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Sindicatos obreros españoles y la "izquierda" pequeño-burguesa respaldan la represión del estado contra los controladores aéreos

Por Alejandro López y Paul Stuart
28 Enero 2011

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 22 de enero, 2011.

El 4 de diciembre, el gobierno español bajo el mando del Primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE), impusieron un "estado de alerta" contra los 2,200 controladores de tráfico aéreo. La orden los sometió a disciplina militar para obligarlos a regresar a sus puestos de trabajo.

Los controladores habían parado de trabajar debido a cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, insistiendo que habían completado el incremento de la cuota anual de horas laborales que el gobierno les había impuesto a principios del 2010. La ocasión también sirvió para obligarlos a aceptar una reducción salarial del 40%. También se habían manifestado en contra de los planes para la privatización parcial de los Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), entidad empresarial pública.

Lo que ha acontecido sirve para desenmascarar lo que hoy se hace pasar como movimiento obrero en España. Ni un solo sindicato obrero o una sola organización de la "izquierda" ha declarado su solidaridad con los controladores. Ninguna de estas organizaciones ha entablado una campaña para movilizar a los trabajadores contra una política que no se había practicado en España desde la desaparición de la dictadura fascista del General Francisco Franco.

El PSOE se valió de dos leyes, heredadas del régimen de Franco, en contra de los controladores, quienes la prensa demonizó como trabajadores privilegiados y recipientes de sueldos excesivos. Esto sirvió para justificar métodos dictatoriales que en el futuro podrán emplearse contra toda la clase trabajadora. Pero todo esto ha sido posible sólo con la complicidad de los sindicatos obreros y lo que hoy día quiere hacerse pasar por la "izquierda" de España. Todos han ayudado a legitimar las acciones del PSOE y han abandonado a los controladores, quienes ahora, acusados de sedición, se enfrentan a condenas de cárcel y a perder sus empleos debido a la privatización de los servicios aéreos.

El segundo sindicato mayor, Unión General de Trabajadores (UGT), el cual se alinea con el PSOE, pintó las acciones de los controladores como que de ninguna manera podían justificarse. El sindicato principal, Comisiones Obreras (CC.OO.), bajo el mando del Partido Comunista, exigió al gobierno que castigara duramente a los controladores, declarando que su "actuación intolerable y ajena a los códigos del sindicalismo".

Condenó el hecho de que los controladores habían dejado "a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas bloqueados en los aeropuertos españoles"; un hecho "de grave irresponsabilidad que merece nuestro más contundente y radical rechazo".

La negativa de los sindicatos a defender a los controladores refleja no sólo un compromiso ideológico con el PSOE, sino los intereses materiales de los burócratas sindicalistas, o sea, las enormes subvenciones que reciben del Estado.

En el 2005, poco después de llegar al poder, el PSOE entregó a los sindicatos millones para compensarlos por la confiscación de bienes que habían sufrido durante la Guerra Civil. Cada año desde entonces, el gobierno les ha garantizado enormes subvenciones. Solo en el 2009, CC.OO y UGT recibieron €96 millones cada uno. Aunque la afiliación total de los sindicatos españoles no alcanza los dos millones, o sea, el 15% de la fuerza laboral, el estado permite a los sindicatos negociar en nombre del 90% de la misma. Según el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT en conjunto perdieron 276,000 miembros desde el 2009.

El cómplice directo del PSOE en la persecución de los controladores ha sido la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), la cual ha colaborado con el gobierno durante todas las fases del conflicto. USCA ahora facilita el enjuiciamiento de sus propios militantes y su posible encarcelamiento. Su principal preocupación ha sido desmovilizar y desbaratar ninguna lucha unida en contra de las medidas dictatoriales de Zapatero.

Los grupos pseudo-izquierdistas han publicado toda una serie de declaraciones para que conste, acerca del estado de alerta, pero a pesar de varias críticas comedidas, se han opuesto a la huelga salvaje de los controladores y no han levantado un dedo para defenderlos.

Al condenar los "privilegios" excesivos de los controladores y su secuestro de los "ciudadanos" para exigir rescate, han jugado su papel: cegar a los trabajadores en cuanto a las consecuencias fundamentales que tal ataque contra este sector obrero tiene para toda la clase trabajadora.

