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La amenaza de una dictadura en España
Por Robert Stevens
9 Diciembre 2010
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el autor
La decisión del Gobierno español de utilizar
el ejército para apoderarse de las torres de control de
los aeropuertos con el fin de destruir una huelga salvaje por
los controladores de tráfico aéreo es una advertencia
a toda la clase obrera.
El Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha
dado amplios poderes a los militares al imponer un "Estado
de Alerta", anulando los derechos democráticos fundamentales.
La acción expone el real carácter derechista de
este Gobierno "socialista". En su determinación
de imponer la voluntad de la aristocracia financiera, está
tomando medidas que no habían sido vistas desde el final
del régimen fascista del general Franco en 1975.
El hedor de un Estado policial se cierne sobre España
una vez más. Los 2,200 controladores aéreos se vieron
obligados a volver al trabajo el viernes y sábado a punta
de pistola. Soldados armados están ahora en guardia en
las torres de los aeropuertos, mientras que los trabajadores dirigen
el tráfico aéreo bajo amenaza de detención
inmediata si dejan de trabajar.
En un intento de justificar estas acciones, el Vicepresidente
Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que los trabajadores “chantajearon
el país para pedir un rescate" por defender sus "privilegios
inaceptables". Añadió, "el efecto inmediato
es que los controladores están ahora bajo órdenes
para volver a trabajar y pueden ser acusados de un delito bajo
el Código Penal militar si se niegan. El estado de alerta
inicialmente durará 15 días."
Los comentarios de Rubalcaba destacan la realidad en su cabeza.
No son los controladores aéreos los que chantajean al país
para defender sus privilegios sino la clase dominante en nombre
de quien habla Rubalcaba. Los mismos métodos utilizados
contra los controladores se emplearán contra cualquier
sector de la clase trabajadora que se oponga a los recortes salariales
y las medidas de austeridad. El miércoles, días
antes de que se impusiera el estado de alerta, España aprobaba
una nueva ronda de recortes sociales.
Durante el periodo del Estado de alerta, los controladores
estan clasificados como personal militar. Bajo las órdenes
que se les da, si no van a trabajar serán culpables del
delito de desobediencia tal como está previsto en el artículo
102 del Código Penal militar, punible con hasta dos años
de prisión.
El Gobierno del PSOE ordenó el estado de alerta en un
período de sesiones de emergencia tras bajas por enfermedad
masivas por los controladores que comenzaron el viernes. La acción
de los trabajadores, que inmediatamente provocó una interrupción
masiva del tráfico aéreo en toda Europa, fue provocada
por un decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes
a mediodía. El decreto había empeorado drásticamente
las condiciones laborales de los controladores, ampliando significativamente
sus horas de trabajo.
El mismo día el Gobierno aprobó planes para comenzar
la privatización de AENA, la empresa controlada por el
Estado que dirige los aeropuertos.
Los controladores que han podido hablar con la prensa han
descrito las condiciones brutales y desgarradoras a las que se
enfrentan. El SundayTelegraph informó que uno de los trabajadores
entrevistados por el periódico hablaba "en un medio
susurro, su voz temblando en su móvil." El controlador
de tránsito aéreo, ubicado en el aeropuerto de Barajas
de Madrid, dijo, "yo no puedo hablar con usted adecuadamente
ahora. Hay guardias civiles aquí, con pistolas. Si no empezamos
a trabajar ahora, seremos detenidos."
La Oficina de la Fiscalía de Madrid ha abierto procedimientos
judiciales para investigar cada controlador por posibles "delitos"
contra el tráfico aéreo. La Fiscalía dice
que los trabajadores podrían enfrentar hasta ocho años
de prisión. Por su parte AENA ha comenzado expedientes
disciplinarios contra 442 controladores, casi una cuarta parte
de la plantilla.
Estos eventos han expuesto el papel reaccionario de los sindicatos,
que han apuñalado en la espalda a los controladores de
tráfico aéreo. En primer lugar, denunciaron la huelga,
diciendo que era espontánea y no oficial y ahora han aceptado
el estado de alerta, con apenas un gimoteo de protesta.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA),
que representa el 97 por ciento de los controladores de tráfico
aéreo, ni siquiera tiene una declaración en su página
web respecto a la movilización del ejército contra
sus miembros. De la misma manera, los dos sindicatos mayoritarios,
UGT (Unión General de trabajadores) y CCOO (Comisiones
Obreras), no han hecho ninguna declaración.
Mientras los controladores eran retenidos a punta de pistola,
Camilo Cela, el Presidente de USCA, llamaba los trabajadores a
tener "calma" el sábado, declarando que, "hago
un llamamiento a la profesionalidad que hemos demostrado durante
todos estos meses de ataques por la empresa."
Apoyando a los sindicatos en su negativa a montar cualquier
lucha contra estos ataques estuvo Izquierda Unida (IU), la principal
formación pseudo-izquierdista en España, liderada
por el Partido Comunista. El sábado José Antonio
García Rubio emitía una declaración en nombre
de IU pidiendo que no hubiese ninguna acción contra las
medidas y declarando, "Izquierda Unida no ha estado nunca
de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con
la forma de plantearlas."
La acción militar es la más reciente en una cadena
de medidas, cada vez más represivas, llevadas a cabo por
los gobiernos de toda Europa para aplastar la oposición
popular a los recortes en los salarios, empleos y programas sociales.
A medida que se mueven para derrotar las huelgas y protestas,
los partidos políticos, tanto de la llamada "izquierda"
como la "derecha", están revirtiendo las normas
democráticas establecidas durante mucho tiempo.
En Grecia a principios de este año una huelga de camioneros
fue reventada por el ejército y más tarde, la policía
antidisturbios fue utilizada contra los trabajadores en huelga
del Ministerio de Cultura. En Francia la policía antidisturbios
ha sido utilizada contra los trabajadores de las refinerías
de petróleo. En Gran Bretaña, escuadrones policiales
se han enfrentado a protestas de estudiantes a nivel nacional
y llevado a cabo detenciones en masa.
Estos gobiernos llevan a cabo los dictados de los bancos, que
operan cada vez con más agresividad.
Los acontecimientos en España y otras naciones europeas
revelan que la escala de recortes sociales que se están
aplicando, con el fin de hacer que la clase trabajadora pague
por una crisis que no ha causado, no puede ser impuesta sobre
una base democrática.
Hoy, la tarea más urgente en España, en toda
Europa e internacionalmente es la construcción de un movimiento
político independiente de la clase trabajadora, en oposición
a todos los sectores de la clase política y los sindicatos.
Solo sobre esta base podrá la clase trabajadora librar
una lucha política para repeler y derrotar la ofensiva
internacional que se libra por la aristocracia financiera.
La lucha para oponerse a las medidas dictatoriales y defender
los derechos democráticos no es una cuestión nacional.
Requiere la unidad de los trabajadores a nivel mundial en una
contraofensiva contra la élite financiera. Tal lucha debe
estar encaminada a derrocar todos los gobiernos que están
llevando a cabo estos ataques y su sustitución por gobiernos
democráticos de los trabajadores comprometidos a llevar
a cabo políticas socialistas.
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