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El rescate minero en Chile expone las precarias condiciones de trabajo

Por Rafael Azul
25 Octubre 2010

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El colapso de la mina de oro y cobre San José, que mantuvo atrapados a 33 mineros por 10 semanas a 700 metros bajo tierra ha prestado atención en la seguridad de las mina chilenas.

En los últimos 30 años, la industria minera, la cual representa 40 por ciento del producto bruto interno de Chile, se ha beneficiado de los altos precios del cobre, el oro y otras materias primas mientras que mantenía sus costos a un nivel bajo por medio del descuido de la seguridad de las operaciones y la aceleración de la explotación de su personal minero.

Antes del colapso, la mina San José, la cual extraía oro y cobre, realizaba operaciones bajo tierra relativamente pequeñas. Los ingresos anuales en la mina excedían los $20 millones. En Septiembre, como resultado del último colapso, el Grupo San Sebastián, el cual opera la mina San José, presentó una solicitud declarándose en bancarrota. Esta acción coloca un signo de interrogación sobre la capacidad de la compañía de proveer la compensación prometida a los mineros que fueron atrapados, además de salarios pasados que les debe a otros 300 trabajadores en la mina.

El Grupo San Sebastián, de hecho, está demandando que el gobierno chileno primero descongele $10 millones de activos como condición para pagarle a los mineros, en efecto manteniendo como rehén la compensación que le debe a los trabajadores en su disputa con el gobierno.

Informes indican que los mineros y sus familias están demandando a los propietarios de la mina y al gobierno chileno por $27 millones de dólares por las condiciones en la mina. Brunilda González, la alcaldesa del pueblo de Caldera, ubicado cerca de la mina, declaró que los mineros y sus familiares se encuentran “furiosos” por el hecho de que la mina San José fuese reabierta en Mayo del 2008 sin ninguna mejora en seguridad después de que muriese un geólogo de la mina en el 2007.

La reapertura de la mina, sin ninguna mejora en seguridad, fue justificada como una respuesta a la creciente demanda china por el cobre y el oro. Bajo estas condiciones, tanto el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, y el Grupo San Sebastián, concluyeron que la vida de los mineros era un precio pequeño de pagar en comparación a la expectativa de grandes ganancias.

Mientras que la minería en Chile es, por lo general, peligrosa, esta mina en particular tiene un historial de accidentes mineros en los cuales muchos trabajadores han resultado muertos y heridos. En el 2004, el sindicato de los mineros realizó una petición pidiendo el cierre de la mina por su abismal registro de inseguridad. La petición fue motivada por la muerta del minero Pedro González que murió a causa de un desprendimiento de rocas. La demanda del sindicato fue denegada por un tribunal de apelaciones chileno. En el 2007, antes del cierre, los trabajadores de la mina una vez más realizaron una petición por su cierre, después de la muerte de tres mineros. Una vez más, la petición fue denegada por las cortes.

Más temprano este año, en Julio, el deslizamiento de rocas en San José hirió con severidad a un minero, Gino Cortez, cuya pierna tuvo que ser amputada. Cortez mantuvo que las medidas elementares de seguridad, como la instalación de una malla de alambre en el techo de la mina para la prevención del deslizamiento de las rocas, nunca fueron llevadas a cabo. Mientras esperaban ser rescatados los 33 mineros en San José, otro trabajador murió por el deslizamiento de unas rocas en otra mina.

El incidente de la mina San José pone de manifiesto el deterioro de la seguridad en la minas en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet. Bajo Pinochet, en el nombre de regulación y el capitalismo del libre mercado, prácticamente todas las regulaciones de seguridad fueron desmanteladas. Una persona clave en aquel proceso fue Jose Piñera, ministro de trabajo en 1980 y hermano mayor del actual presidente Sebastián Piñera,. Se le dio la tarea de crear un código laboral que no interfiriera con las ganancias de las grandes empresas. En el nombre de un código laboral más flexible, uno que estimulara el crecimiento económico, José Piñera abolió los derechos laborales que habían sido ganados a través de décadas de enconadas luchas por parte de la clase trabajadora chilena.

