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El parlamento español aprueba la modificación
constitucional que impone un límite al déficit público
Por Alejandro López
1 Octubre 2011
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La Constitución española ha sido modificada con
un artículo nuevo que impone un límite en el déficit
público.
Durante 33 años los partidos dirigentes han considerado
intocable la constitución, sólo ha sido enmendada
una vez para adaptar la legislación del país al
marco jurídico de la unión europea. Ahora, en un
tramo de dos semanas desde que el Primer Ministro Zapatero anunció
que él planeaba una modificación, un nuevo artículo
se ha agregado a fin de tranquilizar a los mercados internacionales
que el gobierno Español toma en serio recortar su déficit.
La modificación fue forzada a través del congreso
el 30 de agosto en un procedimiento por vía rápida,
con 318 votando en favor y 16 en contra, con 2 abstenciones, La
ayuda vino del derechista Partido Popular (PP) y del gobernante
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con solamente
un partido minoritario, el conservador Unión del Pueblo
Navarro (UPN), apoyando la medida.
Los que votaron en contra de la modificación incluyeron
diputados de los partidos nacionalistas y regionalistas - el Partido
Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Nafarroa Bai (NaBai) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)—
junto con Izquierda Unida ( IU), su aliado regional, Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV), Union Progreso y Democracia (UPyD)
y un diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, ex-secretario
general del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO). El grupo nacionalista
y derechista catalán CiU se abstuvo.
Una semana después, el Senado español (Camara
Alta) endosó la modificación constitucional con
233 votos en favor y 3 en contra. Los partidos nacionalistas y
las formaciones ex-izquierdas no votaron.
La preocupación de los partidos nacionalistas es, sobre
todo, mantener su autoridad regional para que puedan construir
relaciones directas con las corporaciones españolas e internacionales
y con los bancos. José Antonio Duran Lleida, líder
de CiU en el congreso se quejó: “Si no estuvimos implicados
en el consenso o el diálogo, entonces no estamos implicados
en el voto....ellos [PP y PSOE] lo hacen, ellos se lo guisan,
ellos se lo comen.”
Sin embargo, el grupo nacionalista apoya la austeridad fiscal
y está imponiendo actualmente un recorte del 10 por ciento
sobre el presupuesto de Cataluña del año pasado.
IU, junto con los sindicatos principales, UGT y CC.OO, declaró
una protesta simbólica de un día contra la nueva
reforma. Sin embargo, solamente pudieron movilizar unos miles
de trabajadores y miembros del movimiento de Indignados contra
la reforma en Barcelona y Madrid.
Un oficial de CC.OO, Ramón Górriz, dijo, “El
objetivo de estas manifestaciones y concentraciones (..) es mostrar
nuestro rechazo a la reforma constitucional propuesta por el PSOE
y por el PP, plantear la petición a los diputados y senadores
para que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario,
y exigir que si la propuesta es aprobada, sea sometida a referéndum"
La demanda para un referéndum es un medio de desmovilizar
la oposición a las medidas que causarán recortes
masivos en todas las formas de gasto social. Los partidos dirigentes
no convocarán un referéndum - que se debe endosar
por el 10 por ciento de los diputados de la Cámara Alta
o Baja -especialmente antes de las próximas elecciones
generales.
En menos de una semana, 82.177 personas habían firmado
una petición para exigir que los diputados de ambas cámaras
forzaran un referéndum. Pero el Primer Ministro Zapatero
ha convocado elecciones anticipadas para el 20 de noviembre y
disolverá el parlamento antes del final de este mes.
IU, una coalición dirigida por los Estalinistas, está
repitiendo lo que dicen los partidos nacionalistas al presentar
la modificación como un ataque contra la soberanía
nacional de España, en vez de, un ataque por la burguesía
contra la clase obrera. Gaspar Llamazares, portavoz del IU, se
quejó: “Estamos substituyendo la soberanía
de ciudadanos con la soberanía de los mercados.”
Desde su reelección en 2008, Zapatero ha empujado hacia
delante todos los recortes sociales exigidos por el PP; imponiendo
un paquete de austeridad de 15,000 millones de euros que incluye
recortes del 5 al 15 por ciento en los sueldos de los funcionarios,
una subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67
años, y una nueva reforma laboral que empeora las condiciones
laborales y reduce los salarios.
Estas medidas se han ejecutado en medio de niveles extensos
de miseria y cifras de desempleo que alcanzan una quinta parte
de la población activa y cerca del 50 por ciento entre
los jóvenes de 18 a 25 años.
Las últimas medidas aprobadas el pasado mes de agosto,
después de un renovado ataque especulativo contra los bonos
del gobierno español incluyen la eliminación de
la prohibición de emplear un trabajador indefinidamente
en contratos de trabajo temporales.
