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Primer aniversario del golpe de estado en Honduras
Por Bill Van Auken
30 Junio 2010
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 28 de junio, 2009.
La fecha de hoy marca el primer aniversario del golpe de estado
que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya.
El golpe inició un período de represión violenta
contra la clase trabajadora del país que continúa
hasta hoy día.
No sólo ha defendido el gobierno de Obama al nuevo régimen
del mandatario Porfirio Lobo, sino que ha hecho campaña
para que Honduras normalice sus relaciones con el hemisferio y
el resto del mundo. El apoyo que Washington le ha brindado al
gobierno hondureño ha sido tácito pero total.
El 28 de junio, 2009, tropas armadas hasta los dientes entraron
bruscamente en el palacio presidencial en Tegucigalpa, arrestaron
a Zelaya y lo marcharon en piyamas a punta de pistola a un avión
que despegó hacia el exilio. Esta acción representó
el primer golpe exitoso del Siglo XXI en Latinoamérica,
región en la que dictaduras militares respaldadas por Estados
Unidos rigieron a cuantiosos países durante grandes porciones
del Siglo XX.
El presunto objetivo del golpe fue abortar un plebiscito organizado
por Zelaya para averiguar si contaba con suficiente apoyo popular
para convocar una asamblea constituyente que cambiara la constitución.
Ésta no es más que un documento reaccionario dictado
en 1982 por la embajada de Estados Unidos y la dictadura militar
que en ese momento abandonaba el poder.
Para justificar el golpe, sus partidarios dentro de la oligarquía
hondureña acusaron a Zelaya de atribuirse más poder
de lo que la constitución disponía para así
postularse a un tercer plazo presidencial. Superficialmente, la
acusación, servilmente repetida por la prensa estadounidense,
era absurda puesto que ninguna votación se podía
organizar para convocar una asamblea constituyente antes de elegir
al sucesor de Zelaya.
Tanto las “10 familias” que dominan a Honduras como
el gobierno de Obama en Washington tenían otras razones
para lograr el derrocamiento de Zelaya.
La oligarquía criolla había comenzado a considerar
que Zelaya, rico latifundista y magnate en la industria de la
madera, era un traidor debido a que abogaba por pequeñas
reformas, tales como el aumento del salario mínimo, lo
cual amenazaba con violar las fortunas que había acumulado
por medio de la colaboración con las empresas transnacionales
que súper explotan la mano de obra barata hondureña.
Para Washington consideró que Zelaya quizás presentaba
una amenaza al dominio imperialista de Estados Unidos sobre la
región—que por mucho tiempo había considerado
como su patio trasero— cuando éste formó vínculos
amistosos con el presidente venezolano, Hugo Chávez, a
cambio de petróleo barato y arreglos crediticios a bajo
costo. Esta movida causó una alarma, puesto que la mayor
base militar de Estados Unidos en toda Latinoamérica se
encuentra en Honduras. Para el Pentágono era inaceptable,
desde el punto de vista estratégico, la posibilidad de
ser negado uso de la instalacion Palmerola en el país,
pues ya había sido obligado a abandonar su base en Manta,
Ecuador el año pasado.
Aunque Obama se declaró formalmente a favor del retorno
de Zelaya como presidente, su gobierno rehusó tomar toda
acción en contra de los dirigentes del golpe o condenar
la ola de represión que éstos lanzaron contra sus
oponentes. La verdad es que la clase gobernante de Honduras, que
tanto depende de Estados Unidos para quedarse con casi todo el
control de las inversiones y el comercio del país, no pudo
haber tomado semejante acción sin que Washington le diera
la luz verde. Ni tampoco los militares hondureños habrían
tomado semejante paso son el permiso del Pentágono, quien
los ha entrenado, asesorado y armado.
Un año después, la base de Palmerola hoy día
funciona normalmente, tal como sucedió desde el primer
día del golpe en adelante. El mes pasado, el General Douglas
Fraser, jefe del Comando del Sur de Estados Unidos, viajó
a Honduras por primera vez a Honduras desde el golpe y declaró
que habían “muchas oportunidades para cooperar”
con los militares del país. La ayuda militar de Washington
al país ha comenzado de nuevo.
La oligarquía bancaria que organizó el derrocamiento
militar de Zelaya permanece en control absoluto del gobierno del
Presidente Lobo, quien fue nombrado ganador en una parodia electoral
el noviembre pasado bajo condiciones de ley marcial en la que
más de la mitad del electorado boicoteó los comicios.
Los que organizaron el golpe y luego lanzaron la represión
sangrienta gozan de impunidad total. El dirigente político
del golpe, Roberto Micheletti, ha sido nombrado “congresista
vitalicio” para asegurar que nunca se le negará inmunidad
parlamentaria. El dirigente militar del golpe, General Romeo Vásquez,
ha sido instalado como jefe de Hondutel, empresa telefónica
del país.
