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La Corte Penal Internacional y Gadafi
Por Chris Marsden
23 Mayo 2011
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el autor
La orden de búsqueda y captura emitida por el fiscal
jefe Luis Moreno-Ocampo contra el coronel Gadafi, su hijo Saif
al-Islam y el jefe del servicio de inteligencia libio Abdullah
al-Senusi por crímenes de guerra, sirve para confirmar
el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) como instrumento
al servicio de las potencias imperialistas.
Las órdenes de arresto se están emitiendo, en
efecto, en nombre de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia,
los arquitectos-jefe del actual bombardeo sobre Libia. Moreno-Ocampo
ha estado reuniendo pruebas contra los tres acusados con el objetivo
de impedir cualquier posibilidad de llegar a un final negociado
de la guerra, de aislar aún más a Gadafi y allanar
el camino para el cambio de régimen.
Por parte de Washington, Londres y París, apenas se
hace ya esfuerzo alguno para ocultar tales objetivos al referirse
a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que afirma cínicamente que la intervención
se basa en la responsabilidad que existe de proteger la vida de
los civiles. A pesar de esta especie de hoja de parra legal que
supone la tal Resolución, la guerra libia ha alcanzado
velozmente nuevas cotas de ilegalidad y criminalidad.
El Tribunal de Nuremberg estableció que la planificación
y lanzamiento de una guerra de agresión es el más
grave y capital crimen de guerra, del que brotan inexorablemente
otros crímenes contra la humanidad. Bajo ese estándar,
el presidente Barack Obama, el primer ministro David Cameron y
el presidente Nicolas Sarkozy son culpables de delitos mucho más
grandes que cualquiera de los que haya podido cometer Gadafi.
Además, la realización de este ejercicio neocolonial
ha confirmado la tesis de Nuremberg, con EEUU y la OTAN poniendo
descaradamente en marcha una política de asesinatos contra
Gadafi, los miembros de su familia y sus más altos colaboradores.
Todo esto se combina con una escalada de ataques contra objetivos
civiles en Trípoli. La acusación del fiscal de la
CPI de que Gadafi “ha ordenado personalmente ataques contra
civiles libios desarmados” podría también presentarse
seguramente contra Obama, Cameron y Sarkozy.
La investigación que Moreno-Ocampo anunció el
3 de marzo, citando la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, fue aprobada el 15 de febrero, quedando
la situación en Libia bajo la jurisdicción de la
CPI.
El 5 de mayo, Moreno-Ocampo anunció primero que estaba
preparando tres órdenes de arresto por crímenes
contra la humanidad en Libia, sin nombrar a ninguno de los candidatos.
Esa acción pretendía invalidar los esfuerzos de
la Unión Africana para negociar un alto el fuego, fomentando
al mismo tiempo las deserciones dentro del régimen libio
a fin de facilitar la instalación del Consejo Nacional
Transitorio (CNT) compuesto por la oposición como gobierno-títere,
en el que se incluirían ex altos cargos de Gadafi.
Programado para que coincidiera con una reunión en Roma
del Grupo de Contacto sobre Libia, en la cual se acordó
canalizar inmensas sumas de dinero hacia el CNT, con sede en Bengasi,
el anuncio de la CPI del 15 de mayo se produjo a continuación
de un ataque aéreo contra la residencia de la familia de
Gadafi, que trataba de eliminar a Gadafi pero que mató
a uno de sus hijos y a tres de sus nietos.
El reciente anuncio de Moreno-Ocampo se hizo en similares circunstancias.
El día anterior, el primer ministro libio al-Baghdadi Ali
al-Mahmudi le comunicó al enviado especial de las Naciones
Unidas, Abdul Ilah al-Jatib, que Trípoli querían
“un cese el fuego inmediato que coincidiera con el fin de
los bombardeos de la OTAN”.
El día del anuncio, el ministro de exteriores italiano
Franco Fratini dijo que Italia estaba negociando la formación
de un posible “gobierno de reconciliación nacional”
y la salida de Gadafi de Libia.
De nuevo, una vez más, esas iniciativas quedaron anuladas
de hecho y sin efecto. En vez de permitir que pudiera darse una
situación por la que Gadafi pidiera llegar a la paz, la
OTAN se dedica a intensificar los ataques aéreos contra
Trípoli. Todo esto acompañado además de estridentes
exigencias por parte de Gran Bretaña para que se despliegue
una campaña de bombardeos aún más mortífera,
incluyendo también llamamientos abiertos a liquidar a Gadafi.
El general británico Sir David Richards, jefe del estado
mayor de la defensa, dijo que quería “acciones militares
más intensas”. Exigió cambios en las normas
de enfrentamiento a fin de aumentar “el ámbito de
los blancos que podemos atacar”, de forma que se incluyan
también infraestructuras estáticas para “demostrar
por tanto a Gadafi que el juego ha terminado y que tiene que irse”.