El gobierno ya ha cortado el déficit del sector público
del 11.1 por ciento del PIB en 2009 al 9.2 por ciento en 2010.
El objetivo este año es reducir el déficit al 6
por ciento y al límite de la UE del 3 por ciento para el
2013.
La idea de límites de deuda constitucionales fue introducido
en la cumbre europea del 21 de Julio cuando los líderes
de la Unión Europea aprobaron un paquete de medidas para
Grecia y animaron a estados miembros a que ejecutaran disciplina
fiscal. Alemania ya ha incluido esta estipulación en su
constitución, mientras que Francia e Italia están
trabajando en ello.
Durante una cumbre el 16 de agosto al que asistió el
presidente francés Nicolas Sarkozy, la canciller alemana
Angela Merkel exigió que todos los países tomen
el modelo alemán de un déficit estructural máximo
del 0.4% y que pongan su mercado de trabajo a prueba de esfuerzo.
El déficit máximo será utilizado por el
siguiente gobierno para imponer medidas de austeridad más
duras. Ambos partidos han indicado ya que introducirán
una nueva ley que limitará el déficit al 0.4 por
ciento del GDP (0.26 para el estado y 0.14 para las Comunidades
Autónomas), entrando en efecto a partir de 2020.
Un déficit máximo de 0.4 por ciento es excesivamente
bajo. Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas
en la Universidad Pompeu Fabra, señaló que en los
últimos 20 años, “ni la zona euro, ni la OCDE
en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior
al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió
sólo un año, EEUU tres años, Reino Unido
cuatro, y España también cuatro, a costa, por cierto,
de tener el gasto público por habitante más bajo
de la UE-15.”
La UE-15 se refiere al número de Estados miembros antes
del ingreso de los Estados de Europa del este.
Él continúa, “El PIB per cápita en
España es ya el 94% del PIB per cápita promedio
de la UE-15. En cambio, el gasto público social per cápita
es sólo el 74% del gasto público social per cápita
promedio de la UE-15” y solamente 1 de cada 10 está
empleado en el sector público.
No es el gasto excesivo, sino los recortes en impuestos sobre
las grandes empresas y los ricos que han causado el problema en
las finanzas públicas. Una de las últimas medidas
aprobadas en agosto por el PSOE fue la de recortar el IVA al 4
por ciento en la compra de nuevas viviendas hasta el final del
año, beneficiando a los bancos y a las grandes inmobiliarias.
Fue el favorito para substituir a Zapatero como líder
del PSOE, el candidato millonario Alfredo Pérez Rubalcaba,
quien recomendó que no se incluyera ningún límite
exacto de gasto en la reforma, y que esto fuera incluido en una
ley separada. Previamente había llevado a cabo una serie
de reuniones dentro del PSOE para obtener apoyo para la reforma,
defendiéndola como una medida para “demostrar que
España es un país serio”.
Zapatero también defendió la reforma como “paso
hacia la consolidación de confianza en la estabilidad a
medio y largo plazo en la economía española”.
El énfasis en la reducción del gasto público
por los dos partidos principales está dirigido solamente
a atacar las condiciones de vida de la población trabajadora.
El mismo gobierno que habla de la necesidad de reducir el gasto
público para tener un presupuesto equilibrado suprimió
un impuesto sobre el Patrimonio en abril de 2008, que ingresó
2,000 millones de euros en el 2007.
Esta medida fue aceptada por Rubalcaba, que ahora está
pidiendo cínicamente “un esfuerzo adicional de los
que más tienen”.
Según el periódico conservador ABC, si la elección
nacional fuera llevada a cabo ahora el PP ganaría el 47.6
por ciento del voto, comparado con el 35 por ciento para PSOE
como resultado de su pérdida de apoyo entre trabajadores.
El PSOE ha seguido una política que no es nada diferente
a la del PP, creando las condiciones más favorables para
una victoria conservadora. El PP ya ha impuesto duras medidas
de austeridad en todos los gobiernos regionales bajo su control,
siendo el mejor ejemplo Castilla-La-Mancha. La Presidente regional,
Maria Dolores de Cospedal, quitó el control al PSOE después
de las elecciones locales el 22 de mayo. Ella propone reducir
radicalmente €1.7 mil millones en el gasto regional, principalmente
en educación, mantenimiento público, gasto farmacéutico
y suprimiendo comisiones y agencias.
La aprobación de la modificación de la Constitución
con la ayuda de ambos principales partidos demuestra que, cualquiera
que gane las elecciones de noviembre, los recortes están
al orden del día.
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