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La transferencia de los presos iraquíes por parte de
Estados Unidos a las autoridades iraquíes, un crimen de
guerra sin fin
Por Bill Van Auken
17 Septiembre 2010
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el autor
Un informe publicado el lunes [13 de septiembre de 2010] por
la organización de derechos humanos basada en Londres Amnistía
Internacional (AI) [1] documenta el trato criminal que padecen
los iraquíes detenidos sumariamente en redadas por las
tropas estadounidenses de la ocupación, encarcelados y
que ahora han sido entregados a los torturadores a sueldo del
régimen iraquí respaldado por Estados Unidos como
parte del "final de las misiones de combate".
La transferencia de unos 10.000 presos se ha llevado a cabo
bajo los términos negociados entre Washington y el régimen
iraquí en el SOFA (siglas en ingles de Acuerdo del Estatuto
de las Fuerzas) de 2008 que proporcionaba una cobertura legal
a la ocupación estadounidense tras expirar el mandato de
la ONU para la presencia de las fuerzas militares estadounidense
en el país.
Este es el mismo acuerdo que pide la retirada completa de las
fuerzas estadounidenses de Iraq para finales de 2011. El gobierno
Obama mantiene actualmente unos 50.000 soldados de combate en
el país. Aunque la Casa Blanca proclamó a bombo
y platillo el mes pasado que había terminado la "misión
de combate", las tropas estadounidenses siguen entrando en
combate, más concretamente el domingo pasado cuando una
unidad estadounidense proporcionó fuego de apoyo a fuerzas
iraquíes que combatían contra insurgentes al noreste
de Bagdad.
Según la parte del acuerdo que se refiere a los presos,
Washington accedió a poner bajo control iraquí las
prisiones en las que hay presos capturados por las fuerzas iraquíes,
lo que incluye Camp Cropper, cerca del Aeropuerto Internacional
de Bagdad, Camp Taji, al norte de Bagdad, y Camp Bucca, cerca
de la ciudad de Basora al sur de Iraq. Según el informe
de AI, a fecha de 1 de enero de 2009 había 15.500 iraquíes
encarcelados en estos tres campos estadounidenses.
Camp Bucca se cerró en setiembre del año pasado
y las autoridades estadounidenses trasladaron a los presos a custodia
iraquí o a los otros dos centros de detención estadounidenses
que quedaban. En marzo se entregó a las fuerzas de seguridad
iraquíes el control de Camp Taji, mientras que el 15 de
julio se entregó al régimen de Badgdad el control
de Camp Cropper, entre cuyos presos hay altos cargos del anterior
gobierno de Sadam Husein y de su partido en el poder, el Partido
Ba'ath.
Entre estos presos entregados a los carceleros iraquíes
está Tariq Aziz, de 74 años, ex-ministro de Exteriores
de Iraq. Badie Arif, abogado de Aziz, afirmó que su cliente
no espera sobrevivir a esta transferencia. "Aziz me dijo
que estaba seguro de que lo iban a matar porque tiene demasiada
información", declaró a Reuters. "Dijo:
‘Me matarán directa o indirectamente, o bien impidiéndome
conseguir medicación o envenenándome la comida'".
Las fuerzas de ocupación estadounidenses siguen teniendo
presos a unos doscientos "presos de alto valor" en la
cárcel de Karkh a las afueras de Bagdad.
En su informe titulado "New Order, Same Abuses: Unlawful
Detentions and Torture in Ira"q ["Nuevo orden, los mismos
abusos: detenciones ilegales y tortura en Ira"q] AI señala
en relación al SOFA: "En ninguna parte del acuerdo
se hace mención alguna a las obligaciones de derechos humanos
de cada Estado".
"Las fuerzas de seguridad de Iraq han sido responsables
de violar sistemáticamente los derechos de los detenidos
y se les ha permitido hacerlo con impunidad", afirmaba en
el informe el director de AI para Oriente Medio y Norte de África,
Malcolm Smart.