La represión sigue de manera especialmente bestial,
la cual tiene una larga y siniestra historia en Honduras, con
muertes y asesinatos. Desde que Lobo asumiera las riendas del
gobierno, han sucedido nueve asesinatos de periodistas, lo cual
ha transformado a Honduras en el país de mayor peligro
en el cual practicar esa profesión.
Los dirigentes de los sindicatos obreros y otros que se identificaron
como adversarios del golpe de junio, 2009, han quedado en la lista
para ser asesinados. Grupos que defienden los derechos humanos
han confirmado que ha habido 14 asesinatos de semejante índole
desde que Lobo ascendiera al poder.
Ninguno de los perpetradores de estos homicidios ha sido arrestado
por estos asesinatos o por los que se cometieron inmediatamente
luego del golpe. Otras formas de represión continúan
sin tregua, inclusive arrestos arbitrarios, la tortura, y el cierre
de toda medio de prensa que se oponga al gobierno.
El gobierno de Lobo, luego de declararse en quiebra en febrero,
ha comenzado a imponer toda una serie de medidas de austeridad
draconianas, inclusive un aumento involutivo de los impuestos
y una reducción en el 20% en todos los gastos del gobierno.
Pero las fuerzas de seguridad no han sido afectadas por estas
reducciones; más bien, sus fondos han incrementado. Esta
política tiene un objetivo: obligar a las empobrecidas
masas hondureñas a pagar por la crisis que el capitalismo
internacional ha creado y por el dinero que se ha gastado para
suprimir a todos los adversarios del golpe del año pasado.
Las condiciones de vida para las masas trabajadoras de Honduras,
que ya eran entre las más pobres del hemisferio, sólo
han empeorado, Según el Instituto Nacional de Estadísticas
del país, el 51% de la población de edad laboral
sufre el desempleo total; y los trabajadores jóvenes han
sido en su mayoría abandonados por el mercado de la mano
de obra.
Casi el 60% de la población vive en la pobreza, y un
36% viven en la pobreza extrema. El desempleo ahora se usa como
ariete contra la clase trabajadora a medida que los patronos y
el gobierno siguen presionando para imponer reducciones salariales,
el aceleramiento en los lugares de trabajo, y la cancelación
total de las leyes sobre el trabajo.
Un año después del golpe, las lecciones políticas
del golpe hondureño han salido a la luz.
La primera es que toda esperanza que la elección de
Barack Obama significaría una cambio de la política
extranjera de Estados Unidos para lograr el “respeto recíproco”
y la cooperación internacional, sobre todo en Latinoamérica,
se ha hecho añicos. Los sucesos hondureños, luego
de intentos para asegurar bases en Colombia y la intervención
militar en Haití, además de la intensificación
del apoyo a la guerra contra el narcotráfico en México,
han mostrado que el gobierno de Obama está listo para desatar
la violencia contrarrevolucionaria y militar para reafirmar el
dominio de Washington sobre el Hemisferio Occidental.
Ante la prolongada decadencia económica del capitalismo
norteamericano, Estados Unidos se vira más y más
hacia estos métodos para contrarrestar las dificultades
crecientes que plantea la resistencia de la clase trabajadora
de Latinoamérica, así como también la creciente
penetración de la región por poderosos rivales,
inclusive Europa y China.
La segunda lección es el fracaso total del nacionalismo
burgués tal como lo muestran las acciones del derrocado
presidente hondureño. Zelaya laboró seguidamente
para subordinar la resistencia al golpe a sus propios intentos
de ganarse el favor de Washington y asegurar su regreso a la presidencia
por medio de un arreglo—dictado por Estados Unidos—con
los mismos que lo derrocaron.
Los eventos en Honduras han confirmado otra vez que una oposición
exitosa a la intervención imperialista, a los golpes militares
y a las dictaduras es imposible si la clase trabajadora no se
moviliza bajo su propia política independiente. Aunque
los trabajadores hondureños desde un principio de opusieron
heroicamente al régimen golpista del año pasado,
sus luchas se disiparon y fueron desviadas por unos dirigentes
vinculados al Partido Liberal burgués, el cual es el partido
tanto de Zelaya como de Micheletti.
Ante la presente crisis que fuertemente aprieta a Honduras
y toda la América Central se presenta una necesidad ardiente:
el establecimiento de un nuevo movimiento político revolucionario
de la clase trabajadora, independiente de todos los partidos burgueses
y armado con el programa de la transformación socialista
no solo de Honduras sino de la región entera como parte
de la lucha por los Estados Unidos Socialistas de las Américas.
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