El código de trabajo establecido en 1980 continúa siendo la ley del país en el Chile hasta el día de hoy. Como resultado, el 50 por ciento de la clase trabajadora de Chile no tiene empleo estable. Por lo menos 5 de los 33 mineros rescatados de San José caen en esta categoría.

En línea con esta política, la cual ignora la seguridad de la mina y les niega a los trabajadores sus derechos básicos, una sucesión de gobiernos de la “Concertación”, el compartimiento del poder del Partido Socialista con la Democracia Cristiana desde el fin de la dictadura, el gobierno chileno aún tiene que ratificar el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo de 1995. La Convención 176 compromete a las naciones mineras como Perú, México y Chile de que lleven a cabo un mínimo de medidas de seguridad y saneamiento así como que se comprometan erradicar la muerte de mineros creando una política nacional de salud y seguridad, la cual incluiría inspecciones regulares como también provisiones para proteger a los mineros de represalias cuando ellos denuncien las violaciones a las regulaciones de seguridad.

El último punto es un verdadero problema en Chile, donde los trabajadores son rutinariamente despedidos por quejarse de sus condiciones laborales. A pesar de la insuficiencia del acuerdo de la OIT, tan sólo 24 países lo han ratificado. En adición a Chile, el acuerdo de la OIT ha sido ignorado por otras principales naciones mineras como Australia, Canadá y Rusia.

Desde el comienzo del siglo, unos 350 mineros han muerto en accidentes mineros en Chile, un número que fácilmente podría ser una subestimación. De acuerdo a Dick Blin, un portavoz de la Federación Internacional de los Sindicatos Generales de Trabajadores Químicos, Energéticos y Mineros (ICEM, siglas en inglés), mundialmente, unos 12,000 mineros mueren cada año, una cifra mucho más alto que las oficiales. La falta de reportes sobre fatalidades en las minas es más evidente en las minas pequeñas, como la mina San José.

En una entrevista radial, Marco Canales, el presidente de la Confederación Única de Trabajadores chilena (CUT), señaló que las reglas laborales que fueron implementadas en 1980 por José Piñera siguen en funcionamiento. Canales dijo que el país carece de regulaciones mineras mínimas. También señaló que las violaciones de seguridad y saneamiento también proliferan en la agricultura, donde los trabajadores son expuestos a químicos peligrosos.

Incluso los casos en los que las regulaciones existen, estas son pobremente impuestas y cuando una violación es descubierta, la administración de la mina casi siempre encuentra que es más barato pagar las multas que arreglar el problema. Esto se aplica también a las violaciones en la mina que resultan en heridas o muertes. Canales señala que hay un insuficiente entrenamiento para los mineros. Dos de los 33 mineros rescatados en San José habían sido recientemente contratados sin ninguna experiencia de trabajo en minas.

Al mismo tiempo que la CUT denuncia las condiciones en las minas y otras industrias, guarda silencio sobre su propio rol. En los últimos 20 años la CUT ha estado completamente integrada a la estructura del estado chileno y como tal ha sido en gran parte incapaz de provocar el rechazo de las leyes laborales de Pinochet.

En el 2008, debido a que los efectos de la crisis financiera global estaban afectando los precios del cobre y provocando el incremento del desempleo, el CUT canalizó la furia de la clase trabajadora hacia el callejón sin salida de las protestas por un día, permitiendo que el gobierno Chileno ataque los derechos de educación y pensiones y bloquee los incrementos en el salario mínimo. El desempleo en Chile excede el 8,5 por ciento, con una tasa de 20 por ciento de desempleo para los trabajadores jóvenes.

Tales condiciones crean escepticismo entre muchos trabajadores chilenos de las promesas del estado chileno sode que se realizarn cambio.