermeras y maestros que el resultado será una insurrección política".

Es contra este fondo que las encuestas más recientes muestran una caída en el apoyo a los partidos oficiales.

Según una encuesta Metroscopia en El País, después de 100 días en el gobierno el PP ha perdido casi ocho puntos en marzo, lo que representa una caída del 46.3 al 38.1 por ciento. El apoyo al PSOE sigue disminuyendo, habiendo descendido del 24.4 al 23 por ciento.

Las encuestas muestran un pequeño aumento en el apoyo a los otros partidos, incluida Izquierda Unida, que subió del 9.1 al 11.6 por ciento.

Bajo estas circunstancias, varios sectores han hecho un llamamiento para que el PP forme un gobierno de coalición nacional con el PSOE.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que Rajoy debería forjar un "consenso de Estado" con el PSOE para volver a "recentralizar" España. Es decir, desmantelar el sistema regional del país.

Un portavoz del PSOE respondió que "si Rajoy telefonea a Alfredo Pérez Rubalcaba [el dirigente del PSOE] para hablar sobre esta situación de emergencia, por supuesto que vamos a hablar y escuchar."

Detrás de estos recursos yacen temores de una explosión social, los cuales El País planteó en uno de sus editoriales: "Es inconcebible que un ahorro de 27 millones de euros en el presupuesto del Estado y otros 10 millones de dólares en salud y educación pueden ser aprobados simplemente con un voto mecánico proporcionado por mayoría absoluta del PP en el Parlamento".

El editorial continuo: "La cuestión es si el país está dispuesto a aceptar todo esto con fe ciega." Criticando a Rajoy por haber permitido que otros ministros anunciaran los recortes, el editorial sigue: "Si este no es el momento de plantear un esfuerzo conjunto en temas capitales, orillando la bronca y el ambiente de gallinero, parece imposible que se genere la confianza indispensable. Claro que difícilmente se puede exigir lealtad y consenso si no se demuestra internamente."

Muy lejos de llegar a un consenso, los ámbitos del poder político preparan medidas que convertirán en criminal a todo el que se oponga a su programa.

Después de haber propuesto que la "violencia callejera" será castigada con hasta 18 años de cárcel, el ministro del interior, José Fernández Díaz, anunció que toda persona que use el Internet para organizar "manifestaciones que son violentas" serán impugnados con cargos de "miembros de una organización criminal".