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Proyecto de ley de inmigración de Arizona: Un asalto
frontal contra los derechos democráticos
Por Patrick Martin
30 Abril 2010
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La nueva ley anti-inmigrante aprobada en Arizona la semana
pasada y firmada por el gobernador Jan Brewer es una disposición
manifiestamente racista y anti-democráticas que autoriza
el uso de medidas correspondientes a un estado-policiaco contra
la población hispana. Según la nueva ley, policías
locales y estatales tendrán la autoridad, sin orden judicial,
para detener a cualquiera y pedir documentos de identificación
si tienen una "sospecha razonable" de que la persona
es un inmigrante "ilegal".
Arizona se convierte en el primer estado en considerar un delito—definido
como delito menor de intrusión—el ser residente sin
documentos legales. Otras disposiciones de la medida SB 1070 considera
como delito que los inmigrantes indocumentados trabajen o busquen
empleo, que una persona impida el tránsito de vehículos
para recoger un jornalero ofreciéndose para trabajar, o
que una persona "coseche" a un inmigrante indocumentado.
La nueva ley también obliga a la policía local
a cumplir las leyes federales de inmigración, y los residentes
de Arizona pueden acusar de omisión en la aplicación
de la ley a cualquier funcionario o agencia estatal. También
es ilegal que una comunidad en Arizona se declare como santuario
para los trabajadores indocumentados.
Los documentos de identidad requeridos incluyen una licencia
de conducir del estado de Arizona, un pasaporte o un documento
oficial de inmigración como la “tarjeta verde”.
Dado que poca gente lleva sus pasaportes o documentos de inmigración,
esto significa que cualquier persona sin licencia de conducir—los
jóvenes menores de 16 años, personas mayores que
no manejen, o cualquier persona que visite de fuera del estado,
podrían ser objeto de detención y entregados a la
agencia federal de Inmigración y Aduanas agencia (cifras
en inglés, ICE), sin ningún recurso legal.
El requisito de "sospecha razonable" es vagamente
definido, abriendo la puerta a arrestos masivos de personas de
ascendencia hispana, así como cualquier persona que "parezca
extranjero", incluidos los árabes, los inmigrantes
africanos, asiáticos y otros. Incluso antes de la aprobación
de la ley, han habido muchos casos de ciudadanos de EE.UU. que
fueron detenidos, encarcelados y deportados por los agentes de
inmigración simplemente porque "parecían"
ser inmigrantes indocumentados.
La legislación de Arizona fue promovida por elementos
de ultra-derecha en la dirección del partido Republicano
en el estado. El principal patrocinador del proyecto de ley, el
senador por Arizona Russell Pearce, tiene una larga asociación
con la supremacía blanca y los grupos anti-inmigrantes,
y anteriormente ha presentado proyectos de ley contra los inmigrantes
que ahora se enfrenta a retos constitucionales en las cortes federales.
El proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras de
la legislatura estatal controladas por los republicanos, con los
demócratas votando en contra. El gobernador Brewer firmó
el proyecto de ley, y el senador John McCain lo endosó,
en parte porque se enfrentan a la oposición de la extrema
derecha en las primarias republicanas en agosto.
Mientras que la derecha republicana está impulsando
la legislación en Arizona, el ataque a los derechos democráticos
de los inmigrantes, y de todos los trabajadores, es un asunto
de ambos partidos. La administración Obama criticó
públicamente el proyecto de ley, pero esta postura solo
es una fachada política. Obama y los demócratas
preferirían una legislación antiinmigrante que fuera
menos abiertamente racista y que no usurpara la autoridad federal.
A lo largo de esas criticas, varios senadores demócratas
atacaron el proyecto de ley de Arizona en los programas televisivos
del domingo por la mañana. El senador Christopher Dodd,
de Connecticut, dijo en NBC Meet the Press: "La idea
de que cada estado desarrolle sus propias leyes de inmigración—imagínense
el mosaico que podría parecer."
El líder de la mayoría del senado, Harry Reid,
dijo que la inmigración sería la siguiente legislación
más importantespara el Senado después del proyecto
de reforma financiera que se debate esta semana.