Han insistido colectivamente que la moribunda maquinaria sindicalista, que de nuevo ha demostrado su desmesurado apoyo al estado, debe considerarse como organización para la "lucha de clases".
Tanto el estalinista Partido Comunista de España (PCE) como la coalición Izquierda Unida (IU) que lidera han atacado a los controladores. El 4 de diciembre, el secretario general del PCE, José Luis Centella, declaró que lamentaba la actitud inexplicable del gobierno y de los controladores que habían causado tanto daño a tantos ciudadanos.

El secretario federal de Economía y Trabajo de la IU, José Antonio García Rubio, se refirió a la militarización de los aeropuertos como "una decisión muy preocupante", pero le aseguró al gobierno: "no se está de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores".

En un debate en el Congreso el 9 de diciembre, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, declaró que IU "condena sin ningún tipo de ambigüedad la actitud de los controladores aéreos, que nos parece un abuso de poder. Ha sido un abuso de poder frente a los viajeros, negándoles su derecho a la libertad de circulación, un abuso de poder frente a los ciudadanos y un abuso de poder frente a los trabajadores, porque después de este plante -que no huelga- de los controladores aéreos somos más débiles para defender los derechos laborales y sociales, para defender el derecho de huelga."

Después de aclarar que no va a defender el derecho a la huelga, Llamazares, suplicó a Zapatero que recordara, "Señor presidente del Gobierno, parece usted obviar, con eso de ponernos a todos del otro lado, que hemos coincidido todos en rechazar las acciones injustificables de los controladores. No todos los que discrepamos de usted somos controladores, se podría decir."

Desde su fundación por el PCE en 1986 y a través de una alianza con varios grupos pequeño-burgueses, la IU ha tratado de desviar la oposición de la clase trabajadora para darle apoyo a la socialdemocracia. Ha funcionado como socio menor del PSOE y como elemento integral del sistema político. El apoyo directo que su grupo parlamentario le ha ofrecido al PSOE ha causado que su cantidad de escaños haya disminuido de 21 en 1996 a solo 2 escaños hoy día. Y ahora IU ha indicado que está de acuerdo con el PSOE para poner en práctica las órdenes de los bancos con métodos dictatoriales.

La Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) funciona como socia principal de la IU a nivel local, regional y nacional. Tiene tres diputados en el Congreso y 10 en el parlamento catalán. ERC denunció a los controladores, y exigió que esa "casta laboral privilegiada" debería "abandonar esta actitud".

En cuanto al movimiento anarco-sindicalista de España, la pequeña Confederación Nacional del Trabajo (CNT) únicamente emitió una declaración superficial el 5 de diciembre para "demostrar sus inquietudes" acerca del hecho que el PSOE había puesto a civiles a punta de pistola y amenazado con llevarlos a la cárcel.

El grupo anarco-sindicalista principal, sin embargo, es la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyos orígenes se arraigan en la escisión con el CNT en 1979 a razón de darle apoyo a que sus militantes se postularan en las elecciones sindicalistas.

Esta postura le ha facilitado a la CGT acceso a subvenciones estatales muy lucrativas. A pesar de contar con una militancia que sólo llega a los 60,000, este hecho lo convierte en el tercer sindicato federal más grande. El total de afiliados a los sindicatos asciende a alrededor de 2 millones.

La CGT juega un papel político muy determinado atrayendo a los trabajadores desencantados con las federaciones sindicalistas mayoritarias por medio del uso liberal de fraseología militante y radical. Pero la realidad, es que es una criatura del estado, igual que sus competidores estalinistas y socialdemócratas.

Hoy su sede se ubica en oficinas centrales suntuosas en Barcelona, donde cada "sindicato" individual-maestros, trabajadores metalúrgicos o en la telecomunicación-tiene su propia oficina. Según un informe extraordinariamente positivo que escribiera un colega "anarquista": "Hay varias salas de reuniones grandes, oficinas de la Fundación Salvador Segui (una asociación cultural de la CGT) y un bar-cafeteria con una zona de descanso al aire libre. Éste tiene una vista excelente de Barcelona ya que está situada en el noveno piso". La CGT, además de este edificio, posee numerosas oficinas regionales cuyo personal colectivo ya llega a 5000 miembros que provienen de sus bases.

