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Obama se aprovecha de la ley de Arizona para 'empujar' sus
propios cambios represivos sobre la inmigración
Por Tom Eley
30 Abril 2010
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La ley contra los inmigrantes adoptada por el estado de Arizona
la semana pasada ha causado una profunda ira y tremenda sacudida
por doquier, causando una ola de manifestaciones en contra en
Arizona y por todo Estados Unidos.
El Proyecto de Ley 1070 promulgado por la legislatura de ese
estado y firmado y aprobado como ley por el gobernador Republicano,
Jan Brewer, el 23 de abril, exige que la policía detenga
a cualquier persona si se le "sospecha razonablemente"
de ser inmigrante indocumentado. Ahora se puede arrestar, encarcelar
y deportar a toda persona que no lleve consigo un carnet de identificación
con fotografía, tal como la licencia de conducir, un pasaporte,
o una tarjeta verde. La ley criminaliza a toda persona, grupo,
vecindario o comunidad que albergue a trabajadores indocumentados.
También le exige a los gobiernos locales y municipales
que impongan la ley o serán llevados a la justicia para
ser castigados.
La ley exige que la policía actúe si sospecha
que un individuo pueda ser un inmigrante indocumentado, lo que
inevitablemente convertirá a los mexicanos, los americano-mexicanos
y a otras poblaciones hispanas en víctimas del racismo.
Además, no hay nada en la ley que prevenga a la policía
de aplicar sus amplios poderes para detener indiscriminadamente
a otros sectores más amplios de la población.
Desde que el proyecto se convirtiera en ley, han ocurrido varias
manifestaciones en Arizona y California, inclusive por estudiantes
que espontáneamente abandonaron sus clases y escuelas en
varias ciudades. Esto sucedió en municipalidades tan lejanas
como la ciudad de Chicago, donde docenas fueron arrestados mientras
trataban de bloquear al Departamento de la Seguridad de la Patria
(DHS; siglas en inglés) con tal de que no deportara a 70
inmigrantes indocumentados que se encontraban en el centro de
detenciones Broadview. Varias manifestaciones importantes
se han planeado para Chicago, Washington, Los Ángeles,
Dallas, Milwaukee y otras tantas ciudades.
El gobierno de Obama, el Partido Demócrata y el liberalismo
yanqui no comparten la amarga oposición de millones en
contra de la ley del estado de Arizona. Muy lejos de condenar
a este proyecto de ley por sus elementos autoritarios y racistas,
Obama le ha hecho una crítica muy débil, llamándolo
"equivocado". Pero sus comentarios en cuanto al respecto
sólo le hicieron eco a los de Janet Napolitana, Secretaria
del DHS, quien llegó a su alto puesto a causa de sus propios
credenciales anti inmigrantes.
Por su parte, la prensa, en su mayoría, también
ha criticado de "errónea" e "inútil"
a la ley de Arizona. Los partidarios liberales que respaldan a
Obama han lanzado un movimiento indefinido y frívolo para
boicotear al estado de Arizona, con la ciudad de San Francisco
y el oportunista Al Sharpton a la cabeza.
La verdad es que la Casa Blanca y la prensa se han aprovechado
de la ley de extrema derecha en Arizona para promover su propio
programa anti democrático y reaccionario, la cual consiste
de un proyecto de ley, a nivel nacional, patrocinado y propuesto
por el senador Demócrata, Charles Schumer, por el estado
de Nueva York, y Lindsay Graham, senador Republicano por el estado
de carolina del Sur.
Schumer y Graham detallaron el borrador de su iniciativa en
una columna publicada por el Washington Post el 17 de marzo.
El elemento principal del proyecto de ley consiste en la creación
-o lo que termina por ser la misma cosa—un sistema interno
de cédulas personales. La requeriría a "todos
los ciudadanos de Estados Unidos e inmigrantes legales que desean
trabajar" portar nuevas tarjetas biométricas de Seguro
Social "para asegurar que los trabajadores ilegales no sean
capaces de conseguir empleos". A pesar de las protestas de
Schumer y Graham que datos personales "serían guardados
solamente en la tarjeta" y que "ninguna base de datos
del gobierno podría almacenar información sobre
todo el mundo", las tarjetas (o cédulas) de gran tecnología
le daría al gobierno otro instrumento para espiar a toda
la población".
La ley impondría nuevas medidas punitivas a trabajadores
indocumentados que tratarían de obtener su residencia por
vías legales, pero no ofrece nada en retorno. Según
Schumer y Graham, a los trabajadores indocumentados se les "exigiría
admitir que habían quebrantado la ley y pagar su deuda
con la sociedad desempeñando oficios gratis en organizaciones
comunitarias, y pagando multas y sus deudas a las rentas internas".
Este mandato es una seria infracción de la Quinta Enmienda
a la Constitución del país, la cual protege la auto
incriminación.