"A pesar de ello, las autoridades estadounidenses, cuya
trayectoria en relación a los derechos de los detenidos
ha sido tan pobre, han entregado ahora a miles de personas detenidas
por las fuerzas estadounidenses para que se enfrenten a este catálogo
de ilegalidad, violencia y abusos, renunciando así a toda
responsabilidad en relación a sus derechos humanos".
Es una clara violación del derecho internacional el
que cualquier gobierno transfiera detenidos a un régimen
en cuyas manos se enfrentan a la tortura o a otras violaciones
graves de los derechos humanos. Estas transferencias ponen a Washington
en una situación de violación del derecho internacional
y de los tratados que regulan la tortura, y lo convierten en culpable
de otro crimen de guerra más derivado de la guerra de agresión
emprendida en marzo de 2003.
Como deja claro el informe, la gran mayoría de las personas
presas en cárceles iraquíes, incluyendo aquellas
entregadas por las fuerzas de ocupación estadounidenses,
nunca han sido acusadas y mucho menos juzgadas. Muchas fueron
detenidas en redadas sobre la base de informaciones suministradas
por informantes pagados o capturadas en redadas estilo operación
de captura.
La mayoría de estas personas están detenidas
según la ley antiterrorista adoptada en 2005 que estipula
la pena de muerte para aquellas personas que "provoquen,
planeen, financien [atentados terroristas] y todas aquellas que
permitan a los terroristas" llevar a cabo atentados. También
estipula la cadena perpetua para cualquier persona que oculte
o dé "cobijo a terroristas".
La minoría de personas que han sido llevadas ante un
tribunal son acusadas a base casi únicamente de confesiones
que se obtienen rutinariamente bajo tortura. "Muchas personas
han sido acusadas por el Tribunal Penal Central de Iraq (CCCI,
en sus siglas en inglés), incluyendo a cientos de personas
que posteriormente han sido condenadas a pena de muerte sobre
la base de confesiones supuestamente obtenidas a consecuencia
de la tortura", afirma el informe.
El informe de AI hace un catálogo de los bestiales métodos
empleados por los carceleros e interrogadores de Iraq: "Violación
o amenaza de violación. Golpear con cables y mangueras.
Suspensión prolongada por las extremidades. Electroshocks
en las partes sensibles del cuerpo. Romper las extremidades. Quitar
las uñas de los dedos de los pies con alicates. Asfixia
utilizando una bolsa de plástico en la cabeza. Perforar
el cuerpo con taladros. Obligar a sentarse en objetos cortantes
como botellas rotas".
El informe señala que estos "son sólo algunos
de los métodos de tortura utilizados por las fueras de
seguridad iraquíes contra hombres, mujeres y niños".
El informe cita uno de los casos más conocidos en el
que se utilizó la tortura para obtener una confesión:
el caso de Mohammad al-Daini, miembro seglar sunní del
Parlamento iraquí y claro oponente al primer ministro Nouri
al-Maliki, que fue acusado de ser responsable de un atentado terrorista
en 2007 en el edificio del Parlamento dentro de la Zona Verde
de Bagdad.
La policía antiterrorista del régimen iraquí
hizo una redada de doce personas asociadas con al-Daini, incluyendo
a siete de sus sobrinos y otros familiares y a sus guardaespaldas,
los mantuvo incomunicados y sin acusación en su prisión
situada dentro de la Zona Verde. "Desaparecieron" realmente
y a sus familiares se les negó durante meses toda información
acerca de su paradero.
El Relator Especial de derechos humanos de la ONU concluyó
que todas las personas detenidas en relación al caso fueron
"maltratadas gravemente, incluyendo el ser golpeadas con
cables, ser suspendidos en la celda de los pies o de las manos
durante dos días, o [padecer] electroshocks. A algunos
les pusieron bolsas negras en la cabeza o eran asfixiados durante
minutos hasta que el cuerpo se ponía azul, y ello varias
veces seguidas. También se les introdujeron barras de plástico
en el ano. Igualemnte fueron amenazados con la violación
de miembros de la familia. Fueron obligados a firmar y a poner
su huella digital en confesiones preparadas que se recogieron
el 24 de febrero de 2009. A consecuencia de los malos tratos varios
de ellos tienen heridas visibles en varias partes del cuerpo.