Una característica principal de esa legislación,
en la forma propuesta por el senador demócrata Charles
Schumer, de Nueva York y el senador republicano Lindsey Graham
de Carolina del Sur en una columna el mes pasado en el Washington
Post, sería "que se requieran tarjetas de Seguro
Social biométricas para que los trabajadores ilegales no
pueden conseguir trabajo ... Los posibles empleadores serían
responsables de pasar la tarjeta por una máquina para confirmar
la identidad de la persona y su estado de inmigración ".
Esto sería un paso gigante hacia un futuro orwelliano
en que el gobierno federal mantiene archivos de todos los ciudadanos
estadounidenses, una base de datos que inevitablemente crecerá
para incluir información acerca de las creencias políticas,
actividades y afiliaciones.
La inmigración es un pretexto utilizado por la élite
gobernante de EE.UU., entre los cuales hay un consenso cada vez
mayor para la creación de una tarjeta nacional de identidad
con el fin de ampliar los poderes represivos del gobierno antes
de las explosiones sociales que esperan los representantes de
las grandes empresas, demócratas y republicanos..
La indignación fingida sobre la ley de Arizona por el
gobierno de Obama no debe engañar a nadie. Obama nombró
al anterior gobernador de Arizona, la demócrata Janet Napolitano,
para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, precisamente
por su historial de línea dura en la seguridad fronteriza
y la inmigración. Bajo su liderazgo, la agencia de Inmigración
y Aduanas ha detenido a un número récord de "ilegales"
en los últimos 15 meses y ha ampliado la red de prisiones
utilizadas para albergar a inmigrantes antes de la deportación.
Obama ha continuado y ampliado las políticas anti-democráticas
de la administración Bush, defendiendo la detención
indefinida, el encarcelamiento de los llamados “enemigos
combatientes", la entrega de presuntos terroristas a ser
torturados por regímenes de todo el mundo y el espionaje
interno. Su gobierno ha aprobado el asesinato de ciudadanos de
EE.UU. sospechosos de actividades terroristas.
Miles de manifestantes se reunieron fuera de la capital del
estado en Phoenix el domingo pasado para oponerse a la nueva legislación.
El viernes, el día que el gobernador Brewer iba a firmar
el proyecto, los estudiantes de secundaria abandonaron las escuelas
en protesta. El World Socialist Web Site y el Partido Socialista
por la Igualdad apoyan este tipo de protestas e instamos a todos
los jóvenes y trabajadores a salir en defensa de sus hermanos
y hermanas inmigrantes.
La lucha contra el racismo y las leyes represivas requiere
un rechazo de todo el marco del debate oficial sobre la inmigración.
No hay trabajadores "ilegales", sólo trabajadores
en condición de inmigrantes y la falta de documentos oficiales
que los hacen más vulnerables a la explotación despiadada
de las corporaciones norteamericanas. Los trabajadores deben exigir
la abolición de la CIE y todo el aparato de un estado-policiaco
de la seguridad fronteriza, y la adopción del principio
de que los trabajadores tienen el derecho a vivir y trabajar en
cualquier país que elijan.
El uso del chovinismo nacional para enfrentar a los trabajadores
estadounidenses en contra de los de ascendencia mexicana—y
en contra de los trabajadores inmigrantes de todo el mundo—es
una de las más antiguas tácticas de la élite
gobernante de Estados Unidos. Durante un siglo y medio, los capitalistas
han tratado de enfrentar a los trabajadores nacidos en Estados
Unidos en contra de sus hermanos y hermanas de clase nacidos en
otros lugares. En primer lugar los trabajadores irlandeses y alemanes
eran el blanco, luego los trabajadores de origen italiano, eslavos
y judíos, mas adelante los de Japón y ahora de China,
Corea, India, el Caribe, México, Centro y Sudamérica.
Cada logro alcanzado por las lucha de la clase trabajadora
de Estados Unidos ha requerido un rechazo consciente del veneno
antiinmigrante y la adopción de una perspectiva basada
en la unión de los trabajadores de todos los grupos raciales,
étnicos y religiosos. Este principio es aún más
importante en el mundo globalizado de hoy, cuando el capital puede
moverse a cualquier país para explotar países con
bajos impuestos y bajos salarios. Pero los trabajadores son encarcelados
dentro de los límites del sistema de estado-nación
históricamente anticuados.
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