“No vamos directamente a por Gadafi, pero si ocurriera
que está en un centro de mando y control alcanzado por
la OTAN y muere, entonces, eso está dentro de las normas”,
dijo. Añadió que el primer ministro David Cameron
estaba “en la misma onda”.
El secretario del Foreign Office británico William Hague
se negó el domingo a descartar la utilización de
los aviones estadounidenses operados por control remoto para asesinar
a Gadafi. “Quién es y qué es un objetivo legítimo
depende de su conducta”, dijo.
El objetivo político de emitir órdenes de arresto
contra Gadafi, así como el ultimátum de Richards,
fue tan evidente que el Guardian británico se sintió
obligado a escribir en un editorial:
•
“Una cosa es insistir en que Gadafi debe irse en un nuevo
orden democrático. Pero insistir en que debe irse como
condición previa de cualquier negociación hace imposible
un alto el fuego. Insistir en que salga del país y se siente
ante la CPI es asegurarse que caiga combatiendo. Eso sólo
permite la opción militar y con ella la perspectiva de
muchas, muchas más víctimas civiles.”
•
El Guardian afirma que esto prueba que la estrategia de la
OTAN es “confusa”. Pues no es nada de eso. Se utilizó
el mismo modus operandi de presentar acusaciones de crímenes
de guerra para legitimar una guerra imperialista durante la guerra
aérea de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, cuando otro
tribunal patrocinado por las Naciones Unidas, el Tribunal Penal
Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY, por sus siglas
en inglés) acusó al presidente serbio Slobodan Milosevic
de crímenes contra la humanidad.
El juicio contra Milosevic empezó en 2001, un año
después de que le hubieran depuesto. A lo largo de los
cinco años que duró, la autodefensa de Milosevic
resultó sumamente embarazosa para las potencias occidentales.
El proceso quedó interrumpido a causa de su muerte por
un ataque al corazón.
Las afirmaciones de Richards y compañía y las
acciones emprendidas ya por la OTAN indican que ahora no se está
precisamente planeando un juicio-espectáculo parecido.
La orden de detención pergeñada tiene el carácter
de una sentencia de muerte que va a cumplirse en el escenario
de guerra.
El papel de la CPI en la guerra libia es coherente con sus
anteriores antecedentes de servicios al imperialismo. Cuando se
creó en julio de 2002, pareció representar la reforma
más importante de derecho internacional desde la II Guerra
Mundial, al crear un órgano internacional para procesar
a individuos acusados de genocidio, crímenes contra la
humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
Pero desde entonces ha demostrado ampliamente que sus actuaciones
están subordinadas a los intereses de las potencias imperialistas
que dominan las Naciones Unidas.
EEUU se ha negado a reconocer la autoridad de la CPI, al igual
-bien formalmente o en la práctica- que Rusia, China, Israel
y docenas de otros países. Washington rechaza cualquier
responsabilidad ante organismos internacionales en todo lo que
se refiere a la agresiva y violenta búsqueda de sus intereses
globales. Sin embargo, al igual que con la investigación
de Gadafi, Washington se atreve, gracias a su posición
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a remitir supuestos
crímenes a un tribunal que no reconoce.
Todas las seis situaciones en las que actualmente se han puesto
en marcha investigaciones se encuentran en África. En el
caso del conflicto Sudán-Darfur y Libia, fue el CSNU el
que instigó procesos que encajaban con los imperativos
de política exterior de EEUU y las potencias europeas.
En conjunto, las investigaciones emprendidas por la Corte han
coincidido con un renovado impulso de EEUU y las potencias europeos
por el control de los mercados y las materias primas africanas,
así como por conseguir ventajas geoestratégicas
y militares.
No es posible detallar todos los crímenes monstruosos
perpetrados por los poderes imperialistas desde que se estableció
la CPI. Sin embargo, el peor de esos crímenes fue la invasión
de Iraq en 2003. En 2006, Moreno-Ocampo publicó una carta
reconociendo haber recibido 240 comunicaciones relativas a la
invasión de Iraq.
El hombre que está instando ahora el procesamiento de
Gadafi respondió a ese respecto que dictaminar acerca de
la ilegalidad de la invasión y de cualquier posible crimen
de agresión no caía bajo la autoridad de la Corte
hasta que los estados que habían endosado la CPI hubieran
adoptado una disposición definiendo el crimen y estableciendo
si la Corte tenía jurisdicción. En cuanto a los
crímenes contra los civiles iraquíes, Moreno-Ocampo
afirmó que la información de que disponía
“no indicaba intencionalidad de atacar a la población
civil” ni “ataque excesivo”.
Estas declaraciones se realizaron en un momento en que fuentes
muy fiables estimaban ya en 650.000 los muertos iraquíes
como consecuencia de la guerra y la ocupación encabezadas
por EEUU, y bastante después de crímenes tan patentes
y tan execrables como Abu Ghraib y la destrucción de Faluya.
Traducido
del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
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