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La liga internacional de criminales de guerra
Por Chris Marsden
6 Marzo 2010
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el autor
La emisión en diciembre pasado de una orden judicial
de arresto para Tzipi Livni, la otrora ministra del exterior Israelí
y actual líder de la oposición, es nada menos que
el último evento en confirmar la existencia de una institución
internacional jurídica que considera que Israel debería
ser procesado por crímenes de guerra por su trato de la
población Palestina.
Livni fue un miembro del gabinete de guerra durante la Operación
Cast Lead, la ofensiva contra Gaza entre el 27 de diciembre del
2008 y el 18 de enero de 2009. Unos 1.400 palestinos — la
mayoría de ellos civiles, incluyendo 400 mujeres y niños
— fueron asesinados, más de 5.000 personas fueron
heridas y 21.000 hogares y otras infraestructuras esenciales fueron
destruidas.
En octubre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas aprobó un informe del juez sudafricano,
Richard Goldstone, declarando que la guerra era “un ataque
deliberadamente desproporcionado diseñado para castigar,
humillar y aterrorizar una población civil, disminuir radicalmente
su capacidad económica local, tanto como para el trabajo
como para suplir a la sociedad misma; e imponer por encima de
todo un creciente sentimiento de dependencia y vulnerabilidad”.
La orden judicial contra Livni fue emitida por la Corte de
Magistrados de Westminster bajo el pedido de un grupo de abogados
que actúan en nombre de 16 palestinos demandantes. Livni
iba a dar un discurso en la conferencia de la Fundación
Nacional Judía el 13 de diciembre pasado. Sus partidarios
dicen que ella canceló su aparición debido a un
“conflicto de horarios”. Sin embargo, el New York Times
reportó que Livni fue advertida sobre la orden judicial
y la amenaza de poder ser arrestada.
Este evento está lejos de ser el primero en que una
figura política o militar israelí sea confrontada
con la amenaza de ser procesada. En el 2001 una orden judicial
fue emitida en Bélgica para el arresto del ex primer ministro
Ariel Sharon, el ex jefe de gabinete Raphael Eitan y Amos Yaron,
el ex jefe del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) por sus roles en las masacres de Sabra y Shatila en 1982.
En septiembre del 2005, el ex jefe del Comando Sur del FDI,
Doron Almog, tenia orden de arresto en el Reino Unido por decretar
la demolición de 59 casas de palestinos civiles. La orden
judicial fue supuestamente emitida de manera secreta bajo la ley
del Reino Unido, pero le pasaron el dato a los diplomáticos
israelíes y Almog rehusó bajarse del avión
por dos horas hasta que partió de nuevo para Israel.
Una orden judicial de arresto también fue emitida por
España para siete israelíes involucrados en el bombardeo
en julio del 2002 de un edificio de vivienda en la ciudad de Gaza
que mató al líder militar de Hamas Salah Shehadeh
y otros 14 civiles, incluyendo a su esposa y siete hijos. Moshe
Ya'alon, el vice primer ministro israelí y ministro de
asuntos estratégicos, y el ex ministro de defensa, Benjamin
Ben Eliezer, estaban entre los acusados.
En septiembre, se le pidió a la Corte de Westminster
que emitiera una orden judicial de arresto para Ehud Barak, el
ministro de defensa, bajo el Acta de Justicia Criminal de 1988,
por su involucramiento en la Guerra de Gaza. La corte aceptó
el reclamo de la Oficina de Asuntos Extranjeros que definía
a Barak como un ministro en actividad que se reuniría con
sus contrapartes británicas y que por lo tanto disfrutaba
de inmunidad bajo el Acta de Inmunidad Estatal de 1978.
Ex ministros, que no viajan en asuntos oficiales, como Livni,
no disfrutan de tal inmunidad. Por esta razón Ya'alon y
Avi Dichter, el ministro de seguridad pública y el jefe
de la agencia de seguridad Shin Bet, respectivamente, han rechazado
invitaciones para asistir a eventos en Gran Bretaña.
El gobierno del primer ministro israelí Binyamin Netanyahu
ha montado una campaña para acabar con toda posibilidad
de futuros arrestos bajo las provisiones de jurisdicción
universales de las Convenciones de Ginebra y otras leyes internacionales.
Sin embargo, para los aliados de Israel, Tel Aviv está
pateando contra una puerta abierta.
Siempre que se ha dado la amenaza de un proceso judicial contra
un oficial israelí, Washington ha presionado para que se
prevenga. Esto ha llevado al abandono de los cargos belgas contra
Sharon y compañía y ha producido cambios en la ley
belga para que se debilite la posibilidad de procesos similares
en el futuro. En junio de 2009, una corte española archivó
su investigación de los bombardeos de la Ciudad de Gaza.
Junto a esto, los EE.UU. lideró un bloque de seis naciones
que votaron en contra de la aceptación del informe de Goldstone,
mientras que Gran Bretaña y Francia se abstuvieron.