Pero parece que a la CGT le gusta colaborar con esta farsa, pues se vanagloria de la flexibilidad ideológica que promulga y admite que sus ideas pueden "parecer contradictorias: pacifismo radical, o justificación de actos violentos en protestas sociales, individualismo extremo y militancia en sindicatos, rechazo absoluto a instituciones y participación limitada en ellas."
El 2 de enero, la CGT criticó los "métodos autoritarios" del PSOE porque éste rehusó encontrar una "solución democrática al conflicto laboral". Pero aparte de esto, no ha hecho nada más. La organización cuenta con una sección de AENA y cierta presencia en los dos aeropuertos mayores de España: Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona). Pero no ha levantado un dedo para movilizar a los trabajadores que presuntamente representa.

Sin embargo, tanto Izquierda Anticapitalista (IA) como En Lucha promueven a la CGT como alternativa radical a los dos grandes sindicatos. La primera organización es la sección española del Secretariado Unido pablista; la segunda se adscribe a la Tendencia Internacional Socialista, cuya sección dirigente es el Socialist Workers Party de Inglaterra.

Izquierda Anti-Capitalista surgió de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), la cual colaboró con los estalinistas durante toda la era pos franquista. Ingresó en Izquierda Unida (IU) en 1991 y jugó un papel significativo en su dirigencia. Se separó de IU en el 2008 debido al impacto político sobres sus afiliados del apoyo que íntimamente le había brindado al PSOE. Desde entonces han dedicado todos sus esfuerzos a lograr un solo objetivo: restablecer su alianza con la IU.

Durante todo el estado de alerta, rehusó comentar acerca de las acusaciones de criminalidad que IU había lanzado contra los controladores. Después de la declaración de estado de alerta, IA publicó las insípidas declaraciones de la CGT. La primera de sus declaraciones, publicada el 7 de diciembre, insistió en que la oposición al estado de alerta sólo podía expresarse a través de los sindicatos obreros y puntualizó que "Si alguien tiene que dar una auténtica voz de alarma, ésos son los sindicatos". Y llega a la conclusión que todo es culpa de los controladores por mantenerse aislados debido a que se habían olvidado dos variables de la ecuación: usuarios y el resto de trabajadores de AENA. Esto les ha dejado aislados y siendo un blanco perfecto para el linchamiento mediático y la represión laboral."

En Lucha también publicó varias declaraciones de la CGT sin ningún comentario crítico. Su única declaración propia pinta de "vergonzosa" la "actitud" de las Comisiones Obreras, la UGT y el diputado de IU en el Congreso, Llamazares. Pero a la vez llama a los trabajadores a apoyar la huelga (la cual en ese momento no había sido sancionada oficialmente por el sindicato) bajo el mando de CGT, Comisiones y UGT en contra de los recortes.

La ex sección de la Corriente Marxista Internacional (CMI), El Militante, se ha separado de esta última y ahora funciona bajo el nombre de Corriente Marxista Revolucionaria.
El 11 de diciembre declaró que el estado de alerta representa una amenaza para toda la clase trabajadora pero seguidamente critica a los controladores por participar en una acción sin permiso oficial. Según esta lógica, "Incluso, la misma forma de plantear el conflicto, encubriendo una huelga con bajas médicas, les ha restado mucha credibilidad entre sectores de los trabajadores que sí saben lo que cuesta y los riesgos que supone hacer huelgas". El Militante le aconseja a Comisiones Obreras y a UGT que se pongan a la cabeza de la lucha en contra de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno.

Estos grupos de izquierda farsante se han desenmascarado a sí mismos como la piedra angular que facilita la imposición de las medidas dictatoriales del PSOE. A excepción del Comité Internacional de la Cuarta Internacional a través de la página World Socialist Web Site, ningún partido ha defendido a los controladores con determinación y sin titubeos, o siquiera explicado el verdadero significado del ataque del PSOE. El establecimiento de una sección española del CICI es una necesidad urgente.