Pero aún cuando los trabajadores indocumentados confiesen
que son criminales, que paguen las multas y que cumplan las sentencias
de brindar sus "servicios gratis a las organizaciones comunitarias",
la ley de Schumer-Graham exige que "se examinen sus antecedentes
penales, que sean competentes con el inglés antes de irse
a la cola de los inmigrantes futuros para ganarse la oportunidad
de obtener la residencia permanente legal".
Las masas de trabajadores inmigrantes que completen este proceso
entrarían en un programa de "trabajadores invitados",
en el que casi no tendrían ningún derecho y trabajarían
según el capricho de los patronos.
La ley en plan también exige que se desplieguen agentes
de la Patrulla Fronteriza para así seguir militarizando
la frontera entre México y Estados Unidos. Semejante a
la ley de Arizona, ésta emplearía a los agentes
policíacos y cárceles locales para hacerla cumplir
en base de sentimientos anti inmigrantes.
Obama ha dado su apoyo total a la propuesta de Schumer-Graham.
Declaró en marzo que "haría todo lo posible
según mi autoridad para forjar un consenso bipartita este
año sobre este importante tema. Así podremos seguir
hacia delante con una amplia reforma sobre la inmigración".
El ex Presidente Bush apoyó propuestas similares durante
su presidencia; los políticos de la clase gobernante las
apoyan ampliamente.
El gobierno de Obama y sus aliados liberales ahora se basarán
en la ley de Arizona para tratar de imponer medidas que ellos
mismo reconocen son profundamente impopulares. Al mismo tiempo,
el efecto de dicha ley inevitablemente será empujar "la
amplia reforma" aún más hacia la derecha.
El ataque contra trabajadores inmigrantes sólo sirve
dos propósitos relacionados: Bajo condiciones en que el
desempleo de las masas aumenta y la pobreza se esparce, convertir
a dichos trabajadores en chivos expiatorios es una manera muy
antigua de dividir y conquistar a la clase obrera. Al mismo tiempo
funciona como pretexto para la vasta expansión de la autoridad
policial del estado.
Es como si fuera un reflejo de lo que actualmente sucede en
varios países. Los gobiernos europeos han seguido la misma
política brutal contra los inmigrantes y las minorías,
allanando campamentos de inmigrantes, construyendo cárceles
enormes y militarizando la región del Mar Mediterráneo.
También han tratado con mayor intensidad de convertir a
sus poblaciones musulmanas en chivos expiatorios. Francia, por
su parte, ha tratado de prohibir por completo que las mujeres
vistan sus burgas (velos que tapan toda la cara) en público.
It is mirrored by developments in a number of countries. European
governments have pursued the same brutal policies toward immigrants
and minorities, raiding immigrant encampments, building mass prisons,
and militarizing the Mediterranean Sea. They have increasingly
attempted to scapegoat their Muslim populations, with France pushing
for a total ban of the wearing of the burga, or full-face veil,
in public.
En Estados Unidos ya se ha puesto en práctica, o se
está planeando, toda una serie de medidas autoritarias
y policíacas. Obama no ha puesto en reversa ninguna de
estas medidas, inclusive el Acta Patriota, las incontables actividades
de espionaje en contra de la población, y la expansión
de las actividades militares dentro del país mismo. Sólo
días después que se adoptara el proyecto de ley
sobre la inmigración, se propuso en Chicago usar a la Guardia
Nacional para patrullar a la ciudad bajo condiciones de desigualdad
social que se intensifica cada vez más.
No importa cual haya sido el impulso decisivo que le diera
auge al proyecto de ley en Arizona, la política de la clase
dirigente de Estados Unidos tiene su lógica. Hay capas
enteras del estatus quo político que están muy conscientes
de que los rescates de los bancos y las medidas de austeridad
inevitablemente van a provocar la oposición de las masas.
Y la reacción de la clase gobernante ha de ser convertir
los ataques contra los derechos de los trabajadores en formas
de gobierno autoritarias.
El apoyo que Obama le ha brindado a la "reforma"
inmigratoria reaccionaria de la ley Schumer-Graham muestra que
los derechos democráticos no pueden defenderse si se depende
del Partido Demócrata o cualquier otro sector de la clase
dirigente.
Los trabajadores sólo pueden oponerse a estos ataques
y defender los derechos democráticos si se unen, a pesar
de las fronteras raciales y nacionales, en formar su propia política
independiente. Ello debe incluir el derecho de todos los trabajadores
a vivir donde les plazca, La expropiación de las fortunas
personales de la clase dirigente y la transformación de
la industria bancaria en propiedad pública echará
las bases para establecer un vasto programa de obras públicas
que le darán empleo a millones de trabajadores en Estados
Unidos y por toda América del Norte, América del
Sur y Centro América.
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