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La Corte Suprema de Estados Unidos anula restricciones sobre
los gastos empresariales en las elecciones
Por Tom Ely
28 Enero 2010
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el autor
Este artículo apareció n en nuestro sitio
en su inglés original el 23 de enero, 2004.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos este jueves pasado anula las restricciones que por largo
tiempo le habían prohibido el financiamiento de elecciones
a las empresas y bancos. El dictamen representa un ataque de gran
significado contra los derechos democráticos. Por un voto
de 5 a 4, la mayoría de la corte aseguró que la
clase dirigente que controla la economía dominará,
aún de manera más directa y completa, el sistema
político de Estados Unidos.
El dictamen representa una cruda reafirmación de los
intereses de la clase bancaria y empresarial del país.
Deja bien claro que detrás de todos los atavíos
de la democracia de los Estados Unidos yace esta realidad: el
estado funciona como el instrumento de control social por una
clase sobre otra.
La decisión en el caso—Ciudadanos Unidos en
Contra de la Comisión de Elecciones Federales—anula
más de cien años de precedentes jurídicos,
fortalece el nudo que los grandes negocios ejercen sobre el proceso
político, y permite legalmente que los políticos
y todos los cargos oficiales del gobierno obedezcan las órdenes
de los ricos.
Bajo el pretexto de defender la libertad de expresión,
el dictamen representa contra los derechos democráticos.
La premisa fundamental de su lógica es obviamente absurda:
que las empresas tienen los mismos derechos a la expresión
y a abogar por posturas políticas que los individuos. Es,
pues, una burla a los principios democráticos establecidos
por la Ilustración que impulsaron a los revolucionarios
que dirigieron la guerra de Estados Unidos por su independencia.
El mismo Jefferson consideraba que la política de las instituciones
financieras era "más peligrosa para nuestras libertades
que los ejércitos regulares".
El dictamen es consecuencia de décadas de reacción
política; de la concentración cada vez mayor de
la riqueza en manos de una clase dirigente pequeña; y de
los ataques cada vez peores contra las condiciones sociales del
pueblo.
Es la culminación de toda una serie de decisiones antidemocráticas
por la Corte Suprema. Durante las últimas tres décadas,
el tribunal máximo del país ha menoscabado las libertades
civiles y la capacidad de ciudadanos recibir reparaciones en casos
de criminalidad empresarial. Durante los años más
recientes, ha defendido y expandido los poderes de la rama ejecutiva
del gobierno para declarar guerra, invadir las vidas privadas
de los ciudadanos, y arrestar e encarcerar sin juicio a aquellos
que el presidente declara enemigos. La Corte Suprema sistemáticamente
ha dictaminado en contra de los derechos de otros partidos, aparte
de los Demócratas y Republicanos y sobre todo de la izquierda,
a postularse para las elecciones.
Hace apenas diez años que la misma institución,
en otra decisión politizada, le puso paro, por un voto
de 5 a 4, a la cuenta de votos en el estado de la Florida para
permitir el robo legal de las elecciones presidenciales del 2000.
De ahí que George W, Bush asumiera las riendas del poder
aunque perdiera el voto popular.
El Partido Demócrata es cómplice en atacar los
derechos democráticos por medio de su miserable aceptación
de la instalación de Bush por la Corte Suprema; su apoyo
de las guerras en Irak y Pakistán; su cobarde negativa
en montar una maniobra obstruccionista para bloquear la confirmación
de Samuel Alito y John Roberts cuando Bush los nombró la
Corte Suprema.
Fue Roberts quien jugara un papel fundamental en valerse de
Ciudadanos Unidos en Contra de la Comisión de Elecciones
Federales y usarlo para acabar con todas las restricciones
impuestas sobre las empresas para limitar su financiamiento de
la política. Por cierto que este pleito se entabló
para desafiar la aplicabilidad de restricciones que la ley Mccain-Feingold
le imponía a los anuncios comerciales durante campañas
electorales, en particular en referencia a un documental en contra
de Hillary Clinton.
Esto ha sucedido en un país donde ya el dinero empresarial
manipula las elecciones, chantajea a los políticos y por
lo regular dicta la política del gobierno. Como puntualizara
el Juez John Paul Stevens en su opinión judicial minoritaria,
"Aunque la democracia de Estados Unidos no es perfecta, pocos
fuera de la mayoría de este tribunal habría creído
que sus flaquezas incluían la escasez de dinero empresarial
en la política".
En el dictamen de la Corte Suprema se pueden ver las intenciones
de la aristocracia bancaria y empresarial de Estados Unidos para
ponerle fin a todas las restricciones que impiden su dominio de
la política.
Una de las mayores inquietudes de los partidarios del sistema
que han criticado la decisión es que ésta va a socavar
aún más la confianza que el pueblo le tiene a la
Corte Suprema y a todas las instituciones oficiales. "Temo
que la decisión va a causarle daños a esta institución",
escribió el Juez Stevens en su disensión.
Pero el hecho es que la decisión le muestra al pueblo
trabajador, quien representa a la vasta mayoría del pueblo,
no éste no puede defender sus intereses por medio del sistema
económico que rige sus vidas. La Corte Suprema, el Congreso,
la presidencia y ambos partidos políticos están
todos bajo el control absoluto de la clase empresarial dirigente.
La gente se está dando cuenta de esta verdad elemental
más y más, sobre todo después de todo un
año de las promesas rotas y la política derechista
del gobierno de Obama, el cual asumió las riendas del poder
porque cínicamente se aprovechó del odio popular
hacia el gobierno de Bush y su política basada en la guerra,
la represión y la reacción social
Pero aún más esencial es el hecho que la decisión
muestra que la estructura socioeconómica de la sociedad
capitalista de Estados Unidos es incompatible con la democracia.
Las formas que la democracia asume son disfraces que encubren
el dominio plutocrático. En última instancia han
de ceder en una sociedad en que existe una disparidad de la riqueza
tan inmensa como en Estados Unidos.
La respuesta a la decisión de la Corte Suprema y a todos
los ataques contra los derechos democráticos consiste en
establecer la independencia política de la clase trabajadora
y la lucha por un gobierno obrero. A los derechos democráticos
sólo se le puede defender por medio de la lucha por el
socialismo; es decir, la transformación de la sociedad
en base del control económico del sistema por la clase
trabajadora y así satisfacer las necesidades sociales de
sus vidas cotidianas, no las de la clase dirigente capitalista
en su sed por acumular las ganancias capitales desempeñar
nuestras vidas cotidianas al satisfacer nuestras necesidades sociales
y no las del capital para acumular la riqueza de las empresas
y varios individuos de la clase dirigente.
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