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Miles de indocumentados detenidos mientras EE.UU. aprueba
nuevas leyes anti-inmigratorias
Por Bill Van Auken
4 Julio 2011
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el autor
Las autoridades de inmigración de EE.UU. han anunciado
un número récord de arrestos como resultado de una
redada policial el mes pasado. De acuerdo a la agencia Inmigraciones
y Aduanas (ICE, siglas en inglés) 2.400 inmigrantes indocumentados
fueron acorralados en una semana de operativos llevados a cabo
en todos los 50 Estados. ICE describió la campaña
como la más grande de su tipo.
El director de ICE John Morton afirmó que las redadas,
denominadas "Operation Cross Check" ("Operación
Cheque Cruzado") tenían como objetivo capturar a "criminales
convictos extranjeros que se aprovecha de nuestras comunidades"
e "inmigrantes "fugitivos que evaden nuestro sistema
de inmigración". Atribuyó el número
récord de detenciones a un "excelente trabajo de equipo
entre las agencias de derecho legal que comparten el compromiso
de proteger nuestra seguridad pública".
Los arrestos en masa toman lugar en medio de críticas
y tensiones que rodean la cruda política migratoria de
la administración Obama y los esfuerzos crecientes de autoridades
federales de intimidar a la policía local y estatal para
que se vuelvan parte de las agencias inmigratorias.
Aunque Obama ofreció en su campaña presidencial
la promesa de reforma inmigratoria, desde que ha llegado al poder
ha presidido de un incremento significativo en el ritmo de deportaciones
con casi 400.000 inmigrantes siendo expulsados del país
cada año.
A comienzos de mes, Nueva York se volvió el tercer estado
en rechazar participación en el programa de "Comunidades
Seguras" ("Secure Communities") de la ICE, o "S-Comm",
como se conoce en círculos policiales.
El programa utiliza a la policía de las comunidades
en la aplicación de leyes inmigratorias, algo que los obligaría
a tomar huellas dactilares a todos aquellos detenidos por autoridades
federales para que sean comparadas con la base de datos de inmigración.
Mientras que el ICE ha promocionado la disposición como
un medio de retirar a "criminales peligrosos" de las
calles, las estadísticas de la propia administración
indican que tres de cada cinco de aquellos que son atrapados de
esta manera y luego sometidos a los procedimientos de deportación
son trabajadores indocumentados cuya única ofensa consiste
en entrar al país sin ninguna visa apropiada o de delitos
menores como ofensas de tráfico.
La policía local y estatal en varios lugares se ha opuesto
al programa aduciendo que éste intimida a comunidades de
inmigrantes de reportar crímenes como víctimas o
testigos debido a que temen que cualquier contacto con los policías
pueda terminar en detención de inmigración y en
la deportación.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han acusado
al programa como un incentivo para la discriminación racial
y los arrestos injustificados por parte de la policía durante
la búsqueda del status de inmigración de los individuos
que aparentan ser "foráneos" pero que no habría
podido ser detenido de otra forma.
La administración Obama está insistiendo ahora
que el programa es mandatorio y que todos los estados deben cumplir
con este pora el 2013 y los que no lo hagan confrontarán
demandas federales.
En una aparente respuesta a las amplias críticas del
programa, el Departamento de Seguridad Nacional anunció
la semana pasada ciertas modificaciones a "Comunidades Seguras".
Declaró que ha emitido directivas a los agentes del ICE
y a los fiscales de inmigración para que usen "discreción"
donde vean apropiado cuando decidan buscar la deportación
de inmigrantes que no han cometido ofensas serias.
El director del ICE Morton también declaró que
la agencia ha creado un panel consultivo para sugerir mejoras
en el programa. También se ha propuesto un monitoreo estadístico
del programa y el entrenamiento de la policía local.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU,
siglas en inglés), que se ha opuesto a las Comunidades
Seguras, ha descrito las propuestas como "nada más
que una fachada" que "fracasa en remediar los muchos
problemas de derechos civil que están asociados con el
S-Comm, incluyendo la discriminación racial y los arrestos
en los que se usa como pretexto una violación menor para
investigar más a fondo al individuo".
