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Washington-Protesta masiva en demanda de los derechos de los
trabajadores inmigrantes
Por Bill Van Auken
24 Marzo 2010
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el autor
Decenas de miles de trabajadores inmigrantes y sus partidarios
marcharon el domingo en Washington para exigir el fin a la represión
anti-inmigrantes y estatus legal para los millones de trabajadores
indocumentados que viven en los EE.UU. La manifestación
en Washington fue sin duda la protesta más grande en los
Estados Unidos desde la elección de Barack Obama en noviembre
de 2008,
Los organizadores calculan en 200.000 el número de manifestantes.
La multitud llenó la alameda de Washington entre el Capitolio
y el monumento a Lincoln. Si bien la gran mayoría de los
manifestantes eran latinos y jóvenes, muchos de ellos mexicanos
y centroamericanos, también hubo grandes contingentes de
inmigrantes africanos y asiáticos. Muchos manifestantes
llegaron en autobuses de lugares tan lejanos como Texas, Florida
y California.
También fue la mayor manifestación en el tema
de la inmigración desde 2006. Entonces, se dieron protestas
y marchas masivas en las principales ciudades del país
como respuesta a un proyecto de ley aprobado por una Cámara
de Representantes dominada por el Partido Republicano que convertía
las violaciones en inmigración de un delito civil a un
delito federal, en esencia, convirtiendo casi 12 millones de trabajadores
indocumentados en los EE.UU. en criminales de la noche a la mañana.
Los medios de comunicación controlados por las corporaciones
dieron poca cobertura a la enorme manifestación del domingo,
mientras que representaba como un genuino movimiento de masas
al puñado de manifestantes de derecha, reunidos fuera del
capitolio, opuestos a la legislación de salud de Obama,
centrada en cortar costos médicos.
Entre los muchos trabajadores inmigrantes hay una creciente
indignación por la incapacidad del gobierno para actuar
en su promesa de poner en efecto una reforma integral de las leyes
de inmigración del país durante su primer año
en el cargo.
En cambio, se ha dado una continuación e intensificación
de las políticas anti-inmigrantes que se llevaron a cabo
bajo la administración Bush, con un aumento en las deportaciones.
Durante el primer año de Obama en el cargo, las autoridades
de inmigración deportaron a casi 388.000 personas, el mayor
número en la historia. El número de deportados en
2009 fue más del doble que el del 2001, durante el primer
año de George W. Bush en la presidencia. El número
de inmigrantes detenidos, a menudo en condiciones inhumanas, ha
pasado de poco más de 20.000 en 2001 a más de 33.000
durante el primer año de Obama en la Casa Blanca.
La criminalización de la población inmigrante
no ha disminuido. Entre los reclusos en las cárceles federales,
los no-ciudadanos representan el 30 por ciento, la mayor parte
de ellos sólo por delitos relacionados con la inmigración.
En los últimos dos años, ha habido un aumento del
45 por ciento en el número de personas encarceladas por
esos delitos.
La administración de Obama ha dado decenas de millones
de dólares para aumentar las celdas para inmigrantes en
las cárceles. A la vez, ha ampliado el denominado programa
287(g) que proporciona fondos federales para, esencialmente, habilitar
a la policía local en la aplicación de las leyes
federales de inmigración.
Las redadas de inmigrantes no han cesado. Recientemente, la
Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de los EE.UU.
(ICE en inglés) informó de detenciones de trabajadores
indocumentados en una planta empacadora de carne en Nebraska y
una cadena de restaurantes en Maryland. Los portavoces del ICE
insisten en que estas no son "redadas", sino "hacer
cumplir la ley".
Otro programa que fue presentado bajo la administración
Bush-"comunidades seguras"-se ha ampliado bajo Obama.
Consiste en ordenar a las autoridades pertinentes que comprueben
el estatus de inmigración de las personas en las cárceles
locales, incluso aquellos con delitos leves.
Ahora, cuando se acercan la nueva ronda de elecciones en noviembre
de 2010, la Casa Blanca de Obama ha declarado una vez más
su compromiso con la reforma de la política de inmigración.
Dos tercios de los electores hispanos votaron por el candidato
demócrata a la presidencia en 2008. Existe una creciente
preocupación entre los dirigentes demócratas de
que muchos de estos electores se alejarán de las urnas
en disgusto por las políticas de la administración.
Sin embargo, la llamada reforma de la inmigración acogida
por Obama no hará nada para aminorar los ataques a los
inmigrantes.
La semana pasada, el presidente declaró su apoyo a una
propuesta legislativa presentada por el senador demócrata
Charles Schumer de Nueva York y el senador republicano Lindsey
Graham de Carolina del Sur. En una columna de opinión publicada
en el Washington Post, Schumer y Graham esbozan su propuesta bipartidista,
pero no precisan detalles.
Los dos senadores inician su columna con un llamado a la represión
más eficaz de los inmigrantes indocumentados. Mientras
alaban la intensificación en el cumplimento de la ley de
inmigración, se lamentan que "muchas personas que
buscan entrar ilegalmente lo están logrando."
Como solución, Schumer y Graham abogan por la militarización
de la frontera México-EE.UU., mayor gasto en la construcción
de barreras reales y "virtuales", y aumentar el número
de agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados para detener
a los inmigrantes que cruzan la frontera.
También prometen "más personal que se desplegará
en la frontera de inmediato para llenar las deficiencias en la
capacidad de aprehensión".
