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Huelga general en Puerto Rico contra los despidos en masa
Por Bill Van Auken
19 Octubre 2009
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Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 17 de octubre, 2009.
El jueves pasado, cientos de miles de trabajadores se integraron
a una huelga general de un día de duración. La huelga
se organizó en contra del despido de diez de miles de empleados
públicos; despido ordenado por Luis Fortuño, gobernador
del territorio isleño.
La acción mayor tomó lugar en el distrito financiero
de Hato Rey en San Juan, capital de Puerto Rico. Ahí 100,000
trabajadores y estudiantes participaron en una manifestación
en las afueras de la Plaza de las Américas, mayor centro
comercial de la isla forzado a cerrar sus puertas durante todo
el día.
Las tiendas y negocios de Hato mayor y del cercano Viejo San
Juan también cerraron sus puertas en anticipación
de la manifestación.
La huelga terminó por cerrar las universidades públicas
y privadas. El. Departamento de Educación de Puerto Rico
reportó que a penas un 2% de la población estudiantil
asistió a las escuelas públicas. Y la mayoría
de las empresas estatales y oficinas públicas también
cerraron cuando los trabajadores abandonaron sus puestos de empleo.
La huelga fue instigada por el decreto de Fortuño el
mes pasado, cuando éste ordenó el despido de más
de 17,000 funcionarios públicos. Los despidos, que se supone
entren en vigor a principios de noviembre, fueron ordenados bajo
una ley, adoptada anteriormente este año, titulada "Ley
Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo
Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito
de Puerto Rico".
A la ley se le conoce popularmente como la "Ley 7".
Suspendió los derechos de los empleados públicos
a la negociación colectiva y ordenó reducciones
generales del presupuesto en un total de $2 billones; o sea, en
un 20%.
La ronda de despidos anunciada en septiembre sigue a los 5,000
despidos ya establecidos por el gobierno. Se anticipa que hasta
30,000 trabajadores públicos perderán sus empleos
ya que el gobierno de Fortuño ha revelado planes para eliminar
hasta 40 agencias públicas por medio de fusiones, privatizaciones
y cierres irreversibles.
El sector público abarca el 25% de todos los empleos
en Puerto Rico, donde la tasa del desempleo oficial es más
del 15%. Se espera que los despidos en masa empeoren una recesión
de cuatro años de duración y que empujen la tasa
de desempleo a más del 17%.
Fortuño es dirigente del Partido Nuevo Progresista (PNP),
que favorece la integración de Puerto Rico a Estados Unidos
como estado. Fue el primer candidato del PNP para gobernador en
40 años, puesto para el cual se postuló abiertamente
como miembro del Partido Republicano. Sus antecesores en el puesto
de gobernador, también miembros del PNP, habían
estado afiliados al Partido Demócrata. Prometió
atraer los empleos a la isla ofreciendo rentas internas bajas
y programas pro empresariales; sin embargo, sólo ha presidido
sobre una crisis económica que cada día azota a
Puerto Rico más y más.
Durante los últimos 12 meses, 89,000 empleos han desaparecido
en el sector privado. La tasa de participación en el mercado
de mano de obra de la isla ha disminuido en un 36.5%. Se ha reportado
que la cantidad de puertorriqueños que deciden mudarse
a Estados Unidos va aumentando, y se calcula que 70,000 abandonarán
la isla este mismo año.
Ahora el plan de Fortuño es reducir drásticamente
el déficit fiscal de Puerto Rico por $3.2 billones y así
prevenir a las agencias de Wall Street (que califican la
solvencia
de entidades financieras) de bajar de categoría los
bonos del gobierno y convertirlos en "bonos basura".
La enorme manifestación del jueves tomó lugar
a pesar de las crecientes amenazas e intimidaciones por parte
del gobierno de Fortuño. El lunes antes de la huelga, 11
recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de repente cerraron
sus puertas y fueron ocupados por la policía del estado.
Se reportó que la acción se llevó a cabo
bajo órdenes de las oficinas locales del FBI con el pretexto
de asegurar la "seguridad" de los estudiantes. La clausura
de las universidades ocurrió justamente cuando los estudiantes
de varios recintos universitarios iban a participar en una asamblea
para decidir, por medio del voto democrático, si deberían
unirse a la huelga o no.
Y durante la semana justamente antes de la huelga, funcionarios
del gobierno colonial de Puerto Rico amenazaron con que a los
trabajadores que participaron en la huelga general se les podría
imputar el cargo de de ser terroristas si interferían con
el movimiento de productos y pasajeros en los puertos y aeropuertos
de la isla.
