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Tres meses después del golpe
Régimen golpista impone estado de sitio en Honduras
Por Bill Van Auken
1 Octubre 2009
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 29 de septiembre, 2009.
Tres meses después del golpe que lo llevó al
poder, el régimen derechista de Roberto Micheletti, dirigente
del Partido Liberal, ha impuesto un estado de sitio por 45 días.
Se han suspendido todos los derechos democráticos.
El lunes se puso en práctica el decreto, el cual permite
detenciones y búsquedas sin cargos o permisos judiciales
y abroga el derecho a la asamblea y la libertad de movimiento,
prensa y expresión.
El régimen golpista sostiene que las medidas han sido
necesarias para contrarrestar llamadas a una “insurrección”
por el depuesto presidente, Manuel Zelaya, quien logró
regresar al país clandestinamente el 21 de septiembre.
Se refugió en la embajada brasileña en Tegucigalpa.
Zelaya, aún después de su retorno, ha estado
muy lejos de abogar por una “insurrección”. Primero
pidió un diálogo y luego se encontró con
cuatro candidatos a la presidencia, todos partidarios del golpe
que lo derrocó. Los comicios tendrán lugar en noviembre.
Los que han resistido el golpe han hecho un llamado para boicotear
las elecciones.
Cientos de tropas entrenadas para dispersar disturbios, respaldadas
por una “tanqueta lanza aguas” y un helicóptero
militar, se movilizaron para desbaratar una manifestación
en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán, donde cientos se habían congregado para
marchar hacia la embajada brasileña. La manifestación
había sido llamada para marcar los tres meses desde el
golpe de estado el 28 de junio, cuando Zelaya fue arrastrado del
palacio presidencial y forzado a punta de pistola a abordar un
avión que lo llevó a Costa Rica y al exilio.
Las tropas se desplegaron en lugares estratégicos de
la capital hondureña para prevenir que el pueblo de regresara
al punto de partida de la manifestación. Uno de los dirigentes
campesinos, Rafael Alegría, le dijo a corresponsales que
lo mismo estaba sucediendo en todo el país, que estaban
bloqueando a la gente para que no saliera a manifestarse.
Horas antes ese mismo día, cientos de tropas de combate
y policías antimotines rodearon dos estaciones, una de
radio y la otra de televisión, que se habían expresado
su oposición al golpe: Radio Globo y el Canal 36. Los soldados
tiraron las puertas abajo, destruyeron las oficinas y el equipo
y quitaron las estaciones del aire. Varios empleados de las estaciones
se vieron forzados a saltar por las ventanas para eludir el ataque.
El decreto de estado de sitio autoriza "impedir la emisión
por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones
que atenten contra la paz y el orden público'', o "que
atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos
o las decisiones gubernamentales''.
El decreto también autoriza el arresto de toda persona
“que de alguna manera se presuma sospechosa” y apresarla
en “centros de detención establecidos por la ley”.
Hubo informes acerca de que el gobierno había ordenado
una redada de activistas conocidos y su encarcelamiento en un
estadio de fútbol.
Mientras el estado de sito tomó efecto el lunes, adversarios
del régimen golpista enterraban a otra de sus víctimas,
Wendy Elizabeth Ávila, estudiante universitaria que murió
a causa de inhalar gases lacrimó?genos durante un asalto
contra manifestantes en las afueras de la Embajada de Brasil.
Mientras tanto, la dictadura hondureña ha adoptado una
postura de provocaciones hostiles hacia las instituciones gubernamentales
e internacionales que han abogado por el retorno de Zelaya a la
presidencia.
El régimen golpista también emitió una
fecha de vencimiento al gobierno brasileño el lunes, dándole
diez días para que entregara a Zelaya o lo sacara del país
como exiliado en Brasil. Declaró que después de
los diez días ya no reconocería la inmunidad diplomática
de Brasil y que a las fuerzas de seguridad se les daría
riendas sueltas para llevar a cabo un allanamiento de la embajada
para capturar al depuesto presidente.
“Brasil no acepta el ultimátum de un gobierno golpista",
contestó el presidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva. "Para mí, la solución es simple”,
añadió. “Los golpistas deben salir del palacio
presidencial. Zelaya debe regresar al poder y se deben convocar
elecciones".
Esta “solución” promovida por Lula es, en
todos sus elementos esenciales, la misma que Washington ha estimulado
por medio de su mediador, Carlos Arias, presidente de Costa Rica
que por mucho tiempo le ha brindado a Estados Unidos servicios
muy valiosos. Bajo el Acuerdo de san José emitido por Arias,
Zelaya regresaría a la presidencia como títere de
un gobierno de “unidad nacional” dominado por los mismo
generales y políticos que lo derrocaron. A ellos se les
ofrecería amnistía por los crímenes represivos
de los últimos tres meses. Y en los comicios de noviembre
se elegiría a un sucesor de Zelaya, quien terminaría
su plazo presidencial en enero.
Mientras Zelaya es presidente se le prohibiría abogar
por cualquier cambio a la constitución hondureña,
carta impuesta sobre el país por sus ex dictadores militares
y la Embajada de Estados Unidos. Su intento de llevar a cabo un
plebiscito para averiguar si los hondureños apoyarían
alguna enmienda a la constitución fue el pretexto que se
usó para derrocarlo.