De acuerdo al ACLU, ha habido numerosos casos en los que mujeres
inmigrantes que confrontan violencia doméstica han acabado
siendo arrestadas y deportadas después de haber llamado
a la policía por ayuda.
La intensificación de la actividad policial ha aumentado
el número de centros de detención inhumanos del
Servicio de Naturalización e Inmigración (siglas
en ingles, INS), prisiones de gestión privada y cárceles
del condado en los que se detiene a cientos de miles de individuos
cada año, muchos de los cuales son mantenidos por meses
y en algunos casos años esperando audiencias de asilo,
deportaciones y fallos legales.
Un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso
y que fue esbosado por el representante republicano de Texas,
Lamar Smith, llamado Acta para "Mantener nuestras comunidades
seguras" propone legalizar la detención indefinida
de inmigrantes que el gobierno no pueda deportar.
Haciendo un paralelo a las duras medidas tomadas contra los
inmigrantes a nivel federal, un número creciente de Estados
ha pasado su propia legislación que tiene como objetivo
perseguir a esta sección de la clase trabajadora. Muchas
de ellas han sido inspiradas por la controversial S.B. 1070 de
Arizona, la cual se convirtió en ley en Abril del año
pasado pero fue bloqueada por un mandato de la corte después
de que el Departamento de Justicia presentase una demanda que
acusara al Estado de usurpar el poder del gobierno federal para
implementar ley inmigratoria.
El 9 de Junio, el Gobernador de Alabama Robert Bentley convirtió
en ley una de las más draconianas de estas nuevas medidas
legislativas. Establecida para que entre en vigor el 1ro. de Setiembre,
la ley requiere que todos los inmigrantes lleven documentos en
todo momento para que prueben su estatuto legal. Hace un crimen
el que los ciudadanos lleven en carro a sabiendas a un inmigrante
sin documentos o que los provean con albergue.
La ley también ordena que las escuelas públicas
de Alabama determinen el estado inmigratorio de todos sus estudiantes
y sus padres. No prohíbe a niños sin documentos
de que atiendan la escuela, lo cual violaría la ley federal,
y los promotores del proyecto de ley afirman que las medidas tan
sólo son para determinar cuanto el estado invierte en estos
jóvenes. Sin embargo, se anticipa que esta clase de Inquisición
intimidará a los padres de que sigan manteniendo a sus
hijos fuera de la escuela por miedo de que su estado inmigratorio
sea expuesto.
El mes pasado, el gobernador Nathan Deal de Georgia pasó
como ley a la controversial HB87 la cual permite a los policías
de que revisen el estado inmigratorio de todos aquellos que son
detenidos y penaliza a cualquiera que ofrezca alojamiento o transportación
a inmigrantes indocumentados.
La legislatura de Carolina del Sur aprobó una medida
similar, creó una "Unidad de Enforzamiento contra
la Inmigración Ilegal". Se requiere que todos los
policías y oficiales de cárceles investiguen el
estado inmigratorio de los sujetos que tienen "sospecha razonable"
de ser indocumentados. También requiere que los empleadores
chequeen el estado inmigratorio de sus empleados en una base de
datos federal bajo un programa conocido como "E-Verifiy".
La ley crea un nuevo grupo de inspectores estatales cuyo objetivo
consiste en visitar negocios para ver si estos han obedecido con
la ley.
Leyes similares también han sido aprobadas en Carolina
del Norte y Tennessee.
Mientras tanto, parece probable que Texas pase una legislación
promocionada por el Gobernador Rick Perry la cual excluiría
a cualquier ciudad del Estado que rehúse que su policía
local colabore con las autoridades de inmigración. Estas
denominadas "ciudades asilo" serían penalizadas
con la anulación de ayuda estatal.
Todas estas medidas incurrirían en nuevos gastos multimillonarios
en enforzamiento y administración para Estados que ya confrontan
abrumadores crisis de déficits y están buscando
implementar duros recortes a servicios sociales y trabajos de
empleados públicos. El objetivo de tales medidas es desviar
el creciente enojo social por estos ataques contra la sección
más oprimida de la clase trabajadora, los inmigrantes indocumentados.
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