El Secretario de Justicia Antonio Sagardía y el Superintendente
de la Policía, José Figueroa Sancha, emitieron una
advertencia pública, sosteniendo que la acusación
de terrorismo se justificaba puesto que habría interferencia
con el comercio entre los estados. Fortuño también
puntualizó que las acciones de los trabajadores eran equivalentes
al "terrorismo".
El director ejecutivo de la Unión Estadounidense por
los Derechos Civiles de Puerto Rico, William Ramírez, criticó
ferozmente las amenazas del gobierno. Puntualizó que catalogar
de terroristas a gente que ejerce su derecho a la protesta es
peligroso en una democracia y que la manera en que los eventos
se desarrollaban le inquietaban puesto que se trataba de trabajadores
del sector público. Acusó al gobierno de sembrar
el miedo porque a nadie le gusta que le llamen terrorista.
El mismo día de la huelga, el gobierno desplegó
aproximadamente 15,000 oficiales de la policía en San Juan.
Un helicóptero de la policía rondaba la manifestación
y sus agentes filmaban y fotografiaban a los manifestantes.
No obstante, grandes multitudes de empleados públicos,
así también como otros trabajadores, estudiantes
y socios de asociaciones civiles se presentaron a la manifestación
con pancartas caseras que se burlaban de Fortuño y se oponían
a los despidos.
Militantes de La Unión Laboral de Enfermeras y Empleados
de la Salud marcharon con un ataúd abierto con un maniquí
disfrazado de Fortuño, el cual colocaron en la plataforma
de los discursantes.
La confrontación más grave del día sucedió
en la carretera Luis A. Ferré, la más larga de la
isla, cuando los estudiantes la ocuparon, ocasionando un choque
con tropas de policías armados y otros tantos montados
a caballo que se especializan en dispersar motines y disturbios.
De acuerdo al Nuevo Día, varios de los manifestantes
llevaban palos, tubos y cadenas, y quemaron llantas en la carretera.
A medida que los policías antimotines se preparaban
para atacar, Rafael Cancel Miranda, quien había aparecido
en la carretera, convenció a los estudiantes que abandonaran
el lugar. El señor Cancel Miranda, con tres otros partidarios
de la independencia puertorriqueña, había cumplido
25 encarcelado por haber disparado armas de fuego, desde una galería
para visitantes, contra la Cámara de Diputados (Representantes)
de Estados Unidos en 1954.
También se reportó que manifestantes habían
chocado con la policía en la ciudad oriental de Fajardo.
Dirigentes sindicalistas amenazaron con llamar una huelga general
de duración indefinida si el gobierno de Fortuño
no revoca los despidos en masa.
Por su parte, Fortuño ha jurado que no "no hay
marcha atrás" y sigue sosteniendo que sin los despidos
y otras reducciones presupuestarias drásticas, el gobierno
entero se vería obligado a parar.
Mientras tanto, Nuevo Día reportó que
el viernes Fortuño había entrado en un acuerdo para
reunirse esa misma tarde con los dirigentes de sindicatos estadounidenses
con los cuales estaban afiliados los sindicatos locales que habían
participado en las huelgas y las manifestaciones. Entre los burócratas
sindicalistas se encontraban Gerald McEntee, presidente de la
Federación de Empleados Estatales, de Condados y Municipios
(AFCSME—siglas en inglés), así como también
funcionarios de los Trabajadores Automovilísticos Unidos
(UAW) y del Sindicato Internacional de Empleados en los Servicios
(SEIU).
Fortuño ha sostenido que la reunión tomó
lugar para debatir propuestas acerca de cómo lograr otros
$800 millones en reducciones presupuestales.
De acuerdo al Nuevo Día, la reunión se
coordinó sin el conocimiento de los sindicatos locales
afiliados a estas organizaciones yanquis.
Luego después durante el día, se anunció
que la reunión había sido cancelada.
No cabe duda que el gobierno de Obama en Washington (junto
con sus agentes del FBI en San Juan) y los dirigentes derechistas
de la maquinaria sindicalista de Estados Unidos se encuentran
vigilando muy minuciosamente los acontecimientos en Puerto Rico.
Bajo condiciones en que el desempleo aumenta y los sueldos caen,
a estas agencias sólo les interesa suprimir la crecientes
confrontaciones clasistas en la isla, pues temen que éstas
pronto lleguen a la costa del mismo Estados Unidos.
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