La respuesta de Gran Bretaña a las protestas oficiales
de Israel sobre de la orden judicial contra Livni fue nada más
que una mera adulación. Esta consistió en promesas
por parte del secretario de asuntos extranjeros David Miliband
y el primer ministro Gordon Brown para que se altere la ley que
permite que se enjuicie en cortes británicas a ciudadanos
extranjeros.
En el lenguaje directo del realpolitik imperialista, Miliband
declara: “Israel es un compañero estratégico
y un amigo cercano del Reino Unido. Estamos determinados a proteger
y desarrollar esos lazos”. ¡Hasta ahí llegaron
las afirmaciones del mundo occidental de conservar la ley internacional
y los derechos democráticos!
Al igual que la posición tomada por los EE.UU., la respuesta
del Reino Unido involucra más que la mera lealtad a un
aliado. En todo esto hay una cuestión básica de
supervivencia.
Una y otra vez los portavoces de Israel han advertido que los
líderes de las grandes potencias - incluyendo a George
Bush y Tony Blair por Irak y a Brown y al presidente Barack Obama
por Afganistán — son amenazados con procesos judiciales
bajo las provisiones de la jurisdicción universal. El mismo
Netanyahu ha advertido, respecto al reporte de Goldstone: “No
es solamente nuestro problema... Si acusaron a oficiales del FDI,
a comandantes del FDI, a soldados del FDI, a pilotos del FDI o
incluso a sus líderes, ellos también los acusarán
a ustedes. ¿Acaso la OTÁN no está peleando
en muchos lugares? ¿Acaso Rusia no está peleando
en muchos lugares?”
El concepto de jurisdicción universal permite el proceso
judicial por las cortes internacionales o nacionales cuando el
caso es considerado ser un crimen contra la humanidad y no es
probable que pueda ser juzgado bajo el propio estado del supuesto
acusado. Es la base para la creación de un rango de instituciones
como la Corte Criminal Internacional (CCI), establecida en el
2002, el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia
y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Los EE.UU. y otras
grandes potencias han estado muy felices de que estos cuerpos
sean utilizados contra aquellos regímenes que ellos han
señalado como hostiles a sus intereses, como Serbia. Pero
al igual que Israel, los EE.UU. se oponen a la jurisdicción
universal sobre ellos mismos y por lo tanto no aprueba ni al CCI
ni al CIJ.
Cuando Obama dio su discurso de aceptación del premio
nobel de la paz, arguyó explícitamente que la guerra
es un instrumento de la política extranjera de los Estados
Unidos y defendió las acciones militares cuyos propósitos
“se extiendan más allá de la auto-defensa de
una nación en contra de un agresor”. Él insistió
en que tales guerras imperialistas preventivas - del tipo ya conducidas
en Irak y Afganistán — eran esenciales para que los
EE.UU. mantengan su posición como el centro de la “arquitectura
para mantener la paz”, establecido después de la Segunda
Guerra Mundial.
Esto supuestamente incluye comportarse de acuerdo a “ciertas
reglas de conducta” y que los EE.UU. actúen como “el
porta estandarte en la conducta de la guerra”. Para este
fin, Obama personalmente reafirmó “el compromiso estadounidense
de respetar las Convenciones de Ginebra” y “otras leyes
internacionales de guerra”.
Esta es una mentira más. Algunos periódicos han
afirmado que España y Gran Bretaña fueron los primeros
en aplicar el concepto de jurisdicción universal, con la
orden judicial del juez español Baltazar Garzón
por la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
En realidad, el concepto está enraizado en las Convenciones
de Ginebra, que fueron adoptadas el 12 de agosto de 1949.
En cuanto concierne a los crímenes de guerra, las Convenciones
requerían de las naciones signatarias, como Gran Bretaña
y los EE.UU., que aprueben las leyes necesarias y “provean
sanciones penales efectivas” para personas “que cometan
u ordenen de que sean cometidas” cualquier “infracción
grave” de las Convenciones. El Artículo 129 declara
que cada signatario “estará bajo la obligación
de buscar a las personas que sean sospechosas de haber cometido,
u ordenado haber cometido, tales infracciones graves, y traerá
a tales personas, sin importar su nacionalidad, ante sus propias
cortes”.
Es por eso que el informe de Goldstone hizo un llamado explícito
a los países signatarios de que usen su “jurisdicción
universal” para que busquen y enjuicien aquellos israelíes,
así como también aquellos líderes de Hamas,
acusados de crímenes de guerra.
En realidad, los poderes imperialistas y sus aliados operan,
de hecho, como una liga internacional de criminales de guerra,
dedicada a la defensa mutua y autoconservación. Es por
eso que los EE.UU. rechazan la jurisdicción universal cuando
amenaza a sus amigos, así como a sus propios políticos
y personal militar.
Ahora Brown y Miliband han dejado en claro que ellos también
repudiarán la independencia de las cortes para así
prevenir cualquier proceso judicial por los crímenes de
guerra que sea contrario a los intereses estratégicos del
imperialismo británico. Al hacer esto, ellos esperan salvarse
de la posibilidad de ser llevados ante la justicia. Pero ellos
deberían saber que algunos crímenes son demasiado
grandes para que su proceso judicial sea evadido para siempre.
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