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Gobierno boliviano reprime violentamente protesta indígena
Por Bill Van Auken
29 Septiembre 2011
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El gobierno del presidente Evo Morales llevó a cabo
una sangrienta represión de una marcha de indígenas
el domingo pasado protestando contra la construcción de
una nueva carretera a través de sus tierras.
Unos 500 policías paramilitares rodearon el campamento
de más de mil indígenas, entre ellos cientos de
mujeres y niños, lanzando gases lacrimógenos, golpeando
a los manifestantes con palos, tirándolos de cara al piso
y esposándolos.
El asalto mató a un bebé de tres meses de edad,
que murió de asfixia por los gases lacrimógenos.
Muchos más resultaron heridos y al menos 37 fueron reportados
como desaparecidos, entre ellos varios niños.
El ataque sorpresa llegó el mismo día que Morales
había anunciado su intención de poner el proyecto
de la carretera a un referéndum en Beni y Cochabamba, los
dos departamentos cuyo territorio cruzaría, y que invitaba
a los de la marcha para reunirse con él en el palacio de
gobierno.
Un comandante de la policía justificó el violento
ataque diciendo que los indígenas habían puesto
en peligro a la policía por llevar arcos y flechas. También
se refirió al supuesto "secuestro" el día
anterior del canciller boliviano, David Choquehuanca, quien fue
enviado a iniciar un diálogo con los líderes de
la protesta. Al parecer, las mujeres indígenas habían
tomado a Choquehuanca de los brazos y persuadido para marchar
con ellas. Más tarde éste afirmó que fue
utilizado como "escudo humano" para romper el intento
de la policía de bloquear la marcha.
La policía había tenido como objetivo rodear
a los manifestantes y transportarlos en aviones de vuelta a donde
habían empezado. Este plan fue impedido, sin embargo, cuando
cientos de indignados residentes de la ciudad de Rurrenabaque,
ubicada cerca de donde el asalto de la policía se llevó
a cabo, ocuparon la pista del aeropuerto local y los bloquearon
los aviones con troncos de árboles y neumáticos
incendiados. Los residentes luego rodearon los autobuses en los
que se encontraban los manifestantes, ahuyentaron a la policía
y liberaron a sus cientos de cautivos.
En La Paz, el ministro del Interior Sacha Loretta afirmó
que la policía había decidido liberar a los detenidos
"para evitar la confrontación".
La marcha había comenzado 41 días antes en la
norteña ciudad de Trinidad. Su objetivo era la capital
de La Paz, a 500 kilómetros al suroeste, donde los manifestantes
intentaban protestar contra el plan de construir la a través
del territorio indígena y parque nacional Isiboro-Secure,
conocido por sus siglas en español, TIPNIS.
La reserva incluye 3.860 kilómetros cuadrados de la
cuenca amazónica boliviana, y está habitada por
unas 50.000 personas pertenecientes a tres diferentes grupos indígenas
que han habitado la zona desde hace siglos. Es el centro de gran
parte de la biodiversidad de Bolivia y fuente de la mayoría
del agua del país.
La confrontación ha creado una crisis para el gobierno
de Morales y llevo a la renuncia el lunes del ministro de defensa,
Cecilia Chacón. "No estoy de acuerdo con la intervención
en la marcha y no se puede justificar la medida, cuando existían
otras alternativas", escribió en una carta a Morales.
Mientras tanto, cientos de miembros de otros grupos indígenas
han iniciado protestas, incluyendo huelgas de hambre en Santa
Cruz y Cochabamba y una vigilia en La Paz. Y la Central Obrera
Boliviana (COB), ha convocado una huelga general para el miércoles
en apoyo de los indígenas amazónicos.
Morales, quien fue elegido presidente en 2005 como el líder
del Movimiento al Socialismo, o MAS, se refiere sí mismo
como el primer jefe Estado indígena en Bolivia. Él
supervisó los cambios a la Constitución del país
para declarar a Bolivia un "Estado Plurinacional" y
de otorgar un grado de autonomía política y cultural
de los pueblos indígenas.
Desde el principio, sin tomar en cuenta el nombre de su partido,
el gobierno de Morales ha seguido una política de promoción
del desarrollo capitalista, tanto mediante la ampliación
de las concesiones al capital extranjero y la defensa de los intereses
de la burguesía nativa. El gobierno ha calificado su política
de "capitalismo andino-amazónico".
Aunque en un principio fue capaz de ganar apoyo popular a través
de la implementación de programas de asistencia social
modesta, hecha posible por el aumento de precios para las exportaciones
bolivianas, en el último año se ha enfrentado a
una serie de huelgas generales y protestas sociales contra los
precios de los alimentos, estancamiento de los salarios y los
recortes en subsidios del gobierno.
Ante esta situación, el gobierno ha tratado de movilizar
a los grupos indígenas en su apoyo, denunciando a los trabajadores
bolivianos que luchan por aumento de salarios como un "grupo
con interés especiales".
Ahora, el gobierno ha tratado de caracterizar la protesta de
los indígenas de la Amazonía como un instrumento
de la derecha boliviana y la embajada de los EE.UU. cuyo objetivo
es "defender el capitalismo."
En realidad, el proyecto de carretera, promocionado por el
gobierno de Evo Morales como un medio para el desarrollo de las
zonas más pobres del país, es otra manifestación
de la enorme subordinación de la economía de Bolivia
a los intereses del capital brasileño. Es financiado por
préstamos de Brasil y construido por una empresa brasileña.
Su objetivo principal será la creación de una ruta
para las exportaciones brasileñas, en especial la soja,
a los puertos del Pacífico de Chile y Perú y, desde
allí, a los mercados asiáticos.
El mayor temor de los indios del Amazonas es que la carretera
abrirá la región a la explotación de la madera
y a los bolivianos sin tierra de las montañas en busca
de nuevas áreas para cultivar la cosecha más rentable
del país, la coca.
El gobierno de Morales, que es un ex presidente del sindicato
de cocaleros, evidentemente ha tratado de ganar apoyo entre los
grupos indígenas del altiplano que han tratado de cultivar
en la zona amazónica. Unas cuantas docenas de ellos trataron
de bloquear la marcha con barricadas.
Esto llevó al canciller Choquehuanca a advertir de posibles
actos de violencia entre los diferentes grupos indígenas
e incluso a compararlo con el conflicto genocida entre Hutus y
Tutsis que costó la vida de cientos de miles de personas
en Ruanda.
En realidad, el brutal ataque a los indígenas del Amazonas
ha sido condenado por los representantes de los pueblos indígenas
en todo el país. "Nos sentimos avergonzados de lo
que está sucediendo en nuestro país", dijo
Reynaldo Flores, un portavoz del grupo en huelga de hambre en
Cochabamba.
Waldo Albarracín, el ex defensor público de Bolivia,
dijo a la agencia de noticias AFP que en la violencia del domingo
la policía representaba "un acto reprobable de la
represión política similar a las producidas por
los gobiernos de facto" que gobernó Bolivia bajo las
dictaduras militares en las décadas de 1960 y 1970.
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