También pidieron una mayor integración de la
ley de inmigración con los departamentos locales de la
policía y cárceles para "mejor capturar y deportar
a los que cometen delitos." Ellos no hacen distinción
entre delitos graves-que tanto los gobiernos de Bush y Obama dicen
ser el foco principal-y delitos menores, ofensas no violentas
que se utilizan en la gran mayoría de los casos para deportar
a los indocumentados.
La legislación propone también integrar en la
bases de datos policiales sobre delincuentes buscados,
la información sobre las personas que han entrado legalmente
en los EE.UU. y cuyas visas vencieron.
Uno de los aspectos más controvertidos de la legislación
propuesta-y que tiene implicaciones de largo alcance para los
derechos democráticos de los ciudadanos de EE.UU.-es la
creación de tarjetas de Seguro Social biométricas
"de alta tecnología, a prueba de fraude", sin
la cual nadie en los EE.UU. podría conseguir trabajo.
El reclamo de Schumer y Graham que la información sobre
las tarjetas no se incorporaría a bases de datos del gobierno
no es creíble. Lo que se propone es la introducción
de las tarjetas de identificación nacional que puedan proporcionar
a la policía y las agencias de inteligencia con una infraestructura
nueva y amplia para la vigilancia a gran escala y control político.
Después de estas medidas de hacer cumplir la ley, la
segunda prioridad principal del plan Schumer-Graham es "desarrollar
un sistema racional de la inmigración legal [que] es esencial
para garantizar la prosperidad económica de Estados Unidos
en el futuro", es decir, adaptando la ley de inmigración
para satisfacer los intereses económicos de EE.UU. las
corporaciones y la élite financiera.
Su propuesta aumentaría la emisión de visados
a "los mejores y más brillantes del mundo "-los
más proclives a generar ingresos altos-mientras que introduciría
"un sistema racional para la admisión de los trabajadores
menos calificados."
Este "sistema racional" equivale a un régimen
de trabajo temporal, similar al infame programa de braceros utilizados
por los intereses agrícolas de hace medio siglo. Los senadores
sostienen que esto facilitaría una "deseada migración
circular," con los trabajadores inmigrantes "que vienen
a ganar dinero y luego volver a casa." El plan crearía
una nueva categoría de trabajadores explotados, prácticamente
sin derechos y totalmente a merced de sus empleadores y el gobierno.
En cuanto a los cerca de 12 millones de trabajadores indocumentados
que ya están en el país, Schumer y Graham proponen
"un camino hacia adelante duro pero justo " que, para
la gran mayoría, no permitiría escapar de la represión
y la discriminación impuesta a esta sección de la
clase obrera.
En primer lugar, estos trabajadores "estarían obligados
a admitir que violaron la ley y a pagar su deuda a la sociedad
mediante trabajo comunitario y el pago de multas e impuestos atrasados."
Una vez más, se esta criminalizando a toda una población,
mientras que las multas e impuestos que son una condición
para su "legalización" estarían fuera
del alcance de millones de trabajadores indocumentados, que están
entre los peor pagados y sufren de forma desproporcionada por
el desempleo masivo afectando a los EE.UU..
Además, aquellos que buscan estatus legal tendrían
que "pasar verificaciones de antecedentes y ser competentes
en inglés." Al final de todo este proceso, declaran
Schumer y Graham, estarían obligados a ir "al final
de la cola de posibles inmigrantes para ganar la oportunidad de
trabajar hacia la residencia legal permanente. "
No se especifican todas las consecuencias de ir a la "al
final de la cola". En las primeras propuestas de inmigración
que abortaron, esto significaba ser forzados a regresar a sus
países de origen para esperar su turno para entrar a los
Estados Unidos, rompiendo además las familias.
La declaración escrita de Schumer y Graham no incluye
una sola palabra acerca de poner fin a la práctica inhumana
de separar a los niños de sus padres a través de
las deportaciones, el desmantelamiento de un sistema de ganancias
de detención de inmigrantes que cada día condena
a decenas de miles de personas a las mas espantosas condiciones
que violan los derechos humanos básicos, o levantar el
reinado de terror que las redadas de la policía estatal
ICE le imponen a comunidades enteras.
Obama declaró que esta propuesta reaccionaria era "un
prometedor marco bipartidista" que "puede y debe ser
la base para ir hacia adelante".
Es cierto que en caso de que esta legislación progrese,
será cada vez más reaccionaria, cuando la administración
de Obama y el liderazgo demócrata en el Congreso ceden
ante la campaña chauvinista de derecha de los republicanos,
que acusan a los demócratas de conceder una "amnistía".
Al final, el resultado más probable es que la legislación
será desechada por el Congreso, de la misma manera que
una propuesta reaccionaria similar fue desechada en 2007 después
que la derecha política montase una campaña para
hacer a los inmigrantes los chivos expiatorios de la crisis social.
Para las multitudes que se congregaron en Washington el domingo
y los millones más de trabajadores inmigrantes que representan,
la administración de Obama y todo el sistema bipartidista
ofrecen sólo intensificar la opresión y la explotación.
Una verdadera solución a la crisis que enfrentan los trabajadores
inmigrantes requiere de la unificación de la clase obrera
en su conjunto, una lucha común por un programa socialista
que incluya el derecho de los trabajadores de todas las nacionalidades
que viven y trabajan en el país de su elección con
plena igualdad de derechos.
Lea también:
¿Qué
significan las manifestaciones de los inmigrantes para la lucha
de clases en Estados Unidos?
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