Muchas de estas personas han perdido un peso considerable. Riyad
Ibrahim Jassem [al-Daini] padece problemas en el hígado
a consecuencia de las torturas padecidas".
El informe de AI señala que aunque el Relator Especial
de la ONU pudo dar los nombres de las personas responsables de
torturas, "no se tiene noticia de que las autoridades iraquíes
hayan emprendido acción alguna contra ellos". Se cree
que los 12 detenidos continúan en prisión todavía
sin haber sido acusados de nada ni juzgados.
El informe cita también casos de presos menos conocidos,
como Nasrallah Mohammad Ibrahim, un trabajador de una compañía
de electricidad de 41 años y padre de seis hijos, al que
los soldados estadounidense se llevaron de su lugar de trabajo
en enero de 2008; Youssef Ali Jalil, un estudiante de 25 años
que fue detenido en noviembre de 2008 por los soldados estadounidenses
y entregado a una prisión iraquí en 2009 donde le
han golpeado repetidamente; y Ahmad, un obrero de la construcción
de 50 años y su hijo Mounir, estudiante universitario de
20 años que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad
iraquíes y llevados a la infame cárcel secreta en
el viejo aeropuerto Muthanna, donde fueron golpeados, sometidos
a electroshocks y asfixiados con bolsas de plástico hasta
que firmaron las confesiones
También se cita un informe del Comité de Derechos
Humanos del Parlamento iraquí que envió una delegación
a la cárcel de mujeres en al-Kadhimiya, donde oyeron de
las presas que habían sido violadas repetidamente durante
los interrogatorios después de haber sido detenidas.
En una cantidad significativa de casos la tortura acaba en
la muerte. El informe cita el caso de Riad Mohammed Saleh al-Oqaiba,
de 54 años, que fue detenido en septiembre de 2009 y encarcelado
en la Zona Verde de Bagdad antes de ser trasladado a la cárcel
secreta de aeropuerto Muthanna donde murió en febrero de
2010.
"Se dice que durante el interrogatorio le golpearon tan
violentamente en el pecho que le rompieron las costillas y el
hígado resultó dañado", señala
el informe. "Murió el 12 o 13 de febrero a consecuencia
de un derrame interno. Semanas después se entregó
el cuerpo a su familia con un certificado de defunción
que señalaba que la causa de la muerte había sido
un fallo cardíaco".
AI hace también referencia a un caso espantoso de muertes
de presos ocurridas el 12 de mayo de 2010, cuando siete presos
murieron de asfixia al ser trasladados desde Camp Taji a la cárcel
al-Rusafa. El informe señala que "se metió
a casi cien presos en dos camionetas sin ventanas que normalmente
sólo podían llevar a unas 20 personas cada una".
Como deja claro el informe, quienes llevan a cabo la tortura
y el asesinato de los presos gozan de una completa impunidad.
AI afirma que aunque se ha anunciado que se van a investigar algunos
de los casos más atroces que se han hecho públicos,
en ningún caso ha habido informes con sus conclusiones.
Y añade: "En algunos parece que se ha suspendido e
incluso detenido a guardias de la prisión casos y a oficiales
de seguridad de baja graduación en relación a los
abusos cometidos, pero inmediatamente se les concede una amnistía
y son liberados".
Al llevar a cabo la transferencia de más de 10.000 presos
iraquíes a manos del régimen en Bagdad apoyado por
Estados Unidos el gobierno Obama es cómplice de crímenes
aún más horribles que los cometidos bajo el gobierno
Bush por las fuerzas estadounidense en (la cárcel de) Abu
Ghraib.
Traducido
del inglés para Rebelión
por Beatriz Morales Bastos
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