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Terremoto expone abismo social en Chile
Por Rafael Azul
9 Marzo 2010
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el autor
El malestar crece en Chile por la indiferencia y falta de eficiencia
que han caracterizado la respuesta del gobierno al terremoto del
27 de febrero.
El viernes pasado el Wall Street Journal citó a la socióloga
chilena Lucía Dammert, quien dijo que Chile está
experimentando “un terremoto social” que ha revelado
“un país fracturado, dividido socialmente, con una
población que se siente excluida..."
Concepción, la segunda ciudad del país con más
de medio millón de habitantes, sigue siendo ocupada por
más de 14.000 soldados. El 2 de marzo, el estado de sitio
previamente impuesto en Concepción y otras ciudades, se
extendió a otros dos pueblos costeros, Curicó y
de Talca. El 6 de marzo, un toque de queda de 18 horas en Concepción
se redujo a 13 horas.
Mientras los medios de comunicación chilenos hablan
mucho de la “recuperación” de artículos
robados en Concepción y otras ciudades por las tropas y
la policía, la rapidez con que el gobierno envió
tropas para ocupar Concepción contrasta con las reiteradas
demoras en el envío de ayuda material. Ante un descontento
generalizado, el uso masivo de tropas, junto con una histérica
campaña de la media contra "saqueadores", tenía
por objeto suprimir los disturbios sociales y polarizar la opinión
pública en contra de las propias víctimas del terremoto.
Las diferencias sociales expuestas por el terremoto se habían
profundizado en las últimas décadas. El abismo que
separa a la elite de Chile de la mayoría de la población
fue agravado de la política de “libre mercado”
introducida por la dictadura de Pinochet y continuada por los
regímenes posteriores.
A pesar de las referencias en los medios de EE.UU. de códigos
de construcción rigurosos, los reglamentos destinados a
proteger contra los terremotos fueron aplicados de manera selectiva
y sobre una base de clase, es decir, para los hogares y negocios
de los ricos, no para las viviendas y los barrios de la clase
obrera y los pobres. Las casas mal construidas de estos últimos
se derrumbaron o fueron arrastradas hacia el mar, mientras que
las de los ricos resistieron el impacto del terremoto.
El cifra final de muertos será superior a 1.000. Hasta
el momento no hay estimaciones precisas sobre el número
de desaparecidos y heridos. Además de los 500.000 hogares
que fueron destruidos directamente, otro millón posiblemente
tendrá que ser demolido. Varios millones de personas han
sido afectadas.
La lenta respuesta a la crisis humanitaria de la administración
saliente de la presidenta Michelle Bachelet, sin duda, resultará
en muertes innecesarias y problemas de salud, especialmente en
las ciudades costeras, que es donde viven algunos de las familias
más pobres y, por esa razón, estaban particularmente
mal preparados para el desastre.
Las autoridades de salud del Gobierno han descartado una epidemia
de disentería en las ciudades costeras. Sin embargo, la
diarrea va en aumento debido a la falta de agua potable, y existe
un riesgo creciente de infección como resultado de las
lesiones causadas a las personas caminando por las zonas inundadas
y excavando entre los escombros de los edificios derrumbados.
"Vamos a tener necesidad de agua, sistemas eléctricos,
un sistema de alcantarillado operativo.... Necesitamos servicios
higiénicos, y cuando empieza a llover, las personas que
viven en tiendas de campaña se van a mojar y enfermar.
Todo esto va a causar infecciones ", dijo Gastón Saavedra,
el alcalde de Talcahuano donde el puerto fue gravemente dañado
por el terremoto y el tsunami.
En las farmacias se han agotado los medicamentos para el tratamiento
de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión
y las enfermedades psicológicas. “No he tomado mi
medicamento durante dos o tres días. Debo tomarlo todos
los días”, dijo Miguel Hidalgo, un conductor de camión
retirado que sufre de hipertensión crónica, a quien
le había dicho que quedaba un paquete del medicamento que
necesita para mantener sus riñones funcionando.
Treinta y seis hospitales fueron destruidos por el sismo. Los
hospitales de campaña se han creado, pero aún no
están atendiendo a pacientes.
Una encuesta realizada el domingo por el diario El Mercurio
de Santiago reveló la creciente ira entre la población.
Sesenta por ciento de los chilenos fueron críticos de la
respuesta del gobierno. Sesenta y seis por ciento culparon a las
empresas de construcción por emplear material de mala calidad.
A pesar de una intensa campaña en los medios de comunicación
para demonizar a los llamados “saqueadores”, el 26 por
ciento de los encuestados pensaban que estaban justificados, dadas
las circunstancias. Durante toda la semana, los medios de comunicación
capitalistas, dentro y fuera de Chile, exageraron las noticias
de los saqueos y el vandalismo, condenando en la mayoría
de los casos las familias de clase obrera por los actos de desesperación
y hambre.
Sin embargo, durante más de 30 años no han dicho
nada del saqueo de la riqueza nacional por las empresas mineras
transnacionales. Según un reciente informe en El Ciudadano,
lo que se llevaron del país por la explotación del
cobre sobrepasa los $ 70 mil millones, más del doble de
lo que se necesitaría para restaurar Chile a su condición
anterior al terremoto.
Tal “saqueo” de los recursos naturales tuvo su origen
en la privatización bajo Pinochet de la mayoría
de las minas nacionalizadas, y esa política fue continuada
por los sucesivos gobiernos de los demócrata-cristianos
y social-democraticos, en virtud a la coalición de Concertación,
incluyendo a la presidenta Bachelet.
Sólo una pequeña minoría de la población
se benefició de las privatizaciones y otras políticas
neo liberales, mientras que la mayoría vio decaer su nivel
de vida.
Desde el comienzo de su mandato en 2006, Bachelet se enfrentó
a un aumento de las tensiones de clase, a partir de las protestas
estudiantiles masivas y huelgas de maestros exigiendo transporte
gratuito y la defensa del derecho a la educación. Estos
fueron seguidos por las huelgas de los profesionales de la salud
y los mineros del cobre.
El descontento de estas y otras capas de la población
resultaron en la derrota electoral en diciembre pasado de los
partidos de la Concertación y la victoria del candidato
de la derecha, Sebastián Piñera, uno de los hombres
más ricos de América Latina. Piñera asumirá
el cargo el jueves, habiéndose ya comprometido a extender
las políticas de libre mercado de la privatización
y desregulación.
Piñera fue el candidato de la Alianza de Chile, una
coalición de dos partidos de derecha — Renovación
Nacional de Piñera (Renovación Nacional) y la Unión
Demócrata Independiente (Unión Democrática
Nacional), el heredero político de la dictadura de Pinochet.
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