Zelaya ha aceptado esta reaccionaria propuesta; Micheletti
y sus compinches golpistas dirigentes lo han rechazado y exigido
que Zelaya se lleve a juicio.
El domingo, una delegación compuesta de cinco miembros,
enviada por la Organización de Estados Americanos para
mediar un acuerdo en cuanto a la crisis, aterrizó en el
aeropuerto de Tegucigalpa. De los cinco, solo a uno — John
Biehl, asesor del Secretario Generak de la OEA, José Miguel
Insulza - se le permitió permanecer en el país.
Los otros cuatro fueron deportados bajo la vigilancia de guardias
policíacos y militares. Todos fueron detenidos por seis
horas.
Biehl asertó que “como chileno tengo que decir
que me trajo memorias terribles”, refiriéndose a la
salvaje represión bajo la dictadura militar encabezada
por el general Augusto Pinochet.
Un vocero del régimen hizo notar que los embajadores
que fueron retirados del país en protesta del golpe no
iban a correr el riesgo de regresar luego de enterarse del tratamiento
que había recibido la delegación de la OEA. El único
embajador que ha permanecido en Tegucigalpa es el de los Estados
Unidos, el cual también ha mantenido su base militar en
Soto Cano - la mayor base militar de Estados Unidos en Latinoamérica
- funcionando normalmente.
El Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión
extraordinaria el lunes para debatir la situación hondureña.
La organización adoptó una resolución condenando
la suspensión de derechos constitucionales y la expulsión
de los representantes de la OEA sólo después que
Estados Unidos, Brasil, México y Costa Rica intervinieron
para tratar de debilitar el lenguaje del contenido.
El Secretario General Insulza dejó bien claro que la
resolución no tenía ningún poder y declaró
que el estado de sitio en Honduras “no debería obligarnos
a cambiar de curso sino a insiti9r en la idea que es necesario
y posible alcanzar una solución pacífica”.
El representante de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem,
se aprovechó de la sesión para culpar a Zelaya y
no al régimen golpista de la crisis. Catalogó al
derrocado presidente de “irresponsable e imprudente”
por regresar a su país antes de que Estados Unidos y su
títere, Carlos Arias, pudieran imponer un acuerdo mediado.
“El retorno de Zelaya ante la ausencia de un acuerdo es
irresponsable e imprudente”, puntualizó el representante
estadounidense. “Él debería cesar y desistir
de lanzar acusaciones descabelladas y de actuar como si fuera
estrella de una vieja película”.
Esta declaración es extraordinaria, puesto que Zelaya
se encuentra atrapado en una embajada rodeada por tropas militares
armadas hasta los dientes y ha sido blanco de repetidos ataques
con gases lacrimógenos. Se podría decir que semejante
declaración fácilmente podría interpretarse
como un llamado para que asesinen al depuesto mandatario.
Amselem agregó que “Luego de optar, con ayuda de
afuera, por regresar bajo sus propios términos, el Presidente
Zelaya, y aquellos que facilitaron su regreso, son primariamente
responsables por las acciones de sus partidarios”.
También añadió que el regreso de Zelaya
a Honduras era “un insulto a la comunidad internacional y
a la OEA. Finalmente le pidió a “todos los bandos
a que se abstuvieran de hacer provocaciones e instigar la violencia”.
Este lenguaje implícitamente apoya la continuidad de
la represión en Honduras. No es ninguna aberración.
La semana pasada, luego de la imposición de un prolongado
toque de queda y6 la dispersión violenta de partidarios
de Zelaya que se habían reunido en las afueras de la Embajada
de Brasil, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary
Clinton, notó con aprobación durante una conferencia
de prensa: “Yo pienso que el gobierno impuso un toque de
queda - y esto lo acabamos de saber - para tratar de sacar a la
gente de las calles para que no suceda nada imprevisto”.
Presumidamente, estos sucesos “imprevistos” no tomaron
en consideración las matanza de Wendy Elizabeth Ávila,
las palizas a muchos otros y el encarcelamiento y la tortura de
manifestantes, para no decir mencionar la manera en que siete
millones y medio de gente se quedaron encerradas bajo llave en
sus propios hogares para averiguárselas con el hambre y
el miedo. Todo esto se pudo haber previsto inminentemente
A medida que la crisis en Honduras avanza lentamente, la verdadera
postura del gobierno de Obama se muestra a sí misma con
mayor claridad. Desde un principio apoyó los objetivos
políticos de los líderes golpistas mientras buscaba,
por medio del llamado proceso de mediación, como desperdiciar
el tiempo que le quedaba al plazo de la presidencia de Zelaya
o restaurarlo como un títere del régimen golpista
sin autoridad alguna. Aunque a veces se impacientaba con la intransigencia
que la extrema derecha de la oligarquía hondureña
mostraba a un acuerdo diseñado para conservar sus intereses,
Washington indicó, con cada paso que daba, que apoyaba
tácitamente le represión de la rebelión cada
vez más extensa del pueblo trabajador hondureño.
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